Las razones por las que solo viven 20 de los 126 trabajadores de la fábrica de Uranio en Andújar

Por Javier López

El goteo de fallecidos es continuo. José Soto, presidente de la asociación de ex trabajadores de la FUA, aclara que es prácticamente la única persona del colectivo a la que todavía le quedan fuerzas para denunciar los hechos.

La fábrica de uranio de Andújar (FUA), cerrada hace 36 años, no ha dejado de matar desde entonces. Su última víctima es Gabino, fallecido el pasado 4 de septiembre. De la plantilla inicial, compuesta por 126 personas, apenas vive una veintena. El cáncer ha exterminado a la mayoría de quienes durante décadas manipularon el metal sin medidas efectivas de protección (gastaban mascarillas de papel) y sin conocer el peligro de la radiactividad. Por eso, depositaban la comida sobre los bidones de residuos y lavaban en casa la ropa de faena. La supervivientes piden que se les reconozca la enfermedad profesional antes de que la metástasis acabe con todos.

El goteo de fallecidos es continuo. José Soto, presidente de la asociación de ex trabajadores de la FUA, aclara que es prácticamente la única persona del colectivo a la que todavía le quedan fuerzas para denunciar los hechos. El vicepresidente ha fallecido y el tesorero está muy enfermo. Él mismo toma a diario una docena de fármacos para combatir diversas dolencias. Al menos, puede contarlo. Parte de la plantilla murió joven. Muchos de sus compañeros no habían cumplido siquiera 40 años cuando se los llevó el cáncer. Previamente, habían compartido espacio con el uranio en unas dependencias que, según la asociación, no cumplían los requisitos de seguridad.

La FUA se inauguró en 1959 y fue cerrada en 1981. Ese año a los trabajadores les ofrecieron un puesto de trabajo en la fábrica de uranio de Don Benito, en la que se trabajaba a cielo abierto. No fue un buen trato. Ninguno de los que aceptaron la itinerancia vive hoy, aclara este superviviente, que expresa su indignación por la insensibilidad de las formaciones políticas respecto al problema: ?Ni la dictadura ni la democracia han hecho nada por nosotros?. Habría bastado con que la administración central hubiera accedido a relacionar las patologías con la actividad desarrollada, pero, lejos de hacerlo, los sucesivos gobiernos se negaron a validar los informes médicos que vinculaban el cáncer con el uranio e hicieron caso a otros, como el realizado por el Consejo de Seguridad Nuclear, que descartaban la relación.

«Una mano negra»

«Una mano negra impidió que se les reconocieran sus derechos a todos los trabajadores», asegura el abogado Manuel Ángel Vázquez, contratado a principio de los 90 para litigar por los derechos de una plantilla ya entonces diezmada. Aunque un estudio de la Junta de Andalucía avalaba la tesis de que la manipulación del uranio estaba detrás de las enfermedades, juzgados de lo social decretaron el archivó la causa, ratificado después por las instancias superiores. El letrado está convencido de que la justicia no investigó hasta el final. De haberlo hecho, señala, se habría determinado la causalidad. Y, en consecuencia, la plantilla habría cobrado una pensión digna en lugar de los 440 euros que percibe Soto tras 22 años de convivencia con la radiación. O las 5.000 pesetas mensuales que cobraron algunos de los obreros que se prejubilaron en los ochenta.

El dinero lo reciben ahora las viudas que quedan en pie, que tampoco son muchas. El fallecimiento prematuro de los dos cónyuges es una constante entre parejas relacionadas laboralmente con la FUA. De nuevo, hay que hacer mención al uranio como causa probable del deceso, ya que, asegura el presidente, se introdujo en los hogares a través de la indumentaria. No sólo la de trabajo, sino también la ropa utilizada por los empleados tras su jornada laboral, que guardaban en las taquillas de la fábrica. De resultas de la falta de control la radiación afectó, según la asociación, hasta la tercera generación: nietos de trabajadores han fallecido también de cáncer.

La exposición al uranio de los trabajadores de la FUA es de libro, en opinión del profesor e historiador Juan Antonio Muñoz, que recopila para una tesis los lugares del sur de España en los que ha habido, y hay, contaminación nuclear. Según este experto, persiste una considerable actividad radiactiva en Andújar. Muñoz destaca la proximidad del Guadalquivir de la zona en la que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) enterró el uranio tras el desmantelamiento de la fábrica en 1995. Y advierte de que las características del subsuelo, permeable, facilita la filtración del uranio al cauce público del principal río andaluz.

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