Publicado en: 20 septiembre, 2017

Noticias Uruguayas 18 septiembre 2017

Por Colectivo Noticias Uruguayas

Uruguay: Funcionarios de Ancap paralizaron la refinería por falta de seguridad // Entrevista a Mariana Mota, presidenta de Consejo Directivo de la INDDHH: “me queda la duda si la seguridad pasa sólo por más vigilancia”

CATALUNYA “Una jornada romántica”: El Gobierno español pedirá que corten la luz el día del referéndum // Madrid advierte a Cataluña: “Si son 700 alcaldes los que cometen un delito, todos irán a juicio” // Echenique (secretario de Organización de Podemos) pregunta a Sánchez si el PSOE sigue apoyando el “estado de excepción” de Rajoy // Referéndum en Catalunya: Los madrileños abarrotan el acto por el derecho a decidir // El PNV romperá con Rajoy “si se toman medidas drásticas” en Catalunya // 32.000 personas recorren las calles de Bilbo en respaldo al 1-O // Uruguay: Funcionarios de Ancap paralizaron la refinería por falta de seguridad // Entrevista a Mariana Mota, presidenta de Consejo Directivo de la INDDHH: “me queda la duda si la seguridad pasa sólo por más vigilancia”

 

URUGUAY

Los funcionarios de la empresa estatal de combustibles Ancap, se declararon en conflicto con el Directorio por la reducción en las guardias en la planta, ante lo cual desde la noche de este viernes paralizaron la refinería de La Teja, según informaron a LA REPÚBLICA fuentes del sindicato, la Federación de Ancap (Fancap).
Más allá de esta decisión de los trabajadores, sostienen que efectuarán las guardias gremiales que asegurarán el normal abastecimiento de combustibles en el país.
En la resolución de la asamblea del Sector Refinería y Turnantes de la empresa, se declaran en conflicto “por la resolución arbitraria del directorio de reducir las guardias mínimas, hecho que pone en riesgo la seguridad de los trabajadores, las instalaciones y la población”.
Sin diálogo
Además, puntualizaron que “se solicitó una Comisión de Asuntos Laborales en forma ‘urgente’, reunión que fuera convocada por Ancap para la semana próxima, hecho que demuestra la falta de voluntad de la Administración en la búsqueda de un acuerdo”.
Agregan en su declaratorio que “ningún integrante del directorio se comunicó con la Federación Ancap, para explorar posibles soluciones”.
A pesar de esto, señalaron que “resaltamos la actitud asumida por los ministros Ernesto Murro y Carolina Cosse, y el director de Trabajo Jorge Mesa, para impulsar ámbitos de negociación, esfuerzos que chocan con la intransigencia del directorio”.
Remarcaron que la implementación de las medidas resueltas por la asamblea de refinería se hacen efectivas a partir del viernes 15 de setiembre a las 22 horas.
Recordaron que “dicha medida implica no realizar ninguna maniobra operativa en la planta, excepto sala de bombas y laboratorio (para asegurar el abastecimiento de combustibles)” y que “las medidas resueltas no afectaran el paro de mantenimiento”.

Mariana Mota: Uno de los objetivos es efectivizar el carácter nacional de la INDDHH

“Si se plantea la protección y acceso a los derechos humanos, esta debe ser efectiva y permanente en todo el territorio”, explicó la presidenta de Consejo Directivo de la INDDHH al recordar que “Uruguay es un país pequeño, pero sigue siendo fuertemente centralizado: la información y los recursos se concentran en Montevideo”.

Mariana Mota: Uno de los objetivos es efectivizar el carácter nacional de la INDDHH. Foto: Asunción del nuevo Consejo Directivo de la INDDHH/ Parlamento.

Mariana Mota: Uno de los objetivos es efectivizar el carácter nacional de la INDDHH. Foto: Asunción del nuevo Consejo Directivo de la INDDHH/ Parlamento.

La nueva presidenta del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), Mariana Mota, brindó una entrevista a Caras y Caretas para hablar de los desafíos que le implican el nuevo cargo que asumió el pasado 31 de agosto.
Mota señaló que uno de los principales objetivos del actual Consejo Directivo, que presidirá durante el primero de los cinco años de gestión, es poder expandirse y hacer efectivo el carácter nacional de la institución y “llegar a todos los rincones del país”.

Descentralizar

“Uruguay es un país pequeño, pero sigue siendo fuertemente centralizado: la información y los recursos se concentran en Montevideo. Cuando uno va al interior se da cuenta de que hay un escalón de diferencia -por poner sólo un escalón- que en definitiva no debería existir”, expresó y recordó que esa diferencia implica una disparidad entre quienes pueden ejercer la defensa de sus derechos y quienes no, ya sea por desconocimiento o falta de acceso. “Eso no debería ser. Si se plantea la protección y acceso a los derechos humanos, esta debe ser efectiva y permanente en todo el territorio”, consideró.
Consultada sobre si existe en Uruguay una vulneración de los derechos humanos de distintos colectivos sociales consideró que sí que “en diversas áreas se pueden ver esas situaciones, con mayor o menor grado de afectación o con mayor intensidad en algunas áreas del territorio que en otras”, y señaló como ejemplos “los temas de medioambiente, de discapacidad, de mujeres, de pobreza, de exclusión de colectivos, de las personas con diferente orientación sexual, de los jóvenes -como la no aceptación de los espacios que reclaman por parte de las generaciones mayores-.También el tema de los migrantes y de trabajadores dependientes -como los trabajadores rurales o del servicio doméstico en algunas áreas del interior-“.
“Más allá de las normas que tratan de amparar todos los derechos, la legislación por sí sola no hace nada si no se acompasa con una política estatal. A veces tenemos legislación, pero no podemos llegar a cumplirla y para eso funciona la INDDHH”, destacó Mota y señaló la importancia de que se controle el cumplimiento de las normativas y generar conciencia en la gente que debe cumplir la ley y en propios beneficiados por ella.
Explicó que el incumplimiento de la legislación se da por diversas razones, en algunos casos por aspectos territoriales, como dificultades para llegar al lugar en que se brinda el servicio de Justicia, en otros por el desconocimiento de los derechos o por cómo funciona ese servicio.
“Falta mucha, mucha información sobre cómo funciona el sistema y eso es responsabilidad del propio sistema de Justicia. Después está cómo se brinda, la eficiencia, la rapidez y los tipos de soluciones brindadas y que estas se adecuen efectivamente al derecho que se reclama proteger”, agregó.
La INDDHH es una institución que puede colaborar para que la vulneración no ocurra. “En el anterior período, la INDDHH brindó informes al respecto de esta situación y lo que corresponde es que desde el Estado, en este caso desde el Poder Judicial, se adecuen sus formas de brindar el servicio en forma más apropiada, más completa e integral”, explicó y agregó -al ser consultada- que el Poder Judicial no suele recibir de buen agrado esas recomendaciones hechas por la Institución.
Mota explicó que eso pasa por que existe una falta de conocimiento sobre cuál es la funcional de la INDDHH y en ese sentido recordó que “no está para señalar con el dedo, sino para ayudar en un mayor y mejor cumplimiento de las funciones estatales, entre ellas, una bien importante como es el Poder Judicial. Poder trabajar juntos en beneficio de eso sería muy importante, principalmente para los administrados, para las personas; esa es la tarea primordial. Tal vez falta mayor diálogo y mayor disposición de ambos lados”.

Código del Proceso Penal

La exjueza también fue consultada en la entrevista con Caras y Caretas sobre su visión del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) y consideró que “es una herramienta, una ley”, al tiempo que destacó que lo importante “es cómo ejecutamos y concretamos esa ley”.
“El CPP tiene un avance importante que implica salir de un sistema inquisitivo, que debería haber sido dejado de lado hace muchísimos años, y pasar a un sistema acusatorio” dijo y sobre el rol de la institución que preside respecto a ese código señaló que “puede ser una veedora de cómo se está implementando ese sistema y señalar los errores, si existen vulneraciones a los derechos o si no se contemplan debidamente las garantías de los imputados y de las propias víctimas”.
Mota consideró que “tampoco este CPP es completo, porque si bien le permite a la víctima participar en el proceso, proponer prueba y participar de su diligenciamiento, no la habilita a recurrir. Es una falta importante, que ya fue observada en algunos informes internacionales para el Estado uruguayo”, explicó.
Mientras que sobre si cree que la víctima debe tener la potestad de ser querellante dijo “hay voces en pro y en contra de víctimas como querellantes. En Argentina existe, pero en Uruguay se entendió que no. Pero sin ser querellante debería darse un mayor rango de actividad que proponer prueba y estar presente cuando se diligencian. Debería tener un papel más activo y tener más fuerza, poder plantear discrepancias”, consideró.

“Me queda la duda si la seguridad pasa sólo por más vigilancia”

Finalmente consultada sobre cómo visualiza las políticas de mayor policiamiento para enfrentar la situación de inseguridad dijo: “en muchas sociedades presenciamos una mayor demanda de seguridad, de mayor vigilancia y control, pero nunca sabemos si esa demanda es realmente genuina o si es provocada”.
En ese sentido expresó “me queda la duda si la seguridad pasa sólo por más vigilancia. Creo que la seguridad pasa por una mayor comunicación de las personas dentro de la sociedad, por un involucramiento en las soluciones a los problemas”. Al tiempo que alertó sobre hasta dónde la seguridad no coarta la libertad de las personas “se ha ido por esa vía de mayor control de todo, entonces vamos caminando por la calle y nos están filmando, damos nuestros datos para comprar una cosa y estos están en todos los sistemas informáticos y nuestra privacidad está cada vez más limitada” dijo y agregó “es un sistema con el cual puedo no estar de acuerdo, pero es difícil enfrentarlo desde estos lugares, porque es una decisión política y también de la sociedad”.
Desde su punto de vista esa es una estructura que no tiene fin “porque se le pueden agregar otros elementos hasta el punto de ser absolutamente controlados. ¿Qué tipo de vida queremos si después no tenemos nuestra propia privacidad o libertad sin que haya un gran ojo que nos mire? El tema es si se acepta o no. Y cuando se entra a un sistema de este tipo, tan amplio, ¿qué espacio le queda a las personas para ir en contra de eso cuando tienen esa necesidad de seguridad? Esa supuesta demanda de seguridad, de control hasta de uno mismo para poder vivir en paz ¿es real? ¿La paz es posible solamente a partir de tanto grado de vigilancia o de control o se puede lograr por otro lado? No estoy para nada de acuerdo, pero vivo en esta sociedad”, concluyó.

Coherentes con su pasado

 

Cuatro generales retirados obstaculizaron la labor de investigación sobre el espionaje militar en democracia, negándose a concurrir a la comisión parlamentaria.

por Samuel Blixen

Con una declaración votada por unanimidad en la sesión del martes 12, la Cámara de Diputados se pronunció sobre la pretensión de “desconocer al Parlamento” de los ex directores de la inteligencia militar Juan Zerpa, Daniel Legnani, Mario Aguerrondo y Francisco Wins. Los cuatro militares habían sido citados por la comisión investigadora sobre el espionaje militar en democracia para “contar con los testimonios de quienes han dirigido los servicios, conocer su funcionamiento, la forma en que ejercieron su responsabilidad, y las órdenes y directivas que dictaron”. La negativa a concurrir “muestra el desinterés en contribuir a la transparencia y el conocimiento de los hechos, sus responsables y ejecutores”, dice la declaración firmada por los integrantes de la investigadora parlamentaria, a partir de un planteo político realizado por el diputado frenteamplista Luis Puig.

El documento interpreta que, con su negativa, los cuatro militares intentaron “amputar la posibilidad de que el pueblo uruguayo conozca las razones de por qué se desarrolló espionaje militar en democracia”. La declaración votada por unanimidad sostiene que “las pruebas encontradas en los archivos de los que dispone la comisión investigadora sobre espionaje a partidos políticos, organizaciones sociales, seguimiento de personas, infiltraciones y persecución a militantes, son de una contundencia irrefutable entre los años 1986 y 1999, todas ellas violatorias de la Constitución y las leyes, coincidiendo con el período en que los ex militares citados anteriormente fueron directores de inteligencia militar”.

Otros dos militares retirados, el contralmirante Manuel Burgos y el vicealmirante Carlos Gianni, ambos oficiales de la Armada nacional, aceptaron concurrir a la comisión investigadora en la sesión del lunes 11; el contralmirante Burgos, jefe de la Dirección General de Información de Defensa (Dgid) en 2008, fue investigado por la justicia del crimen organizado en 2010, junto con otros altos oficiales, por el escándalo de las compras falsas y las irregularidades en la contabilidad de la Armada; Carlos Gianni, jefe de la inteligencia en 2000-2001, es recordado como el prefecto naval que en 1984 detuvo a Wilson Ferreira cuando regresó al país tras un exilio de 11 años.
Para el lunes 18 fue citado el contralmirante Jorge Otero, jefe de la inteligencia militar en 1995.

Para el diputado frenteamplista Gerardo Núñez, miembro de la investigadora, resultó significativo que Wins, Legnani y Serpa comunicaran, en el mismo día, que no concurrirían a la comisión; Aguerrondo lo había comunicado un día antes. “Se trata de una actitud coordinada –dijo Núñez a Brecha, y en mi opinión es producto de una conducta asentada en la impunidad”. Pero no deja de ser sintomático que los cuatro fueron directores de la inteligencia militar en distintos períodos entre 1985 y 1999, y es referido a esas fechas que la investigadora acumuló documentación incontrastable sobre el espionaje militar en democracia.

En los legajos de los cuatro militares aparecen méritos notorios: Juan A Serpa, jefe de la inteligencia desde 1986 a 1990, fue comandante del Batallón 13 de Infantería en 1975, cuando el cuartel se convirtió en un centro de interrogatorios y torturas. Mario Aguerrondo, también comandante del 13 de Infantería, y antes responsable de la represión del 9 de julio de 1973, fue jefe de la inteligencia militar entre 1993 y 1995, cuando el secuestro y desaparición del ex agente chileno Eugenio Berríos, ocultado en Uruguay para evitar que testimoniara ante la justicia trasandina, hasta que se volvió inmanejable y fue asesinado. Aguerrondo asimismo fue responsable de un operativo de espionaje con micrófonos ocultos en el despacho del general Fernán Amado. Daniel A Legnani, jefe de la inteligencia entre 1990 y 1992, también estuvo involucrado en el episodio de los micrófonos, cuya procedencia era de la Dgid; y Francisco Wins, jefe de la inteligencia entre 1998 y 2000, participó –estando en comisión en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (Ocoa)– en la represión de 1975; en 2004 fue arrestado a rigor al tomar la iniciativa de colgar el retrato del general Liber Seregni en la galería de los jefe de la División de Ejército II, en San José, que había sido retirado después del golpe de 1973.

 

Observatorio Luz Ibarburu expresa malestar por demoras en causas sobre violación a DD.HH

Integrantes del Observatorio Luz Ibarburu expresaron al fiscal de Corte, Jorge Díaz, su “preocupación y malestar” por las demoras en las causas vinculadas a violaciones de los derechos humanos en dictadura, como consecuencia de la “inacción de algunos fiscales que no estarían actuando con el rigor necesario ante las chicanas judiciales y maniobras dilatorias interpuestas por la defensa de los militares acusados”.

desaparecidos
El pasado miércoles 13 de septiembre el fiscal Díaz recibió a una delegación del Observatorio Luz Ibarburu.
En dicha instancia, el director ejecutivo del Observatorio, Raúl Olivera, manifestó que existe preocupación “por la situación que afecta y vulnera el cumplimiento de acuerdos internacionales que comprometen al Estado uruguayo”.
Olivera expresó -según informó el Portal del PIT-CNT- que expresaron al fiscal de Corte que “el proceso de justicia en Uruguay está trancado, por tanto es responsable a nivel internacional de incumplimientos como el de la sentencia del caso Juan Gelman que establece que el Estado tiene la obligación de tener un proceso de justicia rápido y eficaz”.
“Cuando suceden estas demoras como las que venimos señalando se está incumpliendo lo indicado a nivel internacional y que obliga al Estado uruguayo a actuar con celeridad”, dijo Olivera.
El integrante del Observatorio dijo que “no se puede admitir la pasividad que a veces tienen los fiscales frente a una estrategia que desarrollan los abogados del centro militar para alargar en el tiempo los procesos”.
“No me cabe duda que en el posicionamiento desde el punto de vista jurídico y de las declaraciones públicas que ha realizado el fiscal de Corte, van en la misma sintonía que la que tenemos en el Observatorio. Pero no alcanza con declarar, debe haber una actitud más vigilante por parte de las jerarquías del Poder Judicial y de la Fiscalía para que los fiscales no permitan que se siga desarrollando la estrategia de la inacción judicial”, dijo Olivera.
En las próximas horas tramitarán una solicitud de audiencia con los integrantes de la Suprema Corte de Justicia.

Con CRYSOL

Asimismo, este viernes 15 de septiembre, una delegación de la asociación CRYSOL, que reúne a ex presos políticos de Uruguay, visitó al fiscal de Corte, Jorge Díaz, en la sede central de la Fiscalía General de la Nación.
La delegación de CRYSOL estuvo integrada por el presidente Gastón Grisoni, el secretario Enrique Chalar, el tesorero Carlos López, por Chela Fontora y Ruben Benítez.
Los representantes plantearon sus interrogantes con respecto a la evolución de las causas de crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura.
En tal sentido, Díaz reafirmó su voluntad de “crear una fiscalía especializada en Derechos Humanos, iniciativa que actualmente está a estudio del Parlamento”.

21 DE SETIEMBRE ASAMBLEA GENERAL DE FUNCIONARIOS DEL MTOP

15Sep

AFUSEC

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