Publicado en: 14 junio, 2018

Masiva manifestación contra la reapertura de la mina de cobre de Touro en Santiago

Por Jacobo A. García / La Izquierda Diario

El 10 de Junio 20.000 personas llenaron la Plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela. 134 colectivos, entre ellos grupos ecologistas y políticos de la oposición apoyaron la marcha.

Los convocantes afirmaron que un vertido accidental produciría una catástrofe mayor que el “Prestige”.

La manifestación discurrió desde la Alameda hasta la plaza del Obradoiro y fue convocada por la “Plataforma Veciñal Mina Touro-O Pino Non” y la “Plataforma en Defensa da Ría de Arousa”. Además tuvo el apoyo de numerosos grupos ecologistas como Adega, o Contraminacción (plataforma que agrupa los conflictos contra las minas más perjudiciales y contaminantes). Desde el BNG, en Marea y el PSOE también se apoyó la marcha. Incluso algunas agrupaciones locales del PP cercanas a la mina se habían opuesto a su realización. Sindicatos y organizaciones profesionales relacionadas con el sector pesquero y del mar también apoyaron. El pasado domingo se oyó alto y fuerte en las calles de Santiago, “Non á destrución do campo e do mar, non á mina!”

Gran oposición social contra una mina muy contaminante

Ya el pasado febrero 2000 personas se manifestaron en los ayuntamientos de O Pino y Touro (con una población total de 9.000) contra la realización de este proyecto. La mina lleva 30 años inactiva y había sido objetivo de un ambicioso plan de restauración ambiental. Este plan había incluido la creación de suelos artificiales y diversos tratamientos para conseguir la reducción de la acidez, así como el desarrollo de vida vegetal y animal en la zona. A grandes rasgos esta restauración ambiental fue eficaz, habiendo reducido en cierta medida los niveles de contaminación de la zona.

Además, tal y como afirmó la actriz Isabel Risco el pasado domingo en la plaza del Obradoiro, la mina todavía deja una herencia de “ríos y regatos fuertemente contaminados, cursos de agua ácidas con metales pesados sin vida que pasan polo Ulla antes de acabar en la ría de Arousa”. Se refiere al reciente informe de “Augas de Galicia”, dependiente de la Xunta, donde se apunta que la contaminación de las aguas todavía supera los límites del consumo humano en muchos puntos. Así, la situación con la reapertura de la mina solo podría ir a peor.

Cobre San Rafael, la filial promotora de la mina, ha acusado a los colectivos que se oponen al proyecto de generar “una alarma infundada” a través de “argumentos sin base técnica”. Pero las afirmaciones de los grupos ecologistas y de los vecinos no son fruto de la negación del “progreso”, si no que tienen base científica. De hecho, la “Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN)” reclamó a finales del 2017 que se rechazara el estudio de impacto ambiental realizado por la empresa y la elaboración de uno nuevo debido a las diversas “deficiencias y contradicciones” detectadas. En dicho estudio ni siquiera se mencionaba que a menos de un kilómetro de la explotación minera hay 20 núcleos de población, una guardería, una residencia de la tercera edad, una piscina municipal, un área recreativa, un centro de interpretación del río Ulla y el centro de Protección Civil. Seis voladuras diarias, cada una entre 9 y 16 toneladas de explosivos podrían provocar “microterremotos”.

Las explotaciones de minerales, en este caso el cobre, a cielo abierto han constatado severos problemas ambientales en todo el mundo. En el caso gallego, existe un problema añadido; las rocas graníticas, la poca profundidad del suelo y la gran erosión provocada por la lluvia y la pendiente. Nuestro suelos son más ácidos de forma natural que en otros lugares. El mineral de cobre está unido de forma natural a otros elementos como el azufre y el hierro. En el proceso de purificación se desecha una gran cantidad de material, que cuando es oxidado en presencia de agua, genera compuestos ácidos como ácido sulfúrico. Además, favorece la proliferación de bacterias que disminuyen todavía más el pH y acidifican más las aguas.

La “solución” habitual para este problema consiste en generar grandes balsas de contención de estas aguas ácidas de mina, que requieren de mantenimiento casi constante para evitar que haya vertidos o fugas. Estas tendrían consecuencias funestas, ya que en los cursos de agua matarían toda vida, y dejarían infértiles numerosas tierras, así como contaminar las aguas de consumo humano. Pero es que esto ya ha ocurrido en Galicia, en Monteneme, en 2014. Eventos que nos recuerdan al desastre de Áznalcollaren Doñana en el 1998. Así, un accidente en la mina de Touro tendría consecuencias peores que el Prestige, al situarse a pocos kilómetros de la Ría de Arousa, y tardaría menos de 12 horas en llegar allí. Se tratarían de una explotación entre 700 y 2000 hectáreas, con balsas de aguas ácidas de más de 10 metros de altura y 100 millones de toneladas de lodos altamente contaminantes. Además, el día a día de los vecinos se vería seriamente afectado, con ruído y polvo contaminante.

Por la zona también pasa el Camino de Santiago francés, lo que demuestra que las ansias de beneficio de las empresas mineras Atalaya Mining y Explotaciones Gallegas se atreven incluso con un icono turístico y cultural como este. Además, las actividades marisqueras, pesqueras, agro-ganaderas, así como las industrias de procesamiento alimenticio asociadas se verían seriamente afectadas. La cuestionable creación de puestos de trabajo, con la dudosa promesa de 400 empleos, sería un engaño, ya que se destruirían muchos más, afectando a una de las rías más productiva de toda Galicia, que emplea a miles. Así, las plataformas de afectados exigieron a la Xunta que deniegue la autorización del proyecto minero y que repare todo el daño causado por la anterior explotación.

Aprendiendo de las victorias y derrotas pasadas; ¿qué programa y estrategia necesitamos?

La lucha ambiental gallega está llena de heroicidades y algunas victorias. Desde el comportamiento impecable de los voluntarios del Prestige, o en los incendios ayudando a salvar casas y vidas, hasta la paralización de la Ley de Acuicultura Intensiva con decenas de miles de trabajadores en lucha en 2016 o la paralización de la mina de oro de Corcoesto en 2014. Pero también está llena de grandes desafíos, como en el caso de la papelera contaminante de ENCE en Pontevedra, con más de 60 años en activo, la eucaliptización (y la pérdida de biodiversidad e incendios asociados), así como la ofensiva extractivista en curso todavía.

Esta política tiene su máximo exponente en la Ley de Depredación, que da vía libre a toda clase de proyectos contaminantes, así como a la expropiación de tierras comunales, y supone uno de los mayores ataques a la clase trabajadora gallega en décadas. Un proceso que está ocurriendo sin prisa pero sin pausa, como la espada de Damocles colgando sobre nuestras cabezas. Una ley, que a nivel gallego, tiene un calado y una importancia similar a la modificación del artículo 135 de la Constitución para el pago de la deuda, o los recortes en Sanidad o Educación. Se trata, ni más ni menos, que de poner a disposición del gran capital del sector minero y energético, la tierra y recursos que necesiten, sin importar el coste social y ambiental, por unos pocos salarios de miseria.

Contra esta aberración no solamente necesitamos manifestaciones concretas sobre conflictos locales. También es necesaria una acción general que implique a la clase trabajadora de conjunto, con los métodos de la lucha de clases, así como un programa adecuado como alternativa.

En el caso de la minería, una solución afín a los intereses de la clase trabajadora y el pueblo sería el reciclaje de componentes electrónicos, mediante lo que se ha hecho llamar “minería urbana”, lo que reduciría la necesidad de explotaciones en el medio natural. Además, deberían de reducirse a la mínima expresión las minas a cielo abierto, teniendo en cuenta las características físicas, biológicas y socioeconómicas del terreno, y realizando en todo caso labores de restauración ambiental adecuadas. Todo esto solo puede ocurrir bajo la nacionalización o estatización bajo control de los trabajadores de los recursos esenciales y una planificación racional, respetuosa con el medio ambiente y los trabajadores. Algo imposible en los marcos de este sistema voraz.

Con respecto a los métodos de lucha, lamentamos profundamente que la CIG haya desconvocado su propia huelga general, porque este era otro de los principales motivos para su realización. Es necesario convencer al conjunto de los trabajadores de que los problemas ambientales también les afectan, y mucho. No solamente a las comunidades rurales o semirurales actualmente afectadas. Luchar por el reconocimiento de enfermedades profesionales, en sectores donde hay exposición a productos químicos o gran concentración de accidentes, es una demanda básica que los sindicatos deben defender. En una tierra donde hay 4 veces más accidente laborales por cada 100.000 habitantes que en Madrid, fruto de la irresponsabilidad de la patronal. En este sentido la batalla no acaba más que comenzar.

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