Interior embarga cuentas de miembros de Stop Desahucios por protestas contra bancos

Por Pino Alberola

El Gobierno multa con 1.500 euros a un responsable de la plataforma que en octubre fue premiada por la Generalitat por su «capacidad de movilización social»

Una administración les premia y otras les castiga. No ha pasado ni medio año (el pasado 6 de octubre) desde que la Generalitat concedió a Stop Desahucios un premio en reconocimiento a su defensa de las libertades constitucionales, cuando la cuenta bancaria de uno de sus miembros, Fernando Martínez, ha sido embargada por tres multas que en 2014 y 2015 le impuso la Policía Nacional por participar en tres concentraciones no autorizadas organizadas por la plataforma. La justicia le reclama casi 1.500 euros y para ello ha inmovilizado su cuenta, de manera que no puede acceder a su dinero. Desde el primer momento, Stop Desahucios ha tratado de pelear para que estas multas fueran retiradas. «Hemos hecho recursos de reposición y de alzada, pero no hemos logrado que las retiraran», señala Desiré Gómez, integrante de la plataforma, quien advierte que después del caso de Fernando Martínez llegarán muchos otros. «Hay numerosos compañeros que han sido multados y calculamos que se pueden superar los 15.000 euros en sanciones si no se busca una solución». Una parte de las multas fue puesta con base en la anterior «ley Corcuera» y otra parte ya con la «ley mordaza». No obstante, miembros de la plataforma señalan que desde la tramitación de la actual normativa de seguridad ciudadana, que entró en vigor en verano de 2015, «las cosas se complicaron mucho».

Las concentraciones en las que fue multado Fernando y otros compañeros de Stop Desahucios se llevaron a cabo entre los años 2014 y 2015 a las puertas de entidades bancarias de la ciudad de Alicante que en ese momento estaban implicadas en procesos de desahucio. La plataforma las convocaba sin solicitar permiso a la Subdelegación del Gobierno y avisando a los participantes con muy poco tiempo de antelación del lugar y la hora. «Lo hacíamos así porque de lo contrario, al llegar al banco, nos encontrábamos con la Policía que no nos dejaba entrar para hablar con el director y tratar de renegociar las hipotecas. No había otra fórmula porque a las familias no les hacían caso, ni se ponían al teléfono». En ningún momento de estas concentraciones, explican Desiré y Fernando, «se produjeron insultos, agresiones o se hicieron destrozos en el mobiliario urbano o en las sucursales bancarias».

Stop Desahucios ha solicitado a la Agencia Tributaria que Fernando pueda fragmentar el pago de la multa, «de manera que salga a 50 euros al mes». Al mismo tiempo han solicitado una reunión con el actual subdelegado del Gobierno, José Miguel Savall, para pedirle que todas las sanciones sean condonadas.Si finalmente tienen que hacer frente a las multas, la plataforma tienen previsto emprender acciones, como un «crowdfunding», para poder recaudar el dinero, «además de que nos manifestaremos en las calles para denunciar esta situación tan injusta», señala Desiré Gómez.

La integrante de Stop Desahucios critica además que la cuantía de las multas se haya incrementado durante todo el tiempo que han estado recurriéndolas. «Cumplimos con los plazos y procedimientos que da la administración y después nos encontramos que una multa que por pagarla en el momento hubieran sido menos de 300 euros se convierten en 500». Stop Desahucios recuerda que la Generalitat les distinguió el pasado mes de octubre por «nuestra capacidad de movilización social en la defensa del derecho a una vivienda digna y por este mismo motivo ahora se nos multa. Es incongruente».

 

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