Noticias Uruguayas 23 febrero 2017
URUGUAY
Amnistía Internacional: “En Uruguay no existe una política de Estado en materia de derechos humanos”
La organización internacional criticó el poco avance en los procesamientos a responsables de crímenes durante la última dictadura.
El poco avance en los procesamientos a responsables de crímenes durante la última dictadura, la aún presente discriminación contra las personas con discapacidad y la falta de igualdad de género, así como los obstáculos para el acceso de las mujeres a un aborto seguro y legal fueron algunos de los señalamientos que hizo la ONG Amnistía Internacional a Uruguay en su más reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.
Según la organización, pese a los esfuerzos del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, “apenas hubo avances en los escasos procesos penales por los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos cometidos durante el periodo de gobierno cívico-militar, entre 1973 y 1985”.
No obstante, destacó que el Grupo logró el acceso a los archivos del cuartel de Fusileros Navales y que para este año está previsto que publique las conclusiones de su trabajo.
La ONG mostró preocupación por el fallo de la corte de Roma sobre el juicio por el Plan Cóndor y las implicaciones que tiene para los familiares de las víctimas la absolución de 19 imputados por los crímenes de tortura, secuestro y desaparición.
“El fallo de Roma deja también al descubierto que en Uruguay no existe una política de Estado en materia de derechos humanos”, aseveró Amnistía Internacional en su resumen ejecutivo sobre el informe y llamó la atención sobre “la falta de hallazgos, la discrecionalidad y demora con la que se investigan los hechos ocurridos en el pasado reciente”.
“La organización exige a las autoridades uruguayas de los tres poderes del Estado tomar las acciones pertinentes para saldar la deuda histórica por la eliminación de la impunidad por los delitos cometidos en la última dictadura cívico militar”, afirma el resumen.
Discriminación y obstáculos
Amnistía Internacional recordó que en agosto pasado el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad pidió a Uruguay “la creación de mecanismos de consulta para las personas con discapacidad a fin de permitirles participar en la adopción de políticas públicas y legislativas y de garantizar métodos accesibles para denunciar discriminación por motivos de discapacidad”.
A su vez, otra instancia de la ONU, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, instó al país a emprender más acciones en aras de reducir la discriminación contra las mujeres afrodescendientes y mejorar su acceso a la educación, el empleo y la salud.
Dicho Comité, a la vez que celebró la reducción de la mortalidad materna y la ampliación del acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva, se mostró preocupado porque aún existen limitaciones en las zonas rurales y por el uso generalizado de la objeción de conciencia entre los profesionales de la medicina, lo cual limita el acceso de las mujeres a servicios de aborto seguros y legales.
El organismo internacional solicitó al gobierno “que evaluara la disponibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva a nivel nacional a fin de identificar las zonas insuficientemente atendidas y garantizar una financiación adecuada; le pidió también que adoptara medidas para asegurarse de que las mujeres tuvieran acceso a servicios de aborto y postaborto legales, y que fijara requisitos más rigurosos para impedir el uso generalizado de la objeción de conciencia en los casos de aborto”, expresa el informe.
El documento elogia que por primera vez Uruguay elaboró un censo de personas transgénero con la intención de entender mejor sus circunstancias. Asimismo, señala que se crearon con éxito centros de salud libres de homofobia.
Sin embargo, apuntó que la discriminación hacia las personas transgénero continúa siendo un problema y que falta una atención de salud integral para las personas LGBTI.
Según la organización, pese a los esfuerzos del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, “apenas hubo avances en los escasos procesos penales por los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos cometidos durante el periodo de gobierno cívico-militar, entre 1973 y 1985”.
No obstante, destacó que el Grupo logró el acceso a los archivos del cuartel de Fusileros Navales y que para este año está previsto que publique las conclusiones de su trabajo.
La ONG mostró preocupación por el fallo de la corte de Roma sobre el juicio por el Plan Cóndor y las implicaciones que tiene para los familiares de las víctimas la absolución de 19 imputados por los crímenes de tortura, secuestro y desaparición.
“El fallo de Roma deja también al descubierto que en Uruguay no existe una política de Estado en materia de derechos humanos”, aseveró Amnistía Internacional en su resumen ejecutivo sobre el informe y llamó la atención sobre “la falta de hallazgos, la discrecionalidad y demora con la que se investigan los hechos ocurridos en el pasado reciente”.
“La organización exige a las autoridades uruguayas de los tres poderes del Estado tomar las acciones pertinentes para saldar la deuda histórica por la eliminación de la impunidad por los delitos cometidos en la última dictadura cívico militar”, afirma el resumen.
Discriminación y obstáculos
Amnistía Internacional recordó que en agosto pasado el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad pidió a Uruguay “la creación de mecanismos de consulta para las personas con discapacidad a fin de permitirles participar en la adopción de políticas públicas y legislativas y de garantizar métodos accesibles para denunciar discriminación por motivos de discapacidad”.
A su vez, otra instancia de la ONU, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, instó al país a emprender más acciones en aras de reducir la discriminación contra las mujeres afrodescendientes y mejorar su acceso a la educación, el empleo y la salud.
Dicho Comité, a la vez que celebró la reducción de la mortalidad materna y la ampliación del acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva, se mostró preocupado porque aún existen limitaciones en las zonas rurales y por el uso generalizado de la objeción de conciencia entre los profesionales de la medicina, lo cual limita el acceso de las mujeres a servicios de aborto seguros y legales.
El organismo internacional solicitó al gobierno “que evaluara la disponibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva a nivel nacional a fin de identificar las zonas insuficientemente atendidas y garantizar una financiación adecuada; le pidió también que adoptara medidas para asegurarse de que las mujeres tuvieran acceso a servicios de aborto y postaborto legales, y que fijara requisitos más rigurosos para impedir el uso generalizado de la objeción de conciencia en los casos de aborto”, expresa el informe.
El documento elogia que por primera vez Uruguay elaboró un censo de personas transgénero con la intención de entender mejor sus circunstancias. Asimismo, señala que se crearon con éxito centros de salud libres de homofobia.
Sin embargo, apuntó que la discriminación hacia las personas transgénero continúa siendo un problema y que falta una atención de salud integral para las personas LGBTI.
GREMIALES Y SINDICATOS SIGUEN LEJOS
El PIT avisa que defenderá la ocupación de empresas
Solo negociará con las cámaras un protocolo de conflictos
22 feb 2017 El País uy
El Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt evaluó ayer las conversaciones que la central comenzará con las gremiales empresariales para que estas levanten la queja que presentaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra algunos aspectos de la legislación laboral uruguaya y entre sus integrantes hubo consenso en que en esas negociaciones se deberá dejar claro que la ocupación de los lugares de trabajo es una extensión legítima del derecho de huelga.
El presidente de la central sindical, Fernando Pereira, que regresó de Europa a donde acompañó al presidente Tabaré Vázquez en su gira, puso al día a la cúpula sindical sobre la marcha de las negociaciones.
Fernando Ferreira, integrante del secretariado, dijo a El País que la central está dispuesta a negociar un protocolo de prevención de conflictos que suponga que debe transcurrir determinada cantidad de días antes de que se concrete un paro (algo que ya existe hoy en algunas empresas), pero que no está dispuesta a perder la posibilidad de que se ocupen lugares de trabajo. Según Ferreira, la mayor parte de las ocupaciones recientes se ha producido por el cierre de empresas que han llevado a los trabajadores a realizar esas acciones para luchar por el mantenimiento de las unidades productivas y reclamar el cobro de créditos laborales como ocurrió con Fripur o Calvinor.
El Pit-Cnt esperará que el gobierno convoque a reuniones de negociación ya que es el Estado el denunciado ante la OIT, señaló Ferreira. En la central se percibe más proclive a llegar a un entendimiento a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios que a la de Industrias. Es que en esta última, que analizará esta semana la situación en su comisión Socio-Laboral, está fresco el recuerdo de la ola de ocupaciones de empresas metalúrgicas hace seis años.
Pero Ferreira consideró que «por una situación particular no se debe legislar en general». Las ocupaciones suelen ser «el último recurso» de los sindicatos, planteó. «El último año de la negociación colectiva fue bastante particular porque hubo más acuerdos entre trabajadores y empresarios que con el gobierno», recordó. Las ocupaciones no fueron relevantes.
La queja de las gremiales fue dejada en suspenso en 2015 por la Cámara de Industrias y la de Comercio (respaldadas por otras 24 gremiales) para que se abriera una negociación. Pero en enero la reiteraron porque entendieron que el Pit-Cnt no tenía voluntad real de acordar. El Ministerio de Trabajo presentó una propuesta a las gremiales y a la central sindical para destrabar la situación.
Una proclama conjunta.
El Pit-Cnt coordina con otras organizaciones sociales la movilización del próximo 8 de marzo en contra de los feminicidios. Se está elaborando una «proclama conjunta», dijo a El País el integrante del secretariado de la central, Fernando Ferreira. La central parará para asegurar una alta participación en la movilización.
CONFLICTIVIDAD SINDICAL
El sindicato de Ancap no despacha combustible por paro
El gremio de trabajadores reclama por la falta de avances en la negociación tripartita por seguridad. Hoy se reúnen en asamblea para resolver la extensión de la medida.
jue feb 23 2017 12:18 – El Pis uy
La federación Ancap (Fancap) realiza desde las 10 horas de hoy un paro en reclamo por la falta de avances en la negociación tripartita por mayor seguridad. Los trabajadores no despacharán combustible.
En declaraciones a Telenoche, el dirigente sindical Miguel Lazarte indicó que los trabajadores se moviliza en la puerta de la refinería de La Teja y decidirán en una asamblea la extensión de la medida.
Según Lazarte, la administración del ente «no tiene ninguna urgencia ni ánimo de seguir negociando», ya que «desde el viernes pasado» no hay comunicación entre autoridades y trabajadores.
La paralización de la planta para llevar a cabo tareas de mantenimiento se hace cada cinco años y los trabajadores que debe hacerse más seguido. Además, consideran que deben revisarse reglamentos como los de altura y trabajo, dentro de lugares que requieren condiciones extremas de seguridad.
EDUCACIÓN PRIVADA
El Varela entra en concurso de acreedores
El Colegio José Pedro Varela entrará en concurso de acreedores y, solo de despidos, le debe 10 millones de pesos a los trabajadores, según declaró a El País el secretario de asuntos laborales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep), Sergio Sommaruga.
23 Feb
AFUSEC
Foto: Gerardo Pérez.
“Autoridades del colegio ya resolvieron ingresar a concurso de acreedores. Tienen proyectado hacerlo para los primeros días de la semana que viene, luego del receso de Carnaval”, precisó el sindicalista.
Sommaruga también confirmó el cierre de Primaria en la sede que tiene el colegio en Ciudad de la Costa, y advirtió que esto implica que 59 personas se quedarán sin trabajo.
“Hay un acumulado de deudas: se debe el 35% del sueldo de enero del 2016, el 50% del salario vacacional de 2016 y todo el salario vacacional de este año. Además se deben $ 10 millones en despidos, solo de los trabajadores afiliados”, sostuvo el delegado de Sintep.
El colegio ya había evaluado entrar a concurso de acreedores el año pasado.