Publicado en: 18 mayo, 2017

Noticias Uruguayas 18 mayo 2017

Por Colectivo Noticias Uruguayas

Uruguay: La furiosa lucha en contra de la impunidad: Nueva marcha del silencio en busca de respuestas en todo el país // 22ª MARCHA DEL SILENCIO – Sábado 20 de MAYO 2017

¡Viva Puerto Rico libre! // En libertad Oscar López Rivera luego de 36 años de cárcel en Estados Unidos – una de las condenas más largas impuestas a un preso político en el mundo. // Entrevista a Oscar López Rivera: “Luchar no puede ser un ejercicio fútil” // “Todos están en bancarrota”: Los puertorriqueños y la crisis económica // Proceso huelgario: hincapié y sostén de la lucha en Puerto Rico // Argentina: ONU cuestiona respeto a los derechos humanos en Argentina // CONADUH: Multitudinaria marcha de docentes y estudiantes contra el ajuste en la Universidad Pública // Córdoba: Paran los trabajadores de prensa y comunicación // Uruguay: La furiosa lucha en contra de la impunidad: Nueva marcha del silencio en busca de respuestas en todo el país // 22ª MARCHA DEL SILENCIO – Sábado 20 de MAYO 2017

Javier Tassino, integrante del grupo de Familiares Desaparecidos, dijo que el principal debe de nuestra democracia es que la justicia no llega a actuar en los casos de violación de los derechos humanos, ocurridos durante la dictadura.
“La marcha del 20 de mayo tiene como consigna es la lucha contra la impunidad. Es una instancia muy importante porque significa un mimo solidario para todos los que hemos sufrido. Sin embargo, no es un problema solamente nuestro, sino que es de toda la sociedad. Lo que está en juego es la consolidación de la democracia.
No puede haber militares con privilegios mientras están presos. Un ejemplo de ello son los genocidas como Rama y Gavazzo, que tienen prisión domiciliaria”, declaró a REPÚBLICA Radio de lacatorce10 Javier Tassino, integrante del grupo de Familiares Desaparecidos.
En la oportunidad, el representante de la organización habló sobre la consigna de la marcha para este año y el error que presenta la democracia ante la defensa de los derechos humanos. Además, expresó cuáles son las expectativas que él tiene con respecto a la lucha por la verdad.
La consigna de la marcha para este año
Como se afirmó anteriormente, el objetivo de la marcha es reflexionar sobre la impunidad. Para él, ésta está relacionada con todas las instancias de vigilancia que tuvieron los organismos y la libertad de los implicados, que siguen caminando entre nosotros. “Hay civiles que tuvieron responsabilidad y están inmersos en nuestra sociedad. Sin embargo, ningún texto habló sobre ello. Se tienen que incluir, en los documentos, como parte de la historia, si no estamos ninguneando lo que pasó”.
Además, Tassino entiende que la inclusión de los hechos a la historia debe ser transformada en una justicia sana y no como una búsqueda por venganza. “Se necesita justicia para poder seguir adelante. Existen muchos expedientes que están trancados. Un caso es el de 30 compañeras, que después de tres décadas, lograron contar las atrocidades que habían vivido.
Sin embargo, no hay ningún detenido y esto es parte de la indiferencia y de la impunidad. Se debe actuar en totalidad para que el país funcione mejor; la justicia se tiene que hacer realidad en la sociedad. Rama y Gavazzo, que cometieron horrores, tienen prisión domiciliaria. Por eso, el 20 de mayo, estamos nuevamente en las calles con miles de jóvenes para seguir avanzando en la lucha por la verdad”.
El error de la democracia
Tassino resaltó que la sociedad debe avanzar en la defensa de los derechos humanos para que exista una mejor democracia: “Cuando se violentan estos derechos, el daño corrompe al poder del pueblo. Por eso, la impunidad no tiene que estar. Actualmente la podemos encontrar en los archivos Castiglioni y en el acompañamiento que ha hecho Eduardo Ferro en los espionajes. Él tiene captura internacional por no presentarse a los juzgados. Lo llamaron para que fuera a dar declaraciones a la Justicia pero él se escapó del país”.
Sin embargo, Tassino aclaró que la democracia ha avanzado en otros aspectos, pero en éste hay asuntos pendientes debido a que la Justicia no actúa como debería. “Si bien hubo algunas cosas que sí resultaron, como es el caso de sobrino de Gregorio Álvarez, que fue procesado por delito de lesa humanidad por haber torturado; el caso de Ferro y el de las 30 mujeres que sufrieron cosas inhumanas, siguen durmiendo”.
Asimismo, manifestó que a pesar de que los últimos gobiernos han avanzado en el tema, el grupo de Verdad y Justicia, propuesto por el Poder Ejecutivo, no actúa con la rapidez que el tema amerita.
Las expectativas del futuro
“Si terminada la dictadura se hubiese hecho algo, habríamos tenido más oportunidades de avanzar hacia la verdad. Pero tuvimos 20 años en los que no se hizo nada. Recién en 2005 se volvió a luchar. El tema de la dictadura jamás pasará a ser simplemente un recuerdo debido a que cada vez más los jóvenes se incorporan a la marcha”, agregó.
El integrante de Familiares Desaparecidos propuso el ejemplo de algunos sindicatos, que colocaron decenas de fotos en las canteras del Parque Rodó como un elemento propagandístico de sensibilidad.
“En los últimos 12 años se empezó a hacer cosas, y los jóvenes se fueron incorporando, lo cual generó que se refrescara la memoria. Por ello, las marchas se hacen en la misma fecha en todos los departamentos del país. También se están haciendo en Argentina y en Francia. Sin embargo, se debe trabajar e impulsar más. Necesitamos concreción y efectividad”.


22ª MARCHA DEL SILENCIO – Sábado 20 de MAYO 2017

Impunidad , Responsabilidad del Estado , Ayer y Hoy JUICIO y CASTIGO! a MILICOS , CIVILES, CÓMPLICES del ESTADO que mantienen la impunidad de AYER y de HOY…,y de MAÑANA…

Reactiva Contenidos – 22ª Marcha del Silencio – Radioactiva FM 102.5

Reactiva Contenidos

https://youtu.be/sF-tXP1cf5I


Por: Marcelo Hernández

A pesar de que se han llevado a cabo intensas negociaciones promovidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en la cual los trabajadores representados por el PIT-CNT han manifestado su clara intención de dialogar y lograr un acuerdo, las cámaras empresariales salieron ayer –a través de un ‘duro’ comunicado- a ratificar que la reclamación que efectuaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) seguirá “su curso normal”.
Esta intransigente posición provocó inmediatamente repercusiones en el sector obrero, respondiendo los representantes sindicales que “no entienden” los planteos de los patrones.
En esa línea se encuentra el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, quien inició marcando que el discurso empresarial, que se vio plasmado en el comunicado dado a conocer en la pasada jornada “tiene varias partes contradictorias”.
Recordó el sindicalista que “trabajamos un documento con el MTSS y las cámaras, pero no fue posible alcanzar un acuerdo tras la negociación”, agregando que “quedamos en seguir negociando. Incluso a pedido de los empresarios, y con nuestro apoyo, el ministerio iba a solicitar que vinieran a nuestro país expertos de la OIT a explicarnos los detalles de las observaciones, lo cual ayudaría en el dialogo”.
El dirigente aseveró que el seguir con la reclamación “ratifica una posición equivocada sobre nuestro país, cuando tenemos un modelo de organización del trabajo elogiada en el mundo, a tal punto que el presidente Tabaré Vázquez va abrir en Ginebra la próxima conferencia mundial de la OIT”.
Y enfatizó que “esto coloca a Uruguay en ‘una lista negra’, junto con países donde los derechos laborales y sindicales se violan sistemática y constantemente, lo cual es injusto para el país”.
En respuesta a esta postura reiterada de los patrones, Pereira adelantó que “vamos a lanzar una controfensiva, la que va a incluir el inicio de una campaña muy activa en defensa de esta ley”.
En ese marco, el titular de la central obrera señaló que “vamos a hacer una actividad con todas las direcciones sindicales para dialogar sobre la ley y de la estrategia a seguir. Esta fecha la definiremos mañana (hoy) cuando se lleve a cabo una instancia relacionada con la Rendición de Cuenta, donde el economista y exministro Daniel Olesker (del Instituto Cuesta Duarte) presentará un informe al respecto.
También definiremos movilizaciones a llevar a cabo en junio, donde además de estos temas, incluiremos otras prioridades de la central, como ser insistir para que el Senado apruebe la ley que permite que el sector privado contrate a personas con discapacidad y se le hagan ajuste a la ley de trabajo nocturno”.
Cámaras empresariales plantean cuestionamientos
Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS) y la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU emitieron una comunicado, en el cual informan a la opinión pública que “la reclamación presentada por el sector empresarial ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –aunque no esté presente en la Conferencia del año 2017-, sigue su curso normal. Situación que continuará hasta que el Gobierno cumpla estrictamente con todas las observaciones formuladas por dicho organismo (Caso 2699 de la OIT)”.
Además agregan que “ratificamos que en las reuniones mantenidas con el Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social y la central sindical PIT-CNT, no hubo negociación y, por tanto, no se llegó a ningún acuerdo, ni explícito ni implícito, sobre las observaciones de la OIT”.
Recuerdan que “con fecha 4 de enero de 2017, luego de haber finalizado el acuerdo tripartito que buscó dar solución al incumplimiento de nuestro país, se comunicó por nota al Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social que el ámbito de negociación (abril 2015 – diciembre 2016) no logró los objetivos esperados, a pesar de que el sector empresarial había presentado varias propuestas”.
Y van más allá, al señalar que “es importante puntualizar que el interés de la OIT en lograr una solución al incumplimiento del Uruguay, se debe a que la legislación nacional y/o su aplicación en la práctica, incumplen principios y convenios fundamentales del trabajo”, y añaden que “a ello se suma que la OIT -aún antes de la aprobación de la Ley de Negociación Colectiva-, había comunicado a nuestro país que el entonces proyecto de ley contenía normas que se apartaban de los Convenios Internacionales y sugería su modificación. De este hecho hace ya casi 9 años”.
Finalmente recuerdan que “las observaciones de la Organización Internacional del Trabajo fueron aprobadas en diferentes Órganos de Control de la Organización, por representantes de Gobiernos, de Empleadores y de Trabajadores.
Considerando que nuestro país es destacado y valorado por la OIT, no se comprende por qué nuestro Gobierno no cumple definitivamente con aquellas observaciones que tan destacada Organización indica corregir”.


Logo de la diaria
Roberto Markarian. Foto: Pablo Vignali

Roberto Markarian. Foto: Pablo Vignali

Udelar pedirá presupuesto sobre la base del 6% +1% y reclamará 11 millones de dólares anuales para obras en el Clínicas

La Universidad de la República (Udelar) se prepara para volver a discutir con el gobierno su presupuesto hasta 2020. El rector Roberto Markarian estimó, en entrevista con la diaria, que a la institución que dirige le corresponde 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB), tomando en cuenta el compromiso electoral de otorgar 6% del PIB para la educación y 1% para ciencia e investigación, y sobre esas bases insistirán con su pedido presupuestal original. Markarian defendió la existencia del Fondo de Solidaridad, pero consideró “razonables las protestas” por cómo se presentaron los cambios a los contribuyentes. También explicó sus dichos sobre la Universidad de la Educación: opinó que sería “un error” que el proyecto quedara “exclusivamente en manos de los parlamentarios”, y pidió que no ocurra como con la Universidad Tecnológica, “a la que le cuesta arrancar”. En la interna universitaria tampoco la tiene fácil: los estudiantes rechazaron su candidato para la prorrectoría de Extensión y presentaron otra opción. Markarian fue tajante y aseguró que, tras una reunión con el candidato de los estudiantes, se “convenció” de que esa persona “no debería integrar” su equipo. En las próximas semanas intentará “conseguir un candidato de consenso”.
–¿Cuál va a ser el planteo de la Udelar con miras a esta Rendición de Cuentas?
-La propuesta va a ser tomar como base la solicitud presupuestal de hace dos años, y en la Rendición de Cuentas, pedir lo que nos falta para llegar a lo que queríamos tener en 2018 y 2019, tanto en lo que tiene que ver con el presupuesto para enseñanza e investigación como para salud. Creo que es fácilmente entendible que lo pedimos por fuera de lo que pedimos para investigación y enseñanza, por el hecho de tener un Hospital de Clínicas [HC] muy grande, y otros servicios de salud incorporados a la universidad. Para investigación es 1% del PIB, y 6% para enseñanza, y de acuerdo con lo que calculamos, nos corresponde aproximadamente 2,5% de toda la cifra que da eso; de investigación, casi todo, y de enseñanza, un quinto. Ese número, cuando elaboramos el presupuesto en 2015, dio ciertas cantidades por año, pero nos dieron mucho menos, del orden de 30-33% de lo solicitado para 2017, y estamos pidiendo llegar a esos números en 2018. Eso da una cifra muy grande. Respecto de la parte de salud, vamos a actualizar con el mismo criterio los montos que se gestionan por intermedio de ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado], y una cifra que habíamos pedido para construcción en el HC, 11 millones de dólares, va a ir con una explicación muy detallada de cómo eso congenia con el pedido que estamos haciendo para refuncionalizar el hospital. Si se quiere, tenemos una mejor fundamentación ahora, porque tenemos un gran proyecto, aprobado por unanimidad en el CDC, y vamos a pedir ejecutar una parte de ese proyecto, que básicamente se refiere a lo que es el área crítica del hospital, que incluye la emergencia, el CTI y cirugía, las partes más caras de cualquier hospital. Si saliera esto, la obra por PPP [contrato de participación público-privada] sería más chica.
–¿Ya tuvieron contactos con el Ministerio de Economía y Finanzas [MEF]?
-No. Tuvimos reuniones con las presidencias de los partidos políticos -con el Partido Nacional, el Independiente, el Frente Amplio- para plantearles ideas generales. Con el MEF aún no, por eso hubo acuerdo entre los miembros de la Comisión de Presupuesto en que el CDC resuelva estos criterios generales para abrir la discusión en dos puntas: una es claramente sindical, en la mesa de los sindicatos públicos, una discusión que los trabajadores no docentes quieren que esa discusión entre para eventualmente firmar convenio colectivo con el Poder Ejecutivo; la otra es la oficial, la institucional, que entremos en tratativas con el MEF bastante antes de que este presente su propuesta. Van las dos al Parlamento, y queríamos ver si logramos discutir un poco para mejorar la propuesta que pudiera hacer el Poder Ejecutivo.
–¿Qué opina sobre la discusión que se tuvo lugar en la Udelar sobre el Fondo de Solidaridad?
-La declaración sobre el Fondo salió por unanimidad en el CDC; yo no estaba en esa sesión porque estaba en el viaje, pero la apoyo globalmente. Reivindica la necesidad que tiene la institución de esos fondos y a la vez considera que la ley merece modificaciones, en cuanto a que la política de obtención de fondos podría ser más equitativa; eso lo acompaño íntegramente. Considero que sería inadecuado modificar el sistema por la Rendición de Cuentas; creo que en eso estamos todos de acuerdo y querríamos que se discutiera aparte, una discusión que tiene que incluir a los administradores del fondo, a la institución universitaria, al MEF. Querríamos que se abriera una discusión sobre cómo modificar el sistema de aportes sin modificar los montos finales que se aporta, y esa es una discusión delicada que estamos dispuestos a dar; yo diría que las autoridades del fondo están de acuerdo en que hay que darla, y también en que darla sin fundamentaciones, sin un estudio detallado, sería muy malo. Ahora creo que estamos en un impasse. Hay un aspecto raro, que no está del todo dicho en la declaración, y es un problema típicamente táctico, más que de largo plazo: del modo en que se presentaron las cosas, era razonable que se generaran las protestas. El modo de aportar se modificó por la Ley de Presupuesto, y juro que nosotros no nos habíamos dado cuenta de que se había incluido eso en la ley. Posteriormente, la reglamentación pasó todo el 2016 en trámites entre el Ministerio de Educación y Cultura [MEC] y el MEF, y se hizo pública en enero de 2017, cuando ya había que pagarlo, y se estableció que era mensual. De repente, los profesionales se enteraron de que tenían que pagar el impuesto mensualmente en enero del año en que tenían que hacerlo; parece una cosa muy irregular, porque en cualquier lugar se da tiempo para ese tipo de cosas.
–¿No comparte la propuesta de eliminar el Fondo?
-No, no la comparto, de ninguna manera. Defiendo que hay que aportar; nosotros somos beneficiarios de un aporte que el Estado hace para la mejora de nuestra formación intelectual, cultural, científica, artística, y nosotros nos beneficiamos de eso, porque efectivamente está demostrado que lo que ganan los profesionales universitarios es casi el doble que lo que gana el promedio de uruguayos que tienen la misma edad. Últimamente nadie afirma que eso hace que la enseñanza pública sea paga; creo que es una exageración. Todo el mundo paga por la educación; los impuestos que pagan los uruguayos van para algún lado, en particular para solventar esta institución. No es gratis. Que los beneficiarios del sistema educativo aportemos un poco más, en particular para nuestra alma máter, la institución que nos dio lo que tenemos, yo lo veo razonable.
–Usted hizo algunas declaraciones sobre el proyecto de ley de la Universidad de Educación, que está por enviarse al Parlamento, que fueron cuestionadas por algunos colectivos. ¿Cuál era su preocupación al pedir que no se creara una universidad “obligados” por las circunstancias políticas, o que no se crearan “cargos con gente chambona”?
-Una universidad es una institución mayor. El hecho de que Uruguay tenga una universidad tan grande, que incluye a 80% de los universitarios del país, la coloca en una situación distinta de la de otros países; eso es decididamente una excepción. Una institución universitaria de educación, que el país necesita, tiene que darse utilizando los recursos con los que el país cuenta en esa materia; esa es la preocupación central de todos nosotros, más allá de lo que a veces decimos. Entonces, que la creación de la universidad quede en manos exclusivamente de los parlamentarios, y que no haya ninguna participación de las instituciones mayores de educación superior del país, es un error que creo que está en vías de ser corregido. Hemos tenido reuniones con el MEC, con los parlamentarios que están llevando este asunto, y ellos mismos han visto que está mal que ellos hagan una ley tan técnica, y que lo hagan inconsultamente. Creo que ese reclamo, que nosotros estamos haciendo con mucha sobriedad en el Sistema Nacional de Educación Pública, va por buen camino; es posible que prontamente se conforme un equipo técnico, con los entes de la educación y el MEC, para analizar cómo debería ser. Creo que entreverar la Rendición de Cuentas con esta discusión sería un grave error. Creo que se ha comprendido que es un tema muy específico, que no se trata sólo, como pasó con la Utec [Universidad Tecnológica], de decidir cómo va a ser la dirección; es mucho más fino. Creo que el ejemplo de la Utec es bueno, porque se creó y le cuesta arrancar, porque salió una cosa muy poco específica, más allá de que en la Utec, de todo lo del cogobierno todavía no hay nada [la primera elección se prorrogó para 2019]. Todas las carreras de la Utec tienen cupos; esa es una de las cosas que se ha olvidado. Nos presionan para que saquemos los cupos, y en la institución nueva, que debería estar adaptada a los tiempos, todas las carreras son con cupos. No lo digo críticamente, observo que hay cierta incoherencia en los planteos que se hacen. Uno dirá: “La Utec es tan chica que no vale la pena armar lío”, y yo capaz que lo acepto. El crecimiento de la educación superior en el interior del país se está dando dentro de la Udelar y no por medio de la institución que fue creada para eso; se afirma que la Utec es para el interior. Esa es nuestra preocupación, y creo que nuestra prédica ha sido bien entendida, dejando de lado modos de hablar y malentendidos que de nuestra parte han sido aclarados en el ámbito que correspondía: hemos tenido entrevistas con la Comisión Permanente de la Asamblea Técnico Docente de Formación en Educación, y hemos aclarado lo que quisimos decir.
–Uno de los escollos principales, que sí es parlamentario, es la creación del ente autónomo, que requiere mayorías.
-Nosotros insistimos en que la discusión debería ser académica y en cómo debería ser una institución universitaria de educación. En cuanto al gobierno, después lo vemos, va a depender de mayorías, o no. Está claro que para eso las mayorías no están, porque sobre ese punto la oposición ha sido categórica, que no quiere que sea igual a las otras instituciones de enseñanza. Pero el problema es que estamos más atrás que eso: no sabemos muy bien qué es lo que queremos, cuál es el carácter universitario, más allá de decir “es una universidad”. Hay esfuerzos, que reconocemos, del Consejo de Formación en Educación, por ir ganando estos espacios, pero aun así creo que los aportes que podemos hacer nosotros, no sólo temáticos, sino epistemológicos, de concepción de universidad… Diría que la tradición del país es lo suficientemente rica como para que efectivamente se tenga en cuenta no sólo la vertiente de lo que ya existe -parecería que se tomara sólo eso en cuenta-, sino los aportes que se puedan hacer desde afuera, en una dirección coincidente en el objetivo, que es darle un carácter universitario a la formación de maestros y profesores. Es prioritario que se avance en eso.
–Usted ha planteado la necesidad de reformar la Ley Orgánica. ¿En qué está eso?
-No está habiendo discusiones específicas sobre la Ley Orgánica. Sí digo que, muy relacionado con eso, estamos organizando varios seminarios críticos sobre el Plan Maggiolo en agosto, de manera de hacer, a 50 años del Plan, una revisión crítica: no se trata sólo de decir “qué bárbaro [Óscar] Maggiolo”, sino de ver qué aplicabilidad tiene lo que Maggiolo quiso hacer, y eso indirectamente se refiere a los sustentos de la Ley Orgánica. No hay una discusión en términos jurídicos, pero sí la hay respecto del estatuto del personal docente, que fue otra cosa que planteé en su momento, y en pocos meses vamos a tener novedades sobre una propuesta de modificación del estatuto.
–Después de la renuncia de Hugo Rodríguez al cargo de prorrector de Extensión, usted presentó un candidato para sustituirlo, Alejandro Maiche, sobre el que no hubo acuerdo en la comisión del CDC que evaluó el tema. Luego, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay [FEUU] presentó otro candidato, Alejandro Casas. ¿Qué opinión le merece?
-La ordenanza establece con precisión el modo de elegir y el modo de operar de los prorrectores. El de prorrector es un cargo coordinado por el rector. Pero el régimen de elección no contempla esto, porque cualquier claustrista puede proponer un candidato y, aunque el rector esté en contra de él, se podría nombrarlo. Yo he dejado claro que voy a ejercer el derecho de tener colaboradores del rectorado que sean colaboradores del rectorado. La explicación que he dado sobre eso es muy clara. Formalmente, el de rector es un cargo único, podría no tener ni un colaborador, y es absurdo. El rector administra 450 millones de dólares de las finanzas públicas, gobierna una institución que tiene más de 100.000 estudiantes, más de 10.000 docentes, que tiene centenares de metros cuadrados construidos a lo largo y ancho del país, y es absurdo que se le nombre colaboradores que no cuentan con su confianza. No tiene sentido que alguien piense que se puede trabajar bien en condiciones en las que los que colaboran con el rector podrían no ser afines a él y que le discutan todo. Esta mesa no es para discutir qué vamos a hacer en esta universidad, sino cómo lo vamos a hacer; el qué lo resuelve el CDC con la adaptación que el rector hace de eso, que es quien ejecuta las resoluciones del CDC. Y esto es de buena gestión, de buena administración pública; si fuera lo contrario, esto sería un aquelarre, y yo no estoy dispuesto a aceptar un aquelarre al dirigir esta institución, por tener gente que no tenga la jerarquía necesaria para asumir una función de ese tipo. No se puede nombrar para el segundo escalón de dirección de la universidad gente que no esté apta para los cargos, y eso podría pasar, insisto: la Asamblea General del Claustro [AGC] podría decidir y nombrar un prorrector. Me he reunido con el candidato que presentó la FEUU y me he convencido de que esa persona no debería integrar el equipo del rector, y se lo he manifestado a él personalmente. No es conveniente que el equipo rectoral incluya a esa persona. Ayer me reuní con delegados de los tres órdenes para manifestarles esto. Creo que no es conveniente que yo salga a polemizar sobre los aspectos parciales de la presentación, que es una discusión interna, pero creo que es bueno que se sepa que esa es mi opinión, y lo hago por la responsabilidad del cargo: no puede ser que alguien conciba que el rector puede actuar solo. El cargo es demasiado importante, por lo que administra y por la obligación que tiene con el Estado, que es cumplir la Ley Orgánica. ¿Cómo hacés para cumplir con el artículo 2 si estás solo?
–¿Se corre riesgo de que el área quede en un segundo plano?
-Es un área importante, que tiene peso en la institución, que es polémica -eso es sabido y no lo voy a negar-, a la que el CDC le ha dado una riqueza más grande de la que tenía anteriormente -en particular, se creó un área de derechos humanos, que no existía-, pero además se quiere contemplar todo lo que tiene que ver con las relaciones con el medio, algo que no consiste meramente en preocuparse por un sector de la sociedad uruguaya: es Uruguay todo, y eso lo tenemos que hacer coordinando los trabajos que se llevan a cabo en los servicios, que son los grandes ejecutores.
–¿Cómo va a seguir el trámite? ¿Se van a presentar los dos candidatos a la AGC? Más allá de las decisiones personales que pueda tomar cada uno de ellos…
-Cuando se discuta en el Claustro, ellos tienen que firmar su aceptación, y hasta ese momento no son candidatos. Falta un mes para que eso ocurra. En la comisión no nos pusimos de acuerdo, y ahora el asunto está en el CDC. Eso se va a hacer tal como está establecido.
–¿Descarta la posibilidad de presentar otro candidato?
-No, no la descarto. Dije en la comisión, que visto que no hay un acuerdo sobre el candidato que presenté, sobre la base de que el mío es el que presenté, estoy dispuesto a abrir un compás; les rogué que lo abriéramos, para eventualmente llegar a un candidato de consenso. Yo iba a consultarlos cuando tuviera otro nombre, y les pedí otros nombres, también a los decanos les voy a pedir que propongan candidatos, para cumplir con la política del CDC en esta materia. La discusión es muy sana. Es una ordenanza que hay que cambiar con cuidado, pero creo que el rector debería tener una capacidad propositiva mayor; no que no se le pueda vetar al candidato, sino que el rector debería ser el que propone a la persona.

Foto principal del artículo 'La CAP-L quedó acéfala tras la muerte de Fernández Huidobro'

La CAP-L quedó acéfala tras la muerte de Fernández Huidobro

La Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad (CAP-L) es uno de los grupos más golpeados del Frente Amplio (FA), al punto de que está al borde de desaparecer. Antes de las últimas elecciones se habían escindido varias figuras importantes.
En octubre de 2013 renunció a su banca el diputado Juan Carlos Souza, quien dejó el escaño a su suplente, Nicolás Pereira. Para las elecciones de 2014, Carlos Gamou, diputado por la CAP-L desde la creación del grupo hasta ese año, se separó y presentó la lista 890; ese año, Pablo Álvarez, ex director general de secretaría del Ministerio de Educación y Cultura, y Nora Castro, ex diputada y otrora integrante del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública, entre otros, conformaron la lista 764, Frente en Movimiento. En las elecciones de octubre, la agrupación encabezada por Eleuterio Fernández Huidobro se presentó con Luis Rosadilla como segundo candidato al Senado y Ángel Sánchez como titular a la Cámara de Diputados. Los resultados de los comicios fueron nefastos para el sector, que terminó perdiendo su senador y sus dos diputados. El golpe de gracia lo recibió el 5 de agosto de 2016, cuando falleció Fernández Huidobro, hasta entonces ministro de Defensa Nacional.
Hoy, el destino de la CAP-L es incierto, ya que el sector quedó acéfalo y muchos de sus dirigentes o bien se desvincularon o están desperdigados por el interior del país. Víctor Braccini, ex director de Servicios Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, dijo a la diaria que después del fallecimiento del Ñato quedó un vacío. “Hasta que no haya una reunión a nivel nacional no se sabe qué va a pasar”, explicó. Después del 5 de agosto de 2016 sólo hubo una reunión. Según Braccini, hay dos posibilidades: o el grupo se disuelve, o se junta con otros grupos más chicos, porque “empezamos a no pesar”. “Estamos un poco desorientados, no sabemos hacia dónde vamos ni quién está. Yo me vine para el interior [Bella Unión], pero todo se cocina en Montevideo. Ahí está el centro del poder, la prensa, es donde más votantes hay, y uno espera acompañar lo que pase en Montevideo. Alguien tiene que decidir si [el grupo] se termina o nos juntamos con otros y seguimos”, señaló.
Por su parte, Jacqueline Dárdano, tercera en la lista al Senado en 2014, dijo que este año decidió dedicarse a su familia. “El año que viene, si los compañeros toman algún tipo de decisión con la que esté de acuerdo, continuaré. Sin dudas, voy a seguir en política, porque tengo ideas propias”, señaló. Dárdano, que apoyó al nacionalista Carlos Enciso cuando fue electo por primera vez intendente de Florida, dijo que no sabe nada de la interna de la agrupación ni de las actividades de Luis Rosadilla, y agregó que no tiene comunicación alguna con el FA. “La CAP-L es una rama importante, tiene el legado de un referente histórico. No debería morir y quedar en un cuadrito en la pared. El FA necesita cambios urgentes, falta que llegue a la gente. Hay un descuido en la organización”, consideró. Según dijo, se entera de las actividades del FA por las redes sociales.
Juan Carlos Souza explicó a la diaria los motivos de su alejamiento. “En octubre de 2013 dejé la banca por una definición personal, para que el lugar lo ocuparan nuevas generaciones, y en la banca quedó mi suplente, Nicolás Pereira. Después, en 2014, el distanciamiento fue por desavenencias políticas. Veía venir lo que aconteció, la propuesta iba rumbo al precipicio. Lo que faltó fue darle espacio a la gente joven, que estaba taponeada”.
Otro de los dirigentes que ya no pertenecen a la CAP-L es Javier Salsamendi. “El proceso [de distanciamiento] fue muy largo, y la verdad es que no es algo en lo que haya reflexionado mucho, ni en forma personal ni con otras personas. No forma parte de ninguna de mis preocupaciones en este momento”, dijo. Tampoco pertenece a la agrupación desde hace mucho tiempo el director nacional de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social, Juan Pablo Labat.
Varios integrantes de la CAP-L se refirieron a Rosadilla como la persona indicada para preguntarle por el futuro de la agrupación. la diaria se comunicó con él pero se negó a dar declaraciones a este medio.

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