La Guardia Civil requisa por orden de la AN bienes de ex presxs políticxs vascxs

Por Kaos. Euskal Herría

La operación ordenada por la Audiencia Nacional contra los bienes de 50 ex presxs políticxs  tiene una enorme importancia y carece de precedentes. La ejecución de este procedimiento sabotea la estrategia de la izquierda abertzale de conseguir un trabajo a lxs presxs de ETA para que se incorporen a la sociedad. La Administración jamás había hecho ningún esfuerzo porque se cumpliera, hasta ahora.

El Ministerio del Interior ha informado este jueves de que agentes de la Guardia Civil, en colaboración con el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional, están desarrollando una operación para la intervención de numerosos bienes muebles e inmuebles propiedad de más de 50 personas condenadas por diferentes delitos de terrorismo relacionados con ETA por una deuda que superaría los ocho millones de euros.

Se trata tanto de autores de atentados como de acciones de violencia callejera de la conocida como ‘kale borroka’, según ha informado Interior, sobre quienes pende una deuda contraída con el Estado por el pago de la responsabilidad civil a la que habían sido condenados por sus acciones. Dicha deuda ascendería a más de ocho millones de euros.

Entre los investigados para la intervención de sus bienes se encuentran al menos diez miembros de ETA, entre ellos algunos históricos de la banda. El resto, más de 40, son responsables de acciones de violencia callejera.

Interior ha explicado que se está procediendo al bloqueo y embargo de más de 45 cuentas bancarias de diferentes entidades financieras. Igualmente, se está actuando sobre una treintena de nóminas de aquellos investigados que han resultado estar asalariados. Para ello, se ha oficiado a las empresas para las que trabajan, a fin de que se les retenga la parte de la nómina que supere el salario mínimo interprofesional.

En cuanto a medios de transporte, la Guardia Civil está procediendo a retirar de la vía pública un total de cuatro vehículos, entre ellos el embargo de una autocaravana. Asimismo, la Guardia Civil ha identificado 14 propiedades inmobiliarias, la mayoría de ellas viviendas de las que los investigados serían propietarios, aunque también se ha actuado sobre locales comerciales y plazas de aparcamiento.

 

 

Por otra parte, el colectivo Pro Amnistía y  Contra la Represión, ATA, ha resaltado hoy en un comunicado que “no es casual” que sea en este preciso momento cuando la Audiencia Nacional ha procedido al embargo, “cuando algunos presos y expresos han comenzado a pagar la responsabilidad civil impuesta por los tribunales de excepción”. Según ATA, esto demuestra que lxs presxs no deben acogerse a las medidas ni a los beneficios individuales porque “lo que hace uno, afecta al resto”. “Quienes están pagando la responsabilidad civil tienen que ser conscientes del perjuicio que causan a quienes no lo quieren pagar y, sobre todo, de la legitimidad que otorgan a los Estados que nos oprimen”, añaden. Critican “el secuestro de cuentas corrientes y bienes”, y afirman que “los Estados español y francés vinieron a Euskal Herría a hacer la guerra, y la guerra es lo que siguen haciendo”.

Aseguran que “atacar a los bienes de los ex presos políticos es lo mismo que atacar a sus medios de subsistencia”, y que “además de mantener a los presos durante largos años en prisión, les quieren hundir en la pobreza para siempre, vulnerando su derecho al trabajo y a la vivienda”.  Por todo esto, llaman a la desobediencia y a no pagar “ni una sola moneda a los gestores de la represión”.

Por su parte, Sare denuncia que “se mantiene la venganza y la vulneración de los derechos humanos”.

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