Publicado en: 14 febrero, 2018

Más de 200 jueces, fiscales y catedráticos claman contra la prisión permanente revisable

Por Gustavo García / El Boletín

“Se trata de una pena contraria a la Constitución”, se afirma en un manifiesto apoyado por asociaciones de jueces y fiscales.

Clamor judicial contra la prisión permanente revisable. Más de 200 jueces, fiscales, catedráticos y profesores universitarios firman un manifiesto en protesta por lo que afirman que se trata de “una pena contraria a la Constitución”. La decisión del Gobierno de ampliar la pena a otros supuestos, “sin ningún estudio criminológico”, es “una respuesta mediática a un problema mediático”.

Así lo sostienen los firmantes de este documento impulsado por el Grupo de Estudios de Política Criminal y que cuenta con el respaldo de Juezas y Jueces para la Democracia, Asociación de Juezas y Jueces Ágora Judicial y la Unión Progresista de Fiscales. Según recuerdan, en 2015 “se reintrodujo la cadena perpetua, una institución desaparecida de nuestra legislación penal desde el año 1928, durante la dictadura de Primo de Rivera, y a la que se denominó eufemísticamente ‘prisión permanente revisable’”.

Para estos jueces, fiscales y catedráticos no tiene razón de ser. Entre otras cosas, porque el Código Penal, tras la reforma de 2003, “ya permitía el cumplimiento efectivo de hasta 40 años de prisión y había endurecido notablemente el acceso a los beneficios penitenciarios, por lo que, de facto, ya existía la posibilidad de una pena con un régimen similar a la cadena perpetua para determinados supuestos excepcionales”. De esta manera, “la reforma aparecía así como innecesaria”.

Asimismo, tumban uno de los principales argumentos dados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para extender la pena a otros supuestos. Y es que, en los países de nuestro entorno “donde hay cadena perpetua no existe al mismo tiempo un régimen de cumplimiento efectivo tan duro como el introducido en el año 2003”.

También sostienen que “se trata de una pena contraria a la Constitución, pues se contrapone a principios básicos del Derecho penal civilizado como son, entre otros, los de legalidad y temporalidad de las penas y prohibición de las penas inhumanas y degradantes”.

Su regulación, continúan los que suscriben este manifiesto, “vulnera el mandato constitucional de orientación de las penas a la reinserción, dados los plazos legales establecidos para la revisión, excepcionalmente largos, y el tiempo de cumplimiento impuesto para el acceso a determinados beneficios penitenciarios”. Además, “en caso de revisión, el penado será sometido a medidas de seguridad que vienen a alargar la pena de por vida, con lo que nunca deja de ser perpetua”.

Tras recordar que hace tan solo unos meses los partidos propusieron la derogación de la prisión permanente revisable, no esconden su “sorpresa” por la reacción del Gobierno de extender la pena a otros supuestos. Y hacerlo, “sin ningún estudio criminológico previo sobre su necesidad ni sobre la eficacia de la reforma de 2015”. Para este colectivo “es evidente la ausencia de política criminal, entendida como conjunto de medidas racionales de los poderes públicos dirigidas a prevenir y dar respuesta a la delincuencia, y su sustitución por la propaganda populista”. Y aseguran que mayores penas no van a evitar que se repitan determinados hechos.

“Jugar con ese sentimiento es jugar con el legítimo dolor de las víctimas”, advierten estos jueces, fiscales, catedráticos y profesores universitarios, que defienden que todos los esfuerzos deben ir dirigidos a evitar que se produzca el delito y “no sólo en aparecer tras su producción con este tipo de anuncios”.

“La respuesta penal es ya suficientemente dura”, insisten, y “sobredimensionarla es un acto de crueldad adicional para las víctimas, pues al tiempo que se les dice falsamente que el problema es, en exclusiva, de insuficiencia normativa, se oculta la falta de respuesta en los ámbitos en los que es indispensable para intentar su prevención”.

Por todo ello reclaman “rigor en el debate legislativo y mediático sobre la delincuencia y la prisión permanente revisable”, así como su “inmediata derogación” al ser “innecesaria, cruel e incompatible con un sistema de intervención penal basado en la razón y en los derechos fundamentales”.

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