Noticias Uruguayas 29 marzo 2017
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Para el Pit-Cnt decreto sobre piquetes es “innecesario e inoportuno”
TRANSPORTISTAS “Corte de ruta no hay ninguno, los camiones están parados en costados”
La Policía tuvo que intervenir en Cerro Largo y Treinta y Tres para asegurar el libre tránsito tras el piquete de los camioneros para impedir que saliera producción de arroz de las chacras.
En declaraciones al programa Inicio de Jornada de radio Carve, el empresario señaló que “la Intergremial ha ido porque nos han pedido los transportistas de la zona” y que hay “gente que no puede” denunciar la situación “porque como vive en el pueblo, en la ciudad y se conocen, los tienen amedrentados”.
Aseguró que que los trabajadores han informado que recibieron amenazas de “no darles más trabajo en el año” y afirmó que “algunos” productores “obran como si fueran señores feudales”.
“Estamos en huelga con el arroz hasta que no se discutan tarifas que no sean dignas”, destacó.
“Hay filmaciones de a montones (de camiones) pasando por la ruta”, aseguró el presidente de la Intergremial, y reiteró que “corte de rutas no hay ninguno, los camiones están parados a los costados”.
La actuación policial
Sin embargo, Humberto Perrone, gerente de la ITPC, dijo a El País que hubo consultas de la Policía, pero que los camiones no bloquearon nunca las rutas. No obstante, Perrone advirtió que “no está descartado” tomar medidas que afecten al conjunto del agro y se lamentó que el decreto del gobierno al excluir en su artículo 4 de su aplicación al ejercicio del derecho de huelga muestra que “no somos tan iguales ante la ley”.
Perrone advirtió que “la cosecha se va a paralizar” y dijo que el problema es que “ocho o diez cabezaduras de la ACA” no quieren negociar. Agregó que la Intergremial interpreta que el gobierno emitió el polémico decreto pensando precisamente en el accionar de esta gremial de empresarios.
El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo propuso que cuando se aplique el decreto antipiquetes se realice una grabación en video de los acontecimientos que desencadenan la acción, para que sirva de elemento probatorio de que se actuó de manera racional, gradual y ponderada.
En un documento que el gremio entregó ayer al Pit-Cnt sostiene: “No querríamos que existieran lagunas en algo tan delicado como este asunto, menos cuando se le está exigiendo a la Policía un esfuerzo en la contención del orden público y si las señales no son claras, las respuestas tampoco lo serán”.
Las gremiales empresariales
Es que los empresarios entienden que el artículo 4 del decreto establece una discriminación injusta. Los tres primeros artículos establecen que el Ministerio del Interior dispondrá las medidas pertinentes para preservar el uso de las calles, caminos y carreteras cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos. Determinan también que el Ministerio del Interior deberá dar inmediata cuenta a la Justicia de lo actuado. Pero el cuarto artículo establece que el Decreto Reglamentario no será de aplicación ante lo previsto en el artículo 57 de la Constitución referido al derecho de huelga.
http://www.elpais.com.uy/informacion/corte-ruta-no-piquetes.html
DECRETO POLÉMICO Policía intervino de nuevo para asegurar libre tránsito en rutas Intergremial del Transporte intentó trabar la salida del arroz en Treinta y Tres y Cerro Largo.
AFUSEC
El gobierno intentó clarificar el marco legal de la actuación. Foto: Archivo El País
Empresarios.
Objeciones jurídicas.
Sindicato policial aconseja filmar las actuaciones
HAY MÁS CRÍTICAS
Profesores anuncian medidas de lucha
OPINIONES
No era necesario
NELSON LARRAÑAGA – ABOGADO LABORALISTA
Diferentes tipos
PATRICIA RODRÍGUEZ – PRESIDENTA SINDICATO POLICIAL
Divisiones
CARLOS PERERA – CÁMARA DE COMERCIO
Espejo argentino
ANDRÉS FOSTIK – CÁMARA DE INDUSTRIAS
http://www.elpais.com.uy/informacion/policia-intervino-nuevo-asegurar-libre.html
CIERRE
Trabajadores de La Spezia ocupan la fábrica y piden cobrar seguro de paro
Los trabajadores quieren evitar el retiro de maquinaria y de seis vehículos que la empresa utilizaba para la distribución hasta el pasado 6 de marzo, cuando cesó sus actividades.
El sindicato calcula que las obligaciones de la empresa con los trabajadores ascienden a unos US$ 800.000 si se suman los despidos, los salarios de marzo y licencias y aguinaldos no pagados. A esto se suman unos US$ 300.000 adeudados a privados, unos US$ 47 millones al Banco de Previsión Social (BPS) por aportes no realizados y $15 millones a la Dirección General Impositiva (DGI).
Este miércoles los trabajadores plantearán en el Ministerio de Trabajo la necesidad de que rápidamente comiencen a cobrar el seguro de desempleo. El Pit-Cnt emitirá próximamente un comunicado sobre el asunto. Saldías reconoció que es muy complicado que se pueda llevar adelante un proyecto autogestionado por los trabajadores.
Los salarios de los trabajadores del área de producción rondaban los $ 20.000. En «La Spezia» trabajaban unas 120 personas, el 90% mujeres.
DEUDA SALARIAL Sindicato judicial presentó denuncia
La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) denunció al Poder Ejecutivo ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por el no cumplimiento de una sentencia que obliga al Estado a pagar un aumento de sueldo, informaron hoy fuentes del gremio.
AFUSEC
http://www.elpais.com.uy/informacion/sindicato-judicial-presento-denuncia-deuda.html
Trabajadores de Montevideo Gas: “Seremos la próxima Fripur, la próxima Fanapel”
La ocupación abarca a los tres locales de Montevideo Gas (el de General Flores y Propios, el de 25 de Mayo y Juncal, y el de Plaza Independencia) y el puesto de Conecta en la Costa de Oro.
Según informó a Caras y Caretas Portal Alejandro Acosta, dirigente de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas, la medida fue tomada luego de que la empresa decidió avanzar con la mudanza del local ubicado en 25 de Mayo.
“No hay avances ni disposición de avance por parte de Petrobras en cumplir con las obligaciones del contrato de concesión y del marco normativo que la rige, y esto afecta la calidad del servicio”, sostuvo en diálogo con este medio.
Acosta explicó que el pasado jueves, en una reunión con representantes de los ministerios de Trabajo y de Industria, de la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados y de la empresa, plantearon tres puntos: empezar a pagar el canon anual que se le debe al Estado (6 millones de dólares, entre deuda e intereses); cumplir con el reglamento de la Ursea, que obliga a hacer inspecciones en las cañerías internas de los usuarios; e intentar aplicar ahora la inversión para reforzar la red de distribución.
En cuanto al primer punto el dirigente ahondó en que la empresa tiene depositado como garantía por obligación contractual 3 millones de dólares. “Lo que debe supera la garantía por el doble”, dijo.
Sobre la inversión que reclaman los trabajadores, Acosta expuso que los propios técnicos de la empresa reconocen que habrá presión en algunas áreas de la red cuando en invierno se den los altos consumos.
“Lo que planteamos tuvo una respuesta negativa y la empresa se niega a cumplir con obligaciones contractuales y legales”, aseveró.
El dirigente relató que el sindicato había suspendido anteriormente la medida de ocupación luego de que la empresa accediera a suspender la mudanza desde el local de 25 de Mayo hasta el de Plaza Independencia.
“Plantearon abandonar este local, que tiene cuatro pisos disponibles y por el cual no pagan un peso de alquiler porque le fue cedido por el Estado para prestar el servicio de gas natural”, dijo.
Según Acosta, en el nuevo local la empresa deberá pagar más de 200 mil dólares por año en concepto de alquiler. El viernes la empresa reanudó la mudanza y los trabajadores resolvieron la ocupación a partir de este lunes.
“Requerimos que el Poder Ejecutivo intente junto con el Parlamento poner un coto a esto y redireccionar la gestión, porque sino seremos la próxima Fripur, la próxima Fanapel”, agregó.
El gremio asegura que unos 45 mil usuarios se quedarían sin gas en Paysandú, Colonia, San José, Canelones y la capital ante un eventual cierre de Conecta y Montevideo Gas. “Estamos hablando de más de 200 puestos de trabajo”, concluyó Acosta.
Funcionarios del Varela continúan de paro
“No hemos sido obtusos ni necios. Hace más de un año que estamos siendo flexibles y tratando de encontrar una solución para mantener las fuentes de trabajo. [El colegio] es una empresa, no una cooperativa, y su directorio no ha resuelto la crisis; por el contrario, la ha profundizado. Ya se cruzó la línea roja”, aseguró Sommaruga.
El jueves 16 los trabajadores resolvieron en asamblea esperar una semana más para que la empresa les pagara el sueldo; vencido ese plazo, tomaron la decisión de parar. Según difundieron en un comunicado en ese momento, hasta ese entonces sólo les habían pagado 3.000 pesos como adelanto del sueldo. Se continúa adeudando 35% del salario de enero de 2016, 50% del salario vacacional de 2015; en total, la deuda llega al millón de dólares. Además, los trabajadores no pudieron tomar licencia, porque no había recursos para pagar el salario vacacional de 2016. Sommaruga advirtió que incluso hay trabajadores que por más que quisieran ir a trabajar no podrían porque “no tienen ni para el boleto”.
“Hemos sido flexibles, aportado ideas, respetado acuerdos y confiado siempre en la buena fe de la negociación. Hemos conversado con las autoridades acerca de las estrategias que consideramos inconvenientes, como la caída de convenios con los padres, comunicados institucionales que hablan de la insolvencia del colegio, reuniones de padres en la que se ponen plazos y condiciones para el cierre”, pero las “irregularidades e incumplimientos” se siguen sumando, aseguró.