Publicado en: 19 noviembre, 2016

Noticias Uruguayas 18 noviembre 2016

Por Colectivo Noticias Uruguayas

Uruguay: Estaciones de servicio paran lunes y martes // Asistencia económica a Fuerzas Armadas alcanza casi el 1% del PIB uruguayo

Merkel: no habrá acuerdo de libre comercio entre la UE y EE.UU. // El ‘TTIPtanic’ se hunde tras chocar con el iceberg de la opinión pública // La orquesta de Bruselas sigue tocando mientras el TTIP se hunde // Obama dejará de impulsar el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP) // Estado español: La bandera republicana recibe al Rey en su primer discurso en el Congreso // “Yo no voté a ningún rey”: la camiseta de Cañamero en el acto de apertura // Chile: Disidente de la ANEF dispara contra las cúpulas sindicales: “Hace años son los mismos negociadores que nos han llevado al fracaso“ // Uruguay: Estaciones de servicio paran lunes y martes // Asistencia económica a Fuerzas Armadas alcanza casi el 1% del PIB uruguayo

 

Jueves 17 • Noviembre • 2016
Asamblea del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, ayer, en la Plaza Primero de Mayo. Foto: Pablo Vignali
Asamblea del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, ayer, en la Plaza Primero de Mayo. Foto: Pablo Vignali

SUNCA aprobó convenio colectivo

Ruido de bombos, banderas, overoles naranjas, remeras rojas y cánticos permanentes cubrieron ayer la plaza 1º de Mayo, donde la Asamblea General Nacional del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) aprobó por unanimidad el preacuerdo de convenio colectivo firmado en la madrugada entre representantes de ese sindicato, de la Cámara de la Construcción del Uruguay y del Poder Ejecutivo.
El secretario general del SUNCA, Óscar Andrade, explicó a la diaria que el convenio, que regirá hasta julio de 2018 (22 meses), establece dos porcentajes de aumento: “11%, más 8% si la inflación se comporta por debajo de 7% anual. Si la inflación se comporta por encima de 7% anual, lo que se comporta por encima se acumula al ajuste de 8%, que es un ajuste por diez meses, y lo que exista de diferencia para la inflación real en esos últimos meses del convenio quedaría como un componente de crecimiento de salario”. Esto quiere decir que el mínimo de ajuste salarial para los 22 meses de duración del convenio es un acumulado de 11% más 8%, exactamente 19,88%.
El dirigente Daniel Diverio dijo a la diaria que el primer avance fue el reconocimiento de que “el correctivo del convenio pasado le correspondía tanto a la construcción como a otros gremios que estaban sin correctivo”, y que será anual. “El convenio dice que en el correctivo anual otorgado a los trabajadores de la construcción se puede trasladar a precios sólo lo que está dentro del marco de las pautas salariales” del Poder Ejecutivo, pero “el resto, la diferencia, la tienen que absorber las empresas”, añadió.
Diverio agregó que se consiguió incluir una serie de puntos importantes de la plataforma sindical, como “una bolsa de horas que se va acumulando por horas de trabajo, para que el trabajador pueda hacer cursos de capacitación con horas pagas”; la generación de “una comisión que trabajará en salud laboral y seguridad social para atacar el tema de la informalidad -40% de los trabajadores de la construcción nunca se jubila debido a ese problema- y el de la salud laboral”; otra comisión que va “a trabajar en la inclusión de los discapacitados en la industria”, y “la creación de un protocolo de prevención de conflictos que, ante una situación de ese tipo, establece que las partes no tomarán medidas por 48 horas hasta tratar de solucionar el tema de manera bipartita”. “Esto implica que si la empresa va a hacer una reestructura o va a echar a un trabajador, antes de tomar esa medida tiene que dar un plazo de 48 horas y, junto con la organización sindical, encontrar una solución. En caso de que no se encuentre, se puede buscar otro ámbito, que puede ser el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y de no haber acuerdo, las partes quedan con las manos libres para tomar las medidas que consideren pertinentes”, explicó. El dirigente informó que probablemente hoy se le dé redacción final al convenio acordado y refrendado por la asamblea.
Hora de balance
Consultado por el impacto de este acuerdo, que abarca a un sector con 70.000 trabajadores, sobre el resto de los grupos que vienen negociando en esta VI Ronda de los Consejos de Salarios y que el PIT-CNT consideraba “trancada”, Andrade opinó que “hay sectores que tienen objetivos distintos en la negociación”; “nosotros íbamos con el objetivo de consolidar un proceso de crecimiento del salario y de habilitar una serie de puntos programáticos, pero es claro que el objetivo de los trabajadores del comercio [por la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios] está en otro momento de la negociación, porque parte de niveles salariales que son de pánico”.
Para el ex diputado comunista, que dejó su banca para volver a la actividad sindical, “a diferencia de la interpretación del pensamiento conservador”, con la aceptación de flexibilizar las pautas salariales “el Poder Ejecutivo demostró fortaleza”. “Suscribo las palabras de Tabaré [Vazquez] en Brasil el año pasado, cuando sostenía que en materia de negociación colectiva la flexibilidad es una fortaleza y no una debilidad. El peor escenario para la negociación colectiva, para el país y el gobierno habría sido que se desencadenaran procesos en los que no se llegara a acuerdos en ningún lado y se incrementara la conflictividad. Ambientar la negociación cuando estamos hablando de instrumentos, cuando está trancada, es una actitud inteligente y sensible. La izquierda debería pararse a defender esa interpretación. El planteo de ofensiva, de aullido, de decir ‘quebraron, pisotearon al gobierno’, no va. Se alcanzó un convenio razonable y ninguno de sus aspectos puede pensarse que pone en riesgo algo. Me parece que ahora está en disputa el balance”, concluyó Andrade.

Jueves 17 • Noviembre • 2016

Quién vigila al vigilante

La Cámara de Representantes aprobó el martes, a propuesta del diputado colorado Ope Pasquet, una declaración en la que exhortaba al Ministerio del Interior (MI), a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y a la Fiscalía General de la Nación (FGN) a poner en funcionamiento, “a la mayor brevedad”, el sistema informático que controlará al software de vigilancia El Guardián, “contribuyendo así a la protección del derecho a la intimidad de todos los habitantes de la República”. El semanario Búsqueda informó la semana pasada que el Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales (SAIL) -que de acuerdo con un convenio entre el MI, la FGN y el Poder Judicial debía ponerse en funcionamiento junto con El Guardián- aún no está operativo. “Sé que ha habido problemas tecnológicos, de coordinación, pero ha llevado mucho más tiempo de lo previsto”, dijo a Búsqueda el ministro de la SCJ Jorge Chediak.
Desde el MI explicaron a la diaria que hay dificultades con la empresa Claro, que no está cumpliendo con lo que requieren las autoridades, y que se la ha intimado a que lo haga. Con la puesta en marcha de El Guardián, se establecieron obligaciones a las telefónicas Claro, Movistar y Antel de compra y puesta en funcionamiento de equipos complementarios para poder realizar la vigilancia.


Miércoles 16 • Noviembre • 2016

Asistencia económica a Fuerzas Armadas alcanza casi el 1% del PIB uruguayo

La Comisión de Hacienda del Senado está estudiando la reforma del Servicio de Retiro y Pensiones de las Fuerzas Armadas propuesta por el Poder Ejecutivo a principios de octubre. Una delegación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concurrió hace unos días al cuerpo legislativo a explicar el proyecto, dando cuenta de que la transferencia que realiza Rentas Generales a los militares para que puedan cumplir con las elevadas jubilaciones que algunos perciben se duplicó en términos reales en la última década, alcanzando en 2015 la cifra de 400 millones de dólares.
El año pasado las transferencias a las Fuerzas Armadas (FFAA) alcanzaron 0,9% del Producto Interno Bruto del país, unos 12.869 millones de pesos: 3.441 corresponden a pensiones pagadas directamente por Rentas Generales -que con el paso del tiempo fueron disminuyendo su peso relativo-, y 9.428 a asistencia financiera, rubro cuyo valor se ha triplicado entre 2004 y 2015.
En este sentido, los asesores del MEF mostraron que la capacidad de la Caja Militar para financiarse con recursos propios va en caída: “Pasamos de tener un financiamiento con recursos propios de algo más de 20% en 2004 a menos de 15% en 2015”. Esto se explica porque existe un “estancamiento” de los ingresos de la Caja, al tiempo que existe un “fuerte aumento” de los egresos; en 2015 fueron de 70 y 470 millones de dólares, respectivamente.
Un estudio comparativo del crecimiento de las transferencias a las jubilaciones militares entre 2013 y 2015 y del de otros sectores (ver gráfico) da cuenta de “un esfuerzo significativo de la sociedad” para mantener el sistema, según Ferreri. Las transferencias significaron 11,4% del total del gasto presupuestal, “superando a otros objetivos prioritarios del gobierno, como la educación, salud y vivienda” afirmó, dejando claro que “estamos ante un problema muy importante de déficit, sobre todo en lo que tiene que ver con su evolución”.
Adentro de la caja
El déficit creciente del sistema de jubilaciones militares tiene varias explicaciones. Por un lado, está el deterioro de la razón activo-pasivo, es decir, que el aumento de los pasivos se da a la par de una disminución de los activos. Pero no es lo único: también existe un “fuerte” crecimiento de la prestación promedio de la Caja Militar, que en la última década “prácticamente duplica” la del Banco de Previsión Social (BPS). “Tanto los subalternos como oficiales, jefes y oficiales superiores superan el promedio, y además, observamos que los oficiales, jefes y los oficiales superiores -tanto los que se retiran de manera voluntaria como los que lo hacen obligatoriamente-, exceden el tope del BPS”, explicó Ferreri, llamando la atención sobre el hecho de que las jubilaciones de la Caja Militar -al contrario que las de otros sistemas- no tienen tope.
A esto se le suma que las jubilaciones de los militares han crecido en estos últimos diez años a una tasa superior a las estatales: del entorno de 68% en el caso de las primeras y de 57% en el de las segundas. También se presenta como un problema la edad de retiro: el promedio actual es de 49 años: 47 por retiro voluntario y 51 por retiro obligatorio.
Por otro lado, las tasas de reemplazo efectivas “no son actuarialmente sostenibles”. Los militares no se retiran con el más bajo ni con el promedio de su grado, sino que se comparan con el más alto y siempre van hacia este último, llevando el promedio para arriba. En este sentido, tomaron como ejemplo el grado de coronel, con una remuneración nominal de 98.807 pesos en actividad, que, “si se retira sin comparativa, pasará a tener una pasividad de 85.976, pero si lo hace con comparativa, su pasividad será de 124.891”. La tasa de reemplazo llega a 126% para los coroneles, 135% para los capitanes, 140% para los tenientes coroneles y 154% para los mayores. En lo que respecta al personal subalterno, son aun mayores: alcanzan a 181% para el suboficial mayor, 200% para el sargento de primera y 209% para el sargento de segunda. En comparación, las del BPS son de 45% para las personas con 60 años de edad y 30 años de servicio, y de 82,5% para los mayores de 70 años de edad con 50 de servicio.
Además, como es un régimen de servicios bonificados demasiado extendido, los años de servicio no se computan linealmente, sino que se incrementan, y el cómputo de servicios comienza desde que el personal está en el servicio, es decir, desde que ingresa al liceo militar.
Afuera de la caja
La solución, según Ferreri, apunta a medidas de corto plazo, pero “también y fundamentalmente” a medidas de mediano y largo plazo, para “volver sustentable este sistema de retiros y pensiones”. En el corto plazo, lo que pretende hacer el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo es reducir en 10% la transferencia de Rentas Generales, mediante una prestación pecuniaria a cargo de retirados y pensionistas cubiertos por este servicio, prestación que se pretende que sea “similar o análoga” a la que se fijó como solución en el caso de los retirados de la Caja Bancaria.
Un estudio de comparación con otros sistemas muestra que las transferencias del gobierno por afiliado en el caso de la Caja Militar ascienden a 8.100 dólares anuales, mientras que para otros sistemas es de, por ejemplo, 700 dólares para la Bancaria, 1.600 para el Banco de Previsión Social y 3.500 para la Caja Policial (ver gráfico).
Ferreri explicó que la reforma apunta a respetar los principios tributarios vigentes desde 2007, es decir, no gravar a todos los pasivos militares por igual, sino atendiendo a su capacidad contributiva, y por eso “se definen escalas por tramos de ingresos, con tasas progresivas, aunque no progresionales, y se fija un monto mínimo no gravado”. A su vez, se reflejan los cambios tributarios aprobados en la última Rendición de Cuentas, gravando los ingresos a partir de 50.100 pesos mensuales; el mismo nivel que se utilizó para modificar las tasas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y el de la Asistencia a la Seguridad Social, “buscando focalizar la recaudación en aquellos pasivos militares de ingresos más altos”.
La escala presentada tiene 11 tramos, que se van dividiendo en función de la cantidad de Bases de Prestaciones y Contribuciones hasta llegar a una máxima de 20% para aquellas pasividades que superan los 133.600 pesos nominales. Los montos mensuales incorporan la doceava parte correspondiente al aguinaldo que perciben los jubilados militares.
La estructura esperada de ingresos se desglosaría en 35% de aportes personales, 28% de aportes patronales y 37% proveniente de la prestación pecuniaria; es decir que, en montos absolutos, aumentaría 58% los ingresos propios de la Caja Militar.
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