Legitimismo o legalismo, esa no es la cuestión

Por Carlo Frabetti

No soy tan arrogante como para dar consejos estratégicos a quienes están enfrentándose al Gobierno más corrupto y represivo de Europa; pero sí me atrevo a insistir en la necesidad de un debate riguroso sobre el dilema reforma-revolución.

Por Carlo Frabetti

En un verdadero Estado de derecho, con separación real de los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), lo legal y lo legítimo estarían cada vez más cerca, y con la consolidación de la democracia tenderían a ser lo mismo. Pero en una falsa democracia dominada por una oligarquía criminal -como la “democracia orgánica” de Franco- lo legal no siempre es legítimo, e incluso cuando lo es en teoría, puede no serlo en la práctica, al estar las leyes y quienes las administran en manos de un ejecutivo sin escrúpulos.

En consecuencia, el régimen del 78, cuya metáfora podría ser Franco disfrazado de Papá Pitufo (puesto que el cambio ha sido tan leve como el de un sanguinario enano azul marino convertido en un autoritario enano azul eléctrico), hace inviable tanto el legalismo estricto como un legitimismo que pretenda dialogar con la legalidad vigente. No se puede discutir con un tahúr cuando, además de sacarse ases de la manga, saca el revólver; las únicas opciones son abandonar la mesa de juego o sacar más rápido. De poco sirve darle la vuelta al refrán e intentar hacer una ley que burle la trampa del poder, pues en ese juego, como en casi todos, el poder tiene la última palabra.

Dejando a un lado las consideraciones tácticas y estratégicas (sería tan arrogante como estúpido pretender decirles a los independentistas lo que tienen que hacer), creo que en el seno del Procés sobran discusiones sobre lo legal y lo legítimo y se echa de menos otro tipo de debates. Porque en estos momentos el debate legitimismo-legalismo, una de dos, o es trivial o es engañoso. Si por legitimismo entendemos, ante todo y sobre todo, la defensa incondicional de los derechos más básicos, solo los idiotas morales y los tramposos pueden argumentar en contra; con los idiotas, por definición, no se puede razonar, y con los tramposos no sirve de nada, por lo que, en un caso por defecto y en otro por exceso, el verdadero debate es imposible. Y si por legitimismo se entiende cualquier otra cosa, aunque sea por omisión (es decir, no definiéndolo con toda claridad), el debate se convierte en una cortina de humo.

Hay que decirlo alto y claro, y cuantas veces sea necesario: el régimen del 78 no es una “democracia imperfecta”, como hemos oído repetir tantas veces (incluso a supuestos izquierdistas), sino una perfecta oligocracia (usando el adjetivo retóricamente, como en la expresión “perfecto imbécil”). El Estado español no es un Estado de derecho, sino un Estado policial, y, en consecuencia, todo lo que valió o habría valido contra el franquismo, vale contra sus herederos. El verdadero debate no es, en estos momentos, legitimidad o legalidad, y entretenerse en él es evitar, cuando no tergiversar, los problemas de fondo. El verdadero debate es -como siempre- revolución o reformismo.

Como siempre, y a la vez como nunca antes, pues las circunstancias sociopolíticas y económicas de la Catalunya de hoy son excepcionales en más de un sentido. No soy tan arrogante como para dar consejos estratégicos a quienes están enfrentándose al Gobierno más corrupto y represivo de Europa; pero sí me atrevo a insistir en la necesidad de un debate riguroso sobre el dilema reforma-revolución.

Últimamente se oye en boca de personas poco sospechosas de radicalismo (en el sentido que el poder da al término) la expresión “radicalidad democrática”. Y frente a un poder tan brutal como reaccionario, hablar de radicalidad democrática es hablar de revolución. Y la “revolución pacífica” que invocan algunos, seguramente bienintencionados, no existe, es un oxímoron, una “fusión de contrarios” que solo tiene cabida en los sueños y en los delirios. La revolución, nuestra revolución, puede -y debe- no ser sangrienta, pero no puede no ser violenta. El tránsito de la democracia virtual a la democracia radical conllevará una elevada dosis de violencia social. ¿Vamos a dejar su administración en manos de los herederos del franquismo? Ese es uno de los puntos fundamentales a debatir, y eludirlo o enmascararlo es hacerle el juego al enemigo.

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