Publicado en: 13 febrero, 2018

Noticias Uruguayas 12 febrero 2018

Por Colectivo Noticias Uruguayas

URUGUAY: Municipales de Bella Unión denuncian condiciones precarias de trabajo en intendencia de Artigas // ADEOM denuncia contratos “chatarra” en la Intendencia de Lavalleja

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URUGUAY
10 de febrero de 2018, 22:02hs – LR 21

Municipales de Bella Unión denuncian condiciones precarias de trabajo en intendencia de Artigas

Trabajadores de Bella Unión, nucleados en la Asociación de Empleados Municipales de Bella Unión, paralizan este viernes 9 de febrero. Denuncian las malas condiciones de la flota de vehículos, el fallecimiento de un trabajador y las pésimas relaciones laborales.

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El presidente del sindicato, Marcelo Da Col, denunció el “pésimo estado” de la maquinaria con la que los trabajadores realizan sus tareas..
En dicho marco recordó el fallecimiento de un funcionario del sector recolección de la Intendencia de Artigas en un accidente que se produjo cuando se dirigía al Corralón Municipal para dejar su camión, al término de la jornada laboral.
El dirigente sindical remarcó que “se necesita con urgencia una actitud más firme de parte de las autoridades nacionales para que intercedan”.

Vínculo laboral

Da Col dijo -según publicó el portal del PIT-CNT- que la precariedad de las condiciones laborales y el vínculo laboral con las autoridades municipales son parte de una realidad angustiante”.
Detalló que “de un total de 275 funcionarios, solamente 59 son presupuestados”.
“A los pocos días que asumió el actual intendente Pablo Caram despidió a cinco compañeros, sin causa justificada, y ello nos llevó a un conflicto de varios días que terminó con el reintegro de los trabajadores despedidos”, recordó el dirigente sindical.
Denunció que días pasados el intendente Caram “despidió a otros dos trabajadores pasando por encima del acuerdo existente”.
“Además del paro que realizamos por el compañero fallecido presentamos una nota reclamando que se inspeccione a toda la flota de Bella Unión”, recordó.

 


ADEOM denuncia contratos “chatarra” en la Intendencia de Lavalleja

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) denunció que existen al menos 300 contratos “chatarra” en la Intendencia de Lavalleja, al frente de la nacionalista Adriana Peña.

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ADEOM realizó una serie de denuncias contra la administración de Adriana Peña, las cuales se suman a la polémica que generó la jerarca departamental al proponer otorgar aumentos diferenciales de salarios para directores, entre quienes se encuentra su pareja.
En las últimas horas, el presidente ADEOM-Lavalleja, Julio Marmolejo, denunció que “de los aproximadamente 1.100 funcionarios de la Intendencia, 300 de ellos son contratos chatarra”.
“Es un porcentaje altísimo de contratos chatarra en relación al total de trabajadores municipales. Estos compañeros están haciendo obras con un salario mínimo muy por debajo de los 26 mil pesos que dice la intendenta que cobran los trabajadores”, cuestionó.
El dirigente sindical agregó que, además de la importante diferencia salarial, “también se ven afectados los derechos laborales de los funcionarios”.
“Hay compañeros que hace años que vienen con contratos chatarra de un mes de extensión y esos vínculos laborales son usados para presionar cuando se acercan las elecciones, como las viejas prácticas de otras épocas”, sentenció.

Amiguismo

Según declaraciones de Marmolejo, que difundió el portal del PIT-CNT, los funcionarios municipales de Lavalleja “no escapan a lo que sucede en muchas otras intendencias del interior en referencia a los contratos precarios y el amiguismo”.
“Todo el mundo sabe que en el país hay acomodos con los cargos de confianza”, dijo el dirigente sindical.
Añadió que hay una realidad y es que “muchos trabajadores ingresan al mundo laboral de las intendencias por recomendaciones o, incluso favores políticos”.
Denunció que en la Intendencia de Lavalleja “se produce una cantidad importante de ingresos a dedo, cuando el estatuto establece que a la actividad administrativa se debería ingresar mediante concursos”.
El dirigente gremial también cuestionó la decisión de la intendenta de “aumentar un 107% los salarios a sus cargos de confianza, cuando el resto de los trabajadores municipales viven una situación angustiante”.

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Gerardo Núñez. Foto: Andrés Cuenca (archivo, agosto de 2017)

Diputados denuncian “severos problemas” de vulneración a derechos de trabajadores en Frigocerro de Durazno

Las denuncias que hizo la organización sindical de trabajadores del frigorífico Frigocerro de Durazno fueron constatadas por diputados de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes. Después de la recorrida por las instalaciones, los diputados frenteamplistas Gerardo Núñez y Martín Tierno confirmaron, en una nota enviada al prosecretario de Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo, que existen “severos” problemas de seguridad laboral, medioambiente y represión sindical.
Los legisladores informaron de violaciones básicas a los derechos laborales, como la existencia de trabajadores no registrados en la seguridad social, y notaron que “en el año 2015 un trabajador jubilado, que se desempeñaba en negro en la planta, tuvo un accidente laboral que le costó casi la pérdida de un brazo”, porque llevaba a cabo sus tareas “sin implementos de seguridad”. Además, los diputados aseguraron que esa situación “permanece incambiada” en “varias áreas de la planta”, lo que compromete “seriamente” la salud y la seguridad laboral de los trabajadores. También denunciaron que los trabajadores cumplen tareas “sin guantes, o con un solo par proporcionado por la empresa, por lo que muchos gastan su propio salario para adquirirlos”.
Además, los diputados denunciaron que “los vertidos de la planta son realizados directamente a una laguna que se encuentra a escasos metros del río Yi, en una zona inundable”, y que, con las frecuentes crecidas del río, “los vertidos tóxicos sin tratamiento derivan directamente en el Yi”.
También constataron que “muchos animales llegan a faena ya muertos, o en pésimas condiciones sanitarias”, y que “muchos” de ellos son “amontonados al aire libre, también muy cerca del cauce del río Yi”. Sostuvieron que esto perjudica no sólo la salud de los trabajadores, sino de “toda la población de Durazno”. Además, aseguraron que “muchos” de los animales faenados para exportación “no cumplen con todas las exigencias”, lo que “puede poner en riesgo el conjunto de la exportación cárnica del Uruguay”.
La nota también sostiene que los trabajadores del frigorífico denunciaron estos problemas en reiteradas ocasiones, en un lapso de “varios años”, y que obtuvieron como respuesta el despido de los dirigentes sindicales que lo hicieron, “en clara señal de represión sindical”. Ante esto, los diputados sostienen que “la empresa alega dificultades económicas, pero en su lugar contrata a más trabajadores en negro” y, en algunos casos, “se limita a reducir los días que los convoca a trabajar”. Además, recuerdan que también se suman diversas denuncias ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), “e incluso ante la Justicia”, por “incumplimientos de convenios colectivos, pagos de antigüedad, sanciones arbitrarias”, entre otras causas.
Ante la “gran preocupación” que provoca esta situación, los legisladores solicitan en la carta a Roballo la conformación, de manera “urgente”, de un “espacio para analizar la situación y tomar las medidas que sean necesarias”, con la presencia de representantes de Presidencia de la República, el MTSS, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y legisladores.

En la UNTMRA preocupa situación de mujeres despedidas de Rusch porque “tienen una edad bastante complicada para reinsertarse en la actividad”

La empresa Rusch Uruguay Ltda., filial de Teleflex, fabricante de tecnologías médicas con casa matriz para América Latina en México, pero actualmente propiedad de capitales estadounidenses, anunció su cierre y despidió a 160 trabajadores, en su mayoría mujeres. Según informó a la diaria Andrea de León, dirigente de la rama del plástico de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA), el 30 de enero, durante la visita de un ejecutivo de Teleflex, proveniente de México, “sorpresivamente” se les comunicó a los trabajadores que “cesaba su actividad productiva”.
Rusch se dedicaba en Uruguay a fabricar básicamente sondas de plástico y, si bien vendía la mayor parte de la producción al exterior, también comercializaba parte de sus productos en el mercado local. De Léon dijo que la empresa transmitió que “es más barato traer los materiales que hace desde China” y, por lo tanto, decidió bajar los costos y dejar de producir en Uruguay.
La principal preocupación de la UNTMRA es que la mayoría de los despidos (excepto diez) recayó sobre mujeres, que “muchas son jefas de hogar” y además hay “un grupo grande de compañeras que son grandes y tienen una edad bastante complicada para reinsertarse en la actividad”, añadió De León.
“El planteo que hizo el sindicato es que, si el grupo económico Teleflex vuelve a reabrir Rusch, mediante el registro de trabajadores vuelva a incorporar a las compañeras que ya son experientes en la tarea. Y, también, en el caso de que venda la planta a un tercero, que se tuviera en cuenta el registro de trabajadores para poder reinsertar a las compañeras”, dijo De León. Una tercera posibilidad de resolver la situación del personal despedido es hacer cumplir un acuerdo firmado en 2008 en el convenio colectivo entre la UNTMRA y la Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico, que “establece el registro de trabajadores” y en el que se acordó que las empresas de la rama deben comunicar al comité de base del sindicato cuando van a incorporar personal, “para tener en cuenta” a las personas que están registradas en esa lista, indicó la dirigente.
Otra preocupación de la UNTMRA es que no todos los trabajadores despedidos de Rusch han podido acceder al seguro de paro, ya que durante 2017 la empresa envió a varios a este beneficio por un período de entre cuatro y siete meses, y aún no generaron los jornales necesarios para volver a hacer el trámite. De León aclaró que la empresa va a cumplir con el pago de los créditos laborales.
La planta de Rusch Uruguay Ltda. está ubicada en Camino Carrasco, a metros del puente del arroyo Carrasco. La empresa está instalada en el país desde hace cuatro décadas y, según explica en su sitio web, en 1943 fue fundada para fabricar un producto sencillo que consistía en un cable helicoidal y un engranaje que podía convertir los movimientos de empuje y tracción en movimientos giratorios, y cuyo primer uso fue ajustar el radio de los pilotos de los cazas Spitfire de la Real Fuerza Aérea británica.

Gabriel Oyhantçabal
19 enero, 2018
Tasa ganancia agro después renta (Uy), tasa renta del suelo (Uy) y tasa real bonos tesoro Estados Unidos, 1955-2015

Si una virtud tiene la reciente movilización de productores agropecuarios agrupados bajo la consigna “Por el campo y con la patria” es que permite evidenciar una serie de rasgos de la economía y la estructura de clases de Uruguay sobre los que es interesante volver a echar luz.

Para empezar, “el campo” no existe como categoría social. Esto a pesar de que los propietarios rurales sistemáticamente intenten llenarlo de sus intereses. Muy por el contrario, en “el campo” existen clases sociales con diversos intereses y, por si fuera poco, luchan.

No hay que ser muy perspicaz. La plataforma reivindicativa de los “productores alzados” delimita muy claramente su perfil: recortar salarios, bajar el costo del Estado (servicios públicos, políticas sociales) y garantizar la apropiación privada de la renta del suelo y sus ganancias.

Por eso si por “campo” queremos referir no a un paisaje o territorio, sino a los sujetos sociales que en él producen y/o habitan, habría que empezar por reconocer el rico entramado de clases que lo conforman, que se resiste a ser encasillado en la imagen “campo somos todos”.

El punto de partida son las tres formas principales del ingreso en las sociedades capitalistas: renta del suelo, ganancias y salarios, y cuyas personificaciones expresan a sujetos con intereses bien diferentes: terratenientes, capitalistas y asalariados, respectivamente. Repasemos un poco de economía política. En cualquier actividad el trabajador (el verdadero productor) primero genera un valor, el salario, con el que repone su capacidad de trabajar, y luego un plus-valor (trabajo excedente) que se reparte bajo la forma de ganancia media para capitalistas y renta del suelo para terratenientes. En este sentido la renta representa una pérdida para la clase capitalista, que debe ceder esta porción del excedente a un sujeto que no cumple ningún rol en la producción pero que reclama su remuneración dado el carácter finito, monopolizable y heterogéneo del suelo.

Es más, no sólo hay un conflicto terratenientes/capitalistas que se expresa en el precio de arrendamiento del suelo, sino que la lógica de sus respectivos “negocios” son bien diferentes. Mientras el capitalista espera una ganancia media que suele oscilar entre el 10 y el 20 por ciento del capital adelantado, el terrateniente se comporta con una lógica “financiera”, según la cual la compra de tierras es como la compra de bonos del tesoro u otros activos similares, y cuya referencia de rentabilidad es una tasa de interés que suele oscilar entre el 3 y el 5 por ciento (véase gráfico para los últimos 60 años).

El problema es que en la realidad concreta las cosas siempre aparecen más entreveradas, con sujetos en los que se superponen las personificaciones. Capitalistas que son al mismo tiempo terratenientes. Pequeños capitalistas que no tienen escala para competir con los capitales medios, pero que siguen en la producción recibiendo una remuneración equivalente al interés por su capital invertido. Productores familiares-mercantiles que controlan un pequeño capital y cuya remuneración es equivalente a un salario que repone el gasto de la fuerza de trabajo familiar, y que en muchos casos son a su vez pequeños terratenientes. E incluso asalariados que tienen un pequeño capital en la producción (por ejemplo, cría de ganado) que oficia de complemento salarial.

Por eso en la plataforma reivindicativa de este “neo-ruralismo” encontramos mezclados reclamos típicamente empresariales (baja de impuestos, tarifas y salarios) con demandas de los terratenientes (reducción de impuestos a la propiedad del suelo). Es más, parecería tratarse de una movilización encabezada fundamentalmente por pequeños capitalistas agrarios que en muchos casos son simultáneamente terratenientes, y no por los grandes capitales del campo (forestales, sojeros, estancieros).

Este doble carácter de clase seguramente esté explicando por qué no apuntan sus baterías contra el costo del arrendamiento, cuando la renta bruta estimada con precios de mercado ponderados representó en promedio 38 por ciento del Pbi agropecuario entre 2000 y 2016. Sin embargo, también es posible sugerir una hipótesis más de fondo: no pueden cuestionar la renta del suelo porque de hacerlo estarían cuestionando la sacrosanta propiedad privada.

En segundo lugar, tampoco los productores son la clase más numerosa del “campo”. Con base en distintas fuentes (Encuesta Continua de Hogares, Censo Agropecuario, Registro de Productores Familiares), se puede estimar que mientras los asalariados agrarios oscilan entre 70 mil y 80 mil, los productores familiares-mercantiles agrupan unos 23 mil establecimientos y a cerca de 40 mil trabajadores (incluyendo titular y familiares), y los empresarios-patrones (de todos los tamaños) son alrededor de 15 mil. Algo es evidente: el poder fáctico y la capacidad para amplificar intereses, mediática y políticamente, no se relaciona con el tamaño de la clase, sino con la cantidad de hectáreas y la magnitud absoluta del capital.

CICLOS RECURRENTES. Por último, esta nueva crisis de la “clase media rural”, como gustan llamarse, no es el resultado de la voracidad fiscal y demagógica de un “gobierno populista”. Por el contrario, es más bien un síntoma de una enfermedad provocada por un virus que se llama capitalismo, su rasgo fundamental es la competencia a muerte entre capitalistas (la “destrucción creativa”) que provoca ineluctablemente concentración y centralización. Para colmo de males este virus tiene una cepa sudamericana más agresiva, que incluye ciclos recurrentes de abaratamiento del dólar (“atraso cambiario”, en la jerga más corriente), lo que acelera la destrucción de los segmentos más ineficientes del empresariado rural.

Sucedió durante el control de cambio de Luis Batlle Berres, con el atraso cambiario en tiempos neoliberales, e incluso durante la última dictadura, que difícilmente alguien pueda acusar de comunista. Y vale recordar que el “ruralismo” de Chicotazo y el movimiento Rentabilidad o Muerte de fines de los noventa fueron hijos de esos procesos.

Es que el abaratamiento del dólar es la forma predilecta que ha adoptado en Uruguay la distribución de renta agraria del suelo, beneficiando a aquellos que operan con mercancías importadas y compran divisas para obtener poder de compra internacional. Con la renta en expansión se puede sostener un dólar barato, pero cuando se retrae empieza un ajuste que en su repertorio más corriente incluye incremento del endeudamiento público y privado, exoneración de impuestos y congelación salarial, que amortiguan pero no detienen la crisis.

No debería sorprender entonces que ante un nuevo ciclo de abaratamiento del dólar, pero ahora ya sin los superprecios de hace una década, reflote la movilización de este sector social. Por eso es que, a pesar de las apariencias, el problema no es una presión fiscal en torno al 7 por ciento del Pbi agropecuario, y que no difiere de otras ramas de la economía (véase “El agro en Uruguay. Renta del suelo, ingreso laboral y ganancias”, de Martín Sanguinetti y quien esto escribe1), ni el precio del gasoil ni los “súper salarios” de 20 mil pesos, aunque, dado el carácter de clase del conflicto, es hacia donde instintivamente arremeten en su plataforma.

En el fondo nuestros pequeños capitalistas agrarios sueñan con una quimera: un capitalismo liberal que no liquide a los más ineficientes. Por eso el actual conflicto no es más que un nuevo grito de un sujeto social impotente para sobrevivir a las leyes leoninas de la competencia, pero que resiste porque existe propiedad privada del suelo y limitaciones biológicas al avance tecnológico en el agro.

En definitiva, lo que está en juego es cómo se procesa el ajuste de una economía que ya no puede sostener el mismo “pacto distributivo” que, hace una década –boom de los commodities y crédito barato mediante–, hizo posible la primavera progresista. La reducción-exoneración de impuestos y el abaratamiento de la energía y la fuerza de trabajo sólo trasladarán el ajuste hacia otros sectores de la sociedad. A su vez, la devaluación del peso encarecerá el costo del endeudamiento en un contexto de déficit fiscal permanente, factor que en nuestra historia reciente siempre se ha resuelto avanzando sobre el ingreso de los trabajadores.

Lo atractivo es observar que ella, la lucha de clases, siempre vuelve.

*    Ingeniero agrónomo. Trabajador de la Udelar. Integrante del comité editorial del portal de debates Hemisferio Izquierdo.

  1. En Problemas del desarrollo. Volumen 48, Edición 189, Universidad Nacional Autónoma de México. Publicado por Elsevier España, 2017. Disponible en ScienceDirect.

 

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