El Pacto por México para el despojo energético
El Pacto por México, lanzado por Felipe Calderón y aprobado en su totalidad por Enrique Peña Nieto, se presentó a los mexicanos como una serie de reformas estructurales que remediarían nuestra condición de país subdesarrollado y dependiente, y lo llevarían por la senda de la modernización.
Sin embargo, estas reformas no son una estrategia nueva, se pactaron desde el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), cuando se adoptaron, no sólo en el país sino en toda Latinoamérica, los Programas de Ajuste Estructural que impusieron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a cambio de la renegociación de la deuda externa.
Mientras que las reformas estructurales significan la coronación del proyecto neoliberal, los Programas de Ajuste Estructural araron el camino para la introducción y consolidación de dicho sistema: se impuso una estricta “disciplina fiscal” mediante el desmantelamiento de los programas de ayuda social, se limitaron los derechos sindicales y se redujo la responsabilidad estatal en la economía y los servicios, lo que abrió paso a las privatizaciones de las empresas públicas y a la apertura indiscriminada de la economía nacional y sus mercados internos.
De tal forma que la economía mexicana se convirtió en un territorio económico de las grandes organizaciones financieras “internacionales”, en donde se desarticularon las cadenas internas de producción y, en su lugar, se posicionaron una serie de empresas maquiladoras de origen norteamericano, principalmente, que dieron la apariencia de que México estaba entre los países con mayor nivel de exportaciones. Sin embargo, las maquilas únicamente han funcionado como ensambladoras de mercancías, lo cual se ha traducido en la necesidad de inversión de importaciones para el buen funcionamiento de las mismas, agudizando la dependencia económica externa.
A pesar de la superexplotación de la población (cuando los patrones no pagan ni siquiera lo suficiente para las necesidades básicas de los trabajadores), la exclusión social, la “flexibilidad” y la precariedad laboral, esta estructura económica rápidamente mostró su agotamiento a las clases dominantes. En respuesta, la burguesía tuvo que buscar un reajuste en el sistema para garantizar una mayor ganancia en sus negocios y las reformas estructurales de los años recientes fueron su solución.
Sería muy extenso abarcar el significado de cada una de estas reformas, por lo que únicamente nos centraremos en lo que ha provocado la adopción de la reforma energética en nuestro país, contraponiéndola a los intentos de integración energética de otras regiones latinoamericanas.
A lo largo de la historia, la energía y los recursos naturales han sido la clave en la integración económica de los países latinoamericanos, ya que nuestras sociedades tienen estructuras económicas que dependen en gran medida de la explotación primaria, es decir, de la extracción de petróleo, gas, minerales, etcétera. Además de que estos recursos, necesarios para el desarrollo de las naciones y los pueblos, no han tenido una distribución uniforme entre los países a nivel mundial ni al interior de nuestra región.
En materia de petróleo e hidrocarburos, la reforma en México abrió la posibilidad de la inversión extranjera en dicha industria, dominada hasta hace poco por Pemex, mediante contratos de exploración y extracción de hidrocarburos. Además, llevó a cabo una reforma al Artículo 28 de la Constitución que permite a capitales privados la participación en algunas actividades del proceso industrial del petróleo.
En materia de electricidad, la reforma incentiva la participación del mercado privado en la industria energética, a la par de que permite la intervención de la Comisión Federal de Electricidad, especialmente en lo respectivo a energías renovables.
Bajo esta perspectiva podrían mirarse modelos alternativos de integración energética en otras regiones de Nuestra América, como fue el desarrollo e impulso del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), que tiene como principal propósito la contención del expansionismo económico norteamericano, para lo cual se trazaron tres ejes fundamentales: 1) la nacionalización de la energía; 2) la generación de un frente común contra el pago de la deuda externa y 3) la redistribución del ingreso mediante drásticas reformas sociales para mejorar el nivel de vida de las clases oprimidas y marginadas.
Mientras México ara el camino hacia la privatización e inversión extranjera dentro del ámbito energético, los países miembros del ALBA (Venezuela, Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, entre otros) plantean que un pilar fundamental para alcanzar la independencia económica de la región se basa en la ampliación de la autonomía energética, mediante el autoabastecimiento que reoriente la actividad productiva. Pero no basta con lograr la autonomía en el abastecimiento y la extracción de los recursos energéticos, sino que se hace imprescindible recuperar la propiedad estatal, así como la democratización en la gestión de las empresas públicas para orientar su administración hacia las necesidades populares.
Aunque la integración energética en Nuestra América se facilita por la interconexión física y la posibilidad de generar conjuntamente obras de infraestructura, es necesario pensarla en un sentido amplio, es decir, no sólo en términos económicos, sino también políticos y culturales, en donde la planificación y coordinación regional sean ejes rectores para la explotación de los recursos. Será únicamente a partir de una tríada compuesta por el Estado, las empresas nacionales y los movimientos sociales como se logrará utilizar la riqueza de nuestro territorio para el desarrollo de una vida digna para las clases oprimidas.
NOTA: Este artículo fue publicado como parte de la sección ANÁLISIS del No. 30 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), Octubre-Noviembre 2017.
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