Nueve jóvenes se enfrentan a 42 años de prisión por una protesta en la universidad de Cantabria
Bajo el lema Tengo una pregunta para usted , el 17 de febrero de 2014 se celebró un acto en la universidad con el entonces presidente de Cantabria del PP Juan Ignacio Diego Palacios. Organizado por el Consejo de Estudiantes (CEUC), la seguridad privada impidió el acceso a la sala de un grupo de jóvenes, la mayoría estudiantes del centro, que, posteriormente, fueron denunciados por el mismo Presidente y dos de sus escoltas. Ahora, después de tres años de espera, finalmente, irán a juicio porque la Audiencia de Cantabria ha desestimado el recurso de la defensa. Cada una de las acusadas, afronta hasta 12 años de prisión, y entre todas suman un total de 42 años.
Aunque un vídeo, que fue presentado por la defensa, así como la testigo Miran Azkue, corresponsal de la cadena Radio Santander, contradicen la versión de la acusación, según la cual los jóvenes agredieron, les imputan desórdenes públicos , falta continuada contra el orden público, injurias y amenazas, delito de daños agravados y coacciones.
Universidad con «derecho de admisión»
El evento de febrero de 2014 se publicitó como un acto de libre acceso hasta completar el aforo de la sala, supuestamente con el objetivo de satisfacer los ruegos y preguntas del público. Pero contrariamente, la seguridad privada que rodeaba la zona de acceso a las instalaciones, sin dar ninguna explicación, impidió la entrada a varios jóvenes, que acudieron pacíficamente. Ante la negativa, el grupo se colocaron en la salida con una pancarta en defensa de la educación pública, a la espera del Presidente.
Cuando Diego Palacios salió, según denuncian algunos de los jóvenes, los escoltas les agredieron. Fue entonces cuando intervino la Policía Nacional española para retener e identificar varios manifestantes. Posteriormente, nueve personas fueron identificadas a través de fotografías y imputadas. Ahora, esperan la fecha del juicio.
Las acusadas relatan que fue el propio presidente del CEUC Carlos Javier Fernández Pérez quien dio la orden de denegar el paso por el simple hecho, según expresó él mismo en las redes sociales, «que conformaban una manada», mientras, al mismo tiempo, la sala se llenaba de jóvenes militantes de las Nuevas Generaciones del partido Popular y simpatizantes del partido. A día de hoy, quien era entonces rector José Carlos Gómez Sal, continúa negándose a exponer los motivos para vetar la participación de las afectadas.
«Mientras las personas que estábamos allí no nos dejaban pasar, a otros sí les permitieron. Deducimos que los únicos criterios que seguían los miembros de la seguridad privada para seleccionar el acceso eran estéticos e ideológicos! «, Denuncia una de las acusadas. Al mismo tiempo, desmiente que hubieran intentado agredir al Presidente y explica que no produjeron ningún daño a los vehículos oficiales.
El juez Luis Enrique Garcia Delgado rechazó el testimonio favorable a la defensa de la periodista Miren Azkue, por considerar que no se sostenía. En palabras de la testigo: «El magistrado rechazó mi versión pero no recuerdo que diera demasiadas explicaciones. Decía en la auto que mis manifestaciones no eran fáciles de sostener por el cúmulo de declaraciones contrarias. Pero, insisto en lo que dije y en que la integridad del Presidente no corrió peligro. Aunque es evidente que hacen prevalecer la versión policial sobre lo que digamos el resto «. Según Azkue, «confundieron un espacio como la universidad pública con una puerta de discoteca. Prohibieron la entrada a todo aquel sospechoso de formular preguntas incómodas al Presidente «.
Del mismo modo, la testigo mantiene -como hizo en su declaración oficial-, que no existió ninguna actitud violenta por parte de los jóvenes: «Los que no pudieron entrar, lógicamente, protestaron gritando consignas Ignacio Diego, pero no hubo indicios de violencia y nadie puso en peligro las fuerzas de seguridad. Sin embargo, su respuesta fue desproporcionada «.
Imágenes con coches intactos
Hace un año la defensa solicitaron la nulidad la resolución de la fase de instrucción del juzgado número 4 de Santander al considerar que no tenía en cuenta el contexto, y reclamaron el sobreseimiento del caso «por falta de pruebas» , explica la letrada María Luz Ruiz Sinde. Al mismo tiempo, aportaron el video mencionado en el que se observa a los supuestos agredidos subiendo a los coches sin impedimentos.
El Presidente reconoció no haber oído golpes en el coche, ni haberse sentido incomodado por la pancarta que se desplegó como protesta. Pero al mismo tiempo, se ratificó en «la actitud agresiva» de los congregados y en que forcejeaban deliberadamente con los escuchas. De hecho, la acusación aportó facturas por daños a los vehículos, aunque las fotografías presentadas -que se rechazaron por falta de autoría-, muestran los coches oficiales intactos.
Después de tanto tiempo del inicio del proceso, las imputadas viven una situación de incertidumbre que conlleva «desgaste emocional y psicológico», reconocen. Por esta razón, desde que se conocieron las acusaciones, y con la intención de denunciar el caso y difundirlo, se ha creado la plataforma Preguntar no delito .
Las perjudicadas dicen seguir buscando respuestas, ya que desconocen «el procedimiento para identificarnos, la causa por la que se nos desestimó alguna prueba durante la instrucción, como consiguió la otra parte factura falsas, o por qué los vídeos van permanecer ocultos durante tanto tiempo «. Una de las imputadas considera que «se empeñan en hacernos creer que defender la libertad de expresión, incluso en la universidad, sale caro». «Lo positivo de este caso tan injusto y desproporcionado», añade otro miembro de la Plataforma, «es ver cómo mucha gente cercana y no tanto, que pensaba que esto sólo ocurría en otros lugares y en otros tiempos, ha abierto los ojos «.
Más allá del caso Preguntar no delito , Cantabria es el territorio del Estado que sustenta el recuerdo de sanciones tramitadas desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza: 3.320 expedientes entre el 1 de julio de 2015 y el 28 de enero de 2016.
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