Publicado en: 2 marzo, 2018

MÉXICO. El Estado mexicano tiene que responder por las desapariciones forzadas cometidas en todo el territorio nacional

Por Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

Veracruz es el botón de muestra de la magnitud de las adversidades las cuales se enfrentará con crudeza en la república mexicana, porque los testimonios de las víctimas demuestran que la desaparición forzada como política de gobierno se comete de manera transexenal, sistemática y generalizada.

 

1 de marzo de 2018

 El Estado mexicano tiene que responder por las desapariciones forzadas cometidas en todo el territorio nacional

El Estado mexicano tiene que responder por las desapariciones forzadas cometidas en todo el territorio nacional, sobre su responsabilidad pesan las miles de víctimas de este crimen deleznable. Crímenes de lesa humanidad que no son exclusivos de un sexenio, ni político de oficio en turno, al contrario, cada uno de los representantes tienen responsabilidad al dar continuidad a esta política de gobierno.

Era un secreto a voces que bajo el sofisma del combate a la “delincuencia organizada y el narcotráfico”, el Estado mexicano a través de los cuerpos policíacos y militares cometen a diestra y siniestra múltiples violaciones graves a los derechos humanos, como la desaparición forzada, la tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, violaciones sexuales y ejecuciones extrajudiciales contra el pueblo trabajador.

Crímenes de Estado y de lesa humanidad evidenciados por las recientes detenciones de 15 ex elementos de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), en el estado de Veracruz, donde se comprueba fehacientemente que las desapariciones forzadas, tortura, violaciones sexuales y ejecuciones extrajudiciales fueron cometidas por agentes policíacos en la administración de Javier Duarte, independientemente de la corporación policíaca a la que pertenezcan, son parte de las estructuras del Estado, éstas forzosamente reciben órdenes de sus superiores y en cadena de mando conduce hasta el ejecutivo federal como el responsable de esta política criminal.

Hace diez años, de iniciada la supuesta guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, denunciamos la existencia de grupos paramilitares, conformados por exmilitares o policías en activo, dedicados específicamente a cometer desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en todo el territorio nacional, bajo el argumento de combatir al “enemigo interno” tan “temido y difícil” de erradicar.

Bajo ese artificio, el gobierno mexicano intensificó el terrorismo de Estado como política, y a través de ésta detuvo a jóvenes, mujeres, familias completas o profesionistas que se les atravesaran en el camino por el simple hecho de ser “sospechosos” o “de apariencia delincuencial”, según su lógica.

Tesis que reafirmamos con la política de seguridad, a decir de la Fiscalía, la ejecutaban las autoridades en el estado de Veracruz, en dos vertientes una oficial y otra clandestina e ilegal de combate a supuestos miembros de la delincuencia organizada, donde señalan a dos escuadrones de la muerte de la policía quienes trabajaban de forma piramidal y metódica en la desaparición forzada, bajo las órdenes del ex secretario de seguridad pública, Arturo Bermúdez.

Este acontecimiento importante, en sí desenmascara el terrorismo como política de gobierno, lo que sucede en esta entidad federativa no son hechos aislados o esporádicos, es el claro ejemplo de la aplicación de los lineamientos contrainsurgentes para cometer de manera generalizada y sistemática las desapariciones forzadas contra el pueblo organizado y no organizado, cuyas víctimas las identifica su condición de clase, pertenecer a las masas trabajadoras.

Estos flagelos son planificados con una metodología y modo de operar, incluye a los autores quienes sistematizan como a los ejecutores. Los agentes policíacos y grupos paramilitares no actúan a libre albedrío, reciben instrucciones desde las estructuras a las que pertenecen para perpetrar cada uno de los crímenes, esto indica cómo el Estado los comete con la intención de silenciar el enorme descontento popular y las acciones políticas de masas.

Veracruz es el botón de muestra de la magnitud de las adversidades las cuales se enfrentará con crudeza en la república mexicana, porque los testimonios de las víctimas demuestran que la desaparición forzada como política de gobierno se comete de manera transexenal, sistemática y generalizada; no existe diferencia en el modo de operar, es el mismo; son distintos grupos policíacos de élite los que operan en todo el país con la venia del gobierno federal.

En la administración de Javier Duarte se cometieron miles de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, pero, ¿solamente se cometieron en su periodo de gobierno?, desde luego que no, en la actual administración de Miguel Ángel Yunes Linares permanece esta política aberrante, las cifras de las víctimas aumentan de manera exorbitante; en las colonias, comunidades o municipios se escuchan los lamentos de los familiares por la desaparición forzada de su ser querido o al escuchar sobre el hallazgo de fosas clandestinas, por lo que independientemente de quién represente el ejecutivo estatal o federal éstas se cometen desde las estructuras del Estado.

“Los detenidos desaparecidos se deben buscar en los cuarteles militares, academias de policías y lugares donde laboren las corporaciones policíacas” esta tesis la señalamos en diversas acciones políticas de masas que realizamos, y se confirma con la denuncia hecha por un testigo quien logró salir con vida de la academia de policías El Lencero, ubicada en el municipio de Emiliano Zapata; el lugar donde señala la víctima, estuvieron varias personas detenidas por esta corporación policíaca y nunca más se les volvió a ver.

Varios familiares de las víctimas testificaron este hecho, porque a su ser querido lo vieron por última vez en las inmediaciones o afuera de esta academia, y por su cuenta obtuvieron testimonios de los habitantes del municipio mencionado, quienes señalaron que la policía de El Lencero arrojó desde helicópteros cuerpos de personas en la barranca conocida como La Olímpica, en un radio menor a cuatro kilómetros del plantel policíaco.

Señalamientos esclarecedores que la política de gobierno se ejecuta a nivel nacional, porque lo descrito en cada uno de los testimonios y declaraciones de las víctimas lo vive en carne propia el pueblo trabajador en su cotidianidad en el resto de entidades federativas; no existe estado alguno sin ser cuestionado por esta política deleznable.

Tópico que los candidatos de los partidos políticos gubernamentales guardan un silencio cómplice, porque este tema toca fibras sensibles e involucra a toda la estructura del Estado mexicano, es decir, a todos los niveles de gobierno, funcionarios e instituciones, independientemente de su militancia partidista en el PRI, PAN, PRD, PVEM, cada uno defiende los intereses de la clase en el poder para acumular capital, por tanto, no es la protección de los intereses de las masas trabajadoras.

La exigencia de presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por el régimen continúa, no cesará hasta enjuiciar a los autores materiales e intelectuales, dar con el paradero de las víctimas y terminar con esta política de terrorismo de Estado que lacera a miles de familias en todo el territorio nacional.

Hoy más que nunca se debe desenmascarar a los represores y señalar a cada uno de los funcionarios, políticos de oficio, corporaciones policíacas como responsables de ejecutar la política de terrorismo de Estado en el país, promover el silencio solamente nos hace cómplices de sus prácticas fascistas.

La denuncia política en las calles debe hacerse para informar y tomar conciencia, en este momento histórico de cara al embuste electoral, por más que se deposite un voto por tal o cual candidato no existe garantía alguna para terminar con esta política criminal, por esa razón exige del pueblo organización independiente y resistencia combativa.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

(FNLS)

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