Publicado en: 18 julio, 2017

Noticias Uruguayas 18 julio 2017

Por Colectivo Noticias Uruguayas

Uruguay: Entrevista: Con la ex jueza penal Mariana Mota, hoy jueza civil y candidata a la INDDHH // Hubo espionaje militar a partidos políticos, afirman diputados

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Hubo espionaje militar a partidos políticos, afirman diputados

Una Comisión Investigadora del Parlamento posee documentos en los que figuran pruebas de que hubo espionaje militar hasta 2001.

Foto: ejercito.mil.uy

Foto: ejercito.mil.uy

El 2 de octubrre de 2015, la Justicia allanó la casa del fallecido coronel Elmar Catiglioni, por orden de la jueza penal Beatriz Larrieu, encontrando unas 60 cajas con documentos sobre la dictadura uruguaya. El procedimiento se realizó en el marco de la causa que investiga el asesinato de Fernando Miranda, un escribano y militante del Partido Comunista del Uruguay (PCU), y padre del actual presidente del Frent Amplio, Javier Miranda. Fernando fue secuestrado en dictadura el 30 de noviembre de 1975.
El diputado frenteamplista, Gerardo Núñez, del PCU, contó que hay cientos de casos de seguimiento y espionaje a militantes del FA en los “archivos Berrutti”, así llamados en referencia a la ex ministra de Defensa, Azucena Berrutti, quien estuvo en el puesto entre 2005 y 2008.
Berrutti ordenó una investigación de contrainteligencia en 2007, la cual encontró que Castiglioni robó parte de los archivos de Inteligencia del Organizo de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y del Servicio de Información de Defensa (SID) y los guardó en su casa, según publicó en su momento el postal informativo Sudestada.
El Material encontrado en el domicilio del coronel Castiglioni era parte de lo extraviado del archivo de inteligencia militar encontrado durante la gestión ministerial de Berrutti, consignó el semanario Brecha. Toda la información resultante de las investigaciones forman parte de la denuncia y ocasionó que se creada la comisión investigadora, para revisar y escrutar toda la documentación.

Espionaje

En los documentos hay supuestas pruebas de espionaje a todos los partidos políticos, pero principalmente a militantes y líderes del Frente Amplio, así como a organizaciones vinculadas a la izquierda, como el PIT-CNT o la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), además de que revela intercambios de información entre las Fuerzas Armadas y la Policía.
“El avance principal es que se confirma la existencia de espionaje militar sobre partidos políticos y organizaciones sociales hasta el 2001″, explicó a El Observador el diputado Núñez.
El parlamentario está convencido de que hay elementos sustentables para proceder hacia la Justicia con una denuncia concreta. “Hay muchos elementos violatorios de la Constitución y de las leyes, lo que ya es merito por sí solo para un pasaje a la Justicia”, señaló, pero para él lo principal es enviar una “fuerte señal” a la sociedad y a quienes realizan este tipo de actividades ilícitas.
“Hay que derrotar un escenario de impunidad que no sabemos si todavía se sigue dando”, dijo.
La investigadora ya escuchó a cinco ex ministros del Interior y a cuatro de Defensa. Este lunes declaran Daniel Borrelli, titular de Interior del Gobierno de José Batlle, y a José Bayardi, de la misma cartera pero del primer mandato de Tabaré Vázquez.
Hasta ahora, todos los ex ministros han negado conocer la existencia de este tipo de actividades ilícitas, aunque algunos admitieron que habían personas a su cargo que realizaban tareas a sus espaldas aunque sin conocer el cometido de estas.

 

 

 


Gustavo Salle (i) durante la recolección de firmas contra la bancarización. Foto: Pablo Vignali (archivo, junio de 2017)

Gustavo Salle (i) durante la recolección de firmas contra la bancarización. Foto: Pablo Vignali (archivo, junio de 2017)

Dos campañas de recolección de firmas compiten por eliminar la “bancarización obligatoria”

Con diferentes estrategias y ante la indiferencia del sistema político, dos organizaciones buscan dejar sin efecto algunas de las disposiciones incluidas en la Ley de Inclusión Financiera, que establece la obligatoriedad del pago de forma electrónica para algunas transacciones, como el cobro de salarios. La finalidad es reformar la Constitución para anular estas disposiciones de la ley, y el mecanismo es recolectar 260.000 firmas para habilitar un plebiscito que se votaría junto con las próximas elecciones, en 2019. Las campañas ocurren paralelamente, proponen dos reformas constitucionales distintas e, incluso, han tenido algunas rispideces entre sí.
Una es organizada por la llamada Comisión Nacional Contra la Bancarización Obligatoria; su figura más visible es el mediático abogado Gustavo Salle, que arrancó la recolección de firmas el 22 de junio en la plaza Independencia. El jurista cuenta con el apoyo de, entre otros, el ex candidato a la presidencia del Partido Ecologista Radical Intransigente, César Vega, el periodista y director del semanario El Bocón, Jorge Bonica, y el director de la encuestadora MPC Consultores, Nery Pinatto.
Salle propone modificar el artículo 52 de la Constitución (que prohíbe la usura), incorporando un nuevo inciso para que quede “prohibida la bancarización obligatoria”, explicó a la diaria. Nicolás Álvarez, integrante de esta comisión, agregó que, tras el “tibio” lanzamiento de la juntada de firmas aquel 22 de junio, se encuentran “muy felices y entusiasmados” por los resultados logrados. Dijo, incluso, que la adhesión en el interior ha sido mayor que en Montevideo. “Estamos teniendo voluntarios en casi todos los departamentos”, aseguró. Si bien se necesitan 260.000 firmas para promover el plebiscito, Álvarez sostuvo que buscarán alcanzar más de 500.000 para presentar ante la Corte Electoral, porque “sabemos que algunas nos las van a tirar para atrás”.
La otra iniciativa nació de la Cámara Regional de Comerciantes y Empresarios del Este (Crece), y ha logrado el apoyo de varias otras organizaciones, como el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay, la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, y algunas mesas departamentales de la Asociación de Escribanos del Uruguay, aseguró Tomás Casas, del Centro Comercial e Industrial de Lavalleja.
Esta propuesta, explicó el empresario, busca agregar dos artículos a la Constitución, con la finalidad de “garantizar el valor cancelatorio del papel moneda”. “No nos oponemos a que existan todos los sistemas que pueda haber, lo que no queremos es que esa sea la fórmula exclusiva de comercialización. Se está tendiendo a la obligatoriedad del plástico y a que en el futuro no vaya a haber moneda, y queremos defender el sistema de pago de toda la vida por medio del papel moneda”, expresó.
El empresario aseguró que, a diferencia de la iniciativa de Crece, que lleva un proceso de ocho meses, “lo del doctor Salle fue un oportunismo absoluto y personal […] lo hizo tras visitar el Centro Comercial de Rocha por otros temas, […] al otro día salió a decir que iba a levantar firmas por una reforma constitucional”. Incluso, Casas dijo que “gran parte del texto de la papeleta de Salle es copia textual de la nuestra, que fue largada mucho antes que la de él”.
Según Salle, los comerciantes del este están dispuestos a aunar esfuerzos con él, incluso en base a su propia propuesta de reforma constitucional, pero para eso le han exigido que adoptara “un perfil más bajo”, en el entendido de que es una figura “resistida por los frenteamplistas” y que tiene una prédica “antisistémica”.
Esto mismo fue confirmado por Casas: “Queremos un movimiento sobre las bases de instituciones sociales sin fines de lucro y sin ningún tipo de protagonismo”. No obstante, especificó que en caso de un eventual acuerdo, se hará a partir de la propuesta de reforma constitucional impulsado por las asociaciones de comerciantes. “El tema es que para recolectar firmas se precisa infraestructura, y eso es lo que pueden aportar las organizaciones sociales. Y ahora [Salle] se dio cuenta, después de haber largado esa campaña, que no junta ninguna firma porque no tiene infraestructura”.

Socialistas y comunistas propusieron al gobierno duplicar el gasto para educación y cuidados en la Rendición de Cuentas

La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) se reunió el sábado con representantes del gobierno para discutir la posibilidad de incrementar el gasto mediante reasignaciones en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Por el Poder Ejecutivo (PE) asistieron el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, y el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, junto con asesores de la cartera. Según informaron a la diaria fuentes de la bancada, durante el encuentro el Partido Comunista del Uruguay (PCU) y el Partido Socialista (PS) plantearon la necesidad de destinar aproximadamente 3.000 millones de pesos adicionales (cerca de 105 millones de dólares) para el Sistema Nacional de Cuidados (SNC), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Universidad de la República (Udelar) y la Universidad Tecnológica (Utec).
El incremento propuesto implicaría duplicar las previsiones del Ejecutivo para el gasto en educación y cuidados. Según el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, el aumento previsto para 2018 (incluidos los recursos que fueron postergados en la rendición del año pasado) es de 2.434 millones de pesos para la ANEP, 348 millones para la Udelar, 204 para otros rubros en educación y 40 para el SNC, lo que suma 3.026 millones de pesos.
Las fuentes consultadas señalaron que la propuesta no implica un incremento del gasto por ese monto, sino que se incluyen planteos de redistribución de recursos dentro del presupuesto. Se propone quitar recursos a algunos programas, aunque el Poder Ejecutivo debe estudiar la propuesta de reasignación para confirmar que no se estén afectando programas que por cuestiones normativas o de prioridad no deban afectarse, aclararon las fuentes. Hay también una propuesta de gastar más a costa de un incremento del déficit fiscal de 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB).
Si bien considera que es necesario incrementar recursos para algunas áreas, el Movimiento de Participación Popular (MPP) ve inviable el monto que manejan el PS y el PCU, señalaron fuentes del sector. El MPP entiende que deberían atenderse los reclamos presupuestales de la Utec, que pidió cinco millones de dólares para 2018 –en el proyecto actual no está previsto ningún incremento–, y sugiere estudiar la posibilidad de atender presupuestalmente la propuesta de la Fiscalía General de la Nación de crear un espacio de coordinación de los organismos estatales para atender a las víctimas de delitos. En cuanto a de dónde obtener los recursos, el MPP se mostró favorable a estudiar una posible redistribución, que apunta a los programas o áreas con menores niveles de ejecución.
En el encuentro se conversó sobre la posibilidad de atender los reclamos salariales de los trabajadores de ANEP, que sostienen que por convenio les corresponden 240 millones de pesos adicionales a lo previsto por el Ejecutivo, y prever un incremento de recursos para los centros de atención a la primera infancia.
La bancada del FA está de acuerdo con quitar exoneraciones de tributos a los juegos de azar e incrementar la tasa consular. Ferreri comentó en la reunión que se conversará el asunto con Argentina y Brasil en la próxima cumbre del Mercosur, en Mendoza.
Como vía alternativa para conseguir más recursos, los legisladores le propusieron al Ejecutivo generalizar los gravámenes a los juegos de azar, estudiando el posible cobro del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas u otro tributo a los slots de los casinos y a las carreras de caballos, que hoy están exentos.
Por otra parte, comunistas y socialistas insistieron en la necesidad de considerar un incremento del Impuesto al Patrimonio y el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas. En la discusión de la Rendición de Cuentas del año pasado se acordó conformar una comisión integrada por representantes del Ejecutivo y de la bancada del FA para analizar alternativas impositivas. La comisión trabajó este año, pero el único acuerdo logrado fue quitar las exoneraciones a algunos juegos de azar.
En el encuentro se planteó que será muy difícil llegar en el quinquenio a 6% del PIB para la educación si no se incrementan significativamente los recursos para 2018. El cálculo es que se precisa como mínimo un aumento de 200 millones de dólares de los recursos destinados a la educación cada año para llegar a 6% al fin del quinquenio.
Artículos “problemáticos”
La bancada del FA le planteó al Ejecutivo su reticencia a aprobar el artículo 15 del proyecto de rendición, que condiciona el pago de sentencias judiciales por parte del Estado a que no exista afectación de los servicios a su cargo. Este artículo ha sido rechazado y tildado de inconstitucional por todos los partidos de la oposición.
Los legisladores frenteamplistas también expresaron reparos en votar artículos propuestos por la Oficina Nacional de Servicio Civil, a cargo de Alberto Scavarelli. En particular, no se comprende la motivación del artículo 9º, que establece la posibilidad de habilitar a los funcionarios públicos destituidos por ineptitud u omisión a volver a ocupar cargos en el Estado una vez transcurridos diez años luego de su remoción. Tampoco la del artículo 4º, que dispone que los ascensos de los funcionarios de la Administración Central se harán dentro de cada unidad ejecutora.
En la sección Recursos del proyecto de ley de rendición hay una serie de disposiciones sobre zonas francas. En el encuentro del sábado se conversó sobre la posibilidad de desglosar estos artículos y estudiarlos junto con el proyecto que modifica la ley de zonas francas, a estudio del Parlamento. Por otra parte, en el artículo que dispone el cobro de impuestos para las plataformas de servicios online, como Netflix, se incorporará un agregado que aclare que en Uruguay no se permite el juego online, para que la disposición no se interprete, por la vía de los hechos, como una legalización de esa modalidad de juego.
La bancada se reunirá entre hoy y mañana con algunos ministerios para ver detalles de redacción de algunos artículos, y hacia el fin de la semana volverá a conversar con el PE sobre la posibilidad de redistribución e incremento de recursos.
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