Noticias Uruguayas 1 febrero 2015
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Más secretos de la represión
Por Samuel Blixen
29 de enero 2015
Cada vez se hace más imperioso justificar la inacción respecto de los crímenes de la dictadura. La defensa presidencial del ministro Fernández Huidobro –“ha hecho lo imposible por saber más”–, y en general las actitudes gubernamentales, no soportan la evidencia de los hechos, entre ellos algunos episodios que recién ahora se conocen.
Nunca imaginó el ministro Eleuterio Fernández Huidobro que una más de las ingeniosidades irreverentes de su vasto repertorio podía provocar tan inesperadas e indeseadas consecuencias. A los pocos días del anuncio de Tabaré Vázquez sobre su doblete (el del Ñato), el Frente Amplio debió montar a las apuradas un sainete para demostrar que aquel que pedía autorización para torturar estaba profundamente comprometido con la causa de los derechos humanos. El presidente electo, como corresponde, no opinó y menos aun rectificó su decisión (aunque las “filtraciones” facilongas dicen que “lo está esperando”). Pero como las repercusiones siguen, el presidente José Mujica se sintió en la obligación de multiplicar la defensa. Utilizó algunos argumentos, ¿cómo se pueden calificar?, extravagantes, imperfectos, vulnerables, que no parecen ayudar a la causa. El Pepe desechó de un plumazo el informe lapidario de la Comisión Internacional de Juristas: “Es gente que está allá, en Ginebra, cobrando bien”. Y justificó al Ñato diciendo: “Cuando lo calientan es feroz, es una cuestión de temperamento. Además, se dice cada pavada, como el síndrome de Estocolmo, en gente que no estuvo ni media hora adentro de un calabozo”.
Los argumentos (y éste en especial) se desflecan y no logran el objetivo de desviar el centro de la discusión: ¿por qué los gobiernos frenteamplistas eluden la responsabilidad de investigar los crímenes de la dictadura? Al respecto hay algunas afirmaciones del presidente que revelan hasta dónde el gobierno siente la presión social: “El ministro (Fernández Huidobro) ha hecho lo imposible por saber más”, una opinión que enfrenta a todas las organizaciones de derechos humanos y sociales que respaldaron al Serpaj. Y en términos más generales explicó: “Es un secreto a voces que quienes manejan información no la ponen arriba de la mesa, tal vez pensando en su seguridad o tal vez por acuerdo colectivo. El grueso de la información que hemos recabado viene por caminos de muy abajo, viene por corajeadas de gente que no tenía ninguna responsabilidad. Nosotros hacemos lo que humanamente podemos en las circunstancias en las que estamos, y no somos magos”.
Aunque resulte tedioso desbrozar la paja del trigo, se imponen algunas precisiones. Hay que decir que el grueso de la información que los jueces usaron como insumos para investigar los hechos fue aportado por los familiares de las víctimas y compañeros de militancia; el gobierno no hizo ningún aporte significativo; más aun, el gobierno (el Ministerio de Defensa en este caso) negó información a los juzgados.
Por otra parte, los soldados mencionados por el presidente ofrecieron sus conocimientos parciales a los jueces, a los familiares, a los abogados, a los antropólogos. Muchas veces fueron expuestos ante los militares que habían sido sus responsables en los tiempos en que se asesinaba en los cuarteles y se ordenaba enterrar los cuerpos en tumbas clandestinas; fueron obligados a un “manyamiento” con el consentimiento expreso del ministro Fernández Huidobro. El presidente Mujica, que alude a la condición humilde de esos informantes, nunca tomó medidas para impedir tales “manyamientos” ni tomó medidas con el ministro que los permitía.
El pacto de silencio –en la argumentación oficial– se erige como un muro infranqueable, por lo que, como sugiere el presidente, habrá que “recorrer otros caminos”, dice, seducido por la experiencia sudafricana, donde los criminales quedaban en libertad y absueltos de todo castigo en la medida en que confesaran públicamente sus crímenes, con lujo de detalles. En la versión charrúa fue lo que propuso el entonces secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández, cuando sugirió –en una reunión secreta– a los oficiales directamente implicados en los crímenes que entregaran “algunos huesitos”, que el resto “se arregla”.
Sin embargo, prevalece la sensación de que el pacto de silencio sería menos espeso y menos infranqueable si el gobierno tuviera verdadera intención de investigar, si se involucrara efectivamente en la búsqueda de la información. No siempre hubo una actitud pasiva: la ministra de Defensa Nacional del primer gobierno de Tabaré Vázquez, Azucena Berrutti, con su estilo de abuelita dulce, fue inflexible en ciertos criterios básicos. Por ejemplo, en las instancias de promoción de nuevos generales, la ministra invariablemente solicitaba a la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos sus antecedentes sobre eventuales implicancias en crímenes de lesa humanidad; por ejemplo, en la remoción del comandante en jefe Carlos Díaz, ni bien se enteró de que el general se había reunido con Julio María Sanguinetti, Yamandú Fau, y los generales Pedro Aguerre y Miguel Dalmao, sin su consentimiento; por ejemplo, en la celeridad con que incautó un archivo de inteligencia militar en el antiguo cuartel del Cgior, por otra parte el único, de origen militar, localizado hasta el momento. Sin embargo, el mayor aporte de la ministra Berrutti fue la decisión de incorporar personal civil a las estructuras más sensibles del ministerio y la promoción en tareas clave de oficiales que exhibían un auténtico sentido de profesionalidad.
Recientemente el actual ministro de Trabajo, José Bayardi, cuestionó, en una extensa y dura carta a los lectores, el contenido de una nota del periodista Sergio Israel sobre Fernández Huidobro, publicada en Búsqueda en la edición del 31 de diciembre. Israel sostuvo que “Bayardi primero, y Fernández Huidobro después, desmontaron los esfuerzos de la primera ministra de Defensa del Frente, Azucena Berrutti, destinados a dotar a la secretaría de Estado de una sólida estructura civil”. Bayardi, quien fue subsecretario de Defensa y después titular del ministerio, rechazó tajantemente que él hubiera desmontado lo hecho por Berrutti. Habrá que determinar, en forma detallada, la cuota de responsabilidad de Bayardi en el desarme de la estructura civil, cuyo último capítulo fue el decreto 156/012, firmado por Mujica y Fernández Huidobro, por el que la estructura de inteligencia pasa a funcionar dependiendo del mando militar.
En la concepción de Berrutti la inteligencia militar era un objetivo prioritario en una especie de descentralización, que permitiera a militares y civiles realizar la tarea de inteligencia por fuera de la cadena de mando. El objetivo se alcanzó plenamente en el último tramo de 2007 cuando se puso en ejecución una delicada tarea de contrainteligencia para ubicar el archivo completo del Sid y del Ocoa, cuya versión parcial –y depurada– había incautado la ministra en 2006. Dos coroneles fueron responsables de la investigación que implicaba, naturalmente, investigar a colegas. Finalmente, cuando la búsqueda arrojó resultados, fue directamente informado el comandante del arma, el general Jorge Rosales.
El trabajo de contrainteligencia había detectado que un coronel de inteligencia en actividad había sustraído un archivo militar (decenas y decenas de miles de fojas, carpetas, fotografías y microfilmaciones) y que lo había ocultado en su domicilio particular. La contrainteligencia estaba, en enero de 2008, en condiciones de allanar la casa del coronel –ya en situación de retiro– cuando se produjo una situación política que obligó a la ministra Berrutti a elevar su renuncia al presidente Vázquez. Explicada la renuncia por razones de salud, la misma demoró en concretarse por pedido de Vázquez. El subsecretario Bayardi quedó a cargo del ministerio y fue confirmado en el puesto el 3 de marzo de 2008. A la ministra Berrutti y a sus asesores les preocupaba el expediente de contrainteligencia, en tanto los oficiales a cargo aguardaban una orden para actuar, que el ministro interino demoraba. Como resultó imposible coordinar, la doctora Berrutti solicitó una entrevista con Vázquez. Concurrió con sus asesores, y ante el presidente y el secretario Fernández detalló la delicada y peligrosa situación. Vázquez se lamentó de la inacción de Bayardi, pero, que se sepa, el episodio no avanzó, ni con Bayardi ni con su sucesor Fernández Huidobro. El expediente seguramente permanece en algún lugar del despacho ministerial; y el archivo –que, se asegura, es el original, el completo– probablemente siga en el domicilio del coronel retirado, seguramente alimentando pequeños juegos de espías y operativos cercanos al chantaje.
No sólo las confesiones de los responsables podrán dilucidar los secretos de la represión; también los documentos, pero para ello hay que ubicarlos, y para ubicarlos debe haber voluntad política.
El último de los objetos de odio antisindical de Mujica, los judiciales, todavía esperan un aumento acordado desde hace mucho tiempo atrás. Por eso salió Mujica a deningrarlos diciendo que están «locos por la plata». Los hechos hablan solos, la ilegalidad del gobierno en este tema es incuestionable.
Ejecutivo todavía no reglamentó la Ley 19.310
Prorrogan aumento de 8% para judiciales
Los sueldos de los integrantes del Poder Judicial a pagarse en febrero sólo tendrán el reajuste de 8,26% previsto para los funcionarios públicos, y no incluirán el aumento del 8% previsto con la aprobación de la Ley 19.310. del 29 de diciembre de 2014, por la cual se intentó solucionar el conflicto salarial desatado en la órbita del Poder Judicial. La información fue divulgada por el periodista Álberico Barrios en su cuenta Twitter, y confirmada por Caras y Caretas Portal.
Integrantes de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) se reunieron en las últimas horas con representantes del gobierno para interiorizarse de la forma en que se liquidarán los salarios, luego de que varios asociados presentarán su inquietud sobre la forma y el momento en que se comenzará a efectivizar el pago.
La norma establece que se otorgará un aumento del 8% a los integrantes del Poder Judicial y los demás funcionarios equiparados (los fiscales) como parte de un “acuerdo transaccional” para solucionar el conflicto, a partir del 1º de enero de 2015. Sin embargo, recién se promulgó esta semana, por lo que se informó que el reajuste se comenzará a efectivizar con el sueldo a cobrarse en marzo, ya que no hay tiempo para hacer las liquidaciones con el ajuste. “Hay imposibilidad de pagar por temas administrativos”, dijeron fuentes judiciales a Caras y Caretas Portal.
Según fuentes de la Suprema Corte de Justicia, el problema radica en que el artículo 3 de la norma estipula que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la forma en que se dispondrá el aumento y eso aún no se realizó, por lo que el pago de esto se prorrogará un mes. En este sentido, los sueldos a cobrarse en marzo incluirían el aumento y el pago de la retroactividad. La decisión ya fue informada a la AMU, a la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) y a los restantes gremios del Poder Judicial.
Más allá de esto, la AMU analiza presentar una acción de inconstitucionalidad contra la norma. “De momento se acatará lo que dice la ley, pero se presentarán las acciones que correspondan, cuando se tengan sobre la mesa todos los argumentos y los elementos procesales a disposición. Hasta ahora, la acción de inconstitucionalidad es la principal medida”, explicaron las fuentes.
En su momento, la AMU intentó buscar un acuerdo con el Ejecutivo para conformar una mesa de diálogo entre todas las partes involucradas en el conflicto, y reclamó no aprobar la norma ni promulgarla, pero ninguno de estos planteos fue atendido. “Se dijo que era para evitar las acciones de inconstitucionalidad en cascada, no como forma de amenaza sino como forma de interpretación de la realidad que se iba a venir, pero el gobierno tomó la decisión de seguir adelante”.
Los jueces consideran que por vía legal se llegó a una “conciliación que no corresponde”, porque “la conciliación es un acuerdo entre dos partes y en este caso fue una solución unilateral”. Además, se entiende que “un derecho” y “como personas de derecho no vamos a dejar que no se cumpla lo que corresponde”.
Gremios preparan inconstitucionalidades
Promulgaron ley para judiciales
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 19.310, por la que se ajustan las retribuciones de los todos los integrantes del Poder Judicial, como parte de la “solución” al diferendo desatado tras la declaración de inconstitucionalidad de las normas que propiciaron el desenganche salarial de los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) con relación a las remuneraciones de los ministros de Estado.
La norma establece otorgar un aumento salarial de 8% a jueces, actuarios, defensores de oficio y funcionarios, así como a los cargos equiparados del Ministerio de Educación y Cultura (los fiscales). Además, se establece un crédito de 400.000.000 de pesos para el pago de tres meses de sueldo como retroactividad, como parte de un acuerdo transaccional para solucionar el conflicto, a cambio de que 70% de los funcionarios desistan de los procesos civiles en curso en reclamo de deudas salariales.
Esta norma, que es rechazada por la totalidad de los gremios involucrados y por los ministros de la Suprema Corte de Justicia, se aprobó con los votos del Frente Amplio, tras un proyecto enviado por el Ejecutivo, donde se insistía en que los integrantes del Poder Judicial no debían ser indemnizados. Esto porque se entiende que si se toman en cuenta las compensaciones salariales, los ministros de la SCJ tienen ingresos superiores a los ministros de Estado.
Los gremios judiciales reclaman un aumento salarial de 21,6% en sus sueldos, más el pago de una retroactividad desde abril de 2011 a la fecha. Las extensas negociaciones con el gobierno no tuvieron resultados favorables, lo que derivó en un intenso conflicto que supuso la paralización de la actividad judicial durante varios días, antes del inicio de la Feria Judicial Mayor.
En este sentido, todos los gremios anunciaron que interpondrán acciones de inconstitucionalidad contra la norma. Por ejemplo, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) tiene previsto reunirse en asamblea el lunes 2 de febrero, a las 10:00 horas, en lugar a definir. Allí se analizarán los pasos a seguir en el conflicto y se tendrá sobre la mesa un informe jurídico del doctor Carlos Delpiazzo con relación a la norma.
El secretario general de AFJU, Raúl Vázquez, explicó a Caras y Caretas Portal que el informe “ya se está elaborando” y que la discusión se centra en si la inconstitucionalidad será contra toda la ley o contra alguno de sus artículos. Asimismo, valoró que si la norma “intento resolver el problema, el efecto fue todo lo contrario, ya que se sigue agravando”.
Asimismo, cuestionó el artículo 9 de la norma, por el cual se modifica el artículo 400 del CGP, en relación a la ejecución de sentencias contra el Poder Judicial. Este artículo establece que a partir de ahora, el Poder Judicial deberá afrontar con recursos propios los fallos judiciales en su contra, lo cual es inconveniente ya que este no tiene autonomía financiera.
El gremialista estimó que el “conflicto institucional va a estar vigente” con la asunción del nuevo gobierno, ya que este artículo “roza la institucionalidad” del Poder Judicial, “metiéndose en forma inconsulta” en los procesos judiciales que llevan adelante los funcionarios judiciales en reclamos de haberes impagos.
Los gremios solicitaron una reunión con el presidente electo Tabaré Vázquez y el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, para discutir sobre estos puntos, pero la misma fue pospuesta hasta después del 1º de marzo, de forma de no “interferir” en las negociaciones que se realizaban con el actual gobierno.
Texto de la Ley 19.310: Ley 19310 – Judiciales
Dossier del Blog El Muerto
Boleto a 24 pesos
Administradores progresistas
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En este sentido dijo que «la suba se da fundamentalmente por la pérdida de mercado, que nos hace perder recursos que habíamos previsto para llegar a marzo, cuando teníamos previsto ajustar por los aumentos de salarios. En estas condiciones no llegamos a marzo porque ponemos en riesgo la viabilidad de las empresas. Entonces resolvimos ajustar ahora y va a ser el último ajuste de esta administración», explicó Bosca.
Según el director de Tránsito en 2014 se produjo una «merma de 1,5% en la cantidad de boletos vendidos». «En total se venden unos 300 millones por lo que son 4,5 millones de boletos. La baja creemos que corresponde al aumento del uso del vehículo particular que es el que pega más fuerte».
En cuanto a los salarios, Bosca sostuvo que «en marzo la mano de obra aumentará un 3%, pero se suma el valor del dólar por los repuestos. En la paramétrica lo que pesa más son los salarios y la renovación de flota que impacta en el valor de repuestos, entre otros».
La Intendencia liberó 250 certificados de necesidad a empresas del transporte colectivo para que incorporen ómnibus al tránsito, dijo Bosca. Esto implicará un recambio de flota ya que la misma no se ampliará de los 1.528 que circulan en la capital.
Nuevas tarifas.
Viaje de Jubilado o Pensionista Categoría B $ 12
Viaje de Estudiante Categoría A $ 12
Viaje de Estudiante Categoría B $ 16,80
Viaje Zonal $ 15
Viaje Céntrico $ 17
Viaje Diferencial (líneas D 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 y 11) $ 38
Viaje 2 horas $ 38
Viaje combinación metropolitana $ 38
Bajan los combustibles sube el boletoEn rojo los países donde baja la nafta y sube el boleto
Tarifazo 1.400 pesos solo para ir a trabajar. Aumento de salarios al carajo!
Los gráficos de Gabriel «Saracho» Carbajales
Mujica: la gran mentira
municipales 2015
Topolansky: la suba del boleto «no es una cosa del otro mundo»
La candidata a la Intendencia de Montevideo (IMM) por el Frente Amplio dijo a radio Monte Carlo que está de acuerdo con la decisión de la actual intedenta, Ana Olivera, de aumentar el boleto a $ 24 a partir de mañana.
La senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP) y primera dama, rechazó de plano la propuesta de su rival blanco, Álvaro Garcé de postergar la suba hasta después de las elecciones municipales para analizar si es oportuno por el momento en que se decidió y si es adecuado por la cantidad.
«No da ni para discutirlo (…) Yo no veo ninguna objeción, no es una cosa del otro mundo», aseguró
Añadió que «hay una paramétrica que es bastante compleja, que toma en cuenta todos los elementos que constituyen la formación del precio y cada tanto hay algún aumento»
«Faltan casi seis meses, no se si la paramétrica resiste eso y además el gobierno electo lo es hasta el último día», respondió Topolansky y explicó que a su juicio no se trata «de una obra importante», donde sí se justificaría una postergación.
«¿El gobierno lo es hasta que el que está postulado se le antoja? No vale la pena perder el tiempo ni discutir esto», concluyó.