Publicado en: 30 marzo, 2017

Noticias Uruguayas 29 marzo 2017

Por Colectivo Noticias Uruguayas

Uruguay: Trabajadores de La Spezia ocupan la fábrica y piden cobrar seguro de paro // Trabajadores de Montevideo Gas: “Seremos la próxima Fripur, la próxima Fanapel”

“Hay una disputa en Europa por el liderazgo de la derecha entre conservadores y ultras” // Marine Le Pen, a la cabeza de los sondeos en Francia // Cisma en la derecha francesa: la peligrosa huida hacia adelante de François Fillon // Una alianza ultranacionalista y xenófoba, la llave de gobierno en Bulgaria // Parlamento escocés vota a favor de propuesta para nuevo referendo independentista // Cientos de miles de personas por una nueva república en Francia, increíble demostración de fuerza de la izquierda radical francesa de Jean-Luc Mélenchon // Chile: Llamado a movilización para el día 30 de marzo por el injusto encarcelamiento en el caso Luchsinger Mackay // Actualización de la situación judicial de la Machi Francisca Linconao y convocatoria a movilización // Uruguay: Trabajadores de La Spezia ocupan la fábrica y piden cobrar seguro de paro // Trabajadores de Montevideo Gas: “Seremos la próxima Fripur, la próxima Fanapel”

 

URUGUAY

Reafirmaron que defenderán el derecho de huelga

Para el Pit-Cnt decreto sobre piquetes es “innecesario e inoportuno”

El decreto aprobado la semana pasada sigue generando resistencias en varios ámbitos.
Foto Archivo.
Foto Archivo.
Martes 28 de marzo de 2017 CARAS Y CARETAS
Pese a las aclaraciones hechas desde el Ministerio del Interior (MI), el decreto sobre los piquetes, aprobado la semana pasada por el Poder Ejecutivo, sigue generando resistencias. Ahora es el Pit-Cnt, el que considera que este decreto es “inoportuno e innecesario y genera confusión en la sociedad que se moviliza. Si algo genera confusión es mejor que no exista”.
El presidente de la central sindical, Fernando Pereira dijo en conferencia de prensa que el movimiento sindical va a defender el derecho de huelga y de movilización. “Desde que se aprobó el decreto estamos intercambiando opiniones y posiciones con la Sala de abogados del Pit-Cnt. Se entendió que no era pertinente presentar en lo inmediato el recurso y ver primero como se procede ante un nuevo caso de piquete”, agregó.
Hasta el momento el único caso de aplicación del decreto se dio en cercanías de la localidad de Conchillas, con un piquete de trabajadores afiliados al Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra). La postura del Pit-Cnt es que “se debe garantizar el derecho a la movilización y el derecho de huelga. Somos conscientes de que las rutas deben ser transitables, si bien no afirmamos que nunca habrá un corte de ruta. En algunos casos debemos actuar con racionalidad”.
Indicó que el movimiento sindical rechaza el decreto porque ya existía normativa en la materia y eso “le permitía al Poder Ejecutivo adoptar acciones cuando fueran necesarias. Ante esta nueva situación vamos a defender el derecho de huelga y de movilización. Con esto también estamos defendiendo el derecho que tienen otras organizaciones que no son sindicales, como las vecinales, las vinculadas a las cooperativas y a otras organizaciones sociales del país. Lo que tenemos claro es que vamos a defender el derecho de movilización y de protesta de todos los ciudadanos. Esto forma parte de la más rica historia del movimiento sindical”.
Fue categórico al afirmar que “en el momento que se ataquen libertades que consideramos deben ser protegidas siempre el movimiento sindical se va a movilizar. Por el momento el decreto no será recurrido”.
No obstante señaló que si se violenta algún derecho durante una movilización “actuaremos”. En cada momento “se valorará la acción jurídica a desarrollar Pero, más allá de lo jurídico, aplicaremos la movilización del movimiento sindical. Movilización que es la mayor fortaleza que han tenido los trabajadores para modificar leyes. Las leyes o los decretos no se modifican por arte de magia, se modifican cuando hay ciento de miles de personas comprometidas con el cambio”.

TRANSPORTISTAS “Corte de ruta no hay ninguno, los camiones están parados en costados”

La Policía tuvo que intervenir en Cerro Largo y Treinta y Tres para asegurar el libre tránsito tras el piquete de los camioneros para impedir que saliera producción de arroz de las chacras.

28Mar
AFUSEC

El presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga terrestre del Uruguay (ITPC), Mauro Borzacconi, denunció “amedrentamiento” por parte de productores arroceros a trabajadores de las zonas afectadas en los últimos días por los piquetes.

En declaraciones al programa Inicio de Jornada de radio Carve, el empresario señaló que “la Intergremial ha ido porque nos han pedido los transportistas de la zona” y que hay “gente que no puede” denunciar la situación “porque como vive en el pueblo, en la ciudad y se conocen, los tienen amedrentados”.
Aseguró que que los trabajadores han informado que recibieron amenazas de “no darles más trabajo en el año” y afirmó que “algunos” productores “obran como si fueran señores feudales”.

El pasado lunes, el decreto antipiquetes firmado la semana pasada por el presidente Tabaré Vázquez volvió a aplicarse para asegurar el libre tránsito en las cercanías de Río Branco (Cerro Largo), la ciudad de Treinta y Tres y Vergara (Treinta y Tres) donde se desarrollaban medidas de la ITPC para impedir que saliera producción de arroz de chacras de la zona.
Los empresarios del transporte se encuentran en un duro conflicto con los cultivadores de arroz, ya que las partes no se ponen de acuerdo respecto a los fletes en plena cosecha.
Alfredo Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), dijo a El País en una nota publicada este martes que “el Ministerio del Interior está actuando, tiene elementos legales para llevar adelante las acciones que crea convenientes (…) La Policía ha actuado con mucha rapidez en base a las solicitudes no solo de los productores, sino de la población en general”, señaló.
Consultado en Inicio de Jornada sobre si hoy se mantienen medidas de piquetes, Borzacconi dijo que lo que realizan es una “interrupción de actividades del levantamiento del arroz”. “Si quieren decirle piquetes, díganle piquetes”, agregó.
El presidente de la Intergremial recalcó que “nunca se ha interrumpido el tránsito”, y que lo que hacen los transportistas es estacionar al costado de la ruta y parar a los camiones que quieren ingresar a las chacras.

“Estamos en huelga con el arroz hasta que no se discutan tarifas que no sean dignas”, destacó.

Además, denunció que hay “camiones brasileños trabajando dentro de las chacras”, y aseguró que los transportistas han tomado fotos y han realizado filmaciones de los camiones porque “vienen a decir que están cortadas las rutas o las puertas de una chacra, y nosotros demostramos que no lo está”.

“Hay filmaciones de a montones (de camiones) pasando por la ruta”, aseguró el presidente de la Intergremial, y reiteró que “corte de rutas no hay ninguno, los camiones están parados a los costados”.

Borzacconi denunció que en las reuniones entre transportistas, gobierno y productores “nos ningunearon”. “En la última reunión que citó el Poder Ejecutivo, que fueron tres ministros, dijeron ‘nosotros con el piquete no vamos a negociar’. Lo levantamos a las cinco horas y nunca se sentaron a negociar”, señaló.

La actuación policial

 “Los únicos camiones que no están yendo a la chacra son los que están siendo amenazados por un grupo de personas que no tiene nada que ver con el transporte de arroz”, aseguró Lago a El País.

Sin embargo, Humberto Perrone, gerente de la ITPC, dijo a El País que hubo consultas de la Policía, pero que los camiones no bloquearon nunca las rutas. No obstante, Perrone advirtió que “no está descartado” tomar medidas que afecten al conjunto del agro y se lamentó que el decreto del gobierno al excluir en su artículo 4 de su aplicación al ejercicio del derecho de huelga muestra que “no somos tan iguales ante la ley”.
Perrone advirtió que “la cosecha se va a paralizar” y dijo que el problema es que “ocho o diez cabezaduras de la ACA” no quieren negociar. Agregó que la Intergremial interpreta que el gobierno emitió el polémico decreto pensando precisamente en el accionar de esta gremial de empresarios.
El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo propuso que cuando se aplique el decreto antipiquetes se realice una grabación en video de los acontecimientos que desencadenan la acción, para que sirva de elemento probatorio de que se actuó de manera racional, gradual y ponderada.
En un documento que el gremio entregó ayer al Pit-Cnt sostiene: “No querríamos que existieran lagunas en algo tan delicado como este asunto, menos cuando se le está exigiendo a la Policía un esfuerzo en la contención del orden público y si las señales no son claras, las respuestas tampoco lo serán”.

Las gremiales empresariales

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Carlos Perera, se reunió ayer con el presidente Tabaré Vázquez y dijo que “si el decreto permite desalojar a los que no son sindicalizados y no permite desalojar a los que son sindicalizados, de nuevo estamos generando divisiones en las estructuras”.

Es que los empresarios entienden que el artículo 4 del decreto establece una discriminación injusta. Los tres primeros artículos establecen que el Ministerio del Interior dispondrá las medidas pertinentes para preservar el uso de las calles, caminos y carreteras cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos. Determinan también que el Ministerio del Interior deberá dar inmediata cuenta a la Justicia de lo actuado. Pero el cuarto artículo establece que el Decreto Reglamentario no será de aplicación ante lo previsto en el artículo 57 de la Constitución referido al derecho de huelga.

El artículo 4, a su juicio, según indicó el abogado laboralista de Ferrere Abogados, Nelson Larrañaga, “no debería existir porque si se protege la libre circulación de las personas es en todo caso y circunstancias”.
El artículo interpreta que “si en el marco de una huelga se corta un camino, una carretera, una calle la Policía no puede intervenir, en ese caso el derecho a la libre circulación no está protegido”. Y a su juicio se estaría vulnerando el artículo 7 de la Constitución que consagra la libertad en un sentido amplio, incluyendo la de tránsito y el 8 que establece el principio de igualdad porque se determina “un tratamiento diferencial”.

http://www.elpais.com.uy/informacion/corte-ruta-no-piquetes.html

DECRETO POLÉMICO Policía intervino de nuevo para asegurar libre tránsito en rutas Intergremial del Transporte intentó trabar la salida del arroz en Treinta y Tres y Cerro Largo.

28Mar

AFUSEC


El gobierno intentó clarificar el marco legal de la actuación. Foto: Archivo El País

El decreto “antipiquetes” del gobierno sigue generando controversias y mientras se suman cuestionamientos tanto desde el lado empresarial como sindical, ayer se dio otro caso en el que se aplicó la medida cuando la Policía intervino para asegurar el libre tránsito en las cercanías de Río Branco (Cerro Largo), la ciudad de Treinta y Tres y Vergara (Treinta y Tres) donde se desarrollaban medidas de la Intergremial del Transporte Profesional de Cargas (ITPC) para impedir que saliera producción de arroz de chacras de la zona.
Los empresarios del transporte están en medio de un duro conflicto con los cultivadores de arroz. Las partes no se ponen de acuerdo respecto a los fletes en plena cosecha.
Alfredo Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), dijo a El País que “el Ministerio del Interior está actuando, tiene elementos legales para llevar adelante las acciones que crea convenientes (…) La Policía ha actuado con mucha rapidez en base a las solicitudes no solo de los productores, sino de la población en general”, señaló.
El accionar policial se produjo en las tres localidades mencionadas, dijo Lago. “Los únicos camiones que no están yendo a la chacra son los que están siendo amenazados por un grupo de personas que no tiene nada que ver con el transporte de arroz”, aseguró Lago.
Sin embargo, Humberto Perrone, gerente de la ITPC, dijo a El País que hubo consultas de la Policía, pero que los camiones no bloquearon nunca las rutas. No obstante, Perrone advirtió que “no está descartado” tomar medidas que afecten al conjunto del agro y se lamentó que el decreto del gobierno al excluir en su artículo 4 de su aplicación al ejercicio del derecho de huelga muestra que “no somos tan iguales ante la ley”.
Perrone advirtió que “la cosecha se va a paralizar” y dijo que el problema es que “ocho o diez cabezaduras de la ACA” no quieren negociar. Agregó que la Intergremial interpreta que el gobierno emitió el polémico decreto pensando precisamente en el accionar de esta gremial de empresarios.

Empresarios.

Por su parte, las gremiales empresariales tienen serios reparos ante el decreto. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Carlos Perera, se reunió ayer con el presidente Tabaré Váz-quez y dijo que “si el decreto permite desalojar a los que no son sindicalizados y no permite desalojar a los que son sindicalizados, de nuevo estamos generando divisiones en las estructuras”.
Es que los empresarios entienden que el artículo 4 del decreto establece una discriminación injusta. Los tres primeros artículos establecen que el Ministerio del Interior dispondrá las medidas pertinentes para preservar el uso de las calles, caminos y carreteras cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos. Determinan también que el Ministerio del Interior deberá dar inmediata cuenta a la Justicia de lo actuado. Pero el cuarto artículo establece que el Decreto Reglamentario no será de aplicación ante lo previsto en el artículo 57 de la Constitución referido al derecho de huelga.
Andrés Fostik, de la Comisión Socio-Laboral de la Cámara de Industrias del Uruguay, comentó a El País que “el decreto es perfecto si se le saca el último artículo (…) A nosotros no nos viene bien el piquete, lo haga quien lo haga. Hay que regular para que todos tengan sus derechos protegidos. Los sindicatos se quejan, pero les está dando (el decreto) la posibilidad de que unos (las organizaciones de trabajadores) los hagan y otros no”, dijo Fostik.
El tema será analizado por los abogados de la cámara industrial. Según el empresario, los piquetes empresariales han sido muy pocos en Uruguay. El decreto debió ser “parejo para todo el mundo” porque si vamos a invocar la Constitución la tenemos que invocar en todos sus aspectos”.

Objeciones jurídicas.

Nelson Larrañaga, abogado laboralista de Ferrere Abogados, planteó varias objeciones a la norma. El artículo 4, a su juicio, “no debería existir porque si se protege la libre circulación de las personas es en todo caso y circunstancias”.
Ese artículo interpreta que “si en el marco de una huelga se corta un camino, una carretera, una calle la Policía no puede intervenir, en ese caso el derecho a la libre circulación no está protegido”. Y a su juicio se estaría vulnerando el artículo 7 de la Constitución que consagra la libertad en un sentido amplio, incluyendo la de tránsito y el 8 que establece el principio de igualdad porque se determina “un tratamiento diferencial”.
Además, según Larrañaga, el decreto tiene defectos formales porque limita el ejercicio de un derecho, algo que solamente se puede hacer por razones de interés general y por ley, de acuerdo con lo que establece la Constitución.
Según el laboralista, el Poder Ejecutivo asume un concepto amplio del derecho de huelga que incluye ocupaciones y piquetes pacíficos pese a que hay unas cuarenta decisiones de la Justicia Civil en sentido contrario. “Yo entiendo que el piquete no está comprendido en el derecho de huelga. La huelga es solo dejar de trabajar”, consideró el jurista.

Sindicato policial aconseja filmar las actuaciones

El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo propuso que cuando se aplique el decreto antipiquetes se realice una grabación en video de los acontecimientos que desencadenan la acción para que sirva de elemento probatorio de que se actuó de manera racional, gradual y ponderada. En un documento que el gremio entregó ayer al Pit-Cnt sostiene: “No querríamos que existieran lagunas en algo tan delicado como este asunto, menos cuando se le está exigiendo a la Policía un esfuerzo en la contención del orden público y si las señales no son claras, las respuestas tampoco lo serán”, advierte el sindicato policial.
“Existen, internamente, a nivel de la propia Policía y sus diversos cuerpos “marcos de actuación” que son distintos según la especialidad de cada área interna. No es similar el desempeño disuasivo de un agente integrante de la Guardia Republicana que el de un cabo de una seccional. Sin embargo, ambos se rigen —en términos generales y obligatorios— por las mismas leyes. De cualquier forma, se sabe, que los entrenamientos son distintos, las actualizaciones a las que se someten son diversas y el encare policial es completamente diferente. No se convoca a la Republicana por asuntos menores y por ello su presencia debe estar acotada a la ley para evitar desbordes ilegales. Compartimos ese talante inicial del decreto respectivo”, agrega.

HAY MÁS CRÍTICAS

Profesores anuncian medidas de lucha

Al cuestionamiento de COFE (sindicato estatal) al decreto “antipiquetes” se sumó ayer la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria que en un comunicado señaló que el gobierno viene aprobando decretos “que tienden a criminalizar la protesta, además de imponer condiciones a los trabajadores organizados (…) Hacemos saber al gobierno y a la opinión pública en general, que los docentes rechazamos que se limite el derecho a la protesta de cualquier colectivo que denuncie una injusticia, trátese de sindicatos, gremios estudiantiles, organizaciones de derechos humanos, comisiones barriales y demás organizaciones en torno a las cuales se nuclea la clase trabajadora”. Y advierte que “desarrollaremos todas las acciones jurídicas y de lucha hasta lograr la derogación de dicho decreto”. Este año se reeditará la discusión presupuestal y cabe suponer que el sindicato quiere asegurarse libertad de acción para la eventualidad de que instrumente movilizaciones.
También el Partido por la Victoria del Pueblo, integrante del Frente Amplio, emitió un comunicado en el que señala que “ante la promulgación y difusión del decreto presidencial que establece de forma expresa la autonomía policial y la capacidad de convocar a otros organismos públicos, entre ellos el Ministerio de Defensa, para intervenir ante movilizaciones que obstruyan la vía pública, el PVP expresa su rechazo al decreto que refuerza el camino de la represión de las movilizaciones populares”.
“La democracia real se compone también del derecho a la protesta pública. Las estigmatización y criminalización de la lucha social son contrarias a la vocación de lucha por las transformaciones profundas de la sociedad que impulsa la izquierda. No es con herramientas de control, que habilitan la represión de la movilización social, que se avanza en la imprescindible participación de la gente para que esta sea protagonista de los cambios.
Esta ampliación de la autonomía policial, que perdurará como norma a futuro, no es el camino para la resolución de conflictos que emergen en la sociedad”, agrega.
El grupo frenteamplista entiende que debe darse prioridad al diálogo para buscar soluciones a los problemas que originan las movilizaciones populares.
También el Partido Socialista había emitido una declaración en la que marcaba su “preocupación” por el decreto del gobierno.
El tema será analizado hoy en el Secretariado del Pit-Cnt.

OPINIONES

No era necesario

NELSON LARRAÑAGA – ABOGADO LABORALISTA

“La ley orgánica policial le otorga a la Policía las competencias para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales. Ya la Policía tenía competencia para desbloquear. Se hizo un reglamento de ejecución” .

Diferentes tipos

PATRICIA RODRÍGUEZ – PRESIDENTA SINDICATO POLICIAL

“Cada piquete merece un abordaje peculiar (de las autoridades), aunque deben existir reglas generales. Hay piquetes acumulativos, planificados, voluminosos, menores, barriales, políticos, prepolíticos y hasta espontáneos”.

Divisiones

CARLOS PERERA – CÁMARA DE COMERCIO

“Si el decreto permite desalojar a los que no son sindicalizados y no permite desalojar a los que son sindicalizados, de nuevo estamos generando divisiones. Considero que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”.

Espejo argentino

ANDRÉS FOSTIK – CÁMARA DE INDUSTRIAS

“Por suerte en Uruguay no tenemos costumbres muy pesadas. En Argentina las tienen, por ejemplo. Veamos lo que pasa cuando esto no se regula… tenemos una ciudad vecina a pocos kilómetros como Buenos Aires”.

http://www.elpais.com.uy/informacion/policia-intervino-nuevo-asegurar-libre.html

CIERRE

Trabajadores de La Spezia ocupan la fábrica y piden cobrar seguro de paro

Los empleados de la fábrica de pastas, que el pasado 6 de marzo cesó sus actividades, calculan que la deuda de la empresa llega a los US$ 800.000.
Los trabajadores dicen que les adeudan licencias. Foto: El País
mar mar 28 2017 15:57 El Paìs uy
Los trabajadores de “La Spezia” ocuparon este martes las instalaciones de la cerrada fábrica de pastas para “custodiar los bienes”, ya que se constató que en el fin de semana habían sido retirados algunos artefactos como microondas, informó a El País el dirigente sindical Leonardo Saldías.

Los trabajadores quieren evitar el retiro de maquinaria y de seis vehículos que la empresa utilizaba para la distribución hasta el pasado 6 de marzo, cuando cesó sus actividades.
El sindicato calcula que las obligaciones de la empresa con los trabajadores ascienden a unos US$ 800.000 si se suman los despidos, los salarios de marzo y licencias y aguinaldos no pagados. A esto se suman unos US$ 300.000 adeudados a privados, unos US$ 47 millones al Banco de Previsión Social (BPS) por aportes no realizados y $15 millones a la Dirección General Impositiva (DGI).
Este miércoles los trabajadores plantearán en el Ministerio de Trabajo la necesidad de que rápidamente comiencen a cobrar el seguro de desempleo. El Pit-Cnt emitirá próximamente un comunicado sobre el asunto. Saldías reconoció que es muy complicado que se pueda llevar adelante un proyecto autogestionado por los trabajadores.
Los salarios de los trabajadores del área de producción rondaban los $ 20.000. En “La Spezia” trabajaban unas 120 personas, el 90% mujeres.

El exdirector de la empresa, Juan Pablo Speranza, dijo a El País que el cierre es definitivo. “Es un combo de muchas cosas que no nos permiten (seguir). No es nuestro interés haber cerrado por eso lo hicimos con todo el tiempo para poder dar el margen para negociar (una salida) pero, lamentablemente, no se llegó a un acuerdo”,
La conclusión deriva de una ecuación deficitaria que se agudizó en los últimos cuatro años, sobre todo con el incremento de los costos operativos.

DEUDA SALARIAL Sindicato judicial presentó denuncia

La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) denunció al Poder Ejecutivo ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por el no cumplimiento de una sentencia que obliga al Estado a pagar un aumento de sueldo, informaron hoy fuentes del gremio.

28Mar

AFUSEC

Los empleados judiciales realizaron el reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA por el “no cumplimiento” de la sentencia judicial que impone la adecuación de los salarios de los funcionarios a futuro, dijo el portavoz de la AFJU, Eduardo Silveira.
Silveira indicó que la sentencia, de marzo del 2016, establece una adecuación de los salarios a futuro del 21,6%, de los cuales un 8% ya fue retribuido.
Por otra parte, Silveira destacó que la sentencia ya tiene casi un año de vigencia, por lo que es “definitiva”, pero que aún “no se ha cumplido” el mandato judicial.
“Se han diseñado leyes para diferir el pago en el tiempo y, para poner de manifiesto esto, se tomó la decisión de acudir al ámbito internacional”, sentenció.
El vocero se refirió así a la aprobación del artículo 733 de la ley de Presupuesto Nacional de Uruguay, que establece que se puede diferir el pago de deudas que tengan sentencia judicial con funcionarios públicos a futuras instancias presupuestales, norma que fue denunciada ante la Organización Internacional del Trabajo.
“Si el Poder Ejecutivo quisiera resolver este tema, lo que haría sería proceder a la adecuación salarial para recuperar el sueldo de los funcionarios y así permitiría que la deuda no siga creciendo día a día como ocurre hoy”, destacó Silveira.
“Nosotros estamos dispuestos a encontrar una salida, una vez que se proceda a pagar el sueldo de los funcionarios, el monto restante se puede negociar”, agregó.
La deuda se generó en 2010, cuando la administración de José Mujica aprobó un aumento salarial para los ministros de Estado, que, por ley, deben estar equiparados a las retribuciones de los funcionarios judiciales.

http://www.elpais.com.uy/informacion/sindicato-judicial-presento-denuncia-deuda.html

Trabajadores de Montevideo Gas: “Seremos la próxima Fripur, la próxima Fanapel”

Denuncian que la empresa no cumple con sus obligaciones contractuales y legales y que planea una mudanza de local que significará pagar más de 200 mil dólares por año.
Montevideogas
Lunes 27 de marzo de 2017 CARAS Y CARETAS
Trabajadores de Montevideo Gas y Conecta ocuparon este lunes los locales de ambas empresas en rechazo a las últimas determinaciones de su gestora Petrobras.
La ocupación abarca a los tres locales de Montevideo Gas (el de General Flores y Propios, el de 25 de Mayo y Juncal, y el de Plaza Independencia) y el puesto de Conecta en la Costa de Oro.
Según informó a Caras y Caretas Portal Alejandro Acosta, dirigente de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas, la medida fue tomada luego de que la empresa decidió avanzar con la mudanza del local ubicado en 25 de Mayo.
“No hay avances ni disposición de avance por parte de Petrobras en cumplir con las obligaciones del contrato de concesión y del marco normativo que la rige, y esto afecta la calidad del servicio”, sostuvo en diálogo con este medio.
Acosta explicó que el pasado jueves, en una reunión con representantes de los ministerios de Trabajo y de Industria, de la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados y de la empresa, plantearon tres puntos: empezar a pagar el canon anual que se le debe al Estado (6 millones de dólares, entre deuda e intereses); cumplir con el reglamento de la Ursea, que obliga a hacer inspecciones en las cañerías internas de los usuarios; e intentar aplicar ahora la inversión para reforzar la red de distribución.
En cuanto al primer punto el dirigente ahondó en que la empresa tiene depositado como garantía por obligación contractual 3 millones de dólares. “Lo que debe supera la garantía por el doble”, dijo.
Sobre la inversión que reclaman los trabajadores, Acosta expuso que los propios técnicos de la empresa reconocen que habrá presión en algunas áreas de la red cuando en invierno se den los altos consumos.
“Lo que planteamos tuvo una respuesta negativa y la empresa se niega a cumplir con obligaciones contractuales y legales”, aseveró.
El dirigente relató que el sindicato había suspendido anteriormente la medida de ocupación luego de que la empresa accediera a suspender la mudanza desde el local de 25 de Mayo hasta el de Plaza Independencia.
“Plantearon abandonar este local, que tiene cuatro pisos disponibles y por el cual no pagan un peso de alquiler porque le fue cedido por el Estado para prestar el servicio de gas natural”, dijo.
Según Acosta, en el nuevo local la empresa deberá pagar más de 200 mil dólares por año en concepto de alquiler. El viernes la empresa reanudó la mudanza y los trabajadores resolvieron la ocupación a partir de este lunes.
“Requerimos que el Poder Ejecutivo intente junto con el Parlamento poner un coto a esto y redireccionar la gestión, porque sino seremos la próxima Fripur, la próxima Fanapel”, agregó.
El gremio asegura que unos 45 mil usuarios se quedarían sin gas en Paysandú, Colonia, San José, Canelones y la capital ante un eventual cierre de Conecta y Montevideo Gas. “Estamos hablando de más de 200 puestos de trabajo”, concluyó Acosta.
Martes 28 • Marzo • 2017

Funcionarios del Varela continúan de paro

Los trabajadores del Colegio José Pedro Varela hace rato que vienen enfrentando desmanes por parte de la administración del colegio. El jueves los docentes resolvieron parar porque aún se les debe salarios, despidos y salario vacacional. El responsable de Asuntos Laborales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep), Sergio Sommaruga, dijo ayer a la diaria que mantendrán la medida hasta que, al menos, se les pague el sueldo de febrero. Hoy, en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), se reunirán sindicalistas, empresarios y síndicos. Sommaruga dijo que pedirán un diagnóstico de la situación para ver si hay puntos de coincidencia y así sí poder acordar. “Significa, ni más ni menos, acordar que se cumpla con la ley, con nuestro contrato laboral”, afirmó.
“No hemos sido obtusos ni necios. Hace más de un año que estamos siendo flexibles y tratando de encontrar una solución para mantener las fuentes de trabajo. [El colegio] es una empresa, no una cooperativa, y su directorio no ha resuelto la crisis; por el contrario, la ha profundizado. Ya se cruzó la línea roja”, aseguró Sommaruga.
El jueves 16 los trabajadores resolvieron en asamblea esperar una semana más para que la empresa les pagara el sueldo; vencido ese plazo, tomaron la decisión de parar. Según difundieron en un comunicado en ese momento, hasta ese entonces sólo les habían pagado 3.000 pesos como adelanto del sueldo. Se continúa adeudando 35% del salario de enero de 2016, 50% del salario vacacional de 2015; en total, la deuda llega al millón de dólares. Además, los trabajadores no pudieron tomar licencia, porque no había recursos para pagar el salario vacacional de 2016. Sommaruga advirtió que incluso hay trabajadores que por más que quisieran ir a trabajar no podrían porque “no tienen ni para el boleto”.
“Hemos sido flexibles, aportado ideas, respetado acuerdos y confiado siempre en la buena fe de la negociación. Hemos conversado con las autoridades acerca de las estrategias que consideramos inconvenientes, como la caída de convenios con los padres, comunicados institucionales que hablan de la insolvencia del colegio, reuniones de padres en la que se ponen plazos y condiciones para el cierre”, pero las “irregularidades e incumplimientos” se siguen sumando, aseguró.
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