Publicado en: 20 marzo, 2017

La democratización en Colombia: el gran desafío

Por José David Copete

El punto clave en la superación del remedo de democracia al que asistimos refiere a la potenciación de las comunidades mediante ejercicios de poder popular que se expresen tanto cualitativa como cuantitativamente y se desplieguen en lo institucional y lo extra institucional.

La actual situación política colombiana evoca tanta esperanza como prevención. Las oportunidades de generar cambios de profundo calado, que se abren con la posibilidad de implementar el acuerdo firmado con las Farc-Ep y de arribar a uno con el ELN, se cubren con un denso manto de incertidumbre cuando recurrimos a la historia de nuestro país. La población colombiana pareciera sufrir en sus carnes uno de los castigos ejemplares que, condensado en el mito de Sísifo, hace traer a colación la mitología griega. Desde diversos escenarios se promulga la democracia liberal representativa como la única forma de democracia posible, planteando que no hay forma democrática superior y que, por consiguiente, los esfuerzos de las sociedades se deben dirigir hacia el fortalecimiento de la democracia existente.

Sísifo, quien burló a Tanatos y se fugó de un cautiverio que le impusiera Plutón, fue condenado a empujar, en los infiernos, cuesta arriba por una pendiente, una roca que siempre se le escapa de sus manos cuando se aproxima a la cima. Dado que la piedra se resbala por la pendiente y vuelve a la base, Sísifo reinicia su labor incesantemente, dando lugar a una actividad que implica mucho esfuerzo y no tiene sentido alguno. Así, el condenado pasaría la eternidad realizando esta dispendiosa y frugal labor. Tal como Sísifo fue condenado a empujar la roca, nosotros tenemos la ardua labor de cargar sobre nuestros hombros la suerte de una forma institucional que ha demostrado obstruir mucho más de lo que garantiza y promueve en términos de derechos y libertades para los seres humanos. Entonces, como Sísifo está condenado a llevar inútilmente la piedra hasta cercanías de la cumbre, nuestras sociedades están condenadas a nutrir la democracia representativa sin que la democracia se corresponda con la cotidianeidad de las relaciones que entraban los seres humanos.

Más allá de las formas y las normas

Durante las últimas décadas la institucionalidad colombiana ha dado muestras de evolución, que evidencian cambios importantes respecto de la dinámica institucional que signó el país durante la mayor parte del siglo XX. Si bien ello es cierto, las dinámicas sociales y políticas del país distan muchísimo de ser democráticas y, muy por el contrario, asistimos a la proliferación de discursos intolerantes y retrógrados que se entrecruzan con prácticas que hacen nebulosa la frontera entre legalidad e ilegalidad, cuando no desaparece. Entonces, tenemos la conjunción de dinámicas que se suponen contrarias y que se pueden asir en los binomios democracia-intensa represión y liberalismo-Estado confesional.

En las últimas semanas se han acrecentado las evidencias de que la honestidad y el respeto de las leyes son cuestiones altamente desconocidas u obviadas por gran parte de aquellos que legislan, gobiernan y vigilan el orden constitucional. Hoy día el saco de manzanas de la institucionalidad colombiana nos enfrenta a más y más frutos en estado de descomposición, con muestras fehacientes como Bula, Pretelt -sea Chaljub o de la Vega-, Arias, García, Tapia, Arciniegas y otros muchos. Es importante no perder de vista que tales prácticas se pueden ubicar tanto en los linderos del legislativo como en los del ejecutivo y el judicial.

En este contexto, es claro que los avances que en términos institucionales contiene la Constitución de 1991 se deben salvaguardar por parte de la sociedad colombiana, pero la institucionalidad colombiana debe ser reformada en aras de garantizar y promover dinámicas democráticas en y desde la sociedad. Ello refiere a una cuestión de índole tanto interna como externa. En términos internos, se deben propiciar cambios en la configuración del sistema electoral, generar mayores espacios de participación ciudadana, concretar escenarios de veeduría ciudadana y afilar los mecanismos de los órganos de control y del Ministerio público, entre otras.

Los cambios que refieren al exterior de la institucionalidad tienen una relación dialéctica con la misma. La referencia principal es a la posibilidad y necesidad de renovar el escenario de la política institucionalizada mediante la inserción de nuevos actores que puedan concretar cambios de profundo calado. En la actualidad, desde el Partido Liberal una senadora propone un proyecto de ley colmado de discriminación homofóbica mientras que alguien, que fue destituido como procurador, impulsa una “cruzada” contra la corrupción. En simultáneo, vemos lo difícil que ha sido discutir y aprobar un elemento de la importancia de la Jurisdicción Especial para la Paz, entre otras por el ausentismo y la alergia al debate que se ha tomado el Congreso de la República.

Quienes hoy legislan y gobiernan quieren que algo cambie -se desmovilicen las guerrillas- para que nada cambie -la legislación y el gobierno seguirán siendo dinamizadas con sus directrices y prácticas. La construcción de la paz, signada por la democratización de la sociedad colombiana, requiere de cambios, y de profundo calado. Es, precisamente, la posibilidad de ejercer la política sin el recurso a las armas la piedra angular de la posibilidad de democratización del país. Sólo mediante la participación institucional y extra institucional de las comunidades se puede hacer frente a la corporativización, el desmedro de lo público, los crímenes ambientales y sociales y la corrupción galopante que se han vuelto moneda corriente en las dinámicas políticas colombianas. Hay que cambiar tanto el diseño institucional como, y ante todo, la composición de las instituciones colombianas. No podemos seguir esperando que los buitres dinamicen instituciones que defiendan el derecho a la vida y prohíban la carroñería.

En este marco, en el proceso de construcción de la paz es determinante que los entramados institucionales puedan y, ante todo, deban ser democráticos, pero entendiendo que los mismos no agotan ni contienen en sí la democracia. La democratización pasa tanto por la posibilidad de dar lugar a la pluralidad y a la diversidad que se re-crea cotidianamente como por la configuración de mecanismos institucionales -siempre susceptibles de modificación- que permitan que la ciudadanía ejerza sus derechos y goce de las libertades propias de la vida democrática.

La democratización como apuesta para revertir la suerte de Sísifo

Al igual que a Sísifo, a quien se le resbalaba la piedra de las manos cuando estaba cerca de la cumbre, la población colombiana en varias ocasiones ha estado cercana a la configuración de nuevos escenarios políticos, pero desde actores estatales y no estatales se ha actuado contundentemente para que la pesada piedra que nos tocó en suerte vuelva a la base de la montaña. Refiriéndonos a las últimas décadas del siglo XX, el exterminio de la UP, los asesinatos de líderes políticos de izquierda, la creación, consolidación y expansión del paramilitarismo y la actualidad de las mutaciones paramilitares, entre otros, evidencian que la labor no fue, no es, ni será fácil. Pero, asimismo, es necesario resaltar que en Colombia las luchas por la democratización de la sociedad se dieron, se dan y seguirán teniendo lugar. La Cumbre agraria, Voces de paz, Congreso de los Pueblos y otros muchos actores dan fe de las luchas y de su proyección en el tiempo.

Por otro lado, es claro que los clanes que hoy -en el contexto de corporativismo en el que vivimos- usufructúan la institucionalidad colombiana no están nada interesados en que se den cambios de gran calado en este país. Para estas élites la mejor de las posibilidades se liga a la democracia de las doscientas familias que planteara Lukacs. Así, fronteras hacia adentro y hacia afuera hay muchísimos actores empecinados en que el logro de la paz se debe acotar por el fin de las Farc-Ep y del ELN. Como ya se ha dicho en múltiples escenarios y de diversas maneras, la paz de los fusiles es algo más que nada, pero no mucho más que ello. Entonces, construir la paz implica, sea como sea, darle la vuelta al tablero y reconfigurar el juego. Implica, necesaria e ineludiblemente, dar lugar a dinámicas de democratización de la sociedad colombiana.

En este marco, huelga recalcar que en las últimas décadas se ha generado un consenso respecto de la necesidad de concebir la democracia más allá de tal o cual entramado institucional. Democratizar implica generar cambios institucionales importantes, pero, también y ante todo, incluye dinámicas que desbordan la esfera institucional y que signan las posibilidades de fortalecer las prácticas democráticas de las comunidades y las organizaciones, proyectándolas tanto hacia la institucionalidad estatal como al exterior de la misma. Es, entonces, en la democratización de nuestra sociedad donde se alberga la posibilidad de romper el castigo que se ha cernido sobre la población colombiana. La posibilidad de llegar a la cumbre depende de los ejercicios democráticos de quienes han estado excluidos de la política institucionalizada y ahora podrán no sólo participar en ella sino también, de acuerdo con las correlaciones de fuerzas, transformarla.

Entonces, el punto clave en la superación del remedo de democracia al que asistimos refiere a la potenciación de las comunidades mediante ejercicios de poder popular que se expresen tanto cualitativa como cuantitativamente y se desplieguen en lo institucional y lo extra institucional. No podemos resignarnos, ni como ciudadanía ni como institucionalidad, a ver cómo la firma de un acuerdo de finalización del conflicto armado se da en simultáneo con el asesinato de líderes sociales y políticos en diversos territorios; cómo mueren niños a causa de la desnutrición mientras las élites se enriquecen y se adhieren, cual rémoras, a los recursos de las administraciones municipales y departamentales; cómo se degrada la salud de la población colombiana mientras las EPS y sus accionistas nadan en miles y miles de millones de pesos; cómo el sector financiero especula en el mercado con los dineros provenientes de la seguridad social de millones de trabajadores colombianos.

Pero poco podremos hacer si esa indignación no es la de millones de colombianos y si la misma no se concreta en actos que, utilizando nuestros recursos, ataquen tanto las causas efectivas como los actores de la persecución y estigmatización de líderes sociales, del desmedro de los recursos públicos, que elimine el abuso de los fondos de pensiones y que, entre otras, conduzca a la estructuración de un sistema de salud que privilegie a la población y no salvaguarde a las EPS. Solo logrando democratizar nuestra sociedad y sabiendo explotar las condiciones institucionales podremos reforzar el peso de quienes han sido históricamente excluidos y ni siquiera como votos cuentan -como el abstencionismo lo indica–. Romper la suerte de Sísifo es una posibilidad y está clara y determinantemente ligada a la posibilidad de que la acción política de las comunidades en diversos escenarios sea tan potente que nos permita, en un mediano o largo plazo, ver la cumbre.

 

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