Las sanciones provocan un giro en la política exterior brasileña hacia Venezuela

Por Misión Verdad

La posición de Brasil ante Venezuela ha empezado a llamar la atención desde el reciente encuentro entre ministros de defensa, más cuando a la par de este discreto acercamiento ha aumentado la conflictividad interna de los países que conforman el Grupo de Lima y la campaña de terror respecto de la emigración venezolana muestra signos de desgaste. Los propios intereses del “coloso del sur” parecieran prevalecer […]

La posición de Brasil ante Venezuela ha empezado a llamar la atención desde el reciente encuentro entre ministros de defensa, más cuando a la par de este discreto acercamiento ha aumentado la conflictividad interna de los países que conforman el Grupo de Lima y la campaña de terror respecto de la emigración venezolana muestra signos de desgaste.

Los propios intereses del “coloso del sur” parecieran prevalecer ante la agenda de intervención de Estados Unidos y su política sistemática de sanciones y bloqueo financiero contra Venezuela.

Un hecho figurativo es que en abril pasado, durante el proceso electoral presidencial venezolano, rechazado por los países del llamado Grupo de Lima, el canciller brasileño, Aloysio Nunes Ferreira, anunciaba que su país no tenía como objetivo adherirse a las sanciones contra Venezuela a pesar de las presiones de dirigentes opositores locales y burócratas estadounidenses en el marco de la VIII Cumbre de las Américas que se celebraba en Lima, capital de Perú. Asimismo Nunes pedía información sobre supuestas “acciones ilegales” de venezolanos en Brasil, datos que nunca llegaron a ser sólidos.

Roraima y la amenaza del caos social

El pasado miércoles 12 la gobernadora Suely Campos, del estado brasileño de Roraima, fronterizo con el estado Bolívar, afirmaba que Venezuela mantendría el suministro de electricidad a la entidad que dirige pese a la deuda que mantiene Brasil con la electrificadora venezolana Corpoelec. “No hay riesgos de corte en el suministro”, afirmó luego de reunirse en Brasilia a puertas cerradas con el ministro de Minas y Energía, Wellington Moreira Franco.

Roraima está entre los primeros 10 estados más pobres de Brasil, es el único de los 27 estados brasileños que no está conectado al sistema eléctrico nacional debido a que el gobierno debe negociar con las comunidades indígenas que habitan en el trayecto. El gobierno de Rafael Caldera (1994-1999) impulsó la construcción de un tendido eléctrico a través de la Gran Sabana durante los años 90, siendo el gobierno de Chávez quien le dio continuación y su definitiva inauguración junto al presidente Fernando Henrique Cardoso en 2001. Dos tercios de la demanda energética del estado de Roraima provienen de la hidroeléctrica del Guri.

A finales de agosto pasado, el diario brasileño Valor Económico, perteneciente a la influyente red Globo, afirmaba que, según un oficio, Corpoelec notificó al gobierno brasileño que podría interrumpir el abastecimiento debido a una deuda de 30 millones de dólares contraída por la estatal Eletrobras. El canciller brasileño, Aloysio Nunes Ferreira, declaró que el objetivo de Brasil es saldar las cuentas.

Explicó que el impago se debe a la dificultad de encontrar “un camino financiero” para mandar las divisas sin chocar con “las restricciones y sanciones que son aplicadas por Europa y por Estados Unidos” contra el gobierno venezolano.

Siendo Roraima un estado con una pobreza casi del 20% y en medio de una conflictividad social debida a medidas impopulares de la administración Temer, pudiera entenderse que el estamento político buscara negociar con Venezuela para evitar un caos social, sin embargo otras explicaciones pudieran aparecer. La posición de Brasil respecto de Venezuela en los últimos meses ciertamente no ha sido tan virulenta como la de Colombia, Argentina o Perú durante la administración Kuczynski.

El canciller venezolano Jorge Arreaza recalcó que el Estado brasileño, cuyo gobierno forma parte del llamado Grupo de Lima, acepta que el gobierno de los Estados Unidos tiene un bloqueo en contra de Venezuela.

Calentamiento de la frontera y enfriamiento del montaje humanitario

La gobernadora Campos ganó las elecciones apoyada por una coalición integrada, entre otros, por el Partido Progresistas (PP) del candidato derechista Jair Bolsonaro, quien sostiene un discurso ultranacionalista y promotor del exterminio social como solución a la violencia criminal. Desde esa óptica, Campos ha mantenido una posición cercana a la xenofobia contra los migrantes venezolanos que atraviesan la frontera con Brasil por Roraima.

El pasado abril, Campos pidió al Tribunal Federal de Brasil que cerrara temporalmente la frontera con Venezuela a la entrada de venezolanos o que se eroguen fondos para enfrentar la “crisis humanitaria”, como llama la derecha internacional a la coyuntura migratoria venezolana ocasionada por el bloqueo y asedio económico.

Aseguró que servicios como educación y salud están saturados por la llegada de miles de inmigrantes en los últimos meses, culpando al gobierno federal brasileño de no haber transferido recursos económicos para lidiar con esa situación, por lo que decidió limitar dichos servicios a los migrantes venezolanos. Mientras tanto, junto a Acnur, la administración Temer instalaba campamentos “humanitarios” y solicitaba fondos a la comunidad internacional.

La Abogacía General de la Unión (AGU), órgano de asesoría legal de la Presidencia brasileña, pidió en agosto al Supremo Tribunal Federal que suspendiera inmediatamente la medida dictada por la administración regional de Roraima, ante lo cual la magistrada Rosa Weber falló a favor agregando que “no se justifica, a propósito de las dificultades para acoger a los refugiados, aplicar la solución más fácil de cerrar las puertas”.

Este movimiento del gobierno brasileño pareciera haber buscado crear las condiciones para calentar el escenario de confrontación con Venezuela, para el cual fueron instalados 11 refugios en Boa Vista y Pacaraima, pequeña ciudad fronteriza, que albergan a más de 4 mil venezolanos, incluyendo más de mil indígenas warao.

Sobraron las campañas contra los migrantes venezolanos basadas en medias verdades y exageraciones sobre supuestas epidemias y brotes virales que buscaban desmoralizar al gentilicio, también las expresiones xenofóbicas de parte de ciudadanos brasileños arengados por declaraciones de políticos como Campos. Ante ello el gobierno venezolano activó desde finales de agosto el plan Vuelta a la Patria y coordinó el retorno voluntario de un grupo de migrantes al país.

El pasado martes 11, tras una reunión con su par brasileño, general Joaquim Silva e Luna, el ministro de Defensa venezolano, general Vladimir Padrino López, afirmó que Venezuela no es un país tradicionalmente migratorio hacia Brasil. “Es un país en el que su movimiento migratorio es por razones económicas, que tienen una causa: la guerra económica, el bloqueo y la persecución financiero”.

Asimismo aseguró tras dicho encuentro realizado en Puerto Ordaz, estado Bolívar, que “2 mil 366 personas han retornado a través de Santa Elena de Uairén con la ayuda del Gobierno regional y el plan Vuelta a la Patria”.

Con el mencionado contacto entre gobiernos, pareciera que queda a un lado la insistencia del canal humanitario, táctica intervencionista impuesta por Estados Unidos a sus socios en la región, para iniciar un abordaje de la problemática desde la cooperación y el impulso de iniciativas interinstitucionales, aun cuando la prensa y el mismo ministro intentaron insistir en el montaje humanitario a posteriori.

Final abierto y una pésima rendición de cuentas

El aparente deslinde del gobierno brasileño del modo de proceder intervencionista y agresivo incubado desde el Grupo de Lima pudiera deberse a que las condiciones internas del resto de los países se han debilitado. Desde la crisis financiera en Argentina pasando por el reacomodo geopolítico que significó la victoria de Andrés Manuel López Obrador en México hasta la debacle institucional peruana que comenzó con la salida de Pedro Pablo Kuczynski y que sigue con los llamados “audios de la vergüenza”, los gobiernos latinoamericanos subordinados a Washington parecieran perder fuerza en su empeño contra Venezuela.

Por otra parte, aun cuando haya cambios de gobierno en Brasil, no debe perderse de vista la vocación semi-imperial de su estamento político, esto hace que procure hacerse de su propio peso cuando augura poco éxito en alguna aventura militar de Estados Unidos, los resultados saltan a la vista tanto en Siria como en Afganistán, en Colombia y en Honduras, donde no pueden sostener su discurso sobre los derechos humanos.

Los intereses geopolíticos de Brasil de cara a Suramérica radican en convertirse en un centro de gravedad importante, para lo cual pudiera tener algún tipo de vigencia la vinculación mediante la Unasur, espacio al que gobiernos como el de Colombia y Ecuador han echado a un lado. El ministro Padrino López apuntó a tratar los actuales problemas bilaterales en instancias regionales como el Consejo de Defensa Suramericano, iniciativa de Brasil.

Como colofón, pero no menos determinante, el canciller Nunes ha apuntado que la nación brasilera le propuso a Caracas un cruce de cuentas para solventar la actual situación financiera bilateral. “Somos acreedores de Venezuela por un importe mucho mayor que esos 40 millones de dólares que debemos a la empresa”, puntualizó.

En una nota de prensa publicada al día siguiente de la cita entre los ministros, el despacho brasileño la catalogó como “la celebración de un acto de confianza para reforzar el trabajo conjunto entre los dos países”, además se expuso la agenda tratada confirmando que tanto el tema de la deuda eléctrica como el de la migración venezolana fueron abordados en ambiente colaborativo. Por último, afirma que Venezuela aceptaría la ayuda brasileña en el área de salud y afirma que “la continuidad del embargo económico traerá dificultades de todo orden al pueblo venezolano”.

De esta forma, Brasil reconoció que es falso que las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea sean sólo dirigidas a “funcionarios gubernamentales”, bajo el mantra de que no afectan a la economía y al conjunto de la población de Venezuela.

Este reconocimiento, inédito dentro de los países del Grupo de Lima, afecta la línea de flotación de este organismo ad hoc, limita su influencia y marca un distanciamiento que complica una operatividad coordinada para socavar las funciones diplomáticas de Venezuela. Estados Unidos, en cambio, queda expuesto y desafiado, en momento de alta inestabilidad y pérdida de liderazgo para abordar la situación venezolana, lo que traslada al resto de países la presión de contravenir, omitir o aceptar lo que emana de un país estratégico, como Brasil, para el equilibrio geopolítico de la región.

Brasil pareciera asumir una posición similar a la de Panamá, cuyo gobierno incluyó en una lista de “alto riesgo” por blanqueo de capitales al presidente Maduro y otros funcionarios, así como a empresas venezolanas. Ante ello el gobierno venezolano anunció la suspensión de las relaciones comerciales con el país canalero sancionando a altos funcionarios y 46 empresas, entre ellas, la aerolínea Copa.

Panamá anunció el retiro de su embajador en Venezuela, pidió a Caracas que tomara la misma medida con su representante diplomático en el país. Después de intentos fallidos y ante la presión de las empresas panameñas, el gobierno de Panamá decidió restituir su misión diplomática, a lo que Venezuela respondió en la misma tónica, con el objetivo de retomar la conectividad aérea y crear una comisión presidida por los cancilleres de ambos países para hacer frente a los asuntos pendientes.

La posición de Brasil no incluye un compromiso absoluto con las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Su ministerio de Defensa asume una posición clara en divergencia, esto es una oportunidad para que Venezuela pueda reimpulsar su relaciones internacionales.

En los casos de Brasil y Panamá, puede establecerse un patrón de comportamiento que va tomando forma: las sanciones de Estados Unidos también están afectando a empresas, canales de intercambio financiero e intereses económicos diversos con respecto a Venezuela, lo cual termina traduciéndose en sacrificio material y financiero el apoyo político solicitado por Washington, para amplificar su agenda de presiones contra Venezuela.

Los países de la región, mal llamados “socios”, según este planteamiento, deben pagar los costos de esta estrategia, sea con la emigración forzada, la incapacidad de pago o pérdidas económicas. Brasil pareciera no estar dispuesta a llevar ese sacrificio hasta un punto en que Roraima se vuelva una zona de conflictividad social que pudiera complicar aún más la disputa electoral interna y la inestabilidad política creciente.

A un año de oficializarse el bloqueo financiero contra Venezuela, a través de la orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 25 de agosto de 2017, el Grupo de Lima se encuentra en una situación de inestabilidad dados los últimos cambios en la región (en su último comunicado rechazó la intervención militar estadounidense), mientras que las sanciones, al ampliar su poder de fuego, más allá de las fronteras de Venezuela, neutralizan a sus propios socios, dando oportunidad a Venezuela para reactivar sus funciones diplomáticas.

Una rendición de cuentas que no habla nada bien de Julio Borges, Luis Almagro, Marco Rubio, Mike Pence, caras públicas y cerebros de las sanciones, vendida a los medios como la mejor vía, y la más rápida, para acabar con el gobierno constitucional de Nicolás Maduro.

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