Las agresiones en defensa de la unidad de España se multiplican en los Països Catalans

Por Seda Hakobyan i Alexandre Solano

La impunidad y los vínculos con el aparato estatal español marcan el repunte de agresiones en defensa de la unidad de España.

El lunes, el fotoperiodista Jordi Borràs fue agredido por un agente de la policía española al grito de ‘viva España’ y ‘viva Franco’. Los ataques con una carga ideológica clara, españolista y franquista, han crecido del otoño de 2017 a esta parte, con impunidad política mediática y judicial total.

El mismo Borràs había denunciado en un reportaje que entre el 8 de septiembre y el 11 de diciembre de 2017 se habían cometido ciento treinta y nueve incidentes violentos, ochenta y seis de ellos con agresiones físicas, que tenían como motivación la defensa de la unidad de España. Una gran parte de aquellas agresiones se concentraron los días de las manifestaciones de Sociedad Civil Catalana, cuando hubo treinta y cuatro actos violentos. En la última, la del 29 de octubre, hubo diez agresiones, no sólo contra independentistas, sino también contra fotógrafos e inmigrantes. Incluso llegaron a enfrentándose a los Mossos en la plaza de Sant Jaume de Barcelona.

Unos ataques con cobertura mediática
El uso de la violencia física ha ido más allá de los militantes habituales de agrupaciones de extrema derecha y se ha hecho más transversal en el españolismo. En gran parte, es consecuencia de la actuación de la policía, del discurso de Felipe VI y la actitud de España, que han transmitido el mensaje de que cualquier medio es lícito para detener la independencia. Además, los principales medios de comunicación han creado un discurso que equipara poner lazos amarillos a arrancarlos, que considera que llevar su es una provocación y, por tanto, que es lícito reaccionar agresivamente, y que también justifica la violencia contra el independentismo.

Uno de los casos más mediáticos fue en Canet de Mar (Barcelona), cuando una veintena de encapuchados organizados arrancó cruces amarillas y hirió a cinco personas. Partidos y medios, en vez de denunciar sin rodeos, centraron el debate en que se hubiera utilizado el espacio público para las protestas, lo que desencadenó la campaña a favor de la ‘neutralidad’ de la espacio público y contra las reivindicaciones.

En la misma línea, en plena campaña de las elecciones del 21 de diciembre, Mariano Rajoy y Albert Rivera aprovecharon una queja de una pareja de ultraderecha de Balsareny (Bages) para crear un show mediático:  fue algo trucado, aunque tenían varias causas judiciales abiertas, una de las cuales era por haber acosado el domicilio del alcalde. Militaban en Vox y habían incitado al odio contra inmigrantes y ensalzado el franquismo en las redes sociales.

También cabe destacar el caso del instituto el Palacio de San Andrés de la Barca (Barcelona), donde el foco mediático derivó en una campaña de acoso contra los profesores que no sólo atacó el independentismo sino al sistema educativo por unos supuestos adoctrinamientos y persecuciones de los no soberanistas que exigían una reacción en defensa de ‘suyos’.

En el estudio ‘Catalanofobia: un chivo expiatorio’, Àlex Romaguera describe este fenómeno como estructural y persistente, que no es esporádico y en el que tienen una participación clave los medios de comunicación. En cambio, estos últimos meses se han ido minimizando u ocultando actos que sobrepasan las rencillas, como la agresión a dos profesores de la Institución Cultural del CIC, con alumnos en el interior, el incendio provocado en el Ateneu Popular de Sarrià y el ataque al Casal Independentista el Horno de Girona. Todo, con impunidad absoluta.

Los mismos grupos alabados por haberse organizado para arrancar lazos se han vinculado después a la extrema derecha y han cometido agresiones físicas como la de los Lledoners (Bages). Siempre dicen que la culpa es de los independentistas por haber creado este clima.

Un fenómeno que también crece en Valencia y las Islas
La violencia no se circunscribe sólo al Principado, sino que también ha tenido un repunte en las Islas y en Valencia, un territorio ya marcado por décadas de violencia en nombre de la unidad de España.

En el mismo reportaje citado, se denuncian quince incidentes en Valencia, los más importantes en la manifestación del Nueve de Octubre, cuando ante la pasividad de la policía y de la delegación del Gobierno, miembros de extrema derecha (de España 2000 y de Yomus) agredieron a los participantes en la manifestación en defensa del catalán. En Palma, dos días antes, manifestantes favorables a la unidad de España habían asaltado un puesto de la Asamblea Sobiranista de Mallorca.

La extrema derecha, incluso, logró que se suspendiera el acto en apoyo al 1-O en el Hotel Astoria de Valencia a raíz de las amenazas recibidas, y dos actos en la Universidad de Alicante debido a la concentración de decenas de los suyos.

La violencia no se ha detenido. En la visita del 7 de julio de Joan Tardà en Barxeta (Valencia), se concentró la entidad Defendemos Valencia y llegaron a agredir algunos participantes. Aunque habían avisado a la Guardia Civil del riesgo, los agentes sólo aparecieron cuando fueron llamados de urgencia porque los agresores se enfrentaban a la policía local.

La impunidad y la permisividad hace décadas que existen. Como explicaba Laia Altarriba en un reportaje, la plataforma de Acción Popular contra la Impunidad denuncia seiscientas agresiones fascistas anuales en el País Valenciá. Lo más grave era que, entre 2007 y 2012, hubo veinte atentados de contenido ideológico con artefactos explosivos y ninguno fue resuelto por la justicia. El Temps computó mil quinientos delitos de odio sólo en 2016.

Unos ataques contra el Centro Español de Acogida de Refugiados de Mislata (Huerta oeste), contra partidos de izquierdas y entidades sociales (Intersindical, ca Revuelta, Centro Social Tierra, Casal Jaume I y Centro Social Mislata), demuestran que el blanco no son solamente los catalanistas, sino también otros grupos de izquierdas, colectivos de inmigrantes y de homosexuales.

La impunidad en España
La impunidad no es casual, basta destacar que cuatro de las agresiones recientes han sido obra de la Guardia Civil o la policía española. La mayoría, fuera de servicio, sin incluir la última de un inspector de la Brigada Provincial de Información a Jordi Borràs.

De la transición a esta parte, no ha habido ninguna depuración en la administración, la justicia y los cuerpos policiales del estado español. La policía franquista fue reciclada en muchos casos en la guerra sucia de España, con vínculos con la extrema derecha, como ya demostraba el periodista Xavier Vinader en 1979.

La policía dio apoyo a grupos de ultraderecha, hasta el punto que incorporar policías y militares. Tenían la complicidad de los aparatos del estado español y actuaban violentamente y con una gran impunidad al margen de la ley. Posteriormente, muchos se integraron a los GAL, agrupaciones parapoliciales financiadas, coordinadas y entrenadas por el gobierno español y la administración que constituyeron el llamado ‘terrorismo de estado’.

La última llegada masiva de la policía española y la Guardia Civil en Cataluña para impedir el referéndum ha dejado casos de catalanofobia, agentes cantando el himno español con letra de Pemán (vinculada a Miguel Primo de Rivera y el bando franquista), imágenes amenazadoras y proclamas claras para actuar contra la población.

Otro caso es la concentración en Madrid convocada por el colectivo fascista Hogar Social, donde se insultó a los miembros del parlamento que habían ido a declarar en el Tribunal Supremo. Entre los nazis, había un portavoz sindical de la policía de Madrid encargado de la difusión y prensa. Incluso, con la aplicación del 155, se denunció que los Mossos tenían órdenes de no investigar la extrema derecha.

La impunidad no es nueva. Más allá del reciente ataque de la librería Blanquerna, cuyos autores siguen en libertad, hace décadas que dura, principalmente en Valencia. Durante la llamada ‘batalla de Valencia’, el blaverisme, que tiene como eje central el anticatalanismo, intentó asesinar impunemente Joan Fuster, Manuel Sanchis Guarner y Josep Lluís Albinyana.

El caso más demoledor fue el asesinato de Guillem Agulló el 11 de abril de 1993 a manos de fascistas. El juez lo redujo a una simple pelea, el responsable principal sólo cumplió cuatro años y todos los demás fueron absueltos. El mismo asesino, Pedro Cuevas, El Ventosa, fue detenido en 2005 por la operación Panzer, cuando se desarticuló un grupo de neonazis con contactos políticos, de empresarios ya las fuerzas arrmades que tenía armas del ejército español, incluidos lanzagranadas. Desaparecieron armas incautadas y todos los acusados ​​fueron absueltos e incluso indemnizados por el material destruido. No se investigaron los contactos ni cómo se habían obtenido las armas.

La gran mayoría de casos acaban con la absolución o con una gran impunidad, a escala judicial, política, mediática e institucional. En 2007, Pedro Cuevas se presentó en la lista de Alianza Nacional.

La situación se puede contrastar con muchos otros casos fuera de los Países Catalanes, como el de los jóvenes de Altsasu, con una campaña de los medios y con la única prueba del testimonio incoherente de los policías.

El cambio de imagen de la extrema derecha

Como se ha señalado, la violencia física no sólo proviene de los habituales de extrema derecha, sino de personas sin ningún vínculo con estas organizaciones. La situación y el poco apoyo electoral ha motivado la reorganización de estos grupos hacia unas posiciones ‘ni de izquierdas ni de derechas’ pero que defienden sin complejos la unidad de España.


Gráfico: Datos de la segunda ola del CEO de 2018.

Cabe señalar que la mayoría de los votantes dan un apoyo inequívoco a la democracia por encima de cualquier otra forma de gobierno. Pero entre los votantes del PP y, en menor medida, de Ciudadanos, encontramos un sector importante con dudas o que opta por un sistema autoritario: en el caso de los populares, llegan a ser casi la mitad de los votantes.

En estas preguntas, la gente suele ocultar las preferencias antidemocráticas para no salir mal parada. Es decir, que este sector puede ser más grande y no parece de antemano. Por tanto, está claro que una de las causas de que no haya una presencia electoral fuerte de la extrema derecha es que su nicho de votantes está dentro de partidos ‘convencionales’.

En Cataluña, encontramos que una de las entidades fundadoras de Sociedad Civil Catalana, teóricamente transversal, Somatemps, que mantiene vínculos con Plataforma por Cataluña, VOX y MSR, ha convocado esta semana una concentración ante el consulado alemán en Barcelona para las decisiones del tribunal de Schleswig-Holstein.

Hace un par de meses, se creó Sociedad Civil Balear, y esta misma semana, Sociedad Civil Valenciana, con el objetivo de luchar contra ‘la manipulación y el adoctrinamiento’. En las Islas, Actúa Baleares, de Jorge Campos, del Círculo Balear, y Vox, acordaban ir en coalición en todas las elecciones por ‘la defensa de la unidad de España, la libre elección de lengua, la devolución de competencias a España, el control de la inmigración ilegal, la bajada de impuestos y la lucha contra la corrupción y el despilfarro público ‘.

La defensa de España se ha convertido en el fundamento del discurso de la extrema derecha y ha ocultado el resto de reivindicaciones. Un caso claro en Valencia es la asociación Lo Nuestro, con presencia en Elda-Petrer, Elche, Alicante y Alcoy, que, renunciando a los símbolos fascistas y escondiendo las conexiones con la extrema derecha, ha centrado el discurso en la defensa de España y de las denominaciones del país y de la lengua frente a un supuesto ‘catalanismo invasor’. Ocultando el discurso pero con acciones violentas, racistas e intolerantes.

Otra nueva entidad es Defendemos Valencia, emblanquecida por gran parte de los medios como asociación surgida a raíz de ‘la pasividad de los políticos frente a los intentos de catalanizar Valencia’. La mayoría de actos violentos son minimizados con un silencio informativo o son tratados como obra de ‘radicales’ o de ‘jóvenes con banderas’.

El mismo ex-ministro Zoido dijo que la violencia de la extrema derecha eran casos ‘puntuales’ y negó que hubiera crecido, alabando la labor de los cuerpos de seguridad. Las agresiones les van bien para ayudar a crear un clima de tensión, miedo y crispación con unas acciones que, además, son en defensa de la unidad de España.

La situación de violencia impune fuera de la normalidad en cualquier democracia existe, en gran parte, gracias a la colaboración del aparato del estado español. No está en contra ni de lo que defienden ni de lo que consiguen, por lo que la impunidad es total.

https://www.vilaweb.cat/noticies/les-agressions-en-defensa-de-la-unitat-despanya-es-multipliquen-als-paisos-catalans/


Les agressions en defensa de la unitat d’Espanya es multipliquen als Països Catalans
La impunitat i els vincles amb l’aparell estatal espanyol marquen el repunt d’agressions en defensa de la unitat d’Espanya

Dilluns, el fotoperiodista Jordi Borràs va ser agredit per un agent de la policia espanyola al crit de ‘viva España’ i ‘viva Franco’. Els atacs amb una càrrega ideològica clara, espanyolista i franquista, han crescut de la tardor del 2017 ençà, amb impunitat política mediàtica i judicial total.

El mateix Borràs havia denunciat en un reportatge que entre el 8 de setembre i l’11 de desembre de 2017 s’havien comès cent trenta-nou incidents violents, vuitanta-sis dels quals amb agressions físiques, que tenien com a motivació la defensa de la unitat d’Espanya. Una gran part d’aquelles agressions es van concentrar els dies de les manifestacions de Societat Civil Catalana, quan hi va haver trenta-quatre actes violents. En l’última, la del 29 d’octubre, hi va haver deu agressions, no solament contra independentistes, sinó també contra fotògrafs i immigrants. Fins i tot van arribar a enfrontant-se als Mossos d’Esquadra a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.

L’ús de la violència física ha anat més enllà dels militants habituals d’agrupacions d’extrema dreta i s’ha fet més transversal en l’espanyolisme. En gran part, és conseqüència de l’actuació de la policia, del discurs de Felipe VI i l’actitud de l’estat espanyol, que han transmès el missatge que qualsevol mitjà és lícit per a aturar la independència. A més, els principals mitjans de comunicació han creat un discurs que equipara posar llaços grocs a arrancar-los, que considera que dur-ne és una provocació i, per tant, que és lícit reaccionar-hi agressivament, i que també justifica la violència contra l’independentisme.

Un dels casos més mediàtics va ser a Canet de Mar (Maresme), quan una vintena d’encaputxats organitzats va arrencar creus grogues i va ferir cinc persones. Partits i mitjans, en comptes de denunciar-ho sense embuts, van centrar el debat en el fet que s’hagués fet servir l’espai públic per a les protestes, cosa que va desencadenar la campanya a favor de la ‘neutralitat’ de l’espai públic i contra les reivindicacions.

En la mateixa línia, en plena campanya de les eleccions del 21 de desembre, Mariano Rajoy i Albert Rivera van aprofitar una queixa d’una parella d’ultradreta de Balsareny (Bages) per crear un xou mediàtic: tots dos van trucar-los, tot i que tenien diverses causes judicials obertes, una de les quals per haver assetjat el domicili del batlle. Militaven a Vox i havien incitat a l’odi contra immigrants i enaltit el franquisme a les xarxes socials.

També cal destacar el cas de l’institut el Palau de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), on el focus mediàtic va derivar en una campanya d’assetjament contra els professors que no solament va atacar l’independentisme sinó el sistema educatiu i uns suposats adoctrinament i persecució dels no sobiranistes que exigien una reacció en defensa dels ‘seus’.

En l’estudi ‘Catalanofòbia: un boc expiatori’, Àlex Romaguera descriu aquest fenomen com a estructural i persistent, que no és esporàdic i en el qual tenen una participació clau els mitjans de comunicació. En canvi, aquests últims mesos s’han anat minimitzant o ocultant actes que sobrepassen les picabaralles, com ara l’agressió a dos professors de la Institució Cultural del CIC, amb alumnes a l’interior, l’incendi provocat a l’Ateneu Popular de Sarrià i l’atac al Casal Independentista el Forn de Girona. Tot, amb impunitat absoluta.

Els mateixos grups lloats per haver-se organitzat per arrencar llaços s’han vinculat després a l’extrema dreta i han comès agressions físiques com la dels Lledoners (Bages). Sempre diuen que la culpa és dels independentistes per haver creat aquest clima.

Un fenomen que també creix al País Valencià i les Illes
La violència no se circumscriu només al Principat, sinó que també ha tingut un repunt a les Illes i al País Valencià, un territori ja marcat per dècades de violència en nom de la unitat d’Espanya.

En el mateix reportatge citat, es denuncien quinze incidents al País Valencià, el més important en la manifestació del Nou d’Octubre, quan davant la passivitat de la policia i de la delegació del govern espanyol, membres d’extrema dreta (d’España 2000 i de Yomus) van agredir els participants en la manifestació en defensa del català. A Palma, dos dies abans, manifestants favorables a la unitat d’Espanya havien assaltat una paradeta de l’Assemblea Sobiranista de Mallorca.

L’extrema dreta, fins i tot, va aconseguir que se suspengués l’acte en suport a l’1-O a l’Hotel Astoria de València arran de les amenaces rebudes, i dos actes a la Universitat d’Alacant a causa de la concentració de desenes dels seus.

La violència no s’ha aturat. En la visita del 7 de juliol de Joan Tardà a Barxeta (Costera), es va concentrar l’entitat Defenem Valéncia i van arribar a agredir alguns participants. Tot i que havien avisat la Guàrdia Civil del risc, els agents només van aparèixer quan van ser cridats d’urgència perquè els agressors s’enfrontaven a la policia local.

La impunitat i la permissivitat fa dècades que existeixen. Com explicava Laia Altarriba en un reportatge, la plataforma d’Acció Popular contra la Impunitat denuncia sis-centes agressions feixistes anuals al País Valencià. La cosa més greu era que, entre el 2007 i el 2012, hi va haver vint atemptats de contingut ideològic amb artefactes explosius i cap no va ser resolt per la justícia. El Temps va computar mil cinc-cents delictes d’odi només el 2016.

Uns atacs contra el Centre Espanyol d’Acollida de Refugiats de Mislata (Horta oest), contra partits d’esquerres i entitats socials (Intersindical Valenciana, ca Revolta, Centre Social Terra, Casal Jaume I i Centre Social Mislata), demostren que el blanc no són solament els catalanistes, sinó també altres grups d’esquerres, col·lectius d’immigrants i d’homosexuals.

La impunitat a l’estat espanyol
La impunitat no és casual, només cal remarcar que quatre de les agressions recents han estat obra de la Guàrdia Civil o la policia espanyola. La majoria, fora de servei, sense incloure l’última d’un inspector de la Brigada Provincial d’Informació a Jordi Borràs.

De la transició ençà, no hi ha hagut cap depuració en l’administració, la justícia i els cossos policials de l’estat espanyol. La policia franquista va ser reciclada en molts casos en la guerra bruta de l’estat espanyol, amb vincles amb l’extrema dreta, com ja demostrava el periodista Xavier Vinader el 1979.

La policia va donar suport a grups d’ultradreta, fins al punt que van incorporar-hi policies i militars. Tenien la complicitat dels aparells de l’estat espanyol i actuaven violentament i amb una gran impunitat al marge de la llei. Posteriorment, molts van integrar-se als GAL, agrupacions parapolicials finançades, coordinades i entrenades pel govern espanyol i l’administració que van constituir l’anomenat ‘terrorisme d’estat’.

La darrera arribada massiva de la policia espanyola i la Guàrdia Civil a Catalunya per a impedir el referèndum ha deixat casos de catalanofòbia, agents cantant l’himne espanyol amb lletra de Pemán (vinculada a Miguel Primo de Rivera i al bàndol franquista), imatges amenaçadores i proclames clares per a actuar contra la població.

Un altre cas és la concentració a Madrid convocada pel col·lectiu feixista Hogar Social, on es va insultar els membres del parlament que havien anat a declarar al Tribunal Suprem. Entre els nazis, hi havia un portaveu sindical de la policia de Madrid encarregat de la difusió i premsa. Fins i tot, amb l’aplicació del 155, es va denunciar que els Mossos tenien ordres de no investigar l’extrema dreta.

La impunitat no és nova. Més enllà del recent atac de la llibreria Blanquerna, els autors del qual continuen en llibertat, fa dècades que dura, principalment al País Valencià. Durant l’anomenada ‘batalla de València’, el blaverisme, que té com a eix central l’anticatalanisme, va intentar assassinar impunement Joan Fuster, Manuel Sanchis Guarner i Josep Lluís Albinyana.

El cas més demolidor va ser l’assassinat de Guillem Agulló l’11 d’abril de 1993 a mans de feixistes. El jutge ho va reduir a una simple baralla, el responsable principal només va complir quatre anys i tots els altres van ser absolts. El mateix assassí, Pedro Cuevas, El Ventosa, va ser detingut el 2005 per l’operació Panzer, quan es va desarticular un grup de neonazis amb contactes polítics, d’empresaris i a les forces arrmades que tenia armes de l’exèrcit espanyol, inclosos llançagranades. Van desaparèixer armes confiscades i tots els acusats van ser absolts i fins i tot indemnitzats pel material destruït. No es van investigar els contactes ni com s’havien obtingut les armes.

La gran majoria de casos acaben amb l’absolució o amb una gran impunitat, a escala judicial, política, mediàtica i institucional. El 2007, Pedro Cuevas es va presentar a la llista d’Alianza Nacional.

La situació es pot contrastar amb molts altres casos de fora dels Països Catalans, com el dels joves d’Altsasu, amb una campanya dels mitjans i amb l’única prova del testimoni incoherent dels policies.

El canvi d’imatge de l’extrema dreta
Com s’ha assenyalat, la violència física no solament prové dels habituals d’extrema dreta, sinó de persones sense cap vincle amb aquestes organitzacions. La situació i el poc suport electoral ha motivat la reorganització d’aquests grups cap a unes posicions ‘ni d’esquerres ni de dretes’ però que defensen sense complexos la unitat d’Espanya.

Dades de la segona onada del CEO de 2018.

Cal assenyalar que la majoria de votants donen un suport inequívoc a la democràcia per sobre de qualsevol altra forma de govern. Però entre els votants del PP i, en menor mesura, de Ciutadans, trobem un sector important amb dubtes o que opta per un sistema autoritari: en el cas dels populars, arriben a ser gairebé la meitat dels votants.

En aquestes preguntes, la gent sol ocultar les preferències antidemocràtiques per no sortir-ne malparada. És a dir, que aquest sector pot ser més gran que no sembla d’antuvi. Per tant, és clar que una de les causes que no hi hagi una presència electoral forta de l’extrema dreta és que el seu nínxol de votants és dins de partits ‘convencionals’.

A Catalunya, trobem que una de les entitats fundadores de Societat Civil Catalana, teòricament transversal, Somatemps, que manté vincles amb Plataforma per Catalunya, VOX i MSR, ha convocat aquesta setmana una concentració davant el consolat alemany a Barcelona per les decisions del tribunal de Slesvig-Holstein.

Fa un parell de mesos, es va crear Societat Civil Balear, i aquesta mateixa setmana, Societat Civil Valenciana, amb l’objectiu per lluitar contra ‘la manipulació i l’adoctrinament’. A les Illes, Actúa Balears, de Jorge Campos, del Círculo Balear, i Vox, acordaven d’anar en coalició en totes les eleccions per ‘la defensa de la unitat d’Espanya, la lliure elecció de llengua, la devolució de competències a l’estat espanyol, el control de la immigració il·legal, la baixada d’impostos i la lluita contra la corrupció i el balafiament públic’.

La defensa d’Espanya s’ha convertit en el fonament del discurs de l’extrema dreta i n’ha ocultat la resta de reivindicacions. Un cas clar al País Valencià és l’associació Lo Nuestro, amb presència a Elda-Petrer, Elx, Alacant i Alcoi, que, renunciant als símbols feixistes i amagant les connexions amb l’extrema dreta, ha centrat el discurs en la defensa de l’estat espanyol i de les denominacions del país i de la llengua enfront d’un suposat ‘catalanisme invasor’. Ocultant el discurs però amb accions violentes, racistes i intolerants.

Una altra nova entitat és Defenem Valéncia, emblanquida per gran part dels mitjans com a associació sorgida arran de ‘la passivitat dels polítics enfront dels intents de catalanitzar València’. La majoria d’actes violents són minimitzats amb un silenci informatiu o són tractats com a obra de ‘radicals’ o de ‘joves amb banderes’.

El mateix ex-ministre Zoido va dir que la violència de l’extrema dreta eren casos ‘puntuals’ i va negar que hagués crescut, tot lloant la tasca dels cossos de seguretat. Les agressions els van bé per a ajudar a crear un clima de tensió, por i crispació amb unes accions que, a més, són en defensa de la unitat d’Espanya.

La situació de violència impune fora de la normalitat en qualsevol democràcia existeix, en gran part, gràcies a la col·laboració de l’aparell de l’estat espanyol. No està en contra ni d’allò que defensen ni d’allò que aconsegueixen, i per això la impunitat és total.

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