Manuel Pardos se apunta a las reivindicaciones por las pensiones públicas mientras las Cortes Generales advierten a Adicae por las bajas categorías de sus trabajadores
Estas críticas las realiza una organización que aplica unas categorías laborales a sus trabajadores por debajo de la función que realizan. Así lo puso de manifiesto el Congreso de los Diputados a través de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas al refrendar un informe de este Tribunal donde se fiscalizaban entre otras asociaciones a Adicae. El informe, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 2 de marzo de 2017 dice en su página 167: “Respecto al personal contratado en los programas específicos, se ha observado incoherencia entre las categorías contratadas y las labores específicas de dicho personal. (…) De esta información se deduce que trabajadores contratados con la categoría de auxiliares administrativos han desarrollado tareas de coordinación y dirección de proyectos, incluyendo la transmisión de las instrucciones de la dirección de la asociación a los técnicos ejecutantes del programa.” (página 167)
A ello se suman numerosas sentencias y acuerdos judiciales ganados a Adicae por sus trabajadores y trabajadoras reclamando un reconocimiento de mayor de categoría.
Informes técnicos de expertos avalan que uno de los problemas de la sostenibilidad de las pensiones públicas es la calidad del empleo. Las contrataciones de Adicae repercuten en salarios por debajo de la función realizada lo que impide a sus trabajadores una cotización mayor y una merma en su capacidad de ahorro, precisamente lo que Adicae pretende defender “apuntándose” a la manifestación por las pensiones del próximo día 17 de marzo.
No es la primera vez que Adicae trata de acercarse a los movimientos sociales. “Las Marchas de la Dignidad”, grupo de más de 130 organizaciones sociales, vecinales, políticas y sindicales, expulsaron a Adicae en marzo del año pasado al “no considerarla una organización social mientras su actual Junta Directiva no respete los derechos laborales de sus trabajadoras y trabajadores, los convenios colectivos y el Estatuto de los Trabajadores en todo el Estado”.