México. La lucha por el voto femenino

Por OLEP

Las primeras demandas por el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres se remontan hasta el año 1824

Para conmemorar este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, más que hacer un recuento histórico de lo sucedido en 1908, cuando 129 mujeres fueron quemadas vivas en la fábrica Cotton Textile Factory por ejercer su derecho a la huelga, quisimos traer a la memoria la historia de lucha que las mujeres mexicanas llevaron a cabo durante el siglo pasado por la conquista de sus derechos políticos.

Fue el 17 de octubre de 1953 cuando el recién elegido presidente Ruiz Cortines modificó los artículos 34 y 115 de la Constitución, por lo que se les concedió a las mujeres el derecho a elegir y ser elegidas para cargos políticos. Sin embargo, la historia comienza mucho antes y lo que pareciera un gesto de conciencia, fue en realidad uno de los tantos mecanismos políticos que han legitimado el proyecto burgués dominante hasta el día de hoy.

Las primeras demandas por el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres se remontan hasta el año 1824, cuando un grupo de mujeres zacatecanas envío al Congreso Constituyente una carta, en la que exigían el reconocimiento como ciudadanas en la nueva república, lo cual fue terminantemente negado. En 1856, 81 mujeres solicitaron al Congreso Constituyente, emanado del derrocamiento de Antonio López de Santa Anna y el reconocimiento de sus derechos políticos, los cuales una vez más fueron negados.

Fue con la implantación del capitalismo en la segunda mitad del siglo XIX, que las mujeres perfilaron de manera más nítida la diferencia entre los objetivos y los métodos de lucha de las mujeres de las clases dominantes y los de las clases oprimidas.Por un lado, estaban las nuevas burguesas que pugnaban por el derecho a la educación y la participación política individual, con el objetivo de conseguir el mismo poder que los hombres en la naciente sociedad capitalista y, por el otro, estaban las mujeres trabajadoras que por la fuerza de la necesidad económica fueron arrastradas a abandonar la economía doméstica y vender su fuerza de trabajo, lo que las obligó a insertarse dentro de las masas de trabajadores.

Hacia finales del siglo XIX la población de mujeres trabajadoras iba en aumento: según un censo del año 1890, de los 13 607 259 mexicanos, poco más de 400 000 mil eran mujeres trabajadoras: 210 556 laboraban en una fábrica y 188 601 eran trabajadoras domésticas. Con el crecimiento del movimiento obrero, comenzó a crecer también la participación de las mujeres en la vida política del país. Nacieron luchas sindicalistas encabezadas por mujeres como las saraperas en Puebla (1884) o las cigarreras en la ciudad de México (1887), y a crearse clubes liberales de mujeres como el “Discípulas de Juárez” y el “Antonia Nava”, en donde a la vez de que eran reconocidas como sujetos políticos, aprendían que la lucha colectiva y de clase en contra de la dictadura porfirista era la herramienta más eficaz para garantizar el reconocimiento de sus derechos políticos.

Producto de esta efervescencia, en 1916 se realizó el 1° Congreso Feminista en donde Hermila Galindo leyó su escrito, La mujer en el porvenir, en el que planteaba la igualdad intelectual entre hombres y mujeres, y demandaba el derecho al voto y la educación sexual para la mujer. El siguiente año, ella y Edelmira Trejo presentaron un escrito al Congreso Constituyente, en donde exigían una vez más el derecho al voto de la mujer, sin embargo, el gobierno producto de la revolución mexicana negó otra vez ese derecho. Este hecho fue una expresión clara de que, aunque los triunfos de la revolución fueron obtenidos con la sangre y el penar de las masas trabajadoras, quienes terminaron adueñándose del poder fue un grupo de la burguesía, que no estaba dispuesto a conceder los derechos políticos más allá de lo estrictamente necesario.

El reconocimiento al sufragio femenino no fue una historia distinta. Entre 1917 y 1953 sucedieron una vasta cantidad de hechos que sería complicado agrupar aquí, por lo que prestaremos especial atención al punto de quiebre en la política nacional que obligó al partido victorioso en 1953, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), a conceder el reconocimiento del sufragio femenino.

En los años 40, el proyecto económico del gobierno del general Lázaro Cárdenas había acumulado cierta enemistad entre una parte de la burguesía que veía con malos ojos las concesiones que se tenían hacia la clase trabajadora, por lo que entre 1940 y 1953 se vivió un periodo de pugnas interburguesas por el control político del Estado. Fue en esas circunstancias que durante el sexenio de Miguel Alemán (1946-1952) la Asamblea Nacional Femenil del PRI, encabezada por Amalia Castillo Ledón, declaró como principal demanda el reconocimiento al sufragio femenino, lo que significó el uso la organización política de las mujeres trabajadoras para garantizar el triunfo del proyecto económico que encabezaba el candidato oficialista, Adolfo Ruiz Cortines. Tan sólo para darnos una idea de la oportunidad que vio la burguesía de esos años en permitir la concesión al voto femenino, antes de su reconocimiento constitucional, Ruiz Cortines ganó con el 74.32% de los votos, mientras que para la siguiente elección, Adolfo López Mateos (1958-1964) llegó a la presidencia con 90.56% del total de los votos.

En el capitalismo, el derecho al voto representa solamente el establecimiento de una democracia política burguesa, de palabra, y no de una democracia real, económica, social y proletaria. Sin embargo, este derecho no elimina la propiedad privada de los medios de producción y no suprime la subordinación de la gran mayoría explotada a los intereses de una minoría explotadora. Y esta verdad la sabían muy bien los burgueses en el México de esos años, que supieron utilizar en beneficio de sus intereses la organización histórica de las mujeres y sus justas demandas.

Aunque las reivindicaciones feministas burguesas de igualdad política no deben ser desdeñadas, pues han obligado a la sociedad burguesa a sentar algunas bases para el abandono del viejo y atrasado prejuicio acerca de la inferioridad del sexo femenino, la lucha de las mujeres trabajadoras no puede tener como objetivo la igualdad política entre hombres y mujeres, debe más bien ser un instrumento más que permita educar a las masas proletarias y campesinas acerca de la verdadera naturaleza de la desigualdad entre los sexos, la propiedad privada, y en consecuencia trabajar dentro de las organizaciones de clase por la instauración del socialismo.

NOTA: Este artículo fue publicado como parte de la sección RECUPERANDO LA HISTORIA del No. 32 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), Febrero-Marzo 2018.

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