Noticias Uruguayas 19 diciembre 2017
FFOSE lanzó campaña de recolección de firmas contra la Ley de Riego; docentes hicieron recomendaciones para reglamentarla, modificarla o derogarla
La Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) lanzó ayer la campaña de recolección de firmas para derogar la Ley 19.553, que aprobó el Parlamento en octubre y que modifica la anterior Ley de Riego (16.858, que había sido aprobada en 1997). El lanzamiento se hizo en el local de FFOSE, que estaba repleto. Se promueve un recurso de referéndum; para que prospere, se deberán juntar unas 700.000 firmas (25% del padrón electoral) antes del 25 de octubre de 2018, para presentarlas ante la Corte Electoral. El presidente de FFOSE, Gustavo Ricci, anunció ayer que la federación mandó a imprimir 5.000.000 de papeletas, “por si nos quedamos cortos”, dijo, en broma y en serio; organizaciones sociales, gremiales y estudiantiles replicarán la juntada de firmas como en 2004, cuando se impulsó la reforma constitucional para evitar la privatización del agua.
Ricci calificó de “perversa” la nueva ley. Comentó que “los inversores que pueden estar haciendo esas obras de embalse del agua para la distribución y para la correspondiente autorización también van a poder estar utilizando esa agua para generar hasta un máximo de diez megavatios e incorporarlos en el mercado de energía, lo que le da otro componente económico a esa ley en favor de los inversores nacionales y extranjeros”. Agregó que a los inversores “se les va a aplicar la ley de inversiones” mediante la cual “van a estar exonerados de los impuestos, y no de esa obra, sino que van a poder trasladar la exoneración de esos impuestos a sus actividades particulares: se les va a exonerar el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas, es decir, vamos a seguir transfiriendo recursos de todos en favor de una actividad en particular”, lamentó. Por otra parte, refutó el argumento de los promotores de la ley, que han dicho que la norma favorecerá a los productores familiares, porque se habilita a que se les corte el servicio de distribución de agua (en la zafra siguiente) a los productores que no paguen. “Todo muy perverso. Están transformando el derecho esencial a la vida, como lo definimos en 2004, en una mercantilización burda y en un mercado paralelo de agua”, opinó.
Evidencias
El viernes, representantes de la Universidad de la República (Udelar) presentaron en la sesión de la Comisión de Cuenca de la Laguna del Sauce un documento firmado por 31 docentes e investigadores de la Udelar, que busca aportar al debate sobre las consecuencias ambientales que traerá la nueva ley. Advierten que la generación de embalses generará cambios en el volumen de la producción agrícola –es la finalidad de la norma–, en “el perfil y relaciones entre los actores vinculados al medio rural, la calidad del agua y ecosistemas que sustentan la biodiversidad y la producción, el acceso al agua como un derecho e incluso el patrimonio histórico-arqueológico material e inmaterial presente en el territorio, sea este actualmente conocido o no”. Señalan, además, que los embalses multiprediales a gran escala generarán “efectos diferidos en el espacio (tanto aguas arriba como aguas abajo), y diferidos en el tiempo, de una magnitud significativa y quizás poco sospechable a priori”. Afirman que esas consecuencias hacen cuestionable la sustentabilidad de la estrategia de riego que se promueve, “en contraposición al mandato de gestión sustentable y solidaria con las generaciones futuras”.
Los investigadores sostienen que “en Uruguay son pocos los sistemas acuáticos que cumplen con la normativa de calidad de agua (Decreto 253/79 y modificativos) en lo que refiere a concentración en agua de fósforo total”, y subrayan que “los sistemas de aguas corrientes que drenan campos agrícolas ganaderos llegan a superar por cinco, diez, 20, 40, 80, 120 y hasta más de 300 veces los máximos establecidos” en la normativa. Expresan que hay “evidencia” de que la mayor causa de la mala calidad del agua se debe a la actividad agrícola-ganadera, y que “el modelo de intensificación productiva sobre la base de grandes emprendimientos de riego exacerbará significativamente la problemática”, puesto que “los ecosistemas de aguas quietas, como los embalses, son más vulnerables que los de aguas corrientes al ingreso de nutrientes” (se deterioran antes y más que las aguas de ríos y arroyos, aclaran).
El documento hace ocho recomendaciones, “criterios-guía” para definir o descartar la localización de embalses. Sostiene que el modelo de producción intensiva agrícola-ganadera aplicado por Uruguay permite concluir que la intensificación prevista hará imposible cumplir con los estándares de calidad del agua “para los parámetros asociados a la contaminación por nutrientes y particularmente el fósforo total”. En ese sentido, dicen que no es aplicable “el principio precautorio asociado a la falta de certeza técnica o científica ante el riesgo de daño grave que afecte los recursos hídricos”, ya que “la evidencia indica claramente cuáles serán los resultados esperables”. Afirman que cabe la aplicación de ese principio para otros efectos que no puedan preverse. Para la gestión de los embalses actuales y futuros, recomiendan tomar decisiones en función de “un análisis integral” que considere “el mejor conocimiento científico disponible acerca de los sistemas sociales y ambientales”, y remarcan que “los análisis sectoriales agronómicos-productivos resultan insuficientes”.
El texto critica que esta ley no haya sido discutida “en los Consejos Regionales y Comisiones de Cuencas, ámbitos previstos en la normativa para la planificación, gestión y control de los recursos hídricos donde usuarios y sociedad civil tienen el derecho a participar de manera efectiva y real en la formulación de planes y políticas en estos temas”, y subrayan la necesidad de que la construcción de embalses multiprediales resulten de un proceso participativo que considere la opinión de las poblaciones afectadas, así como el asesoramiento de especialistas independientes al proyecto.
Dan pautas para prevenir la multiplicación y dispersión de floraciones tóxicas y de especies invasoras, mediante el monitoreo, pero también mediante la aplicación de abonos orgánicos, el establecimiento de cargas máximas de nutrientes y la creación de zonas buffer –de transición– que bordeen los embalses, cubriéndolas de pastizales naturales o monte nativo. Sostienen, además, que es “indispensable” prohibir el trasvase de aguas entre cuencas, porque puede provocar el transporte de enfermedades hídricas y el ingreso de especies exóticas invasoras. Advierten, además, que los embalses obstaculizarán la migración de peces, incluso de especies de importancia económica. Por último, pronostican que la multiplicación de embalses tendrá impactos directos sobre el patrimonio cultural, y entre ellos mencionan bienes y valores “históricos, arqueológicos, etnográficos, paleontológicos y de biodiversidad”, que pueden desaparecer.
Carpa de trabajadores del gas en la rinconada de la plaza Independencia. Foto: Federico Gutiérrez (archivo, noviembre de 2017)
Petrobras firmó el acuerdo que destraba el conflicto de los trabajadores del gas
“Estamos contentos porque saca de arriba de la mesa los seguros de paro y deja de lado casi todo lo que querían de tercerización. Pero sobre todo nos deja bien posicionados y fuertes como para enfrentar el desafío a partir de junio de 2018, cuando seguramente tengamos una discusión de este estilo, o mucho más pesada en el caso de que no haya regasificadora”, dijo a la diaria Alejandro Acosta, dirigente de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas, luego de que finalmente se firmara el acuerdo con la empresa Petrobras, propietaria de Montevideo Gas y Conecta. Acosta señaló que el sindicato asume el acuerdo sin triunfalismo ni derrotismo, y que lograron salir “fortalecidos”, ya que el conflicto significó una experiencia “que ha logrado que los trabajadores se unifiquen más en torno a su herramienta sindical”.
El dirigente señaló que en la reunión en la que se firmó el acuerdo tuvieron casi una hora de cuarto intermedio porque los delegados de la empresa brasileña consultaban a sus autoridades, ya que ellos “no tenían capacidad de decidir”. “Había que pulir algunos puntos de la redacción. Por ejemplo, pretendían dejar como antecedente dentro del convenio la visión de la empresa de por qué estaban haciendo todo esto, que es como una justificación de que había que tomar medidas de restricción económica. Nosotros entendemos que intentaron aprovechar un momento de incertidumbre con relación a la regasificadora para avanzar en su proyecto de empresa, y que no fue por temas económicos”, dijo Acosta.
El sindicalista subrayó que Petrobras consignó que cerraría las empresas si no hay regasificadora o que habría nuevas reestructuras y tercerizaciones, pero destacó que parte del acuerdo implica la creación de una comisión que instrumente las propuestas comerciales que hizo el sindicato para lograr “incrementar el número de usuarios, aun sin regasificadora”. Por último, Acosta señaló que de aquí en más la relación con Petrobras va a quedar “como quiera le empresa”. “Si la empresa persiste en sus políticas actuales, seguramente va a ser de enfrentamiento, pero si abre otro camino, va a ser de respeto, tratando de trabajar en conjunto para mantener las fuentes de trabajo”, finalizó.