Hace unas semanas que el Gobierno proclamaba el fin de la operación diálogo y anunciaba el comienzo de una nueva fase en el conflicto con las instituciones catalanas por el proceso independentista. Divisaba una operación represión ‘, que ya ha comenzado a tomar forma. Viernes, Soraya Sáenz de Santamaría hizo una advertencia llevar a Carles Puigdemont y los miembros del gobierno, además de algunos funcionarios, y escenificaba la intensificación de la vía represiva. En un mismo día se activaron dos mecanismos vez: la impugnación del presupuesto de la Generalitat que prevé el referéndum, por un lado, y la notificación por parte de la guardia civil a las empresas contratadas por la Generalitat para tareas relacionadas con la preparación de las estructuras de estado.
El fiscal general del estado, José Manuel Maza, ha dado validez a una información publicada por El País según la cual la fiscalía tiene absolutamente controlados los contratos de las empresas que prestan servicios a la Generalitat. Y por eso ya ha notificado a algunas empresas (sin especificar ni cuáles ni cuántas) que son sospechosas de haber cometido un delito de desobediencia y de malversación de fondos públicos. Concretamente, son empresas tecnológicas, consultoras y de ciberseguridad contratadas para proveer los servicios de inteligencia y la agencia tributaria. Se les hará esta acusación si no responden al requerimiento de información que el viernes recibieron de la guardia civil.
El ministro Maza no quiso dar más detalles de esta actuación: dice que es ‘materia reservada’ y que se trata de un asunto ‘en marcha’. Los detalles ya les daba el diario: los agentes de la guardia civil se presentaron en las sedes de las empresas y se dirigieron a los administradores únicos, presidentes, directores generales y apoderados, y los instaba a identificar cada una de las personas de su compañía involucradas en cada una de las fases de los proyectos, además del responsable de la Generalidad que supervisa el trabajo.
La fiscalía pide a las empresas que concreten los costes inicial, final y de puesta en marcha de aplicaciones informáticas o informes de consultoría, entre más aspectos, como por ejemplo si los trabajadores de las empresas tuvieron que firmar un contrato de confidencialidad y las contraseñas de las aplicaciones informáticas aportadas.
Además, también requiere información sobre cualquier otro contrato del que no tenga conocimiento ‘y que pueda ser utilizado para el desarrollo de cualquiera de las estructuras de estado’. Y aunque les pide si, después de haber recibido el encargo, hicieron saber a la Generalitat que podría ser prohibido por las sentencias del Tribunal Constitucional contra el proceso independentista.
El consejero de Justicia, Carles Mundó, ha reaccionado en nombre del gobierno catalán diciendo que esta investigación de la fiscalía era un abuso de derecho y de las instituciones ‘. Mundó dice que está acostumbrado a la ‘presión constante y exagerada de la fiscalía y de los órganos judiciales hacia la actividad normal y ordinaria de la Generalitat’.
Así pues, el gobierno español pone bajo la lupa no sólo los altos cargos del gobierno y los consejeros por si hacen ninguna actuación relacionada con el referéndum, sino también las empresas que trabajan para la Generalitat. La operación represión no consiste en precintar colegios electorales el día del referéndum: ha empezado mucho antes.
http://www.vilaweb.cat/noticies/loperacio-repressio-de-lestat-espanyol-a-catalunya-ja-ha-comencat/