Publicado en: 10 octubre, 2018

México. Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya crimen de lesa humanidad que exige justicia

Por Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

Considerado como el caso más emblemático durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, rompe con el silencio institucional de que en México no se cometían desapariciones forzadas ni había personas sometidas a prácticas aberrantes, señala un proceso de agudización de los crímenes de lesa humanidad.

9 de octubre de 2018

 Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya crimen de lesa humanidad que exige justicia

Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya son dos luchadores sociales, detenidos desparecidos el 25 de mayo del año 2007 en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. Reconocidos por distintas personalidades como revolucionarios, fueron sometidos a esta práctica deleznable por el hecho de luchar de acuerdo con sus convicciones políticas e ideológicas.

Este caso ejemplifica la política criminal del gobierno mexicano de cometer crímenes de lesa humanidad contra revolucionarios, evidencia fehaciente de que en México se castiga con la desaparición forzada o ejecución extrajudicial la libertad de expresión, la libertad de organización, la libertad de protesta y la denuncia de la política represiva y antipopular del Estado mexicano.

Considerado como el caso más emblemático durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, rompe con el silencio institucional de que en México no se cometían desapariciones forzadas ni había personas sometidas a prácticas aberrantes, señala un proceso de agudización de los crímenes de lesa humanidad contra activistas políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas, revolucionarios y todo opositor al régimen; práctica que más tarde se generalizó contra el pueblo trabajador.

La administración de Enrique Peña Nieto le dio continuidad a esta política criminal, ambos gobiernos cometieron los más atroces crímenes contra el pueblo organizado y no organizado; graves violaciones a los derechos humanos que a la fecha permanecen sin una investigación fehaciente que dé con los autores materiales e intelectuales.

La desaparición forzada de Gabriel y Edmundo es eminentemente política, once años que las autoridades los mantienen en esta condición inhumana; tiempo en el que se obtuvieron varios recursos jurídicos por la lucha decidida de los familiares y la solidaridad incondicional de organizaciones populares, defensores de los derechos humanos, personalidades progresistas y pueblo en general.

Uno, la recomendación 7/2009 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien determinó que en la semana que desaparecieron de manera forzada a Gabriel y a Edmundo fueron trasladados al campo militar Número Uno, perteneciente a la Primera Región Militar de la Secretaria de Defensa Nacional.

Institución que reconoció públicamente este crimen como una desaparición forzada y emitió esta recomendación a tres instancias de gobierno, al federal, estatal y municipal, en ese momento representadas por Felipe Calderón Hinojosa, Gabino Cué Monteagudo y José Hernández Fraguas respectivamente.

Dos, la resolución judicial 29/2014 emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer circuito; donde ordena: “se trasladen a los lugares de posible detención u ocultamiento, en especial realicen la búsqueda de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez en las principales instalaciones militares”. Asimismo, tomen comparecencia a los funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), a funcionarios estatales o mandos militares, que hubiesen estado en funciones en mayo de 2007, a fin de que declaren con relación a los hechos.

Este tribunal establece que dichas autoridades deberán ordenar a los funcionarios competentes que se realicen las diligencias necesarias para cumplir con lo anterior; también, la creación de comisiones especiales o realizar todas las diligencias que se estimen pertinentes a efecto de localizar a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

La recomendación de la CNDH y la resolución judicial ordenan la búsqueda de los dos revolucionarios y la realización de diversas acciones que den con su paradero, sin embargo, no han sido acatadas, como sucede con muchos casos similares en el país. Hacerlo implica investigar al ejército en el cometido de este crimen de lesa humanidad y la búsqueda en instalaciones militares, evidencia de que no se les puede tocar “ni con el pétalo de una resolución”, como dijera en su momento el Dr. Gilberto López y Rivas.

En estos años, tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto, siguieron la ruta de la impunidad, administraciones que no permitieron por ninguna circunstancia se acataran las acciones jurídicas y de derechos humanos, por ende, el gobierno mexicano en ningún caso pretende sancionar ni investigar a los perpetradores, aún y cuando existen las evidencias jurídicas y documentales que demuestran la participación del Estado mexicano en la desaparición forzada de Gabriel y Edmundo.

El compromiso del gobierno mexicano con todas las víctimas de crímenes de lesa humanidad es proporcionar los elementos necesarios para que los familiares accedan al derecho a la verdad, la justicia, la memoria, garantías de no repetición a todas las víctimas del terrorismo de Estado y la reparación integral del daño. Sin el cumplimiento de estos derechos el crimen permanece, es continuo, en tanto, los responsables materiales e intelectuales permanecen en las instituciones con la misma política criminal.

No se pude obviar los cientos de miles de crímenes de lesa humanidad cometidos en todo el territorio nacional por el gobierno mexicano, dar con el paradero de la víctima, enjuiciar a los perpetradores y castigarlos es el primer paso para que la confianza en las víctimas indirectas se objetive. No escuchar a todas las víctimas del terrorismo de Estado implica evadir la responsabilidad del Estado en el cometido de esta práctica deleznable, porque por cada crimen cometido condujo a la angustia, el dolor de los familiares que con el tiempo transformaron en indignación, denuncia política y acciones políticas de masas para arrancar de las mazmorras a sus seres queridos.

Es lamentable que algunos políticos de oficio insistan que “es necesario construir entre todos una sociedad en paz limpiando todo aquello que lo corrompe y pervierte”. Las desapariciones forzadas no son producto de actos perversos o corruptos, son política de Estado, prácticas contrainsurgentes que el gobierno mexicano de manera planificada, sistemática y generalizada ejecuta con la finalidad de infundir el terror en las masas trabajadoras y contener el enorme descontento popular.

De lo contrario ¿Cómo entendemos el crimen cometido contra la humanidad de cientos de miles de víctimas de esta política deleznable?, ¿acaso, fue producto de una mente perversa?, desde luego que no, cada víctima es producto de la violencia desenfrenada en el país, donde las distintas corporaciones policíacas, militares y grupos paramilitares son los encargados de objetivarla en toda la geografía mexicana.

El intento gubernamental de silenciar a los familiares de las víctimas implica borrar de la memoria el rostro, nombre y vida de las víctimas directas, significa otorgar inmunidad a los responsables, dejar en el olvido a los seres queridos que fueron trastocados por esta política aborrecible. Cada testimonio devela el hilo conductor de los responsables intelectuales y materiales, los cuales en cadena de mando conduce al ejecutivo federal.

Once años han pasado sin que las administraciones en turno den con el paradero de Gabriel y Edmundo, mucho menos acaten las resoluciones judiciales y recomendaciones de organismos de derechos humanos, la denuncia y acciones políticas de masas permanecerán, en tanto, los perpetradores permanezcan impunes, no se den las garantías de justicia, acceso a la verdad y memoria historia para no repetir crímenes de tal magnitud.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

(FNLS)

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