Perú. Darle mil muertes al cadáver del enemigo

Por Comuna. Peru colectivo de creación & crítica

Denuncia internacional de la campaña mediática contra familiares y allegados de 7 asesinados en la matanza de El Frontón – Perú 1986

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Denuncia internacional de la campaña mediática contra familiares y allegados de 7 asesinados en la matanza de El Frontón – Perú 1986

POR: Comuna.Peru colectivo de creación & crítica

 

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Piensa que en el fondo de la fosa 
llevaremos la misma vestidura 

Vals “ÓDIAME”: Federico Barreto, Rafael Otero (Perú)

Durante estas últimas semanas, en el Perú, el periódico Correo, sendos programas de Radio Capital dirigidos por Aldo Mariátegui y Phillip Butters; así como el programa “Punto Final” del canal Frecuencia Latina, dirigido ahora por Mónica Delta, secundados por un batallón de medios de comunicación, lanzaron una serie de alertas contra los homenajes que familiares y gran número de gente les hicieron a los cadáveres de siete personas que fueron asesinadas el 19 de junio de 1986 en la cárcel de El Frontón (Lima). Se trata de siete de las más de doscientas personas asesinadas, simultáneamente, en las cárceles de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, y cuyos cuerpos fueron  devueltos  este 7 de agosto a sus familiares por la Fiscal superior Luz del Carmen Ibáñez (quien, dicho sea de paso, sustentó la acusación del Ministerio Público contra el ex jefe senderista Abimael Guzmán en setiembre 2006).

Diversas autoridades públicas, de distinto rango y función, se han visto  implicadas en esta barahúnda de noticias, que sería cómica si de por medio no estuviesen en juego otros asuntos y principios éticos como se verá a continuación.

Los referidos cadáveres fueron enterrados en el cementerio de Comas, con autorización del alcalde de este populoso distrito limeño, Miguel Ángel Saldaña Reátegui, quien, en segunda instancia, atendió el pedido humanitario de la fiscalía para que se proceda al entierro a solicitud de los familiares. Lo que gatilló el alboroto, en la prensa mencionada, es que los familiares y amigos, finalmente, concluyeron una prolongada romería enterrando los siete cuerpos en una edificación hecha con meses de antelación en la ladera superior del cementerio, donde hay dispuestos 60 nichos. La prensa nativa, hiperbólica y tendenciosamente, ha llamado esta construcción “el mausoleo senderista”; y empezó a correr la bola de nieve, o mejor dicho, de fuego y quema mediáticos.

Sin decirlo de forma abierta, los mencionados difusores de noticias, subliminalmente, agitan la idea que, por ser “terroristas”,[1] dichos cadáveres no pueden ser objeto de homenajes ni muestras de congoja por nadie. De hecho, cualquier acto conmemorativo hacia estas personas —en opinión de aquellos comunicadores— puede ser tildado como un acto propagandístico a favor del terrorismo.[2] Es más, en la conversación que Aldo Mariátegui sostuvo con el Almirante en retiro Carlos Tubino, ahora parlamentario por la bancada fujimorista, este insinuó que los cadáveres deberían ser incinerados y sus cenizas lanzadas al viento para que nadie pudiera recordarlos, aludiendo a la determinación que se tuvo en Alemania con los cadáveres de nazis una vez que fueron derrotados.

También, de manera subrepticia, estos comunicadores deslizaron la idea que las matanzas de los tres penales mencionados estaban justificadas porque los presos asesinados eran terroristas. En principio, dicha idea es contraria a cualquier ética acorde con los derechos humanos, pues donde estos imperan no existe bajo ningún concepto la figura de la ejecución extrajudicial; menos aún si esta fue perpetrada de manera sincronizada, en tres cárceles distintas, por efectivos de la ex Guardia Republicana y la Marina de Guerra del Perú, utilizando armas letales contra presos completamente reducidos y desarmados (solo un pequeño grupo de presos estaba armado: con cuchillos y ondas; así que la Marina bombardeó la isla de El Frontón para vencer esa resistencia).

Resulta inverosímil, además, que los mencionados comunicadores no sepan que la gran mayoría de aquellos presos, en las referidas prisiones, tenían la condición de “procesados”, pues aguardaban procesos penales y no tenían sentencia condenatoria; y que, por tanto, su participación en acciones  armadas no estaba demostrada. Aunque debe advertirse que lo usual, para estos comunicadores, es que el solo hecho de estar procesado sea prueba suficiente de la participación en actos delictivos, conforme con la orientación más retrógrada y represiva de la sociedad peruana (pese a que hay pruebas contundentes para sustentar que, entre los cadáveres, había inocentes: como fueron los casos de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte, asesinados en El Frontón el 19 de junio de 1986, y absueltos tardíamente el 17 de julio de 1987 por el Sexto Tribunal Correccional de Lima).[3]

En la actualidad, el vehículo privilegiado para reforzar la construcción de consensos son los medios de comunicación; quienes, con o sin razón, a través del bombardeo ideológico de una retahíla de conceptos morbosos o retorcidos pueden instalar en el imaginario colectivo discursos que normalizan el odio, la insania y la abyección. Por ejemplo, Aldo Mariátegui insinuó al alcalde de Comas, subrepticiamente, por qué no se revisaron los antecedentes penales de los muertos que fueron enterrados en el cementerio del barrio de Collique en Comas: un pedido absurdo, ilegal y que, en el fondo, quiere dejar sentada la idea soterrada que hay gente en el Perú que no merece ser sepultada. Es como si se deseara que cierto tipo de personas no merezcan una, sino mil muertes.

Uno de los puntos más controvertidos en la historia de la humanidad, sin duda, podría ser el cebarse con el cadáver del enemigo. La historia registra múltiples pasajes relacionados a este tema: por momentos, para construir un sentido común que condene estos ataques como insanos, debido a la incapacidad de mostrar compasión hacia un cuerpo inerte; y, en otras oportunidades, paradójicamente se construye un consenso que tolera, con cierta morbosidad, el ultraje al cuerpo del fallecido, debido a que se trataba de un enemigo acérrimo o muy odiado.

De hecho, es celebérrimo el paseo que David hizo con la cabeza de Goliath luego de derrotarlo. Mucho más crueles fueron las múltiples veces que Aquiles arrastró el cadáver de Héctor, acción que no hubiera cesado sin las súplicas de Priamo. Institucionalmente, en el siglo XVII y tres años después de haber muerto, el cadáver de Oliver Cronwell —uno de los gestores del interregno republicano inglés entre 1649 y 1660— fue exhumado y ejecutado, profiriéndole simbólicamente más de una muerte.

En el Perú, se puede recordar, entre muchos otros casos, el del inca Atahualpa o de Túpac Amaru II, cuyos cuerpos fueron cortados en pedazos luego de ser torturados y asesinados por los invasores españoles, en civilizada advertencia contra las potenciales rebeliones indígenas.

El régimen carcelario y de persecución policial para los procesados por terrorismo en el Perú, desde la década de 1980,  ha lindado con el ejercicio de una biopolítica que se mueve hacia una tanatopolítica, asumiendo a los involucrados en este tipo de casos como una especie de Homo Sacer —persona sin derechos, como indica Giorgio Agamben—, cuya vida no importa pues cualquiera puede darle muerte; y que, incluso, puede proferírsele una y mil muertes simbólicas más como en el caso de los siete cadáveres en el cementerio de Comas.

Así lo remarca la escritora y secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, al referirse a la “basurización simbólica” de algunas personas en los discursos autoritarios que menudean en el Perú actual:

[…] La basurización simbólica es, pues, la forma como mantenemos al otro como una alteridad radical que no escuchamos, un espacio de descargo y descarga, cuerpo que debe ser evacuado del sistema de forma anónima para que todo siga funcionando. Se trata pues de darle coherencia a un discurso basurizador con una serie de lógicas y gramáticas.[4]

Esta lógica biopolítica, o tanatopolítica, es la que se halla cada vez más asentada por los medios de comunicación peruanos. En el éxtasis de sus virulentos mensajes, presionan a todo tipo de autoridades: alcaldes, parlamentarios y hasta al propio presidente del Perú para que refrenden su constructo ideológico tanatopolítico. De allí que el presidente Kuczynski se vio conminado a lanzar exabruptos, como retirar los cadáveres de su tumba,[5] sin decir adónde los llevarían o si los regresarán a la fosa común en la que estuvieron por más de treinta años.[6]

Así también, el alcalde de Comas, Miguel Saldaña, se vio asediado por estas voces de alerta sobre hechos que en nada son ilegales; pero por la referida presión mediática y la retórica de la basurización simbólica, se vio impelido a desmarcarse y recular de un acto administrativo regular (pues lo más normal del mundo es que los cementerios acojan cadáveres para que sean sepultados). Al final, se comprometió en sancionar al personal administrativo del cementerio —la soga siempre se rompe por el lado más débil— y, además, convocó a una marcha por la paz en Comas para el pasado jueves 29 de septiembre.[7]

Habría que recordarles a estos comunicadores, al presidente Kuczynski y al alcalde Saldaña que, contra lo que quieren hacer creer a todos —y dejarlo sentado como sentido común—, ofender la memoria de los muertos es un acto delincuencial:

Artículo 318.- Ofensas a la memoria de los muertos. Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años: 1. El que profana el lugar en que reposa un muerto o públicamente lo ultraja. 2. El que turba un cortejo fúnebre. 3. El que sustrae un cadáver o una parte del mismo o sus cenizas o lo exhuma sin la correspondiente autorización.

Artículo 318° del Código Penal del Perú

Y quienes instiguen a la comisión de estos delitos, son tan responsables como quienes cometen la ofensa a los muertos:

Artículo 24.- Instigación. El que, dolosamente, determina a otro a cometer el hecho punible será reprimido con la pena que corresponde al autor.

Artículo 24° del Código Penal del Perú

Algo importante a desnudar sobre el rol de los medios de prensa en el Perú, en toda esta historia sublevante, es que una de sus funciones es sembrar no solo confusión sino pánico políticos entre personas y autoridades que, durante el curso de los acontecimientos, se ven implicados en hechos como los que aquí se vienen debatiendo. Así, por ejemplo, en la emisión del programa ‘Punto final’ del 2 de octubre, su conductora, Mónica Delta, invitó a la citada fiscal Luz del Carmen Ibáñez para que “responda” al alcalde de Comas —entrevistado en el programa anterior—, y le reiteró algo que no es cierto, sino tendenciosa interpretación de la periodista: que este la había acusado de autorizar la construcción del referido mausoleo en su distrito. En tono entre sorprendida y escandalizada, incitó a pronunciarse a la fiscal. Esta, como era de esperar, anunció medidas judiciales severas para defender su honra, y aun sugirió la posibilidad de denunciar, por difamación, al alcalde (sin embargo, antes le dio una rápida clase de derecho humanitario y competencia jurídica a la Sra. Delta, aclarándole que, en su cargo como fiscal, Carmen Ibáñez se ocupa de la matanza en los penales de reos procesados como senderistas –no necesariamente inculpados–, cuando estos ya se habían rendido y no en condiciones de amotinamiento de “terroristas senderistas” como dicha periodista insistía).

Quienes siguieron con atención la anterior entrevista de Mónica Delta con el alcalde Saldaña Reátegui pueden dar fe de que, en realidad, todo se ha generado en un cargamontón de terrorismo mediático. Por lo que el alcalde tuvo que llamar al Canal Latina TV y desmentir al aire dicha acusación. Sin embargo, el caos ya estaba sembrado en la fiscal, y por supuesto en la audiencia de dicho programa; la Dra. Ibáñez se empecinó en su réplica y defensa errando su blanco: a quien debiera denunciar es a la  prensa peruana que la acusa de lo que el alcalde nunca señaló. Lo anterior evidencia la función central de este tipo de periodismo, cual es alinear bajo sus angostos principios criminalizadores a miembros de la sociedad peruana, sea cual sea su función, cargo o nivel de responsabilidad.

Pocas veces se ve una toma de posición periodística tan claramente en favor de la manipulación (des)informativa, y de propiciar un ambiente de pánico político que lleve a desmarcarse, apresurada y públicamente, de la basura y residuo subhumanos que significa ser acusado de “terrorista”, ya sea que se esté vencido, muerto o inclusive enterrado. Estas singulares batallas por la democracia representativa y contra el fantasma “Sendero Luminoso” constituyen apenas una reciente radiografía de la microfísica del poder en el Perú. Y van en línea con otros hechos de la referida basurización política: por ejemplo, el entrampamiento kafkiano de procesos y la prolongación de las penas judiciales; haber negado su inscripción, en el último proceso electoral, a una organización política por supuesta adhesión a “ideas terroristas”; la restricción y criminalización a excarcelados para obtener plazas laborales, incluida la docencia; la imposibilidad de emitir facturas o recibos electrónicos de pago por la SUNAT, al aparecer como “sentenciados por terrorismo”. Así se configura, entre otros casos, la muerte civil para quienes cumplieron largas condenas en las dantescas prisiones peruanas. No es exagerado concluir que la imagen del “terruco” es la de un extraterrestre, un no peruano, alguien ajeno, o inclusive que denigra la famosa ‘Marca Perú’: todo lo cual da cuenta de la basurización que se viene exponiendo y denunciando.[8]

La pregunta de fondo sigue siendo ¿a qué sirve todo este tipo de praxis político-periodística? A continuación, algunas hipótesis que, por cierto, ameritan mayor debate en torno a lo narrado.

En un país de castas privilegiadas como el Perú, la casta mediática, y en especial los comunicadores citados, resultan ser intocables, pese a que alientan la delincuencia. De ahí que el presente artículo tiene el sentido de evidenciar, y denunciar,  la construcción de este tipo de consensos que atenta contra toda memoria y prácticas democratizadoras.[9] Por el contrario, se alienta un sentido común que, por las razones y características expuestas, cabe calificar de un sentido común criptofascista, y en un país donde el fujimorato —que gobernó una de las décadas más oscurantistas y delincuenciales de este siglo— ha dejado como herencia su línea ideológica y diversas prácticas mafiosas en el tejido social peruano, así como en las estructuras del Estado. Por eso, no es casual que los medios y periodistas afines al fujimorato desempolven a sus “viejas glorias” y los presenten como si fuesen expertos (vg. Ibazeta, o también Jhon Caro: ex jefe de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (Dincote).

Algunas voces críticas, en este escenario político y periodístico peruanos, interpretan dicha campaña mediática como una cortina de humo ante el inicio del juicio por la matanza de presos en El Frontón este 7 de octubre. Otras alertan que se da para que el fujimorato —con amplia mayoría en el Parlamento, pero que perdió la presidencia del país ante un viejo amigo suyo: el lobista peruano-norteamericano Pedro Pablo Kuczynski— se mantenga vigente, azuzando el fantasma del senderismo, ya que uno de sus mitos políticos es que Alberto Fujimori (condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad) derrotó al PCP-“Sendero Luminoso” en 1992.

Todo lo anterior suma razones de peso para no callar, sino a denunciar internacionalmente abusos y prácticas periodísticas como las que aquí se ha dado cuenta. Hay algo bastante obsceno en toda esta historia que revela, en el fondo, el gran temor de la extrema derecha peruana y sus medios de comunicación más orgánicos que buscan silenciar la voz de los muertos que figuran en el inmenso pasivo del Estado, violando todo criterio de ética humanista y aun el propio código penal vigente.[10] Sin embargo, como escribió el poeta Luis Hernández Camarero, también la lengua del mudo ha de cantar. Qué duda cabe que aquella voz también forma parte consustancial de una memoria activa y auténticamente democratizadora, dirigida principalmente a quebrar el cerco hecho con abusos desde el poder elitista, la amnesia institucionalizada y la impunidad, implantado, desde antiguo, en países como el Perú.

Por último, hay que considerar también que, en términos políticos, en la región (América Latina) y el llamado mundo occidental (Estados Unidos y Europa, sobre todo), se vive un tiempo predominantemente fascista, según se puede apreciar en los procesos sociales y las cada vez más elitistas políticas económicas.

En el Perú, como queda dicho, la derecha usa el imaginario y simbología sobre “Sendero Luminoso” para legitimarse en la escena política nativa, como usa otros recursos discursivos y mediáticos. Y así también, como se dijo sobre la coyuntura internacional actual, prepara el ambiente para ejecutar  políticas criminalizadoras y represivas contra nuevas  protestas sociales, cuando se ajuste más las tuercas del actual modelo económico de capitalismo dependiente y extractivista. Como en otros países del mundo, el recorte de los derechos sociales históricos y las masivas protestas consiguientes sacan a  relucir, entre toda su desesperación y fiereza, la guardada esencia fascista del capitalismo. En América Latina, Honduras representa un caso paradigmático, donde el imperialismo yanqui hace estragos promoviendo un modelo político que podría servir en otros países de la región para un futuro cercano (véase “Honduras es el laboratorio de Estados Unidos”).

En tal sentido, la derecha peruana se revela fascista porque vivimos una coyuntura  política fascista. De tal modo que se hace imperativo terminar con más de dos décadas de discursos hegemonizados por la retórica del fujimorato y sus cómplices, que emplea la estigmatización contra millares de peruanos y peruanas (de una u otra manera involucrados en la guerra interna de los años 80-90) para asentar su falaz posición como garante de la seguridad nacional y el orden interno de ese país. Los principales dirigentes senderistas, incluida su jefatura, se hallan en la cárcel; y hay millares de sentenciados con penas superiores a las que, por causas afines o iguales, se ha sancionado en otras guerras del mundo (considerando, inclusive, aquella atmósfera donde se impusieron groseras vulneraciones al debido proceso judicial). Las auténticas fuerzas democráticas que aún actúan, en países como el Perú, deben contribuir organizadamente a superar el largo período de hegemonía fascistoide en que andan empantanadas las estructuras políticas y el cuerpo social, y donde juega rol central el activismo de los periodistas orgánicos al fujimorato, agazapados en los medios de comunicación para normalizar un sentido común represivo.

oktubre 2016

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Notas

[1] Véase, la declaración de Fernando Rospigliosi cuando era Ministro del Interior en el gobierno de Alejandro Toledo, en entrevista con Abelardo Sánchez-León: “PNo sé si es factible elaborar una definición de terrorista hoy en el Perú y en el mundo. R. En lo que respecta al Perú, el concepto de terrorista también tiene un significado político, porque en la década del 80 hubo gran debate sobre si se calificaba a Sendero Luminoso y al MRTA como terroristas. No cabe duda de que ellos cometían actos terroristas, pero también se les calificaba de subversivos, de guerrilleros. Pero a fines de los 80 significó un triunfo que gran parte de la sociedad, los medios de comunicación y los políticos empezaran a calificar como terroristas a estos movimientos subversivos. Eso le dio una connotación política distinta; es una batalla que no sólo se libra con operaciones militares y policiales sino también en el campo ideológico y social. La definición de terrorista para estos grupos fue muy importante en el camino de aislarlos. En el Perú tiene esa connotación. Recuerdo que como periodista fui cambiando también la manera de calificarlos. Calificarlos como terroristas era ponerles una lápida encima, políticamente.(Revista Quehacer Nro. 143 / jul–ago. 2003).

[2] En el Perú, se ha tipificado el delito de ‘apología del terrorismo’ para criminalizar cualquier opinión o acción que, a criterio de los jueces de turno, puedan merecer aquella calificación, con penas de entre seis y doce años; también utilizándose los tipos penales abiertos de ‘afiliación a organización terrorista’ ─sin definirse roles dentro de la organización─ o de ‘colaboración con el terrorismo’, empleados como comodín  cuando no se tiene pruebas suficientes ─pero sí algún arrepentido a la mano─  y con penas que alcanzan hasta 20 años. En relación a lo anterior, y referido al caso que debatimos, véase esta conversación de Aldo Mariátegui con el abogado Marcos Ibazeta, y este reportaje de Marisol Choquehuanca para el programa Punto Final. Cabe acotar que A. Mariátegui invita a Ibazeta en calidad de especialista en temas jurídicos, para que analice el caso de los entierros aludidos. Pero, en el 2002, Ibazeta fue calificado como un ideólogo del fujimorato en el Poder Judicial (1996-1998), por lo que el Consejo Nacional de la Magistratura lo separó del Poder Judicial y el Ministerio Público, entre otros 41 vocales y fiscales superiores de Lima y del interior del país.

[3] Véase Caso Durand y Ugarte Vs. Perú Sentencia del 16 de agosto de 2000 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como en el Informe de la Comisión de la Verdad.

[4] Silva Santisteban, Rocío. El factor asco. Basurización simbólica y discursos autoritarios en el Perú contemporáneo. Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú. 2009.

[5] Véase esta cobertura de las declaraciones de Kuczynski, en el programa de Phillip Butters de Radio Capital.

[6] Silvio Rendón lo expresó muy claro, en su visitado blog Grancomboclub (uno de los espacios virtuales que abrió, desde un comienzo, debate crítico en torno a estos sucesos y discursos políticos), no sin cáustica ironía mediante: “Pasaron treinta años para que los familiares de El Frontón, Lurigancho y Chorrillos recuperaran los restos de sus muertos. Ahora la derecha más recalcitrante quiere derrumbar el ‘mausoleo’, como llaman al conjunto de nichos de los senderistas muertos. ¿Dónde pensaban que las familias iban a poner sus restos sino en un cementerio con algún tipo de ceremonia de homenaje? Ante tanta persecución post-mortem, la única pregunta que queda es ¿cómo lo van a derrumbar? ¿A cañonazos como hicieron con El Frontón?” (post del 26 de septiembre). Pueden verse otros comentarios críticos de este autor, sobre el rol de la prensa y los intelectuales de izquierda, aquí, aquí y aquí.

[7] Entrevista al alcalde del distrito de Comas, Miguel Saldaña, en el programa Punto Final dirigido por Mónica Delta.

[8] Una prueba directa de lo expresado la aporta la conductora de canal N, Carla Harada, cuando al entrevistar al abogado Carlos Rivera (IDL), en el minuto 3′ 53″ abandona su rol de comunicadora en busca de la verdad para asumir el de juez o paramilitar, pidiendo de forma imperativa que a los “terroristas” se les aplique la “muerte civil”.

[9] Hay algunos paralelos con el tipo de periodismo que predominó en el reciente plebiscito en Colombia, sobre el acuerdo de paz firmado con las FARC, así como su relación con la campaña por el NO de la extrema derecha colombiana liderada por el ex presidente Álvaro Uribe. El propio Papa Francisco lo criticó así: “El periodismo basado en chismes y rumores es una forma de terrorismo”, y agregó que los medios que estereotipan a poblaciones o fomentan el miedo actúan destructivamente. Al respecto, véase este exhaustivo análisis de Omar Rincón: “El ‘no’ al acuerdo de paz colombiano / SUMIDOS EN LA HORRIBLE NOCHE”.

[10] Una de las más recientes muestras de esta línea y discurso políticos la dio, el pasado 13 de septiembre, Rafael Rey (ex ministro de defensa del segundo gobierno aprista, antiguo colaborador del fujimorato, y miembro numerario de la ultra conservadora secta católica del Opus Dei). En la reciente XX Conferencia Anual de la Corporación Andina de Fomento (CAF), en Washington DC, diversos funcionarios y observadores debatieron el reciente acuerdo de paz en Colombia. Rafael Rey pretendió ser polémico y terminó en ridículo por la réplica del ministro posconflicto de Colombia, Rafael Pardo. Un síntoma del nivel paupérrimo, en términos intelectuales y éticos, de la extrema derecha peruana, y a nivel internacional. (Ver el video aquí).

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