Noticias Uruguayas 25 marzo 2017
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URUGUAY
Óscar Andrade y Joselo López sobre el decreto antipiquetes
Para el secretario general del Sunca, Óscar Andrade, el decreto “es un enorme error en términos políticos; hay que analizarlo fino en lo jurídico. Si bien es cierto que habían decretos anteriores que permitían el desalojo de las rutas (129/99), la aplicación en los hechos implicó que ante situaciones de ese tipo el desalojo era la última circunstancia y, en general, se esperaba la orden judicial para el procedimiento”, sostuvo.
La crítica del dirigente fue más lejos: “El decreto agrega que el Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio del Interior, puede pedir colaboración a otras fuerzas públicas del Estado. No parece claro que para disolver una manifestación le vaya a pedir colaboración al Ballet del Sodre, uno se imagina que está queriendo decir que es colaboración del Ejército, por ejemplo”, indicó.
“Es una medida inoportuna, muy ambigua, confusa porque el Poder Ejecutivo ya tenía una normativa clara para defender manifestaciones que estuvieran en calles o en las rutas. Para colmo, a los pocos días, la manifestación de los trabajadores organizados en el Sutcra Pit-Cnt, reclamando que se cumpla con los derechos que tienen conquistados, terminó con trabajadores detenidos en la comisaría de Conchillas. Esto pasó el día de ayer. Uno no quiere ver brujas, pero la misma semana que imponés un decreto sin dar mucha explicación política de cuáles son las urgencias, la primera medida atenta contra una movilización obrera. Eso genera un enorme rechazo”.
Consultado si los nucleados en el Sunca tenían alguna medida prevista, Andrade expresó: “Haremos el debate en el medio del Pit-Cnt. Ayer nos solidarizamos con los compañeros transportistas. Sé que hubo una reunión en la tarde de ayer entre los compañeros y el Ministerio de Trabajo; también que se estaba viendo la posibilidad de otra con el Ministerio del Interior. Primero queremos escuchar las explicaciones de por qué se operó así en la radial de Conchillas; segundo, si funciona de igual forma para el conjunto de las movilizaciones, porque pueden ser sindicales o no. Nos preocupa el derecho de los vecinos que, a veces, se movilizan para pedir un lomo de burro en la ruta para no tener más accidentes o por defensa del medio ambiente o una cooperativa que se moviliza en defensa de un préstamo. Si a partir del decreto, la circunstancia va a ser un cambio de criterio en la lógica represiva hacia la movilización, vamos a tener un lío enorme”.
La visión de López
El dirigente Joselo López también habló con Caras y Caretas Portal. Informó que el sindicato del Inau sacaría una declaración y que, a nivel del Pit-Cnt, el secretariado se reúne los martes: “De todas maneras, ha habido expresiones de los compañeros. Algunas concordantes con lo que pensamos nosotros y otras no tanto”, afirmó.
Para López, el decreto “es un eslabón más de la cadena de decisiones que ha tomado el Poder Ejecutivo para limitar la expresión popular de los trabajadores organizados y del pueblo en otras cuestiones. No hay que olvidarse todo lo que tiene que ver con este tipo de medidas”.
A su juicio, la normativa que ampara el desalojo de los piquetes, “se suma al de esencialidad que mal utiliza el gobierno. También al decreto 401, que da la posibilidad de descontar en función del daño que calculan que hace con una medida a los servicios públicos, y no por las horas de paro de los trabajadores. Se suma al decreto de la prohibición de la ocupación a los espacios púbicos”, indicó.
López aseguró que “por un lado no nos sorprende y, por otro, es la línea de cobrar al grito cada vez que sucede alguna situación que al gobierno le molesta”.
Para el dirigente, la solución “profundizar la negociación colectiva para buscar caminos de entendimiento, y no sacar un decreto que limita el derecho de huelga y las libertades sindicales”, concluyó.
DECRETO ANTIPIQUETES
COFE acusa al Poder Ejecutivo de seguir «criminalizando la protesta»
Los funcionarios señalan que los manifestantes que ayer bloqueaban el paso de los camiones en la planta de La Tablada estaban «amparados en el artículo 57 de la Constitución».
«Queda claro que el decreto reglamentario de fecha 20 de marzo de 2017, termina siendo aplicado para reprimir a trabajadores y/u organizaciones sociales y no como dice para mantener el orden público y las garantías individuales», se lee en en comunicado.
Y luego agregan que «nuestro sindicato entiende que el Poder Ejecutivo ha venido promulgado varios decretos que tienden a criminalizar la protesta además de imponer condiciones a los trabajadores organizados que no deberían estar en el espíritu de un gobierno progresista».
Desde COFE señalan que «esto ha quedado demostrado con decretos anteriores como el 401 que deja a criterio del jerarca de turno los descuentos a realizar frente a medidas de luchas llevadas por los trabajadores del sector público, o el decreto 354/010 que limita el derecho a huelga, prohibiendo la ocupación de edificios públicos por parte de sus trabajadores, además de varias declaraciones de esencialidad ante medidas gremiales, algunas muy fuertes contra trabajadores de la salud y otras que han llevado a una respuesta masiva de repudio como la declarada a la educación a mediados de 2015, o la última a los trabajadores de INUMET antes de que llevaran a cabo un paro de 24 horas».
«Nos oponemos y repudiamos cualquier intento de coartar la libertad de los trabajadores de manifestarse libremente en defensa de sus derechos», termina el comunicado de COFE.
Dirigentes del PIT-CNT condenan decreto del gobierno sobre cortes de calles
En el movimiento sindical no cayó nada bien el decreto, y sus principales dirigentes lo hicieron saber rápidamente. Martín Pereira, presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, dijo a la diaria que se trata de una “medida represiva” que “va a afectar al movimiento sindical”. “Dos compañeros fueron detenidos [en Conchillas] invocando este nuevo decreto, que se suma al 401 [que habilita la desocupación de oficinas públicas] y a la declaración de esencialidad de la educación”. Agregó que en un contexto en que se está discutiendo la Rendición de Cuentas y “el movimiento de los sindicatos va creciendo, un decreto como este reprime la lucha de los trabajadores”.
En una línea similar, el dirigente del Sindicato Único de Antel, Gabriel Molina, dijo que rechaza “de plano” el decreto. “Al aplicarse en forma generalizada, el efecto que está cumpliendo es simplemente afectar a los trabajadores organizados”, explicó. Además, informó que el viernes otro sindicato se manifestará frente a la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde también se cortarán las calles. “Lo vamos a hacer igual, porque siempre lo hemos hecho”, afirmó.
En tanto, el dirigente ferroviario Ricardo Cajigas dijo a la diaria que la medida será tratada el martes por el Secretariado Ejecutivo de la central, y llamó a preguntarse “por qué surge este decreto”. En declaraciones a El Observador, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, también manifestó “preocupación” por la nueva norma.