(Referéndum catalán) Criminalización a diestro y siniestro: ahora a por los alcaldes

Por Kaos. Països Catalans

Después de la multitudinaria y pacífica manifestación de la Diada, el gobierno del PP ha intensificado la ofensiva criminalizadora y represiva contra la celebración del referéndum catalán.

El desenfreno gubernamental continúa. Después de la gigantesca y pacífica manifestación de la Diada, el gobierno del PP ha intensificado la ofensiva criminalizadora y represiva contra la celebración del referéndum catalán. Además del TC anulando leyes en cuestión de horas, de la fiscalía imputando al govern y a la Mesa del Parlament, del TSJC iniciando el trámite de querellas con amenazas de cárcel,  de movilizar a las fuerzas policiales -incluyendo también a los Mossos- para buscar papeletas y urnas, de prohibir actos en Madrid o Valencia, de desplegar una campaña mediática del miedo… ahora les toca a los 712 alcaldes que se han comprometido con la celebración del referéndum.

Todo al servicio de impedir el referéndum del 1 de octubre, es decir, la libre expresión democrática del pueblo catalán sobre su futuro, o, en el peor de los casos, de intentar desacreditarlo para que la participación sea lo más baja posible.

A nadie sorprende que la gran patronal (con la CEOE a la cabeza), la monarquía y las fuerzas de la derecha neofranquista cierren filas en torno a la política del gobierno (triste papel, por cierto, el de la burguesía vasca, tan poco ‘nacionalista’ en su apoyo al PP habiendo dinero de por medio).

Desgraciadamente, sin embargo, en esta estrategia de la represión y el miedo que ejerce el régimen borbónico a través de su gobierno, un sector significativo de la izquierda política y del sindicalismo mantienen una posición o abiertamente contraria al referéndum o de ambigüedad calculada a la espera de que los acontecimientos les permitan no tener que posicionarse abiertamente. Sin embargo, la disyuntiva no admite medias tintas: o se está con el gobierno, su represión y el régimen que niega el ejercicio del derecho de autodeterminación de los pueblos del Estado, o se está con el pueblo catalán y su derecho a decidir libremente su futuro, como en el ejemplo de Escocia (donde la derecha más ultraliberal y reaccionaria pactó, e incluso ganó, un referéndum con el gobierno autonómico escocés).

Porque ni los cantos a una imposible ‘reforma de la constitución’ o a una todavía más quimérica ‘negociación’ son una salida real al ‘problema catalán’, que requiere una salida “a la escocesa”. Y la represión mientras tanto se fortalece con esa lamentable, por activa o por pasiva, complicidad con la ‘bienatada’ constitución monárquica.

 


 

La Fiscalía ordena interrogar a los alcaldes catalanes del 1-O y detenerlos si no comparecen

La Fiscalía General del Estado pide a los fiscales jefes de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona que abran diligencias respecto a una lista de alcaldes catalanes

La Fiscalía General del Estado ha pedido a los fiscales jefes de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona que abran diligencias respecto a una lista de alcaldes catalanes de los que se ha tenido conocimiento que estarían colaborando en la preparación del referéndum de autodeterminación del próximo 1 de octubre.

En el caso de que no comparezcan cuando sean citados por los fiscales, se ordena a los Mossos que lleven a cabo su detención, según reza el oficio dictado por el fiscal general José Manuel Maza, que señala que las diligencias deben comenzar por los municipios implicados con mayor población.

En el escrito, José Manuel Maza recuerda las suspensiones del Tribunal Constitucional respecto al referéndum y de la advertencia a la Generalitat y cualquier autoridad pública para que no lo siga adelante y su obligación de ‘impedirlo.

Maza advierte de que los alcaldes que colaboren pueden cometer un delito de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. Per ello, ordena a los fiscales provinciales, y en su caso a los fiscales de área, que abran diligencias de investigación en relación cada uno de los ayuntamientos, y “se cite, por medio de la policía judicial, el alcalde para que declare en calidad de investigado y asistido de letrado”. “En caso de que el alcalde citado no comparezca, se acordará su detención y presentación en la Fiscalía, oficiando los Mossos como policía judicial para que la lleven a efecto en el plazo más breve posible”, continúa el escrito.

El fiscal utiliza el listado de 712 municipios que publica la página web de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) que han firmado un decreto para poner a disposición del Gobierno los locales municipales necesarios para organizar el referéndum. Por ello, añade que “a la vista del número de municipios afectados, se procederá a dar preferencia en la tramitación en las diligencias que afecten a los ayuntamientos de mayor volumen de población”.

Por otro lado, un centenar de abogados de la asociación Drets se han ofrecido de forma voluntaria para “defender a los encausados por el referéndum” convocado por la Generalitat y se han puesto a disposición de “todas aquellas personas” que puedan necesitar “un primer asesoramiento o asistencia jurídica”. La asociación ha anunciado que ya ha elaborado un “protocolo de actuación” y ha habilitado un número de teléfono “para posibles citados y detenidos”.

 

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