Publicado en: 22 diciembre, 2017

Noticias Uruguayas 21 diciembre 2017

Por Colectivo Noticias Uruguayas

URUGUAY: Con el voto de los senadores de todos los partidos quedó prohibido el fracking, pero sólo por cuatro años

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URUGUAY

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Votación de la Ley de Fracking, ayer, en la Cámara de Senadores. Foto: Manuela Aldabe

Con el voto de los senadores de todos los partidos quedó prohibido el fracking, pero sólo por cuatro años

La Cámara de Senadores aprobó ayer, por unanimidad, el proyecto de ley que prohíbe, por cuatro años, el uso del procedimiento de fractura hidráulica (fracking) para la explotación de hidrocarburos no convencionales y crea la Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica (CNECT) para la recopilación y análisis de información nacional e internacional. El texto fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La CNECT estará formada por un representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería –que presidirá la comisión y tendrá doble voto si hay empate–; uno del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; uno de la Universidad de la República; uno del Congreso de Intendentes; un integrante de la Academia Nacional de Ciencias, y un integrante de las organizaciones sociales vinculadas a la protección del medioambiente. El literal G del artículo 5 dice que la CNECT deberá hacer un informe cada cuatro años que deberá presentar ante el Poder Ejecutivo “antes del vencimiento del plazo de la prohibición”. En el artículo 3 de la ley se establece que durante los cuatro años en que la fractura hidráulica esté prohibida, la comisión deberá “reunir y analizar el conocimiento existente sobre las posibles reservas de hidrocarburos no convencionales en el territorio nacional, sobre el procedimiento de fractura hidráulica y perforación horizontal; así como evaluar las posibilidades y consecuencias de la utilización de dicho procedimiento”.
En el plenario de senadores de ayer, los legisladores de todos los partidos aseguraron que se trata de una buena ley; la única diferencia la planteó la senadora del Partido Nacional (PN) Carol Aviaga, que propuso cambiar el literal G del artículo 5 para que la extensión o el levantamiento de la prohibición se haga por ley. La modificación no fue aprobada.
El senador del Frente Amplio (FA) Leonardo de León dijo que el texto “contempla las distintas posiciones que hay en el país” y aseguró que el fracking es un procedimiento que se usa en el mundo tanto para la exploración como para la extracción. Sin embargo, “ninguna de las empresas [que están en Uruguay], ni ANCAP ni las petroleras con contratos vigentes, tienen previsto usar esta técnica”. El senador del FA Yerú Pardiñas dijo que el texto aprobado “sintoniza con lo que ocurre en el mundo, porque la tecnología se modifica de forma paulatina”. Según Pardiñas, las empresas están trabajando para “minimizar el impacto ambiental” porque hay países en los que se está prohibiendo el procedimiento, y no quieren que se generalice. Dijo, también, que “hay un manto de cuestionamiento a la fractura hidráulica porque en Estados Unidos hay normas específicas para el cuidado del medioambiente que no se aplican a la industria petrolera”. “Estas contradicciones son las que en otros países generan reacciones”. Aseguró que no hay que prohibir el fracking hasta saber “cuáles son los recursos que tenemos”, aunque sostuvo que “es importante que sigamos trabajando para tener un medioambiente protegido”. Rafael Michelini (FA), en tanto, sostuvo que “nadie sabe para dónde van las cosas. [La ley] es inteligente, mucho más que la prohibición”. Afirmó que “de nada vale quejarse si seguimos quemando combustible que viene de fracking, sería una actitud hipócrita; es como combatir el trabajo esclavo y consumir sus productos”. Álvaro Delgado (PN) coincidió con Michelini, pero agregó que eso está pasando con la energía eléctrica: “En Uruguay está prohibida la energía nuclear pero se compra energía a Argentina, donde sí está permitida; lo mismo pasa con el petróleo”, por lo que es necesario hacer la “trazabilidad de la energía”. Además, afirmó que la ley es “una propuesta garantista y seria. No podemos negarnos a los avances tecnológicos”.
Por su parte, el senador del Partido Colorado (PC) Pedro Bordaberry dijo que la ley “pone resguardo a Uruguay y da tiempo para tomar mejores decisiones. El próximo Poder Legislativo será el que prorrogue o no la moratoria”. Además, el colorado pidió que se cree la figura de un “comisionado parlamentario para el medioambiente”, que no sustituya las competencias de los organismos estatales, sino que actúe como informante del Parlamento.
El proyecto fue aprobado ayer en el Senado tal como venía de la Cámara de Diputados, en donde había sido aprobado el 6 de diciembre. El diputado del FA Carlos Varela, integrante de la Comisión de Industria, dijo a la diaria que hubo varios proyectos para prohibir el uso de la fractura hidráulica; dos de ellos, del PN, proponían la prohibición absoluta. Otro proyecto, presentado por el colorado Walter Verri, introducía la moratoria. Finalmente el Poder Ejecutivo redactó un proyecto que contemplaba varios de los elementos propuestos por la oposición.

Zona gris

Ayer, en la Cámara de Senadores, a iniciativa del legislador Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) se discutió la visita del presidente Tabaré Vázquez, el fin de semana, a un comité de base. Lacalle Pou dijo que su intención no era “generar un debate” sino “encender una luz amarilla, no en base a lo que pasó sino a lo que puede pasar en los tiempos que vienen”. El nacionalista citó el artículo 77 de la Constitución, que dice: “El Presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral”. Lacalle Pou dijo que existe una zona gris, pero sostuvo que el presidente debería “cuidarse un poco más”. “A cualquier hijo de vecino se le exige cumplir la Constitución a rajatabla. Desde mi punto de vista […] el presidente de la República debería cuidarse un poco más, porque todos sabemos que sobre fin del año que viene vamos a empezar campaña electoral y el gobierno es de todos los uruguayos”, dijo. La senadora Mónica Xavier (Frente Amplio,FA) salió en defensa del presidente, argumentando que Vázquez “no incurrió en una violación de la Constitución”. Relató que Vázquez volvía de un evento social, un casamiento, y pasó por un comité de base en el que despedían el año en la vereda. “Pasó por donde había un grupo de militantes y saludó como corresponde”. Carlos Baraibar (FA) dijo que fue un “episodio casual”. Por su parte, Pablo Mieres (Partido Independiente) dijo que el Parlamento tiene que “llamar la atención [cuando se dan] situaciones que están en la frontera de lo que dice la Constitución”. En tanto, José Amorín Batlle (Partido Colorado) afirmó que la actitud del presidente está en “el límite de la violación de la Constitución”. “Vázquez hizo comentarios que, desde mi punto de vista, no corresponden al presidente”, declaró.

 

Pese a los reparos puestos por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medioambiente (Mvotma) se aprobó la utilización de nuevos transgénicos en el país. Se trata de cuatro nuevas variedades -dos de soja y dos de maíz- que implican además el ingreso masivo de un nuevo agroquímico a la plaza local, el Dicamba, que ahora comenzaría a usarse en forma extensiva como el glifosato

La Dirección Nacional de Medioambiente (Dinama), dependiente del Mvotma, solicitó que se evalúen los efectos de estos nuevos paquetes tecnológicos para estudiar el posible riesgo ambiental, sin respuesta hasta el momento por parte de la Comisión de Gestión de Riesgo.

El ingeniero agrónomo Alberto Gómez, director del Programa de Agroecología del Centro de Estudios de Tecnologías Aplicadas, dijo a Informe nacional que existen alternativas naturales para evitar el impacto de estos productos. “Es un círculo vicioso”, porque “los productores deben aumentar las dosis” y este sistema “tampoco le sirve a los productores porque los costos se le disparan”, señaló.
El experto recordó que los agrotóxicos no pagan IVA, algo que a su criterio tendría que ser revisado, ya que eso corresponde “a una visión antigua”.
En los últimos días, el gobierno (más precisamente el Gabinete Nacional de Bioseguridad) aprobó 14 nuevas variedades de transgénicos. Para 10 de ellas hay consenso entre sus integrantes, ya que están destinadas a investigación y estudios controlados. Sin embargo, hay cuatro que son para uso comercial en las que no hubo acuerdo tanto en la Comisión de Gestión de Riesgo (CGR) que trató el tema, como en el gabinete ministerial. La votación fue de cuatro a dos. A favor estuvieron los ministerios de Economía, Ganadería, Industria y Relaciones Exteriores. En contra, Medio Ambiente y Salud Pública.
No hay estudios suficientes
Los ministerios de Vivienda y Medio Ambiente y el de Salud Pública se oponen por entender que aún no hay estudios suficientes sobre los posibles efectos de estos transgénicos y el uso de nuevos agroquímicos asociados.
Las cuatro nuevas semillas a aprobar son dos variedades de soja y dos de maíz, que implican además el ingreso masivo de un nuevo agroquímico a Uruguay: el dicamba, que ahora comenzaría a usarse en forma extensiva (sumándose al glifosato). Esto se hace debido a que el dicamba es más potente para acabar con las malezas pero es bien tolerado por estas nuevas variedades de transgénicos.
Desde la cartera de Medio Ambiente se considera que aún hay que analizar qué impacto pueden tener tanto el uso de estos transgénicos como la acción sumada del glifosato, el dicamba y el 2-4D. Entre otros puntos, creen que debería analizarse cuál es la posible afectación para polinizadores.
Sumado a esto, Medio Ambiente considera que una de estas variedades de maíz, por ejemplo, es usada para combatir plagas que hoy en día no existen en Uruguay, por lo que no se justificaría el ingreso. En el otro maíz propuesto, además, no se estudió la coexistencia con maíces criollos y el potencial impacto sobre ellos. En el caso de las sojas, como ya mencionamos, el principal problema es el uso combinado de agroquímicos y los posibles efectos.
La Dirección Nacional de Medio Ambiente ya solicitó que se evalúen los efectos de estos nuevos paquetes tecnológicos para evaluar el posible riesgo ambiental, sin respuesta hasta el momento por parte de la Comisión de Gestión de Riesgo.
“Perdimos cuatro a dos”, dijo la ministra de Vivienda y Medio Ambiente, Eneida De León, al ser consultada al respecto por Montevideo Portal.
“Tanto el MVOTMA como Salud Pública nos opusimos a la liberación de esas cuatro variedades. No estamos en contra de los transgénicos en sí mismos, pueden ser muy positivos, pero hay que ver qué ocurre cuando se liberan en el ambiente. No hay suficientes estudios como para saberlo y así lo planteamos”, agregó.
De León explicó que “cuando hay una liberación comercial, se libera también al ambiente”. “Esto implica el uso de agroquímicos cuyo impacto, a veces, no se estudia suficientemente”, dijo la ministra, que lamentó que la Udelar haya retirado su asesoramiento hace ya muchos años. “Nos gustaría que la Universidad pudiera realizar más estudios para que estemos más tranquilos”, concluyó.

 

 

 

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