Publicado en: 30 marzo, 2017

Noticias Uruguayas 30 marzo 2017

Por Colectivo Noticias Uruguayas

Uruguay: Dura crítica al gobierno de sectores del Pit-Cnt // Inddhh cuestionó marco legal del “decreto antipiquetes”

América del Sur y su ‘Triángulo del litio’ ¿podrían repetir el fenómeno del golfo Pérsico? // Trump pide 30.000 millones para Defensa y arrasa con artes, cooperación y cambio climático // Disturbios por la brutalidad policial en París continúan por tercer día consecutivo // Estado español: La Unión Europea presiona a España para que privatice el ferrocarril // Jaén: Bódalo cumple su primer año en prisión tras ser condenado a tres años y medio de cárcel // Cañamero se encara con el ministro de Justicia tras comparar a Urdangarín y Bódalo // Exclusiva: Las cloacas de la prensa – Así se manipuló para acusar falsamente a Pablo Iglesias // Chile: Ex militar ligado a la Dictadura, amenaza de muerte a dirigenta Mapuche // Violento allanamiento y agresión a su familia luego de que Sergio Catrilaf se declaró prófugo // Uruguay: Dura crítica al gobierno de sectores del Pit-Cnt // Inddhh cuestionó marco legal del “decreto antipiquetes”

 

URUGUAY

CUESTIONAMIENTOS AL GOBIERNO

Dura crítica al gobierno de sectores del Pit-Cnt

Dos grupos presentaron un documento que ve frágiles los avances de los trabajadores.
Dos corrientes creen que “en los hechos” predomina el proyecto del capital transnacional”. Foto: A. Colmegna
30 mar 2017 – El Paìs uy
Dos corrientes internas del Pit-Cnt plasmaron en un documento conjunto una visión crítica del accionar del gobierno en el que perciben muchas contradicciones. Además cuestionaron los beneficios que se concede a la inversión extranjera porque resta margen de acción al gobierno y son difíciles de revertir.
El documento al que accedió El País fue elaborado por la corriente “41” que tiene como figura más visible a Joselo López de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), y por la “5 de marzo” cuyo representante en el Secretariado Ejecutivo es Fernando Ferreira, dirigente del sindicato de la bebida (FOEB), que tiene como referente al histórico dirigente Richard Read.
“Las ventajas otorgadas por los gobiernos desde la dictadura hasta la actualidad al capital foráneo han permitido un fuerte proceso de extranjerización de los principales recursos del país; en los hechos predomina el proyecto del capital transnacional. Como contrapartida se pierde el control nacional del proceso productivo y se cuestionan aquellas decisiones estratégicas que podrían repensar el desarrollo nacional sobre bases más autónomas”, dice el documento.
“Han existido, ciertamente, contradicciones y disputas en el gobierno y en la fuerza política —en el FA se expresan intereses socioeconómicos contrapuestos— pero la iniciativa respecto al modelo económico y la inserción internacional estuvo desde el principio en manos de quienes propugnan una profundización del modelo centrado en el mercado, atraer inversiones extranjeras y el mayor nivel de apertura externa posible”, agrega el trabajo.
El análisis fue discutido ayer en el Secretariado Ejecutivo de la central sindical. Las dos corrientes habían insistido en la necesidad de “caracterizar” la acción del gobierno.
Ambas suelen tener una actitud más combativa que la corriente “Articulación” (a la que pertenece el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira) y que el Partido Comunista (orientado en la central por el secretario general, Marcelo Abdala).
El documento considera que los sectores que se oponen a las concepciones imperantes en el gobierno obtuvieron dos éxitos cuando lograron que no se firmara un tratado de libre comercio con Estados Unidos en 2007 y el acuerdo mundial para liberalizar el comercio de servicios (TISA) en 2015. Aún así las dos corrientes sindicales entienden que los últimos gobiernos “han realizado una estrategia de profundización del capitalismo basada en una política de conciliación de clases asimétrica que brinda ciertos beneficios a los capitalistas. Los logros de los trabajadores están contenidos en leyes reversibles, en tanto los beneficios del capital internacional están resguardados por acuerdos de protección de inversiones”.
“Los capitalistas, en cambio, tienen beneficios y privilegios, tales como la ampliación del número de zonas francas, las que se otorgan a empresas transnacionales que instalan grandes plantas pasteras y/o en edificios en la ciudad; la ampliación de los beneficios de la Ley de Promoción de Inversiones y la Ley de Asociación Público-Privada que beneficia tanto al capital extranjero como al nacional. Estos beneficios del capital transnacional están fuertemente protegidos por tratados de protección de inversiones y de libre comercio que garantizan que en caso de incumplimiento del Estado, este deba enfrentar demandas internacionales y pagar enormes indemnizaciones. Tampoco puede desconocerse que los subsidios ya otorgados a las empresas nacionales no pueden ser revocados porque enfrentarían juicios con costos muy altos”, dice el documento.

“Tironeos”.

“No creemos que los cambios hayan sido sustanciales como han planteado algunos compañeros, (…), creemos que todavía no han sido suficientemente escuchados nuestros reclamos y las respuestas que hemos tenido desde el Poder Ejecutivo no parecen formar parte de una política sostenida o de manifiesta intención de ir por una vía similar a la que el movimiento sindical plantea, sino que parecen más fruto del tironeo que se ha dado entre los unos y los otros”, sostiene el análisis.
“En nuestro país hemos tenido que tironear mucho para, luego de un desgaste brutal, lograr avances mínimos, apenas suficientes como para descomprimir momentáneamente, pero que ya auguran mayor conflictividad porque no son avances que se configuren como sostenidos, ni como base de una política económica sensible a nuestros reclamos”, señala. También se considera que hay un “ajuste fiscal” en curso evidenciado en los cambios recientes en el IRPF y en pautas para los Consejos de Salarios “casi ofensivas”.
“Seguimos siendo un país con una economía subdesarrollada, con altísima oferta de servicios, extractivista, empeñada en la práctica del monocultivo y el uso de los transgénicos, exportador de materia prima sin valor agregado, dependiente y endeudado”, lamentan las corrientes críticas. “De la bonanza económica del gobierno anterior solo nos quedó la ilusión, algunas mejoras sobre todo en la agenda social y la cultura del endeudamiento plástico”, resumen la “41” y la “5 de marzo”.

No a AFAP, TLC y desindexación.

El documento reclama eliminar las AFAP, una solución para los “cincuentones”, rechazar el tratado de libre comercio con Chile y un aumento general de salarios y pasividades. Las corrientes también piden luchar por un presupuesto “digno” que incremente los recursos para la salud y la educación, y reclaman la aprobación de una ley contra las tercerizaciones, otra de insolvencia patronal y otra que establezca cuotas laborales para los discapacitados. “No fueron lo mismo los gobiernos progresistas de estos últimos 15 años a los gobiernos de los partidos tradicionales (…), pero lejos se está de tener un gobierno de los trabajadores y para los trabajadores”, agrega.

 

Limitación de derechos requiere aprobación del Parlamento

Inddhh cuestionó marco legal del “decreto antipiquetes”

El Poder Ejecutivo tiene la potestad de adoptar medidas tendientes a lograr la conservación del orden y la tranquilidad, pero toda limitación de derechos debe aprobarse por ley y previo control judicial, afirmó la Inddhh.
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Martes 28 de marzo de 2017 CARAS Y CARETAS
La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) criticó el decreto antipiquete aprobado por el Poder Ejecutivo y afirmó que toda medida que implique una limitación de los derechos de los ciudadanos debe aprobarse por ley. Además, se consideró pertinente que la limitación al derecho de reunión pacífica requiere un control judicial previo.
En un comunicado, la Inddhh afirmó que la Constitución le otorga al Poder Ejecutivo tiene la potestad de adoptar medidas tendientes a lograr la conservación del orden y tranquilidad en materia interna. Sin embargo, “esta potestad debe ejercerse en forma armónica con la totalidad del ordenamiento jurídico vigente en el país”, en especial “con las normas de generación interna e internacional que establecen las obligaciones del Estado en materia de respeto, protección, garantía y promoción de los derechos humanos”.
La Inddhh recuerda que la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica son derechos consagrados en la Constitución, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y la Convención Americana de Derechos Humanos, así como en principios generales y estándares de los sistemas universal y regional de protección de los derechos humanos. Y afirma que las manifestaciones públicas pacíficas “son una de las formas del ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de reunión”
“Si bien el ejercicio de estos derechos no es absoluto, y, por tanto, puede admitir regulaciones necesarias para la convivencia en una sociedad democrática, cualquier limitación a los mismos debe estar expresamente establecidas por normas de jerarquía legal”, es decir, por ley, agrega la Inddhh.
En este sentido, “la regulación por parte del Estado del ejercicio de las libertades de expresión y de reunión debe ser razonable y apropiado al fin buscado, que no debe ser otro que asegurar que las manifestaciones sean pacíficas y que se brinde protección a los derechos de todas las personas, entre las cuales se encuentran los propios manifestantes”.
“A estos efectos, se entiende que es pertinente el control judicial previo como condición para disponer cualquier límite al derecho de reunión pacífica, como puede acontecer en aquellos casos que sea necesario preservar el uso público de las calles, caminos o carreteras desde una perspectiva de ponderación de derechos. Asimismo, en ningún caso estas medidas pueden incluir la detención de quienes realizan la manifestación de forma pacífica”, agrega la norma.
“Por lo expuesto, la INDDHH recomienda a las autoridades nacionales adecuar el marco jurídico vigente en el país dando cumplimiento a las normas del Derecho de los Derechos Humanos en el momento de disponer eventuales limitaciones o restricciones a las libertades de expresión y reunión pacíficas”, señala el comunicado.

 

Gobierno asegura al FA que aplicará decreto de desalojo de piquetes. Sindicatos lo recurrirán

Autoridades del Ministerio del Interior explicaron a legisladores del Frente Amplio el alcance del decreto que permite a la Policía desalojar los cortes de vías de tránsito sin previa autorización de la Justicia, y afirmaron que se “seguirá adelante” con el mismo. Por su parte, nueve gremios decidieron presentar un recurso de revocación de dicho decreto.

parlamento
El subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, y el director general de Secretaría de la cartera, Charles Carrera, informaron a la bancada de legisladores del Frente Amplio, el alance del decreto que prohíbe la realización de piquetes.
Luego del encuentro, el coordinador de la bancada de diputados del Frente Amplio, Jorge Pozzi, remarcó que el decreto “está vigente y va a funcionar”.
Aseguró que la medida “busca garantizar el libre tránsito de rutas, calles y caminos”.
Reconoció que algunos sectores del Frente Amplio mantienen reparos con respecto al decreto, y dijo que cada grupo realizará sus análisis político.

Recurso

Por otro lado, nueve gremios decidieron presentar un recurso de revocación del decreto.
La iniciativa cuenta con el respaldo de: La Confederación de Funcionarios del Estado (COFE), la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES), la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES), la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM), la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR), la Unión Ferroviaria (UF), la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay (AFPU), la Unión de Funcionarios del CODICEN (UFC) y el Sindicato de Único de Gastronómicos Hoteleros (SUGHU).
Sin embargo, si bien el PIT-CNT definió el decreto del Gobierno como “inoportuno e innecesario”. Aclaró que el mismo podrá recurrirse desde el punto de vista jurídico solo si llegara a violentarse el derecho de huelga, y aseguró que habrá racionalidad en las movilizaciones sindicales, para no impedir por completo la libre circulación.

 

Miércoles 29 • Marzo • 2017

Trabajadores de La Spezia ingresaron ayer a la fábrica para custodiar los bienes

Los trabajadores de la fábrica de pastas La Spezia ingresaron ayer de mañana al local principal de elaboración y venta de productos, para hacer una “custodia de bienes”, explicó a la diaria Mariana Pereira, delegada sindical. Entraron porque los inmuebles de la empresa habían sido traspasados meses antes a una sociedad anónima -en la que tendrían acciones los hermanos Speranza, dueños de la empresa que ahora está en quiebra- y todo lo que está allí será tironeado por los acreedores, entre ellos los trabajadores. Pero además, los trabajadores afirman que en estas últimas semanas se han sacado bienes, y no quieren que siga disminuyendo el capital, que se sabe que no alcanzará para pagar el pasivo. La empresa había entrado en concurso a fines de agosto y el síndico, Mario Soca, determinó su cierre el 18 de marzo; la relación entre el pasivo y el activo es de tres a uno, según declaró días atrás a este medio.
Pereira explicó que en presencia del gerente de la empresa -puesto por el síndico en setiembre, cuando fue intervenida- hicieron un inventario. Los trabajadores se organizaron y hacen turnos para que el local no quede solo. 120 personas quedaron sin trabajo, sin cobrar el sueldo de marzo -que fue a concurso-, licencias, aguinaldos y salarios vacacionales adeudados.
Hoy concurrirán a la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra). Allí buscarán cobrar el sueldo de los 18 días trabajados en marzo. A diferencia de lo que ha expresado el síndico, los trabajadores plantean que hay dinero para eso, porque todavía está ingresando plata de las ventas en las cadenas de supermercados. Además, ayer constataron que hay proveedores que están yendo a cobrar a la empresa -habían sido citados previamente-, y a muchos de ellos se les había pagado días atrás. Reclaman, entonces, por qué no hay plata para cubrir sus sueldos, cuando deberían ser priorizados; 90% son mujeres y muchas de ellas son jefas de familia. Hoy pelearán por cobrar al menos 50% de lo que les corresponde de marzo.
Su otra reivindicación es que se los envíe a seguro de desempleo por despido, y no por suspensión, una idea que ha manejado el síndico, dijo Pereira. Si fuera por suspensión, la cobertura sería por menos meses, y si los trabajadores consiguen otro empleo, pierden el derecho al despido, o tienen que pelearlo uno a uno ante el Banco de Previsión Social (BPS), pagando cada uno un abogado. “Si él lo manda así [por despido], nuestras liquidaciones ya van directo a concurso y no es necesario tener que hacerlo de manera individual”, comparó.
Por otro lado, los trabajadores reprueban que el síndico no los haya enviado al seguro de desempleo a partir del 18 de marzo: lo hará a partir del 1º de abril, por lo que no cobrarán nada hasta los primeros días de mayo. El último sueldo que cobraron fue el de febrero.
Mañana se realizará la junta de acreedores; los trabajadores asistirán pero, según lo que les adelantaron, no podrán emitir opinión. El principal acreedor de la empresa es el BPS, que tiene más de 40 millones de pesos por cobrar.

 

CONCURSO DE ACREEDORES

Dueños de La Spezia anuncian “cierre definitivo” de la empresa

Los costos operativos hacen inviable la continuidad de la firma, dicen.

28Mar

AFUSEC


La Spezia venía siendo administrada por un síndico designado por la Justicia. Foto: F. Ponzetto

La empresa está cerrada. Es definitivo”, sentenció Juan Pablo Speranza, exdirector de la fábrica de pastas La Spezia sobre el desenlace de la firma que cesó su actividad el pasado 6 de marzo, tras 78 años en el mercado.
“Es un combo de muchas cosas que no nos permiten (seguir). No es nuestro interés haber cerrado por eso lo hicimos con todo el tiempo para poder dar el margen para negociar (una salida) pero, lamentablemente, no se llegó a un acuerdo”, explicó el empresario sobre el cierre. Incluso, mientras algunos acreedores aceptaron ampliar su crédito de modo que se les pagara en un mayor plazo al acordado, otros rechazaron esa posibilidad y desecharon entregar mercadería, comentó.
La conclusión —que llevó este domingo a una manifestación de trabajadores frente a la casa de Speranza— deriva de una ecuación deficitaria que se agudizó en los últimos cuatro años, sobre todo con el incremento de los costos operativos, aduce Speranza. “Nosotros somos una empresa que siempre ha trabajado en ba- se a la calidad, el artesanado, el servicio y la distribución. Nosotros teníamos 18 locales en Montevideo y lamentablemente no es posible continuar con el servi- cio personalizado. Hoy por hoy es muy caro”, argumentó el empresario.
Frente a esa realidad, “no hemos querido ceder a no llevar adelante la empresa como teníamos planificado”, resaltó.
Speranza comentó que desde entonces la dirección de la firma acudió al Ministerio de Trabajo para tratar de que se llegara a un tipo de acuerdo que permitiera hacer viable la empresa.
Finalmente, la situación llevó a que La Spezia fuera a concurso, pasando a ser gestionada por un síndico desde el 30 de agosto de 2016. “Desde ese día nosotros no estamos dirigiendo la empresa, la dirige un síndico con el aval de un juez”, recalcó Speranza.
Del lado del sindicato, se afirma que la empresa ocupaba al momento del cierre a unos 120 trabajadores y que la deuda de la firma ronda los $ 70 millones. Leonardo Saldías, uno de los trabajadores de La Spezia dijo a El País que la empresa había comunicado que difícilmente pagase los sueldos de marzo, y que se deben aguinaldos y las licencias correspondientes a 2015 y 2016.
Consultado al respecto, Speranza aclaró que cuando el síndico se hizo cargo de la gestión, el personal estaba integrado por 146 personas y que la plantilla se fue reduciendo hasta llegar a unos 90 empleados en la actualidad.
Según el gremio de La Spezia, unos pocos trabajadores se desempeñan realizando tareas administrativas. “Si hay algún funcionario trabajando es responsabilidad del síndico que es quien determina quién trabaja y quién no”, se desmarcó Speranza, que a diario visita la empresa.
Sobre los adeudos, sostuvo que son algo que se da en “todas las empresas que liquidan” y que la familia ha puesto “todo su patrimonio a disposición del juez”, no solo el inherente a la firma sino también bienes propios para que se abonen los créditos laborales correspondientes.
“Los tiempos son los judiciales. Evidentemente no deben ser los que queremos todos, incluso nosotros”, señaló Speranza. “Cómo le van a pagar (al personal), lo determina el juez, no nosotros”, insistió.
El jueves 30 se realizará una asamblea de acreedores. En este marco, un privado elevó una oferta para quedarse con La Spezia. La última palabra será de la Justicia.

Marca con 78 años en el mercado local

Los orígenes de La Spezia se remontan a 1938 cuando fue fundada por los hermanos Bonfiglio-Crovara, quienes habían emigrado a Uruguay desde su Italia natal.
Con impronta familiar, la empresa había ubicado a la tercera y cuarta generación al frente del emprendimiento. Y, a pesar de la fuerte competencia en su rubro, la marca La Spezia se había mantenido como un referente en el mercado de pastas frescas y artesanales.
La fábrica, de 1.100 m2, procesaba hasta 25.000 kilos de harina al mes para producir pasta fresca.
En su momento, la empresa llegó a tener presencia en más de 20 puntos de venta entre Montevideo, Canelones y Maldonado a través de la cadena de supermercados integrada por las marcas Disco y Devoto.
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