«Mis hijos no hacen ausentismo escolar; están protestando, porque son ciudadanos y no súbditos «
Más de 800 familias catalanas se han adherido al boicot a las pruebas para el alumnado de tercero de primaria implantadas por la ley Wert. Algunas inspectoras del Departamento de Enseñanza han pedido a los centros que se hicieran la prueba sin avisar.
Casi un millar de familias catalanas se han adherido al boicot a las pruebas para el alumnado de tercero de primaria implantadas por la ley Wert. El Departamento de Enseñanza responde a las insumisas fiscalizando la actuación de las direcciones de los centros educativos, hasta el punto que algunas inspectoras han presionado las escuelas para que hagan las evaluaciones sin previo aviso para que ningún estudiante no las pueda eludir.
850 familias de 44 escuelas de Cataluña han adherido a la campaña de la Red de Escuelas insumisa (XEI) contra la aplicación de la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa -la llamada ley Wert- y no han llevado sus hijas a los centros educativos en el momento de hacer las pruebas de tercero de primaria que impone la polémica normativa. Ante el apoyo que ha recibido esta iniciativa, las inspectoras del Departamento de Enseñanza han puesto en contacto con las direcciones de las escuelas donde hay estudiantes que han participado del boicot para averiguar la gestión que han hecho y, en algunos casos, para ordenar que hagan las pruebas sin anunciarlo previamente a las familias de las alumnas, según explican fuentes de la XEI.
El colectivo asegura que algunas inspectoras incluso se han personado en los centros para amenazar las direcciones de abrirles un expediente en caso de que avisen previamente las familias de la fecha de las pruebas. De hecho, algunas de ellas ya han denunciado que sus hijas han sido examinadas en contra de su voluntad cuando se han reincorporado a las aulas. La supuesta amenaza de expedientar las escuelas, negada desde el Departamento de Enseñanza, ha sido calificada de «chantaje a las familias» por parte de la XEI, que considera que la medida vulnera el derecho de expresión y «roza la represión» .
«Se está utilizando la cuestión de la lengua como una cortina de humo, para que la conclusión a la que llegamos es que, a la consejera, le gusta este modelo educativo», afirma Belén Tascón, portavoz de la XEI El pasado miércoles, la XEI organizó una reunión para transmitir tranquilidad entre las familias objetoras y, el jueves, convocó una rueda prensa para «desactivar el miedo» y leer un manifiesto dirigido a la consellera Irene Rigau, en el que las familias se erigían como únicas responsables de la objeción de conciencia y le pedían que los posibles expedientes los los abrieran a ellas y no a las direcciones de las escuelas. Asimismo, el texto solicitaba a la máxima responsable de Enseñanza en Cataluña que no obligara a sus hijas a hacer las evaluaciones y que aportara información que avalara «su acatamiento a Wert». La posición de Rigau La campaña de boicot a las pruebas de tercero de primaria se inició el 4 de mayo y finalizó el día 15, con una simbólica ofrenda de flores amarillas -el color de las luchas en el ámbito de la educación- hechas por las estudiantes ante la sede del Departamento de Enseñanza. Con esta acción, la XEI quiso dirigir el foco hacia la consejera Rigau para que se posicionara claramente respecto a la aplicación de la ley Wert en Cataluña, ya que consideran que no existe correlación entre el discurso crítico que está haciendo y la realidad que se está viviendo en las escuelas. «Se está utilizando la cuestión de la lengua como una cortina de humo, para que la conclusión a la que llegamos es que, a la consejera, le gusta este modelo educativo», afirma Belén Tascón, una de las madres promotoras de la red. Respecto a las acusaciones de irresponsabilidad por no llevar las criaturas a la escuela en el momento de las pruebas que ha lanzado Rigau, responde con contundencia: «Mis hijos no están haciendo absentismo, están protestando porque son ciudadanos y no súbditos».
«Se está utilizando la cuestión de la lengua como una cortina de humo, para que la conclusión a la que llegamos es que, a la consejera, le gusta este modelo educativo», afirma Belén Tascón, portavoz de la XEI El pasado miércoles, la XEI organizó una reunión para transmitir tranquilidad entre las familias objetoras y, el jueves, convocó una rueda prensa para «desactivar el miedo» y leer un manifiesto dirigido a la consellera Irene Rigau, en el que las familias se erigían como únicas responsables de la objeción de conciencia y le pedían que los posibles expedientes los los abrieran a ellas y no a las direcciones de las escuelas. Asimismo, el texto solicitaba a la máxima responsable de Enseñanza en Cataluña que no obligara a sus hijas a hacer las evaluaciones y que aportara información que avalara «su acatamiento a Wert». La posición de Rigau La campaña de boicot a las pruebas de tercero de primaria se inició el 4 de mayo y finalizó el día 15, con una simbólica ofrenda de flores amarillas -el color de las luchas en el ámbito de la educación- hechas por las estudiantes ante la sede del Departamento de Enseñanza. Con esta acción, la XEI quiso dirigir el foco hacia la consejera Rigau para que se posicionara claramente respecto a la aplicación de la ley Wert en Cataluña, ya que consideran que no existe correlación entre el discurso crítico que está haciendo y la realidad que se está viviendo en las escuelas. «Se está utilizando la cuestión de la lengua como una cortina de humo, para que la conclusión a la que llegamos es que, a la consejera, le gusta este modelo educativo», afirma Belén Tascón, una de las madres promotoras de la red. Respecto a las acusaciones de irresponsabilidad por no llevar las criaturas a la escuela en el momento de las pruebas que ha lanzado Rigau, responde con contundencia: «Mis hijos no están haciendo absentismo, están protestando porque son ciudadanos y no súbditos».
La Red de Escuelas insumisa (XEI) se muestra crítica con la homogeneización que cree que conllevará la aplicación de las evaluaciones de la LOMCE, ya que «se acabará adiestrando las estudiantes para que las pasen» / Sergi Pujolar En contra de la extendida creencia de que hacer pruebas siempre va bien, las familias objetoras consideran que, en este caso, las evaluaciones son un instrumento con una finalidad perversa. «Lo que quieren es esconder los niños que no van bien, que no pasen a cuarto de ESO, para poder presentar resultados generales mejores», advierte Tascón. También señala que no hay evidencias de que, en la Comunidad de Madrid y en aquellos países donde se han introducido exámenes de este tipo, el sistema haya mejorado. Gran parte de la comunidad educativa también ha cuestionado el sentido pedagógico de la LOMCE, en general, y de estas evaluaciones, en particular. «No necesitamos más pruebas para poner presión sobre el alumnado, lo que necesitamos son medidas que garanticen la igualdad de oportunidades y la calidad educativa», asegura la pedagoga Laura Albarracín, especialista en orientación sociolaboral y coordinadora del Programa Éxito en el Instituto barrio Besòs de Barcelona. Tanto Tascón como Albarracín coinciden en denunciar el carácter segregador de la ley Wert, que no sólo introduce unas evaluaciones en tercero y sexto de primaria para etiquetar pronto los niños, sino que modifica la arquitectura del sistema educativo creando una rama de FP paralelogramo · lela a cuarto de ESO. Según la pedagoga, se trata de un modelo basado en itinerarios diferenciados muy similar al de Alemania, que obliga a los jóvenes a escoger con catorce años, «cuando la identidad aún no está definida». Proyectos iguales, realidades diversas La XEI se muestra crítica, también, con la homogeneización que cree que conllevará la aplicación de las evaluaciones de la LOMCE, ya que «se acabará adiestrando las estudiantes para que las pasen», abandonará el proyecto pedagógico propio de cada centro y «sólo se valorará una competencia y media». «¿Dónde quedará, lo de las siete inteligencias?», Se pregunta. Albarracín también considera que el modelo que impone la nueva ley se aleja de las necesidades de una realidad cambiante y trabaja una única dimensión del conocimiento, ya que sacrifica la creatividad y la filosofía, entre otros. Asimismo, la pedagoga cuestiona la idoneidad y, incluso, la posibilidad de aplicar esta uniformización sobre realidades culturales y socioeconómicas tan diversas. «No necesitamos más pruebas para poner presión sobre el alumnado, lo que necesitamos son medidas que garanticen la igualdad de oportunidades y la calidad educativa», asegura la pedagoga Laura Albarracín «Los primeros damnificados de la aplicación de la ley Wert en un contexto de recortes serán los estudiantes con dificultades de aprendizaje», advierte Tascón. Y es que uno de los pilares de la crítica de la XEI la LOMCE es que considera que sustituye el paradigma de la escuela inclusiva por el de la educación competitiva y mercantilista. Albarracín también se muestra implacable respecto a este punto: «Esta ley es una herramienta de adoctrinamiento que responde a los intereses de quienes la promueven para fomentar un sistema competitivo capitalista». Esta pedagoga defiende la necesidad de descentralizar el poder en materia educativa para acercar la toma de decisiones a las personas expertas y las profesionales de la educación y favorecer la participación ciudadana, lo que, según ella, es la tendencia en Europa. Todo ello, «con el objetivo de educar democráticamente y conseguir ciudadanas libres», críticas y responsables, añade. Futuro de la LOMCE Se puede considerar que, en España, casi es una tradición el hecho de que las leyes educativas cambien cada vez que hay una alternancia en el gobierno debido a la falta de consenso con que son aprobadas. En este sentido, la LOMCE también se estrena con un apoyo parlamentario muy débil -sólo votó a favor el PP – y haciendo frente a las acusaciones de contener una fuerte carga ideológica por parte de un sector importante de la comunidad educativa y de las familias, lo que hace pensar que su caducidad llegará con el próximo cambio de color en la Moncloa. Esta inestabilidad responde, según Laura Albarracín, a que «la educación entendida como un bien común no existe en este país». «La enseñanza no puede ir ligado a la construcción utópica del modelo de sociedad deseado por algunos», concluye.
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