Noticias Uruguayas 11 enero 2017
URUGUAY
Avanzar frenando: La reforma de la comunicación en Uruguay
Antes de su llegada al gobierno en 2005, el Frente Amplio -coalición y movimiento político que unifica a la izquierda uruguaya desde 1971- elaboró un programa de transformaciones que incluía una propuesta para la reforma del sistema mediático del país, apuntando a un nuevo equilibrio entre sus componentes. Se proponía fortalecer los medios públicos, históricamente débiles, y abrir espacio a nuevos actores emergentes: la producción audiovisual independiente y los medios comunitarios. Se planteaba también fijar nuevas reglas para los medios comerciales, desestimulando la concentración, especialmente en la televisión abierta, donde un oligopolio de tres grupos empresariales concentra más del 90 por ciento de la audiencia y de la facturación publicitaria (y casi el 50 por ciento en la televisión de pago).
Para todo ello se entendía necesario generar canales y estímulos para la participación social en el diseño y la implementación de las políticas de comunicación, lo que requería una nueva institucionalidad estatal. El balance de esta década larga, con dos gobiernos de izquierda ya concluidos y un tercero iniciado en 2015, muestra avances y bloqueos, elementos en común y diversos con otros procesos reformistas en la región.
Abrir espacios
La Ley de Radiodifusión Comunitaria, aprobada en 2007, permitió regularizar la situación de muchas pequeñas radios locales hasta entonces perseguidas como ilegales y estimuló otras experiencias de ese tipo. Fue también un banco de pruebas de nuevas reglas de juego -más claras, transparentes y con participación social- para decidir a quiénes se les permite usar el espectro radioeléctrico. Hoy hay más de cien radios comunitarias que funcionan legalmente, pero a muchas les resulta difícil mantener en el aire una programación continua y de interés para su audiencia potencial, por debilidades propias y porque faltaron políticas vigorosas de fomento del sector.
La televisión comunitaria no logró despegar hasta ahora. En definitiva, la apuesta por el sector comunitario demostró potencialidades interesantes, pero no se hizo con mucha fuerza y no ha dado hasta ahora resultados relevantes en cuanto a un nuevo equilibro del sistema mediático, más allá de algunas experiencias locales muy valiosas.
La producción audiovisual independiente creció en los últimos años, por su propio impulso y con políticas de fomento como la Ley de Cine de 2008, pero no encontró nunca un lugar relevante en la pantalla que mueve el fiel de la balanza económica y de audiencias, la de la televisión. Hubo apuestas en este sentido, como los llamamientos a nuevos canales digitales en 2013 y las cuotas de pantalla y fondos de fomento previstos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2014 (LSCA). La primera no logró sus principales objetivos, ya que los nuevos licenciatarios desistieron de iniciar sus transmisiones; la segunda ha quedado en pausa, al preferir el Gobierno esperar a que se diluciden recursos de inconstitucionalidad presentados contra varios de sus artículos por las principales empresas mediáticas.
La radio y la televisión estatales, históricas cenicientas del sistema mediático, se fortalecieron mucho en estos años en equipamiento, programación y cobertura geográfica, diversificando sus perfiles en el caso de las radios, pero mantienen dificultades de gestión y una institucionalidad que no garantiza su independencia del Gobierno. La LSCA contiene elementos valiosos en ese sentido, aún sin implementar. La audiencia de los medios estatales creció, aunque sigue siendo minoritaria.
Cambiar las reglas
En 2008 se avanzó en esta dirección mediante un decreto que establecía reglas claras para la asignación de nuevas frecuencias comerciales, similares a las ya fijadas para el sector comunitario, incluyendo mecanismos de participación social mediante una comisión asesora y audiencias públicas.
En 2010 se inició el camino hacia la LSCA, también de modo participativo, con un Comité Consultivo convocado por el Gobierno e integrado por actores empresariales, sociales y académicos. Este primer intento culminó con la sorpresiva desautorización del propio presidente Mujica que, sobre el final del proceso, dijo que no sabía de ninguna ley en preparación y que si llegaba a sus manos terminaría en la papelera. Tres años después, sin embargo, envió el proyecto al Parlamento, que lo convirtió en ley a finales de 2014, ley que aún espera su aplicación.
También sufrió marchas y contramarchas el camino hacia la televisión digital, lo que puede haber dañado la credibilidad del proceso de asignación de nuevos canales. Este puede ser uno de los factores que haya afectado a la poca productividad de esta política. También ha faltado información básica a la sociedad: la mayoría de los uruguayos ignora que, desde 2014, puede ver televisión digital gratuita y no sabe cómo acceder a ella.
Una dificultad inicial del primer gobierno de izquierda fue la falta de una institucionalidad adecuada para el diseño de políticas. En 2005 se creó la Dirección Nacional de Telecomunicaciones en el Ministerio de Industria, pero hasta 2008, y casi sin personal, no comenzó a funcionar. En 2010 se la fortaleció y tomó un rol muy activo, pero desde 2015 nuevamente cuenta con menos recursos y los mecanismos de participación social existentes quedaron desactivados a la espera de la implementación de los previstos en la LSCA, entrando en una suerte de parálisis regulatoria.
Balances
En síntesis: se abrió espacio a nuevos jugadores -públicos, comunitarios, independientes-, pero no tanto ni con la fuerza suficiente como para generar un nuevo equilibrio en el sistema mediático.
Parte del problema está en esos mismos jugadores, pero también ha faltado un rumbo claro y firme en las políticas públicas. Se impulsaron nuevas reglas de juego, pero tampoco con la claridad y la firmeza suficientes como para alterar aspectos hasta ahora claves como la concentración, tema en el que incluso hubiera sido posible hacer mucho más aplicando a fondo normas ya existentes.
La Coalición por una Comunicación Democrática, que articula un conjunto de actores sociales y académicos, ha jugado un papel clave en el mantenimiento del impulso reformista, pero el tema no ha ocupado nunca un lugar central en la agenda pública ni política (y rara vez en la mediática). Para la mayoría de la población el sistema de medios existente sigue siendo el único posible y sus cambios son, en todo caso, producto de las innovaciones tecnológicas que trae el mercado.
En este ‘avanzar frenando’ del proceso reformista, sin duda han pesado las presiones de los medios concentrados y el temor de los sucesivos gobiernos de izquierda a enemistarse con ellos y pagar las consecuencias políticas y electorales del caso. Hay quienes prefieren entonces un pacto no explícito con los medios concentrados nacionales, por ejemplo con regulaciones proteccionistas, frente a los gigantes transnacionales y/o publicidad oficial a cambio de cierta paz mediática. Otros apuestan más bien por el fin de los medios tradicionales y la democratización audiovisual a través de Internet, sobre la espalda de la empresa estatal de telecomunicaciones (que al mismo tiempo realiza acuerdos comerciales con Netflix…). No son necesariamente estrategias contradictorias, pero al no explicitarse ni discutirse públicamente, han provocado un avance vacilante de la reforma, más que su eventual reorientación con ritmo firme.
Son muchos los paralelismos -y también las diferencias- con otros procesos reformistas de la región, como el de Argentina o Ecuador. También con los casos en que las reformas se bloquearon casi desde el comienzo, como en Brasil, quizás el ejemplo más dramático de cómo el temor a enemistarse con los grandes medios puede alentarlos a convertirse en un enemigo mucho más temible de lo imaginado.
Esta década larga de procesos reformistas en América Latina ha sido rica en avances y fracasos. Espero que sepamos aprender de ellos para reimpulsarla en un mundo que sigue necesitándola igual o más que antes, aunque seguramente ya sea otra reforma.
Este artículo fue publicado originalmente en: https://telos.fundaciontelefonica.com/
Ferreira, Presidente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), recordó que el Secretariado Ejecutivo de la central sindical en su momento resolvió comenzar a coordinar acciones con el equipo que encabeza Ramón Ruiz en el Directorio del BPS y con las organizaciones que están llevando adelante la defensa de los cincuentones que se jubilan y fueron afiliados a una AFAP de forma compulsiva. Producto de esta coordinación a lo largo del año se lograron cuatro importantes movilizaciones y en las mismas participaron cientos y cientos de personas en defensa de una seguridad social que tenga como pilar fundamental la solidaridad. Está claro para el conjunto que el “negocio de las AFAPs tiene que desaparecer”, subrayó el dirigente de la central sindical.
López, Secretario General de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), agregó que la coordinación se hace efectiva cuando el Equipo de Representación de los Trabajadores (ERT) plantea la necesidad de que la central sindical en su conjunto impulse medidas en favor de los cincuentones. En ese momento existía un importante grupo de personas perjudicadas por las AFAPs que se venían organizando a través de las redes sociales, pero no había una organización atrás que brindara los elementos necesarios para hacer movidas importantes. La intervención del PIT-CNT logró que se generara un nexo y se pudieran canalizar las distintas propuestas. Sin que cada grupo perdiera su identidad.
Confesó el dirigente del PIT-CNT que “no fue fácil lograr la coordinación ya que existían visiones contrapuestas. Lo cierto es que se logró una coordinación que llevó a la realización de movilizaciones en conjunto. En principio se realizaron marchas y actos con algunos sindicatos puntuales y luego ya se convocó a estas actividades como PIT-CNT. Lo que llevó a que se llevaran adelante movilizaciones multitudinarias entre el Banco Central del Uruguay (BCU) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en más de una oportunidad. La última actividad del año consistió en la presentación de un documento elaborado por el ERT que se le dejó al presidente Tabaré Vázquez en la presidencia de la República. El documento presentado, incluso, generó una importante controversia en el gobierno ya que el titular del MEF le quiso sacar la pata al lazo mientras que el propio presidente de la República en varias declaraciones públicas consideró la posibilidad de crear un ámbito de negociación para analizar el tema de los cincuentones. Lo importante es que se ha logrado unificar los esfuerzos que hay para eliminar las AFAPs”.
Perspectivas
En torno al trabajo a desarrollar en el 2017, Ferreira adelantó que “las perspectivas no son muy alentadoras. Estamos en el medio de dos visiones. Una es la del MEF y que de acuerdo a los que nos manifestó el ministro Danilo Astori el actual sistema es el mejor para los trabajadores. Para el MEF pasar a los trabajadores de las AFAPS al BPS le saldría al Estado unos 200 millones de dólares por año. Nosotros decimos que el ingreso de esos trabajadores al BPS también significa que vengan con sus ahorros de todos estos años. La otra visión es la del Presidente Vázquez que ve la existencia de un problema para los trabajadores que se jubilen bajo el sistema AFAP. Hoy nos encontramos con que hay compañeros que se están jubilando con un 30 o 40% menos de lo que cobrarían si estuvieran en el BPS. El colmo es que se han registrado jubilaciones ridículas ya que rondan los $100 o $200. Por lo que adelantamos que las movilizaciones continuarán el próximo año”.
López complementó lo expresado por Ferreira indicando que “el objetivo central que tenemos como movimiento sindical es la eliminación de las AFAPs porque no compartimos el lucro en la seguridad social. Las AFAPs administran los recursos de la seguridad social de los trabajadores y con eso se genera una ganancia muy importante. Por lo tanto el objetivo final es la eliminación de las AFAPS. Pero, en el mientras tanto, se deben encontrar soluciones. En principio para los cincuentones y también hay que pensar en los cuarentones y los treintones. Lo importante es que la preocupación se ha instalado en la agenda pública y que ha tenido un respaldo de la gente cuando se los convocó a movilizarse. Se hace camino al andar y hoy se está generando consciencia en el conjunto de los trabajadores y sindicatos. Venimos por un buen camino”.
Para guapos
Con el documento que dio a conocer el 29 de diciembre, el líder de AN, el senador Jorge Larrañaga, intenta revitalizar su liderazgo y su sector, que será convertido en un “movimiento”. Algo parecido hizo Lacalle Pou en 2013, a la hora de construir Todos hacia Adelante. “Es posible que ellos [en referencia al sector del ex presidenciable] hayan hecho algo de eso. Hay que mirar hacia atrás y reconocer la buena candidatura que tuvo Luis Lacalle [Pou], y ahora sigue trabajando muy bien. Están abocados a recorrer todo el país y lo han hecho con todos los legisladores. Están trabajando muy unidos y fuertemente. Tenemos que tomar lo bueno del ejemplo para hacer lo nuestro”, dijo el diputado aliancista Edgardo Mier.
Con las mismas herramientas o no, lo que Larrañaga propone para su bloque político persigue un objetivo distinto: “Tenemos nuestras diferencias con el otro sector del partido, una visión no tan ortodoxa de la política, y somos fuertes defensores del interior, el gran olvidado de la política”, dijo el diputado Nicolás Olivera. Agregó que en la posdictadura “nunca hubo una expresión wilsonista en el gobierno”.
El cambio de un sector a un “movimiento” implica, según el documento presentado por Larrañaga, la creación de una estructura “más grande, más amplia y más inclusiva”. “No se trata de opinar igual en todos los temas ni de repetir lo que alguien manda; se trata de hacernos fuertes para ganar la elección y revolucionar la educación e impulsar la gran revolución: la de los valores y el respeto; la de la cultura de trabajo, honestidad y crecimiento que ha caracterizado históricamente a nuestro país”, escribió el senador en el documento. Esto acarrearía una nueva “expresión electoral”, que seguramente se traduzca en varias listas al Senado, interpretó Olivera, aunque, según dijo, se trata de un tema “mucho más profundo” que ese aspecto concreto. “Hay compañeros que quieren tener su expresión nacional, y la van a tener, pero se está precisando un espacio así, que, sin pensarlo regimentadamente, tenga, por decirlo de alguna forma, ciertos pareceres parecidos”, explicó.
Jorge Gandini, uno de los bastiones de Larrañaga en Montevideo, dijo que el documento deja entrever que “se puede interpretar que hay un nuevo movimiento del que AN puede ser parte”, y que se apuesta “a generar un espacio más abarcativo que aquel al que arriben diferentes espacios”. Otro de los diputados capitalinos, Pablo Abdala, interpretó que lo que se maneja allí es una “especie” de “sector de sectores”.
Ayer el propio Larrañaga puso en claro esta situación y, de paso, le puso nombre a su nuevo bloque: “Estamos queriendo llevar adelante una transformación de nuestro sector político. De la misma manera en que naciera por 1997 lo que hasta ahora fue Alianza Nacional, creemos que hay que hacer algo más grande, que pueda ser abarcativo de distintos sectores de intendentes, legisladores, diputados, senadores, y que ese movimiento se pueda llamar ‘Juntos’”, explicó. De paso, extendió la convocatoria a “gente de otros partidos que puedan ver en nuestra colectividad política una esperanza para cambiar muchas cosas que Uruguay necesita cambiar”.
Sorpresa y media
Más allá de que esta idea se cocinaba desde hace meses en la interna del sector, el documento tomó por sorpresa a los legisladores que responden a Larrañaga, en la medida en que no participaron en su elaboración. “Nos tomó por sorpresa porque nadie lo conocía, aunque las ideas ya las conocía y las comparto”, dijo Abdala. Gandini se manifestó de forma similar, aunque fue un poco más lejos y dijo que si bien incluye conceptos que “habían sido producto de intercambios, aunque no de decisiones”, también hay “muchas cosas novedosas, que merecerán la discusión”. Ese debate, sostuvo, podría darse durante el verano, cuando “hay más tiempo para pensar en paz”. Varios dirigentes del sector aseguraron a la diaria que se espera una reunión a fines de este mes o principios de febrero para discutir cuestiones de estrategia. Más allá de todo, Gandini dijo que el documento “provoca”, y eso es “muy valioso”.
Lejos de acumular adhesiones, este sector viene despertando cada vez más críticas de sus dirigentes y cuestionamientos de sus liderazgos. La senadora Verónica Alonso, que está armando su “estructura nacional”, dijo que presentar diferentes listas al Senado es “jugar en la chacrita”, mientras que la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, ha puesto en duda su apoyo a Larrañaga en las elecciones de 2019. Peña llevó adelante reuniones con algunos intendentes del sector durante 2016, con miras a “darle un nuevo brío” y generar una “renovación” en el partido. Uno de ellos, el de Treinta y Tres, Dardo Sánchez, dijo que Larrañaga “oyó lo que algunos de los dirigentes pensábamos que tenía que ser” el sector político. En cambio, Sergio Botana, intendente de Cerro Largo, dijo no estar al tanto de la propuesta. Según explicó, este grupo cuestiona “cómo funciona el partido” y considera que este “debería ser más popular”.
Según documento de Alianza Nacional el sector tendrá un “nuevo nombre, nuevo logo y nuevo plan”
A pesar de este estruendoso anuncio, el viernes el diputado Jorge Gandini declaró a Montevideo Portal: “Me entero por ese documento de que Alianza Nacional no existe más”.