No es sólo una cuestión catalana

Por Antón Sánchez

Ni las cargas policiales del 1-O ni el 155 solucionan absolutamente nada. Ningún Estado es sostenible si no tiene el consentimiento del pueblo, si no articula formas de democracia real.

Por Antón Sánchez

Frente al autoritarismo y la ceguera antidemocrática sumamos voces para mostrar nuestra solidaridad con un pueblo que quiere decidir su futuro. Para romper un escenario mediático represivo. Las órdenes de prisión sin juicio contra los miembros del Govern y dirigentes de la ANC y Òmnium son propias de un Estado de excepción. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo que “debía imponerse la fuerza de la razón”, tan solo se impuso la fuerza sin razón del Estado.Hace tiempo que la llamada “cuestión catalana” ha dejado de ser una cuestión del pueblo de Cataluña para ser un problema de todas las ciudadanas del Estado y vemos como nuestras libertades y derechos están en peligro en el conjunto del Estado español, especialmente para aquellos y aquellas que defendemos el derecho a decidirlo todo de nuestras naciones. El hecho de que una norma jurídica pueda estirarse, pueda tener diferentes interpretaciones y cargas punitivas, genera un estado de indefensión abrumador que conculca derechos fundamentales, aquellos que están recogidos en el Capítulo I de la Constitución, que ya se vieron limitados con la Ley Mordaza y ahora mucho más con la implantación del 155.En el Código Penal actual está tipificada la malversación con penas de 3 a 6 años, como norma general, y robando toda la caja fuerte del Estado, máximo 8 años, o el cohecho de 2 a 6 años. Por el contrario, la sedición supone penas de entre 8 y 10 años de prisión, entre 10 y 15 si los responsables son cargos públicos, y entre 4 y 8 para cualquier ciudadano que participe en “tumultos”, nueva forma de llamar a las manifestaciones y concentraciones pacíficas, lo que evidencia un uso desproporcionado e interesado de categorías jurídicas pensadas para estados de guerra que ahora se aplican a un movimiento democrático, popular, que desde la movilización y en diferentes procesos electorales reclamó masivamente la creación de la República Catalana.

La libertad de expresión no solo se ejerce en las instituciones. Los que pretenden reducirla a eso saben que en esos marcos no es fácil que entren todas las voces. Las ideas y las voces deben expresarse en las plazas y en las calles. El Régimen del 78 criminaliza esas formas de expresión: en los conflictos laborales, cuando la juventud toma las calles para criticar la privatización de la enseñanza, durante el 15-M y siempre que un pueblo se levanta, la derecha activa primero la maquinaria ideológica y si es necesario también la represiva. No estamos delante de un problema menor: Cataluña evidencia la falta de mecanismos democráticos e institucionales para activar posibles resoluciones a un conflicto político. En el fondo quienes defienden la aplicación del 155 tienen una visión uniformista y unitaria del Estado español, que descarta cualquier hipótesis federal o confederal, niega la capacidad de los pueblos a decidir libremente su futuro y convierte al autogobierno en una gestoría para descentralizar las políticas del Estado central.

Pues, aparte de los derechos civiles, otro de los elementos que peligran en este momento es el avance cara el derecho de autodeterminación de las naciones en el Estado español y, también, se pone en cuestión la propia idea de autogobierno. Alberto Núñez Feijóo es un alumno aventajado de la escuela unionista: en 2016 presentó en su programa electoral las mismas recuperaciones de competencias que en 2012. A Feijóo hasta le sobra la reducida capacidad de autogobierno, como para esperar una propuesta de avance en nuestra capacidad para decidir sobre nuestro futuro mientras el Partido Popular no sea desalojado de las instituciones del autogobierno gallego. La aplicación del 155 supone el pistoletazo de salida de un proceso de recentralización brutal, en el que los Estatutos de Autonomía se degradarán hasta la condición de Cartas Otorgadas.

No estamos delante de un debate que solo tenga que ver con la legítima aspiración de Cataluña de independizarse. No nos interpela solo a los nacionalistas. Interpela a todas las personas interesadas en impulsar procesos de Unidad Popular en los que un mínimo común denominador es el reconocimiento de Galicia como nación y la defensa de su derecho a la autodeterminación. Mínimo común recogido tanto en el programa de AGE en 2012 como en los diferentes programas electorales de En Marea.

No podemos callar cuando un proceso cívico y democrático, como es el catalán con clara base popular y sostenido en el tiempo, es reprimido con penas de prisión preventiva por la Audiencia Nacional.

Es evidente que el 21-D va a estar atravesado por una demanda compartida por miles de ciudadanos en Cataluña: la defensa de la República Catalana. No solo defienden esta idea, sino que consideran que la única manera de llegar a ese escenario es mediante urnas, con fórmulas democráticas. Si el independentismo vuelve a ganar unas elecciones marcadas por un escenario de excepcionalidad y de represión, ¿la propuesta del Estado español será la misma? Ni las cargas policiales del 1-O ni el 155 solucionan absolutamente nada. Ningún Estado es sostenible si no tiene el consentimiento del pueblo, si no articula formas de democracia real.

 

Portavoz nacional de ANOVA y vicevocal de En Marea en el Parlamento Gallego
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