Llarena retira las euroórdenes de detención para los exiliados catalanes y critica a los jueces alemanes de saltarse la legislación internacional
El inefable juez Llarena, acostumbrado a imponer sus decisiones amparándose en un aparato judicial procedente del franquismo, no acaba de digerir que en ningún otro país europeo, por muy aliados del Estado Español que puedan ser y por presiones políticas que estén recibiendo, los magistrados no comulguen con el delirante procesamiento por «rebelión» y «sedición» que él ha fabulado. Y acusa: es el tribunal alemán, como antes lo fueron los magistrados belgas, quien no respeta la «legislación internacional», quien modifica su delirante «relato fáctico»…
En consecuencia ha decidido rechazar la entrega de Carles Puigdemont acusado sólo por un delito de malversación, y no por rebelión, renunciando por el momento a la euroorden que mantenía activa contra el president catalán en el exilio, arrestado en Alemania el pasado mes de marzo una vez procesado. El magistrado denuncia una «falta de compromiso» del tribunal alemán, que con su decisión «anticipa un enjuiciamiento para el que no tiene cobertura normativa» y también retira la euroorden de los otros seis exiliados en Bélgica, Escocia y Suiza: Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Marta Rovira.
Una decisión similar a la tomada en diciembre con respecto del proceso de entrega abierto entonces en Bélgica, cuando el magistrado vio peligrar la acusación de rebelión en manos de las autoridades de este país. El movimiento del juez Llarena llega después de que la audiencia territorial de Schleswig-Holstein haya hecho pública su negativa a entregar a Carles Puigdemont a las autoridades españolas acusado de un delito de rebelión, avalando sólo la acusación por malversación de caudales públicos. El magistrado recibió este miércoles la traducción oficial, realizada por el Ministerio de Justicia, de la resolución alemana.
En su auto, el juez Llarena carga con dureza contra los jueces de Schleswig-Holstein afirmando que «se debería haber limitado a comprobar si los hechos están contemplados en la legislación penal de Alemania» y que su decisión «no resulta conforme» con la legislación internacional. Ha actuado sin «cobertura normativa» y criticando que no haya pedido más información sobre los disturbios e incluso acusando a los jueces alemanes de «modificar algunos extremos del relato fáctico».
La decisión implica que los siete exiliados pueden, por ahora, circular de forma libre por cualquier país menos por España: la orden de ingreso en prisión sigue vigente dentro de nuestras fronteras. Llarena también rechaza acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través de una cuestión prejudicial con el argumento que ese paso tendría que haberlo dado, en todo caso, el tribunal alemán (¿no será que que teme que le vuelvan a leer la cartilla?).