Organización y unidad para evitar la impunidad fascista en Valencia
El terror que trataron de sembrar los militantes de organizaciones fascistas y anticatalanistas durante la fiesta del 9 de octubre, hoy por hoy, se enfrenta con una movilización social e institucional que ha abierto varios frentes para impedir la impunidad de la que han disfrutado históricamente estos grupúsculos. Desde la organización popular, por un lado, se ha creado un equipo de trabajo con el objetivo de recoger todo tipo de información respecto a los hechos y los agresores, la gran mayoría militantes o cercanos al entorno de los Ultra Yomus , España 2000 y el GAV. Este equipo ha lanzado un mensaje que se ha hecho viral en las redes sociales -acompañado de una dirección electrónica para enviar documentación- para la investigación y denuncia de cada uno de los fascistas que protagonizaron un espectáculo de persecución política e ideológica por las calles de Valencia. Asimismo, cientos de personas anónimas se han encomendado en la tarea de lanzar imágenes de los agresores mediante las redes sociales con el objetivo de hacerlas virales para ayudar a identificarlos uno por uno.
Cientos de personas anónimas han encomendado en la tarea de lanzar imágenes de los agresores mediante las redes sociales con el objetivo de hacerlas virales para ayudar a identificarlos
Otra de las iniciativas se está gestando en el seno de un movimiento antifascista valenciano que encuentra en la unidad su mayor fortaleza. De este modo, ayer, a las siete de la tarde, una concentración contra la impunidad y la violencia fascista, convocada a toda prisa la noche antes, reunió a más de 600 personas ante la Delegación de Gobierno en Valencia. Las concentradas pidieron la dimisión de Juan Carlos Moragues Ferrer, Delegado del Gobierno en Valencia. Este fue el encargado de organizar todo el operativo policial que debería haber asegurado la integridad de todas las personas que, durante el 9 de octubre, se manifestaron pacíficamente por las calles de Valencia y que, bajo la mirada pasiva del Cuerpo Nacional de Policía española, sufrieron todo tipo de agresiones y vejaciones sin que esto conllevara la identificación ni el arresto de ninguno de los culpables. Asimismo, ayer, las muestras de solidaridad y denuncia se extendieron también en Alicante y Elche, donde cientos de personas salieron a la calle en solidaridad con las agredidas. También hubo concentraciones en Lleida, Reus y La Coruña (Galicia).
Fruto de una respuesta rápida, contundente y organizada por parte del antifascismo valenciano, desde la organización de la convocatoria de ayer se informó que muy pronto habrá nuevas movilizaciones y actos hasta que se depuren todas las responsabilidades y se ‘pillan todos los responsables. Aunque, entre todo este retoños de movilización y solidaridad antifascista, cabe destacar que una mujer del colectivo Iai @ flautas de Valencia, que estaba en primera fila de la concentración de ayer, estuvo retenida en un bar por dos agentes de paisano que la llevaron a comisaría. Por ahora las informaciones son difusas, pero miembros de su colectivo han expuesto que, supuestamente, le imputan un delito de agresión con el agravante de odio.
Fruto de una respuesta rápida, contundente y organizada por parte del antifascismo valenciano, desde la organización de la convocatoria de ayer se informó que muy pronto habrá nuevas movilizaciones y actos / Lluïso Llorens
Por otra parte, la denuncia popular, tanto anónima como organizada, hacia la organización Ultra Yomus -hooligans del Valencia CF- tras identificar a muchos de sus miembros entre los agresores del lunes pasado -sobre todo gracias a las imágenes tomadas por decenas de fotoperiodistas que abordaron el calle- ha hecho que la directiva del equipo se decida a actuar. La entidad deportiva, al ver afectada su imagen, ha decidido colaborar con la policía para identificar y aportar datos sobre los agresores, además de anunciar que también aplicará, en su caso, su reglamento interno con sanciones y otras medidas hacia estos. En la misma línea, una iniciativa en la página Change.org pide la destitución inmediata de sus cargos a Jesús Hernández Motes y Pedro Pons, presidente y vicepresidente de la Interagrupación fallera, por considerar intolerable que representantes del mundo de las fallas participaron, junto con los agresores fascistas, de un escarnio violento y antidemocrático contra manifestantes pacíficos.
Con las instituciones de frente
Pocas veces en la historia contemporánea del País Valenciano se había dado una coyuntura de fuerzas políticas tan favorable para evitar, desde la vía institucional, que vuelva a reinar la impunidad para la extrema derecha valenciana. Prácticamente la totalidad de los partidos con representación en las Cortes Valencianas y en el Ayuntamiento de Valencia han condenado la violencia fascista y han exigido la identificación, detención y enjuiciamiento de cada uno de los agresores. Salvo el Partido Popular, que, además de no condenarlo, ha impedido que el Congreso aprobara una declaración institucional de condena a las agresiones fascistas y parece que también pondrá trabas a la declaración institucional que se está gestando en las Corts.
Al Parlamento Europeo, tanto Compromis como Izquierda Unida han denunciado ante la Comisión Europea los hechos sucedidos en Valencia. En sus escritos se cuestiona si, posiblemente, desde la Delegación de Gobierno valenciana, presidida por Moragues, se vulneraron derechos y libertades fundamentales, como pueden ser el derecho a la manifestación, a la seguridad, a la libertad de pensamiento, de reunión y de expresión ya la no discriminación.
Todo ello, con el fin de que desde Europa se tome partido frente a la actuación del gobierno español que, con la excusa de la unidad de España y el «conflicto» catalán, está consiguiendo alcanzar un descenso muy preocupante de los derechos democráticos y humanos.
Los partidos Compromis, Podemos y EUPV se han sumado a pedir la dimisión de Moragues, por el escarnio durante la procesión cívica de la mañana y por las agresiones de la vespradaEls partidos Compromis, Podemos y EUPV también se han sumado a pedir la dimisión de Moragues, tanto para el escarnio que sufrieron ciertas participantes durante la procesión cívica de la mañana, como por las agresiones a las manifestantes de la tarde, así como por haber permitido una contramanifestación ilegal y violenta. En el cartel de la campaña, lanzada por redes, se explicita: «El delegado del gobierno de Rajoy ha lanzado cientos de nazis a cazar valencianos. Su policía ha permitido la brutal violencia contra nuestra gente. Nunca olvidaremos. Nunca perdonaremos». En este sentido, días antes de la fiesta, desde la presidencia de la Generalitat ya se había mostrado cierta preocupación por la disponibilidad de efectivos -por el despliegue que hay todavía en Cataluña y por la crisis constitucional que ha abierto su proceso de autodeterminación- de cara a afrontar un 9 de Octubre que ya preveían, como desde hace años, «muy tenso».
Compromís y EUPV, además de pedir la dimisión de Moragues, también han pedido al ministro de Interior español, Juan Ignacio Zoido, que de explicaciones sobre por qué su dispositivo policial no impidió que se perpetraron agresiones fascistas a plena luz del día y con los agentes desplegados por las zonas de los hechos. En cambio, desde el PSPV sólo se ha pedido la comparecencia de Moragues y de Zoido ante las Cortes para dar explicaciones, pero no la dimisión del primero.
La postura de Ciudadanos, sin embargo, ha sido culpar al alcalde de la ciudad, Joan Ribó (Compromís), del escarnio que sufrió él mismo y las militantes de su partido y de Podemos, afirmando que «ha crispado el ambiente «en» el momento crítico que está viviendo España «.
Por su lado, la Fiscalía Provincial de Valencia abrió ayer una investigación de oficio por los incidentes violentos perpetrados por la extrema derecha durante la tarde. En parte, debido a la fuerte denuncia social e institucional de los sucesos, así como por la avalancha de información que cientos de personas han hecho pública respecto a los agresores y sus actos.
Esto también ha obligado a Moragues a poner a trabajar a la policía, que ya habría aportado un primer informe con la cronología de los hechos y más datos a la Fiscalía, según afirma el Delegado. Aunque sigue defendiendo públicamente que los cuerpos policiales «preservaron la seguridad e integridad física de las manifestantes y garantizar el derecho a la manifestación».
Por su lado, la Fiscalía Provincial de Valencia abrió ayer una investigación de oficio por los incidentes violentos perpetrados por la extrema derecha durante la vespradaTot seguido, ayer también fue arrestado el primero de los agresores identificado como uno de los responsables de los hechos del lunes.
En la información publicada por varios medios de comunicación se afirma que se trata de un hombre de 41 años y residente en Valencia que fue citado a declarar ante la Jefatura Superior de Policía y al que se le atribuyen delitos por desórdenes públicos con el agravante de odio y por el impedimento del ejercicio de los derechos ffundamentales.
El trabajo colectivo y la cooperación entre la organización popular e institucional está siendo clave para desenmascarar el entramado de responsables que hay detrás de una escenificación de violencia que, todo apunta, estuvo premeditada y orquestada con anterioridad. Así, desde ambos sectores se espera que durante las semanas que vienen se produzcan muchas más detenciones. Una actuación simbólica, pero también efectiva, que ayudaría a combatir la impunidad que ha acompañado desde hace décadas la violencia de estos grupúsculos en Valencia.
Imagen de portada: La concentració contra la impunitat i la violència feixista, convocada a corre-cuita la nit d’abans, va aplegar a més de 600 persones davant la Delegació de Govern a València – Lluïso Llorens
https://directa.cat/actualitat/organitzacio-unitat-evitar-impunitat-feixista-valencia
El terror que van tractar de sembrar els militants d’organitzacions feixistes i anticatalanistes durant la diada del 9 d’octubre, ara per ara, s’afronta amb una mobilització social i institucional que ha obert diversos fronts per tal d’impedir la impunitat de la qual han gaudit històricament aquests grupuscles. Des de l’organització popular, per un costat, s’ha creat un equip de treball amb l’objectiu de recollir tota mena d’informació respecte als fets i els agressors, la gran majoria militants o propers a l’entorn dels Ultra Yomus, España 2000 i el GAV. Aquest equip ha llançat un missatge que s’ha fet viral per xarxes socials –acompanyat d’una adreça electrònica per enviar documentació– a la recerca i denúncia de cadascun dels feixistes que van protagonitzar un espectacle de persecució política i ideològica pels carrers de València. Així mateix, centenars de persones anònimes s’han encomanat en la tasca de llançar imatges dels agressors mitjançant les xarxes socials amb l’objectiu de fer-les virals per ajudar a identificar-los un per un.
Altra de les iniciatives s’està gestant al si d’un moviment antifeixista valencià que troba en la unitat la seua major fortalesa. D’aquesta manera, ahir, a les set de la vesprada, una concentració contra la impunitat i la violència feixista, convocada a corre-cuita la nit d’abans, va aplegar a més de 600 persones davant la Delegació de Govern a València. Les concentrades van cridar per demanar la dimissió de Juan Carlos Moragues Ferrer, Delegat del Govern espanyol al País Valencià. Aquest va ser l’encarregat d’organitzar tot l’operatiu policial que hauria d’haver assegurat la integritat de totes les persones que, durant el 9 d’octubre, es van manifestar pacíficament pels carrers de València i que, sota la mirada passiva del Cos Nacional de Policia espanyola, van patir tota mena d’agressions i vexacions sense que açò comportara la identificació ni l’arrest de cap dels culpables. Així mateix, ahir, les mostres de solidaritat i denúncia es van estendre també a Alacant i Elx, on centenars de persones van eixir al carrer en solidaritat amb les agredides. També va haver-hi concentracions a Lleida, Reus i La Corunya (Galícia).
Fruit d’una resposta ràpida, contundent i organitzada per part de l’antifeixisme valencià, des de l’organització de la convocatòria d’ahir es va informar que molt aviat hi haurà noves mobilitzacions i actes fins que es depuren totes les responsabilitats i s’enxampen tots els responsables. Tot i que, entre tot aquest rebroll de mobilització i solidaritat antifeixista, cal destacar que una dona del col·lectiu Iai@flautes de València, que hi era a primera fila de la concentració d’ahir, va estar retinguda a un bar per dos agents de paisà que la van dur a comissaria. Per ara les informacions són difuses, però membres del seu col·lectiu han exposat que, suposadament, li imputen un delicte d’agressió amb l’agreujant d’odi.
D’altra banda, la denúncia popular, tant anònima com organitzada, cap a l’organització Ultra Yomus –hooligans del València CF– després d’identificar a molts dels seus membres entre els agressors del dilluns passat –sobretot gràcies a les imatges presses per desenes de fotoperiodistes que abordaren el carrer– ha fet que la directiva de l’equip es decidisca a actuar. L’entitat esportiva, en veure afectada la seua imatge, ha decidit col·laborar amb la policia per tal d’identificar i aportar dades sobre els agressors, a banda d’anunciar que també aplicarà, si escau, el seu reglament intern amb sancions i altres mesures cap a aquests. En la mateixa línia, una iniciativa en la pàgina Change.org demana la destitució immediata dels seus càrrecs a Jesús Hernández Motes i Pedro Pons, president i vicepresident de l’Interagrupació fallera, per considerar intolerable que representants del món de les falles participaren, junt amb els agressors feixistes, d’un escarni violent i antidemocràtic contra manifestants pacífiques.
Amb les institucions de cara
Poques vegades en la història contemporània del País Valencià s’havia donat una conjuntura de forces polítiques tan favorable per evitar, des de la via institucional, que torne a regnar la impunitat per a l’extrema dreta valenciana. Pràcticament la totalitat dels partits amb representació a les Corts Valencianes i a l’Ajuntament de València han condemnat la violència feixista i han exigit la identificació, detenció i enjudiciament de cadascun dels agressors. Excepte el Partit Popular, que, a més de no condemnar-ho, ha impedit que el Congrés dels Diputats aprovara una declaració institucional de condemna a les agressions feixistes i sembla que també posarà traves a la declaració institucional que s’està gestant a les Corts.
Al Parlament Europeu, tant Compromís com Esquerra Unida han denunciat davant la Comissió europea els fets succeïts a València. Als seus escrits es qüestiona si, possiblement, des de la Delegació de Govern valenciana, presidida per Moragues, es van vulnerar drets i llibertats fonamentals, com poden ser el dret a la manifestació, a la seguretat, a la llibertat de pensament, de reunió i d’expressió i a la no discriminació. Tot això, amb la finalitat que des d’Europa es prenga partit front a l’actuació del govern espanyol que, amb l’excusa de la unitat d’Espanya i el «conflicte» català, està aconseguint assolir una davallada molt preocupant dels drets democràtics i humans.
Els partits Compromís, Podem i EUPV també s’han sumat a demanar la dimissió de Moragues, tant per l’escarni que van patir certes participants durant la processó cívica del matí, com per les agressions a les manifestants de la vesprada, així com per haver permés una contramanifestació il·legal i violenta. Al cartell de la campanya, llançada per xarxes, s’explicita: «El delegat del govern de Rajoy ha llançat centenars de nazis a caçar valencians. La seua policia ha permés la brutal violència contra la nostra gent. Mai oblidarem. Mai perdonarem». En aquest sentit, dies abans de la diada, des de la presidència de la Generalitat ja s’havia mostrat una certa preocupació per la disponibilitat d’efectius –pel desplegament que hi ha encara a Catalunya i per la crisi constitucional que ha obert el seu procés d’autodeterminació– de cara a afrontar un 9 d’Octubre que ja hi preveien, com des de fa anys, «molt tens». Compromís i EUPV, a més de demanar la dimissió de Moragues, també han demanat al ministre d’Interior espanyol, Juan Ignacio Zoido, que done explicacions sobre per què el seu dispositiu policial no va impedir que es perpetraren agressions feixistes a plena llum del dia i amb els agents desplegats per les zones dels fets. En canvi, des del PSPV-PSOE només s’ha demanat la compareixença de Moragues i de Zoido davant les Corts per donar explicacions, però no la dimissió del primer. La postura de Ciudadanos, però, ha estat culpar a l’alcalde de la ciutat, Joan Ribó (Compromís), de l’escarni que va patir ell mateix i les militants del seu partit i de Podem, afirmant que «ha crispat l’ambient» en «el moment crític que està vivint Espanya».
Pel seu costat, la Fiscalia Provincial de València va obrir ahir una investigació d’ofici pels incidents violents perpetrats per l’extrema dreta durant la vesprada. En part, a causa de la forta denúncia social i institucional dels successos, així com per l’allau d’informació que centenars de persones han fet pública respecte als agressors i els seus actes. Això també ha obligat a Moragues a posar a treballar a la policia, que ja hauria aportat un primer informe amb la cronologia dels fets i més dades a la Fiscalia, segons afirma el Delegat. Tot i que continua defensant públicament que els cossos policials «van preservar la seguretat i integritat física de les manifestants i van garantir el dret a la manifestació».
Tot seguit, ahir també va ser arrestat el primer dels agressors identificat com a un dels responsables dels fets del dilluns. En la informació publicada per diversos mitjans de comunicació s’afirma que es tracta d’un home de 41 anys i resident a València que va ser citat a declarar davant la Prefectura Superior de Policia i al qual se li atribueixen delictes per desordres públics amb l’agreujant d’odi i per l’impediment de l’exercici dels drets fonamentals.
El treball col·lectiu i la cooperació entre l’organització popular i institucional està sent clau per desemmascarar l’entramat de responsables que hi ha al darrere d’una escenificació de violència que, tot apunta, va estar premeditada i orquestrada amb anterioritat. Així, des d’ambdós sectors s’espera que durant les setmanes que vénen es produïsquen moltes més detencions. Una actuació simbòlica, però també efectiva, que ajudaria a combatre la impunitat que ha acompanyat des de fa dècades la violència d’aquests grupuscles al País Valencià.
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