100.000 millones de euros obtuvieron las entidades financieras al realizar más de 800 mil ejecuciones hipotecarias

100.000 millones de euros, la gigantesca estafa procesal que las entidades financieras han realizado a través de las más de 800.000 ejecuciones hipotecarias que se han tramitado desde el año 2007 al 2020, contando para ello con la aquiescencia del poder judicial.

Aunque resulte una cifra verdaderamente escandalosa lo es más si sumamos a ella el rescate bancario, no el ficticio que nos cuentan con la boca pequeña de alrededor de 70.000 millones de euros sino el real que supera con creces la cifra de los 100.000 millones de euros; la permisividad judicial y tributaria para que las entidades financieras puedan ceder el remate de los inmuebles que se han adjudicado en las subastas desiertas de todas las ejecuciones hipotecarias de estos pasados años (2007-2020) a sus inmobiliarias y de esta forma puedan éstas acogerse al tipo impositivo reducido que tienen estipulado las diferentes comunidades autónomas, siendo que los distintos juzgados de primera instancia retrasan el decreto de adjudicación, que en lugar de emitirse a nombre del adjudicatario real en la subasta termina realizándose sobre el cesionario del remate constituyendo tal situación –como ya denunciáramos hace unos años- un quebranto en las arcas de las diferentes comunidades autónomas de más de 25.000 millones de euros en los últimos veinte años. Situación ésta que fuera denunciada a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y de la Asamblea de Madrid sin que tengamos, a esta fecha, noticias que alguno de ellos hiciera algo al respecto.

A eso habría que sumarle el tema de las titulizaciones hipotecarias de este país, que permiten a las entidades financieras el ceder las deudas a los fondos de titulización hipotecaria o de activos, a través de sociedades gestoras, dejando de ser en ese momento los acreedores de las mismas, pero conservando la garantía hipotecaria de todas ellas para, llegado el caso, poder instar los procedimientos de ejecución hipotecaria en su propio nombre, no en el del FTH o FTA, ya que siguen poseyendo dichas garantías hipotecarias, y haciendo una especie de `encaje de bolillos´ un tanto irregular al que entraron al trapo los juzgados de primera instancia de una forma muy poco edificante: permiten que dichas entidades financieras reclamen en su propio nombre, y en el inicio del procedimiento, las cantidades adeudadas siendo que dejaron de ser los acreedores de las mismas por lo que en ese tipo de solicitudes no tienen legitimidad activa alguna siendo que, luego, a la hora de solicitar señalamiento de subasta de la garantía hipotecaria, recuperan dicha legitimidad ya que en la titulización no se desprendieron de las garantías de los préstamos o créditos concedidos. Lo adecuado hubiera sido que las ejecuciones hipotecarias, que se realizan a través de demandas dinerarias, se instaran conjuntamente por la entidad financiera y por el fondo de titulización, FTH o FTA, o en su caso la sociedad gestora, y no permitir los Titulares de instancia tal engaño y fraude, lo que debiera de haber constituido la no admisión a trámite de la demanda interpuesta. Pero todos sabemos que donde esté una entidad financiera los derechos de los consumidores valen menos que cero.

Y podríamos seguir sumando irregularidades en los procedimientos de ejecución hipotecaria, o al menos así las calificamos nosotros que despreciamos la ingeniería financiera que se ha impuesto en los últimos años dado que la consideramos repugnante, mirando con pasmo como el mundo judicial la tolera como si fuese lo más normal del mundo, y en la que en demasiadas ocasiones se trituran los derechos fundamentales de los consumidores sin que las autoridades pertinentes levanten la voz. Comprobar cómo las entidades financieras en muchas situaciones, y cuando se desprenden de su parque inmobiliario, o de parte de él, lo realizan a través de aportaciones no dinerarias de todo tipo – ampliaciones de capital, etc- evitando de esa forma realizarlo a través de operaciones de compraventa, cesiones onerosas, y de esta forma evitar el deber, ante los inquilinos que pudieran tener, de comunicar los derechos de adquisición preferente que sobre la vivienda que ocupan poseen; o la venta de paquetes de inmuebles adquiridos en subasta hipotecaria por una cantidad dineraria global sin especificar importes individuales, por inmueble, evitando así que los ejecutados, que en la mayoría de los casos continúan teniendo la posesión de dichas fincas, puedan acogerse al derecho de retracto que contempla el artículo 1.535 de nuestro Código Civil.

O permitir que las entidades financieras abandonen, a su propio interés y solicitando el archivo, los procedimientos de ejecución hipotecaria cuando ven que se les puede torcer sus aviesas intenciones de echar a la puñetera calle a las familias que ocupan los inmuebles que han adquirido a través de las subastas, ya sea por que puedan solicitar la legal moratoria en la prórroga del lanzamiento del inmueble, a lo que tienen derecho si reúnen los requisitos solicitados por la ley, o vean que logran seguir defendiéndose en el procedimiento de ejecución hipotecaria dada la jurisprudencia que dicta desde Europa el T.J.U.E. o aquí nuestro Tribunal Constitucional, para luego instar una demanda de Juicio Verbal de desahucio por precario contra los `IGNORADOS OCUPANTES DEL INMUEBLE´, lo han leído bien: `IGNORADOS OCUPANTES´ aunque sean las mismas personas frente a las que se instó la demanda dineraria de ejecución hipotecaria, aquellas que firmaron el préstamo o crédito hipotecario. Si, ya sabemos que resulta de una indecencia difícil de digerir pero aún así, no se crean, a la mayoría de los jueces de instancia se la cuelan y las admiten a trámite, solamente hay algunos `profesionales´ de la Justicia que no se dedican a chapotear en ésta ciénaga en la que se han convertido las ejecuciones hipotecarias y sus nauseabundos anexos. Se pretende instar un procedimiento de desahucio por precario al amparo del artículo 250.1.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es aquél que acoge la pretensión de recuperar la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca. `Cedida en precario´, ¿cuándo se ha cedido en precario el inmueble a los que lo compraron en su momento y lo han venido habitando, probablemente, durante decenas de años como propietarios del mismo?, ante tamaña desfachatez hay `jueces de instancia´ que ponen las cosas en su sitio y no admiten a trámite la demanda interpuesta pero la gran mayoría, de forma incalificable, aceptan la demanda cursando un verdadero despropósito, lo que hace que junto a lo ya denunciado en anteriores párrafos y lo que viene a continuación hagan de este tipo de procedimientos de ejecución hipotecaria y los de Juicio Verbal de desahucio por precario que evolucionan de los anteriores, un auténtico engendro, que nos aboca a estar ante un `ESTADO DE DESECHO´ ya que lo aquí denunciado hasta ahora, y lo que viene a continuación, no nos permite hablar de un `Estado de Derecho´ como tal dada la `pocilga´ en la que se han convertido las ejecuciones hipotecarias en este país …. y eso que lo denunciado, y lo que vamos a denunciar, constituye una parte de lo que acontece diariamente en este tipo de procedimientos, ya que una denuncia total –que incluiría, entre otros, el tema de las cláusulas abusivas, que aquí no vamos a entrar a tratar- necesitaría más que un artículo un libro …. que no decimos que no vaya a hacerse, pero no en este momento.

El título de éste artículo hace referencia a una simple situación que vamos a desarrollar a partir del siguiente párrafo: TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA SON RADICALMENTE NULOS, SIENDO DICHA NULIDAD DE CARÁCTER IMPRESCRIPTIBLE. ¿Les parece demasiado rotunda dicha afirmación? …. pues sigan leyendo y encontrarán algunas de las causas por las que consideramos al procedimiento de ejecución hipotecaria español como el `museo de los horrores´ de la Justicia española.

El procedimiento de ejecución hipotecaria se insta a través de `demanda ejecutiva en reclamación de deuda garantizada con hipoteca´ al amparo de lo dispuesto en el Título IV, de la ejecución dineraria, del Libro III, de la ejecución forzosa y de las medidas cautelares, de la Ley de Enjuiciamiento Civil (a partir de ahora L.E.C.), con las particularidades que se establecen en su Capítulo V, de las particularidades de la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados, artículos del 681 al 698.

A través de dicha demanda se reclama una deuda que está constituida, primero, por aquellas cantidades de capital e intereses vencidas e impagadas por la parte prestataria y, segundo, todo aquel capital principal aún no vencido y, por lo tanto, no impagado pero que al amparo de lo establecido en el apartado 2 del artículo 693 de la L.E.C. se reclama su vencimiento anticipado.

Dicho artículo 693.2 L.E.C. es muy claro al respecto, para anticipar el vencimiento de todo aquel capital pendiente de pago, ya que en su momento se señaló un día cierto para ello, siendo solamente exigibles dichas cantidades cuando tal día llegue, podrán ser reclamadas anticipadamente en los términos en los que así se hubiese convenido en la escritura de constitución. La cuestión radica en que en dicha escritura de constitución no existe ningún tipo de acuerdo, pacto o convenio fehaciente entre las partes del contrato, y eso es así dado que estamos ante un contrato de adhesión, que no de negociación, en el que la parte predisponente –entidad financiera o acreedora- impone el clausulado a la parte adherente –prestataria o deudora- sin que ésta pueda, en el caso de la cláusula de vencimiento anticipado, realizar modificación alguna siendo que se acoge a ella tal cual es, o se rechaza, sin que pueda existir alteración alguna de su contenido. Por lo tanto, de los dos principios en que se desdobla el principio de autonomía de la voluntad en la contratación: libertad de contratar –decidir si concluye o no el acuerdo- y libertad contractual –fijar el contenido del acuerdo- se mantiene la libertad de contratar pero se limita, hasta llegar a desaparecer, la libertad contractual. Esa imposición ha sido reiteradamente reconocida por la jurisprudencia europea, T.J.U.E., y española, T.S.

Por lo tanto, es de sentido común manifestar que si se insta la ejecución de la cláusula de vencimiento anticipado, de un contrato de adhesión, ¡nunca! podrá hacerse a través del apartado 2 del artículo 693 de la L.E.C. ya que tal solicitud adolece gravemente de la característica que contempla dicho precepto para reclamar la suma total de lo adeudado y de todo el capital pendiente de amortizar: acuerdo, pacto o convenio entre las partes firmantes de dicho contrato.

El apartado 2 del artículo 693 de la L.E.C. tiene solo carácter dispositivo y accesorio: si existe un acuerdo o convenio entre las partes del contrato se puede utilizar, si no es así evidentemente no. Sin embargo, el apartado 1 de dicho artículo 693 L.E.C. tiene carácter imperativo por lo que el acreedor puede reclamar a través de su demanda de ejecución el contenido de dicho precepto:

Lo dispuesto en este Capítulo será aplicable al caso en que deje de pagarse una parte del capital del crédito o los intereses, cuyo pago deba hacerse en plazos, si vencieren al menos tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a tres meses. Así se hará constar por el Notario en la escritura de constitución y por el Registrador en el asiento correspondiente. Si para el pago de alguno de los plazos del capital o de los intereses fuere necesario enajenar el bien hipotecado, y aún quedaren por vencer otros plazos de la obligación, se verificará la venta y se transferirá la finca al comprador con la hipoteca correspondiente a la parte del crédito que no estuviere satisfecha.

Igualmente, el acreedor si así lo considera oportuno puede instar un procedimiento declarativo, ordinario, a través de la cláusula de vencimiento anticipado y al amparo de los artículos 1.124 y 1.129 del Código Civil, ya que ambos ni tienen carácter accesorio ni dispositivo.

Por lo tanto no cabe duda, la ley manda, el instar la ejecución de un contrato de adhesión a través del apartado 2 del artículo 693 de la L.E.C. al amparo de lo establecido en el Título IV del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con las particularidades que se establecen en su Capítulo V, constituye FRAUDE DE LEY.

El que dicho FRAUDE DE LEY  sea admitido a trámite por Auto del órgano judicial de instancia que va a conocer de ése procedimiento de ejecución hipotecaria supone FRAUDE PROCESAL.

Y cuando en dicho procedimiento de ejecución se concluye la subasta del/los inmueble/s que constituye/n la garantía hipotecaria de la deuda total, indebidamente instado el vencimiento anticipado de toda ella, estamos ante una muy grave ESTAFA PROCESAL.

En el título de este artículo hacemos referencia al gigantesco valor que pudiera alcanzar dicha estafa: alrededor de 100.000 millones de euros. Esa cifra no se ha escogido al `azar´ sale de los datos estadísticos que han sido analizados, a lo largo de los años, por el Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.) y el Consejo General del Poder Judicial (C.G.P.J.):

Si cogemos el dato de las ejecuciones presentadas, tenemos las siguientes cifras:

2007            25.943

2008            58.686

2009            93.319

2010            93.636

2011            77.854

2012            91.622

2013            82.688

2014            80.785

2015            68.165

2016            48.410

2017            30.094

2018            27.404

2019            17.411

2020             8.043 (primer semestre)

En total, sin contar con los últimos seis meses del 2020 por falta de datos, tenemos en el periodo 2007-2020 la presentación de 804.060 ejecuciones hipotecarias.

El siguiente dato al que acudimos es el importe medio de la hipoteca sobre la vivienda, y escogemos este dato ya que es sensiblemente inferior al importe medio de la hipoteca sobre cualquier inmueble, rural o rústico:

2007            149.007 €

2008            138.910 €

2009            117.880 €

2010            116.740 €

2011            110.750 €

2012            103.280 €

2013             99.820 €

2014            102.240 €

2015            106.680 €

2016            109.910 €

2017            117.150 5

2018            124.280 €

2019            126.130 €

2020            133.990 €  (de enero a octubre, inclusive)

En total, sin contar con los últimos dos meses del 2020 por falta de datos, tenemos en el periodo 2007-2020 un importe medio de la hipoteca sobre vivienda de 118.340,50 €.

Si multiplicamos ambas medias y a la cantidad resultante le sumamos los intereses remuneratorios y de mora que indebidamente se liquidaron, y se liquidan, en las más de ochocientas mil ejecuciones hipotecarias presentadas en el periodo 2007-2020, sobre aquellas cantidades indebidamente reclamadas al instar el vencimiento anticipado, tendremos una cuantía final que muy probablemente sobrepase los 100.000 millones de euros.

Apartándonos un momento de éstas cifras, podemos reseñar otras derivadas de la cantidad de ejecuciones hipotecarias presentadas desde el año 2013, momento en el que se produjo cierto cambio de rumbo en este tipo de procedimientos gracias a la Sentencia del T.J.U.E. de 14 de marzo de 2013 (Asunto C-415/11), conocida como sentencia Mohamed Aziz. Y esos datos son:

  • Ejecuciones hipotecarias presentadas (2013-2020): 363.000, sin contar con el 2º semestre del 2020 por falta de datos.
  • Lanzamientos con cumplimiento positivo (2013-2020), realizados a través del Servicio Común de Notificaciones y Embargos (S.C.N.y E.): 300.800, sin contar con el 2º semestre del 2020 por falta de datos.
  • Lanzamientos practicados a través de juzgado de primera instancia (2013-2020): 451.149, sin contar con el 2º semestre del 2020 por falta de datos.
  • Lanzamientos practicados derivados de ejecuciones hipotecarias (2013-2020): 168.478, sin contar con el 2º semestre del 2020 por falta de datos. Es claramente evidente qué, primero, ésta cifra es muy inferior a la potencialmente auténtica ya que no cuenta con las decenas de miles de moratorias concedidas en la prórroga del lanzamiento y que, llegado el momento, dichos lanzamientos pueden ejecutarse, por lo tanto esa cifra recién mencionada puede estar alrededor del cuarto de millón de lanzamientos, y segundo, dicha cifra no tiene en cuenta las decenas de miles de `daciones en pago´, con alquiler social, que se han firmado ante el pánico que puede producir a una unidad familiar el pensar en quedarse en la calle sin un techo para sus hijos o personas de la tercera edad.
  • Y otra cifra también interesante a mencionar es la de los `verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas´ ya que en los últimos tres años se han incrementado sus cifras desde que la parte adjudicataria ha puesto en práctica lo aquí ya denunciado más arriba, solicitar el archivo de los procedimientos de ejecución hipotecaria e instando, a continuación, demanda de Juicio Verbal de desahucio por precario (2018-2020): 7.306, sin contar con el 2º semestre del 2020 por falta de datos. Dentro de la `ocupación ilegal de viviendas´ se introduce de tapadillo todas aquellas personas frente a las que se instó, en su momento, la demanda dineraria de ejecución hipotecaria pero que en esta ocasión no son más que `ignorados ocupantes del inmueble´ que probablemente haya sido su vivienda habitual, y la de su familia, durante décadas. Repulsivo.

Complementamos éstas cifras con los siguientes datos, no menos interesantes que los recién expuestos:

  • Lanzamientos practicados por el Juzgado de primera instancia nº 32 de Madrid (2013-2019, ya que no están aún disponibles las cifras del 2020): 2.842.
  • Lanzamientos practicados por el Juzgado de primera instancia nº 31 de Madrid (2013-2019, ya que no están aún disponibles las cifras del 2020): 1.429.
  • Lanzamientos practicados, como consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria, por el Juzgado de primera instancia nº 100 de Madrid (2013-2019, ya que no están aún disponibles las cifras del 2020): 802.
  • Lanzamientos practicados, como consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria, por los 59 juzgados de primera instancia de Barcelona capital (2013-2019, ya que no están aún disponibles las cifras del 2020): 2.038.

Si tenemos en cuenta que la población de Madrid capital (3.266.126 habitantes en 2020) es el doble que la de Barcelona capital (1.636.762 habitantes en 2020) salta a la vista que en Madrid capital existe un 40% más de lanzamientos que en Barcelona capital.

Igualmente podemos ver como un solo juzgado de Madrid, el J.P.I. nº 32, emite un 40% más de ordenes de lanzamiento que los 59 juzgados de primera instancia de Barcelona capital juntos. Dudoso honor.

Ese mismo Juzgado de primera instancia, el nº 32 de Madrid, y a pesar de haber recibido su Titular más de un `pescozón judicial´ del Tribunal Constitucional por emitir pronunciamientos irrazonables y arbitrarios (por ejemplo: STC nº 28/2010, de 27 de abril, y nº 31/2019, de 28 de febrero) nunca ha tenido la menor duda sobre el contenido de las decenas de miles de procedimientos que ha tramitado a lo largo de los años por eso nunca se ha visto en la tesitura de plantear cuestión prejudicial –por el tema de las cláusulas abusivas- ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni tampoco –sea dicho de paso- la Titular del Juzgado de primera instancia nº 31 de Madrid, sin embargo los Juzgados de primera instancia nº 1 (con 87 lanzamientos practicados en el periodo 2013-2019 como consecuencia de ejecuciones hipotecarias), nº 20 (con 75 lanzamientos practicados en el periodo 2013-2019 como consecuencia de ejecuciones hipotecarias) y nº 38 de Barcelona (con 18 lanzamientos practicados en el periodo 2013-2019 como consecuencia de ejecuciones hipotecarias) han planteado varias cuestiones prejudiciales al T.J.U.E.: salvo error, dos el J.P.I. nº 1, una el J.P.I. nº 20 y dos el J.P.I. nº 38. Quizás a sus Titulares no les envarga la prepotencia y el despotismo cuando van a disponer sobre la vida y el patrimonio inmobiliario esencial, vivienda habitual, de miles de familias, ni pretenden saberlo todo sin dejar margen a la duda …. puede que a lo mejor no lo tengan tan claro como otros hacia qué lado hay que decantarse.

En resumen, en un Estado de Derecho no hay nadie por encima de la Ley, las entidades financieras no pueden vulnerar el procedimiento de ejecución hipotecaria instando la demanda de un contrato de adhesión en base al apartado 2 del artículo 693 de la Ley 1/200, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ya que, independientemente del fraude legal y procesal que se ejecuta, es un grave quebrantamiento de la tutela judicial efectiva de la parte prestataria demandada, creándola una injustificable indefensión que, en primera instancia, debiera haber supuesto la no admisión a trámite de la demanda instada en base a ése fraude legal.

Si todo lo aquí expuesto fuera poco todavía se enlodan un poco más los procedimientos de ejecución hipotecaria.

Ese artículo 693 de la L.E.C., al que hemos hecho referencia a lo largo de este texto, tiene un tercer apartado en el que se puede leer:

En el caso a que se refiere el apartado anterior, el acreedor podrá solicitar que, sin perjuicio de que la ejecución se despache por la totalidad de la deuda, se comunique al deudor que, antes de que se cierre la subasta, podrá liberar el bien mediante la consignación de la cantidad exacta que por principal e intereses estuviere vencida en la fecha de presentación de la demanda, incrementada, en su caso, con los vencimientos del préstamo y los intereses de demora que se vayan produciendo a lo largo del procedimiento y resulten impagados en todo o en parte. A estos efectos, el acreedor podrá solicitar que se proceda conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 578.

Si el bien hipotecado fuese la vivienda habitual, el deudor podrá, aun sin el consentimiento del acreedor, liberar el bien mediante la consignación de las cantidades expresadas en el párrafo anterior.

Liberado un bien por primera vez, podrá liberarse en segunda o ulteriores ocasiones siempre que, al menos, medien tres años entre la fecha de la liberación y la del requerimiento de pago judicial o extrajudicial efectuada por el acreedor.

Si el deudor efectuase el pago en las condiciones previstas en los apartados anteriores, se tasarán las costas, que se calcularán sobre la cuantía de las cuotas atrasadas abonadas, con el límite previsto en el artículo 575.1 bis y, una vez satisfechas éstas, el Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto liberando el bien y declarando terminado el procedimiento. Lo mismo se acordará cuando el pago lo realice un tercero con el consentimiento del ejecutante.

Vamos a examinar lo más destacable de éste apartado que, no olvidemos, tiene plena capacidad de aplicarse, en un procedimiento de ejecución hipotecaria, desde el mismo momento que se admite a trámite la demanda interpuesta como, por otra parte, así hace el ejecutante con el apartado 2 del mismo artículo:

1.- En el caso a que se refiere el apartado anteriorhace referencia al apartado 2 de dicho artículo 693 L.E.C., el que contiene el vencimiento anticipado. Por lo tanto, y por descarte, no se puede solicitar el amparo de este apartado 3 si la ejecutante instase la demanda en base al 693.1 L.E.C. aunque resulte paradójico que, sin embargo, se manifieste a estos efectos, el acreedor podrá solicitar que se proceda conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 578 [La ampliación de la ejecución podrá solicitarse en la demanda ejecutiva. En este caso, al notificarle el auto que despache la ejecución, se advertirá al ejecutado que la ejecución se entenderá ampliada automáticamente si, en las fechas de vencimiento, no se hubieren consignado a disposición del Juzgado las cantidades correspondientes. // Cuando el ejecutante solicite la ampliación automática de la ejecución, deberá presentar una liquidación final de la deuda incluyendo los vencimientos de principal e intereses producidos durante la ejecución.].

2.- En ese caso se comunique al deudor que, antes de que se cierre la subasta, podrá liberar el bien mediante la consignación de la cantidad exacta que por principal e intereses estuviere vencida en la fecha de presentación de la demanda, incrementada, en su caso, con los vencimientos del préstamo y los intereses de demora que se vayan produciendo a lo largo del procedimiento y resulten impagados en todo o en parte. Por lo tanto, es obligación del juzgado comunicar al deudor ejecutado de que puede enervar [anular, neutralizar los efectos que pudiera acarrear la subasta de la garantía hipotecaria ejecutada] si previamente consigna la cantidad exacta que por principal e intereses estuviere vencida en la fecha de presentación de la demanda, incrementada, en su caso, con los vencimientos del préstamo y los intereses de demora que se vayan produciendo a lo largo del procedimiento.

3.- Si el bien hipotecado fuese la vivienda habitual, el deudor podrá, aun sin el consentimiento del acreedor, liberar el bien mediante la consignación de las cantidades correspondientes.

4.- Si el deudor efectuase el pago en las condiciones previstas en los apartados anteriores, se tasarán las costas, que se calcularán sobre la cuantía de las cuotas atrasadas abonadas, con el límite previsto en el artículo 575.1 bis [en el supuesto de ejecución de vivienda habitual las costas exigibles al deudor ejecutado no podrán superar el 5 por cien de la cantidad que se reclame en la demanda ejecutivay, una vez satisfechas éstas, el Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto liberando el bien y declarando terminado el procedimiento.

Por lo tanto, lo que viene a decir el artículo 693.3 de la L.E.C. es que, si la garantía hipotecaria ejecutada es la vivienda habitual del deudor, éste puede liberar dicho inmueble mediante la consignación de la cantidad exacta que por principal e intereses estuviere vencida en la fecha de presentación de la demanda, incrementada, en su caso, con los vencimientos del préstamo y los intereses de demora que se vayan produciendo hasta el momento de la `enervación´, y en ese momento se tasarán las costas sobre la cuantía de las cuotas atrasadas que han sido abonadas, y una vez satisfechas éstas el Letrado de la Administración de Justicia liberará el bien solicitando al Registro correspondiente la cancelación de la nota marginal y, finalmente, decretará la terminación del procedimiento de ejecución hipotecaria.

Para ésta cuestión, enervar la acción, existe en el artículo 693.3 de la L.E.C. un `plazo temporal final´, antes de que se cierre la subastapero no existe un `plazo temporal inicial´ por lo que se puede interpretar de forma legal que dicha enervación se puede instar desde el mismo momento que es notificada, a la parte deudora, la demanda de ejecución interpuesta y el Auto que la admite a trámite. Por lo tanto, y si encima estamos ante una garantía hipotecaria que constituye la vivienda habitual del deudor, el no informar de ello a la parte ejecutada, en la cédula de requerimiento y decreto que acompaña a la demanda, pero sobre todo en el Auto que admite a trámite dicha demanda, constituye una gravísima infracción procesal que afecta directamente a la tutela judicial efectiva de los ejecutados al no darles la posibilidad de realizar el acto de `enervar´ en el plazo que se le concede –que suele ser de diez, veinte o treinta días- para pagar a la parte actora  el importe de las cantidades reclamadas, sin hacer mención alguna a la posibilidad de abonar en dicho plazo las cantidades que contempla el artículo 693.3 de la L.E.C. Tal forma de actuar procesalmente convierte el Auto que admite a trámite la demanda de ejecución en RADICALMENTE NULO, por vulneración de derechos fundamentales de la parte ejecutada, sea o no consumidora.

En Madrid capital, y en relación al auto que admite a trámite la demanda instando ejecución hipotecaria: el Titular del J.P.I. nº 32 tiene por costumbre no hacer ni siquiera referencia al contenido del apartado 3 del artículo 693 de la L.E.C., acordando en su PARTE DISPOSITIVA requerir al/os ejecutado/s efectúen el pago de las cantidades reclamadas por la actora, aunque el Letrado si hace alusión a ello en el Decreto que acompaña a dicho Auto; la Titular del J.P.I. nº 31 suele hacer lo mismo que el del J.P.I. nº 32, reclamar,  a la parte ejecutada en la PARTE DISPOSITIVA del auto, efectúe el pago de las cantidades reclamadas en la demanda de ejecución, por principal e intereses, la Letrada del órgano judicial –igualmente- hace alusión al apartado 3 del artículo 693 de la L.E.C. pero requiere a la parte ejecutada a que, en el plazo que se le concede, pague la cantidad reclamada por la actora; lo más grave ocurre en el J.P.I. nº 100 en el que su Titular en el auto que admite a trámite la demanda de ejecución dispone el requerir a la parte demandada del pago de las cantidades reclamadas, por capital e intereses, teniéndose en cuenta que los pagos parciales no producen los efectos previstos en el artículo 693.3 de la L.E.C., mientras que la Letrada del juzgado informa del contenido de dicho artículo en su decreto, que acompaña al auto que admite a trámite la demanda de ejecución …. y como estos tres juzgados de instancia, la gran mayoría de ellos contemplan la misma situación con respecto a dicho artículo, sin dar plazo más que para abonar las cantidades reclamadas por la ejecutante, sin informar a la parte ejecutada que, en ese mismo plazo, puede –al amparo del apartado 3 del artículo 693 L.E.C.- enervar la acción y conseguir, liberando el bien inmueble, la terminación del procedimiento de ejecución hipotecaria.

Si uno contempla lo que sucede con la `enervación´ de los desahucios por impago de rentas de alquiler: artículo 22.4 de la L.E.C., los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago de las rentas o cantidades debidas por el arrendatario terminarán mediante decreto dictado al efecto por el letrado de la Administración de Justicia si, requerido aquél en los términos previstos en el apartado 3 del artículo 440 [En los casos de demandas en las que se ejercite la pretensión de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, acumulando o no la pretensión de condena al pago de las mismas, el Letrado de la Administración de Justicia, tras la admisión, y previamente a la vista que se señale, requerirá al demandado para que, en el plazo de diez días, desaloje el inmueble, pague al actor o, en caso de pretender la enervación, pague la totalidad de lo que deba o ponga a disposición de aquel en el tribunal o notarialmente el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio; o en otro caso comparezca ante éste y alegue sucintamente, formulando oposición, las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada o las circunstancias relativas a la procedencia de la enervación.], paga al actor o pone a su disposición en el Tribunal o notarialmente, dentro del plazo conferido en el requerimiento, el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio. Si el demandante se opusiera a la enervación por no cumplirse los anteriores requisitos, se citará a las partes a la vista prevenida en el artículo 443 de esta Ley, tras la cual el Juez dictará sentencia por la que declarará enervada la acción o, en otro caso, estimará la demanda habiendo lugar al desahucio. Es por ello que, en los procedimientos de ejecución hipotecaria, lo que realmente se busca –o esa es la sensación que da la forma de actuar de las entidades financieras y de los juzgados de 1ª instancia- es que la parte ejecutante se haga `sí o sí´ con la garantía hipotecaria, con el inmueble …. vamos, con un bien tangible como el ladrillo, ya que el dinero no es más que un apunte contable que hoy día vale menos que el papel en el que está impreso.

Es evidente que los procedimientos de ejecución hipotecaria que se desarrollan en este País -visto lo visto en este artículo, que no es más que la punta del iceberg- son una auténtica cloaca donde chapotean unos y otros con un solo propósito: quitarle al ciudadano, consumidor o no, su patrimonio vital (vivienda, nave o local del que vive él/la ejecutado/a y su familia, etc) y, si es posible, dejarle en la más absoluta indigencia con remanentes de deuda de por vida, intereses y costas fuera de lugar, ya que todo ello se calcula sobre un ilegal vencimiento anticipado instado `contra legem´, y aun así permitido por el Poder Judicial; por eso el `rebote´ que han cogido en España determinados –y numerosos- funcionarios de la administración, y del poder económico y sus adláteres mediáticos, con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice lo que dice no lo que nos cuenta el Tribunal Supremo que dice, buscando determinados fines muy alejados de lo que contempla, por ejemplo, la Directiva 93/13/CEE: las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas, considerándose que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión, siendo que el profesional que afirme que una cláusula tipo se ha negociado individualmente asumirá plenamente la carga de la prueba, y teniendo en cuenta que el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración.

Por todo ello, demandamos de los Poderes del Estado y de sus órganos competentes en ésta materia, que:

  • Sean suspendidos de manera inmediata, y de forma cautelar, todos los procedimientos de ejecución hipotecaria que estén en estos momentos `vivos´.
  • Sean, igualmente, suspendidos de modo inmediato, y de forma cautelar, todos los procedimientos de ejecución hipotecaria que, a pesar de haber sido archivados por decreto del Letrado de la Administración de Justicia, estén pendientes de proveer cualquier tipo de escrito o recurso presentado.
  • Sean, asimismo, suspendidos inmediatamente, y de forma cautelar, todos los juicios verbales de desahucio por precario que han evolucionado de un procedimiento de ejecución hipotecaria.
  • Sean investigados, todos ellos, ya que lo más probable es que hayan sido instados en FRAUDE DE LEY, admitidos a trámite en FRAUDE PROCESAL y, si se ha celebrado la subasta del bien inmueble que constituye la garantía hipotecaria del Titulo ejecutado, constituyendo ESTAFA PROCESAL, lo que hace que dichos procedimientos sean RADICALMENTE NULOS, siendo dicha nulidad IMPRESCRIPTIBLE.
  • Todos aquellos ejecutados a los que se les ha archivado el procedimiento de ejecución hipotecaria hace menos de cinco años, mandaten a su representante legal para que interponga una demanda de revisión de lo dispuesto en el procedimiento de ejecución.
  • Los que tuvieran problemas con el punto anterior y aquellos que no entren en ese intervalo de tiempo, dada la inobservancia de lo contemplado en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia europeo y del Derecho de la Unión, reclamen una reparación del daño causado a la administración del Estado, articulando dicha valoración del daño a través de una demanda.
  • Se recomienda que el representante legal de todos aquellos, consumidores o no, a los que el acreedor les ha interpuesto una ejecución hipotecaria instando el vencimiento anticipado, del contrato de adhesión ejecutado, al amparo del artículo 693.2 L.E.C., presente un incidente de Nulidad de Actuaciones denunciando el FRAUDE LEGAL y PROCESAL que se ha cometido en el procedimiento y, llegado el caso, la ESTAFA PROCESAL que constituye la subasta celebrada.
  • Una vez se sobresea la ejecución hipotecaria, llegado a ese caso, solicitar retrotraer todos los actos procesales, viciados de nulidad, que con anterioridad a dicho sobreseimiento han venido sucediéndose a lo largo de la ejecución, reclamando la anulación de todos y cada uno de ellos, estando entre los cuales la subasta efectuada en su momento por lo que requeriremos la devolución de la titularidad registral del/los inmueble/s ejecutado/s, esté/n o no a nombre de la adjudicataria, siendo que si la ejecutante ha cedido el remate a un tercero, o existe otro rematante, se le reclamará a la actora una cantidad económica que suponga la suma del valor de tasación de la garantía hipotecaria, que conste en el Título ejecutado, más la cuantía correspondiente por daños y perjuicios, que se estimarán en su momento procesal.
  • Sin olvidar que, como hemos manifestado más arriba, ante la inoperancia o desacato a la jurisprudencia y Derecho europeo de los órganos judiciales españoles podamos reclamar una reparación del daño causado a la administración del Estado, articulando dicha valoración del daño a través de una demanda.
  • Dado que dicha vulneración al Derecho a la Tutela Judicial efectiva constituye violación de derechos constitucionales que pueden implicar especial trascendencia constitucional a los efectos de plantear recurso de Amparo, conculcación de los derechos de defensa, de tutela judicial efectiva y de un proceso con todas las garantías -artículo 24 de la Constitución- susceptible de amparo constitucional  -artículo 53 de la Constitución- solicitar al Tribunal Constitucional que admita a trámite todos aquellos recursos de Amparo que se planteen denunciando lo aquí expuesto ya que consideramos que tales vulneraciones de derechos fundamentales constituyen `especial relevancia constitucional´, rogando a dichos magistrados no presenten las inadmisiones a trámite de dichos recursos tras providencias de inmotivados acuerdos, ya que ellos mismos son los que velan por la congruencia, motivación y razonabilidad de los pronunciamientos que emiten las demás instancias judiciales del Estado.
  • Se reclama al Defensor del Pueblo, a los Jueces Decano, al Ministerio Fiscal y a los órganos competentes del Consejo General del Poder Judicial, investiguen todo lo ocurrido con los procedimientos de ejecución hipotecaria, aquí denunciado, y que compromete muy seriamente la neutralidad de nuestra Justicia, que en puridad debiera haber dado a cada uno lo que le corresponde por ley, sin ningún tipo de favoritismo.
  • Igualmente, requerimos de los órganos competentes del Consejo General del Poder Judicial, se examine de forma rigurosa los juzgados específicos de conocer procedimientos de ejecución hipotecaria, como son el J.P.I. nº 32 y nº 31 de Madrid, a los que añadiríamos el J.P.I. nº 100 de Madrid ya que, aunque no conoce exclusivamente de este tipo de procedimientos, también tramita un buen número de ellos. Petición realizada en virtud de que, tras despachar decenas de miles de ejecuciones hipotecarias, no se les conoce planteamiento alguno de cuestión prejudicial ante el T.J.U.E. –creemos recordar, si no estamos equivocados, que existe una sola del JPI nº 100- por lo que desconocemos las causas de ello y requerimos su investigación: prepotencia de los/las Titulares de dichos órganos judiciales, desdén y desprecio por la jurisprudencia que pudiera venir del Tribunal de Justicia europeo, desacato al artículo 4 bis.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o –simplemente- insumisión e insubordinación al Derecho europeo como la Directiva 93/13/CEE. De igual forma, solicitamos que dichas investigaciones se realicen sobre determinadas Secciones de las Audiencias Provinciales, como son –por ejemplo- la Sección 19ª y 25ª de la A.P.C.M. Puede haber otras muchas más, en el territorio nacional, pero hay que tener en cuenta las limitaciones de ésta Plataforma que es PAH MADRID, y que abarca solo una determinada región, para eso existen compañeros en otras circunscripciones que pueden adaptar sus peticiones a los órganos judiciales de su territorio.
  • Ésta Plataforma comunica que todo lo aquí expuesto se trasladará en forma de denuncia ante la Comisión Europea, Parlamento Europeo, el Defensor del Pueblo europeo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y cuantas iniciativas sean precisas para parar los diversos fraudes que se cometen, y se han cometido, en los procedimientos de ejecución hipotecaria españoles, solicitando la suspensión, revisión y sobreseimiento de dichos procedimientos RADICALMENTE NULOS, siendo dicha nulidad IMPRESCRIPTIBLE.

Por último, queremos hacer mención a otro desatino al que se tienen que enfrentar los demandados en ejecuciones hipotecarias. Dichos procedimientos terminan en auto –tanto en primera como en segunda instancia- no existiendo sentencias, por lo que se les ha vedado la posibilidad de plantear recurso de Casación ante el Tribunal Supremo.

La Ley de Enjuiciamiento Civil contempla en su artículo 468 que las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán, como Salas de lo Civil, de los recursos por infracción procesal contra sentencias y autos dictados por las Audiencias Provinciales que pongan fin a la segunda instancia, siendo el artículo 469.1.4º L.E.C. el que dice, el recurso extraordinario por infracción procesal sólo podrá fundarse en los siguientes motivos: vulneración, en el proceso civil, de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución, y el apartado 2 de dicho artículo que sólo procederá el recurso extraordinario por infracción procesal cuando, de ser posible, ésta o la vulneración del artículo 24 de la Constitución se hayan denunciado en la instancia y cuando, de haberse producido en la primera, la denuncia se haya reproducido en la segunda instancia. Además, si la violación de derecho fundamental hubiere producido falta o defecto subsanable, deberá haberse pedido la subsanación en la instancia o instancias oportunas.

Lo grave de este asunto es que tal posibilidad, a través de la disposición final decimosexta apartado 2, queda capada ya que en tanto las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia carezcan de competencia para conocer, con carácter general, de los recursos extraordinarios por infracción procesal, no serán de aplicación los artículos …., 468 …. señores, llevamos así ¡¡VEINTE AÑOS!!, durante éste tiempo ha habido diferentes gobiernos de distinto signo político y ¿no han tenido tiempo para legislar sobre esta cuestión …. o es que existe, en este tema, un contubernio entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial para evitar que determinados ciudadanos, consumidores o no, tengan otra arma de defensa judicial? …. es una auténtica vergüenza.

Queremos completar esto último con una interesante exposición razonada que realiza don Enrique Emilio Martínez Fernández en su artículo La materia del vencimiento anticipado de préstamos con garantía hipotecaria, ¿vencida?, publicado en la web elderecho.com (https://elderecho.com/la-materia-del-vencimiento-anticipado-de-prestamos-con-garantia-hipotecaria-vencida):

“Y la segunda [circunstancia legislativa que se estima relevantees la siguiente circunstancia procesal que, si bien no es susceptible de plantear una cuestión prejudicial al TJUE por tratarse del texto de la legislación española, sin embargo este juzgador entiende que resulta relevante y a la que están expuestos todos los consumidores con independencia de su nacionalidad que se encuentren en el estado español.

Dicha situación procesal deriva de la potencial vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el art. 47 de la CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNION EUROPEA  y de la potencial vulneración del derecho al domicilio previsto en el art. 7 de la CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA por parte de la LEC española.

Así los procesos especiales de Ejecución Hipotecaria únicamente tienen prevista una doble instancia, la primera ante el Juzgado de Primera Instancia y la segunda ante la Audiencia Provincial, sin que, conforme al art. 477 LEC, quepa recurso de casación ante el TRIBUNAL SUPREMO (TS) contra las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial.

Así, el TS ha adoptado un Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 27 de enero de 2017  en el que ha venido a revisar los criterios de admisión de los recursos extraordinarios de casación y de infracción procesal que se adoptaron en el anterior Acuerdo del Pleno de la Sala I del TS de 30/12/2011, y concluye que solo pueden ser objeto de recurso de casación y en su caso del extraordinario por infracción procesal las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales y no los autos salvo que lo sean conforme a los Reglamentos, Tratados o Convenios Internacionales o de la Unión Europea (art. 477.2 LEC , en relación con la norma aplicable en cada caso). Por lo tanto, y a “sensu contrario”, los autos dictados por las Audiencias Provinciales en segunda instancia no son susceptibles de recurso de casación ya que el derecho al domicilio carece de rango de derecho fundamental conforme a la Constitución.

Por tanto, en los procesos de Ejecución Hipotecaria no está previsto el recurso de casación ante el TS.

Sin embargo, conforme al art. 7 de la CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UE de 18/12/2000, el domicilio es un derecho fundamental del ciudadano comunitario, hecho este que, sin embargo, se contradice con la Constitución Española donde el derecho a la vivienda se ubica en el art. 47, de modo que no se considera derecho fundamental por hallarse extramuros del Título que regula tal categoría de derechos.

Esta situación implica que, conforme al art. 477 LEC y al art. 47 de la Constitución Española, no cabe acudir al recurso de casación ante el Tribunal Supremo ya que el derecho al domicilio carece de la consideración de derecho fundamental para la legislación española.

No se puede obviar que, conforme al art. 47 de la CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UE de 18/12/2000, los consumidores españoles tienen derecho a la tutela judicial efectiva.

Por tanto en base a lo anteriormente expuesto surge la duda de si, con base en los arts. 7 y 47 de la CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UE, el consumidor español debe tener derecho a la máxima protección procesal que la legislación nacional establezca y que en el caso del Estado español supondría el acceso al recurso de casación ante el Tribunal Supremo.”

Nosotros, como Plataforma, consideramos que  debieran tener esa posibilidad los consumidores demandados en los procedimientos de ejecución hipotecaria, y todo ello al amparo del artículo 4 bis.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siendo que dicho Tribunal ha manifestado reiteradamente que en el Derecho de la Unión, el derecho a la vivienda es un derecho fundamental garantizado por el artículo 7 de la Carta que el tribunal remitente debe tomar en consideración al aplicar la Directiva 93/13, como en la Sentencia Kusionová contra SMART Capital (Asunto C-34/13), de 10 de septiembre de 2014, en la que el T.J.U.E. declara:

63 … la pérdida de la vivienda familiar no sólo puede lesionar gravemente el derecho de los consumidores (sentencia Aziz, EU:C:2013:164, apartado 61), sino que también pone a la familia del consumidor en una situación particularmente delicada (véase en ese sentido el auto del Presidente del Tribunal de Justicia Sánchez Morcillo y Abril García, EU:C:2014:1388, apartado 11).

64  En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha estimado que la pérdida de una vivienda es una de las más graves lesiones del derecho al respeto del domicilio y que toda persona que corra el riesgo de ser víctima de ella debe en principio poder obtener el examen de la proporcionalidad de dicha medida (véanse las sentencias del TEDH, McCann c. Reino Unido, demanda nº 19009/04, apartado 50, y Rousk c. Suecia, demanda nº 27183/04, apartado 137).

65  En el Derecho de la Unión, el derecho a la vivienda es un derecho fundamental garantizado por el artículo 7 de la Carta que el tribunal remitente debe tomar en consideración al aplicar la Directiva 93/13.

66  En relación, especialmente, con las consecuencias que genera el desahucio del consumidor y de su familia de la vivienda que es su residencia principal, el Tribunal de Justicia ya ha destacado la importancia de que el juez nacional competente disponga de medidas cautelares que puedan suspender o contrarrestar un procedimiento ilícito de ejecución hipotecaria cuando la concesión de dichas medidas se manifieste necesaria para garantizar la efectividad de la protección pretendida por la Directiva 93/13 (véase en ese sentido la sentencia Aziz, EU:C:2013:164, apartado 59)”.

Por lo tanto, al loro, que lo denunciado en éste artículo no es ninguna broma ni se va de farol.

100.000 MILLONES DE EUROS, LA GIGANTESCA ESTAFA PROCESAL QUE LAS ENTIDADES FINANCIERAS HAN REALIZADO A TRAVÉS DE LAS MÁS DE 800.000 EJECUCIONES HIPOTECARIAS QUE SE HAN TRAMITADO DESDE EL AÑO 2007 AL 2020, CONTANDO PARA ELLO CON LA AQUIESCENCIA DEL PODER JUDICIAL.

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