Publicado en: 12 septiembre, 2018

Honduras. Recurso de Apelación contra absolución de oficiales torturadores está engavetado

Por Pasos de Animal Grande

Los acusados fueron exonerados de los delitos, ya que la juez no valoró las pruebas presentadas por la parte acusadora.

A un año del brutal ataque contra cuatro defensores de los derechos humanos y ocho estudiantes, suscitado el 08 de septiembre de 2017, la defensa y las víctimas hacen eco de las inconsistencias observadas en proceso penal contra tres altos oficiales de la policía.

En esa fecha los agentes rociaron gas pimienta en los rostros de las 12 personas que se encontraban dentro de un bus del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, (CONADEH). Los cuatro defensores rescataron a los estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, que se quedaron atrapados en edificios después de un desalojo policial.

Los defensores de derechos humanos contra quienes se cometieron graves abusos fueron Carlos del Cid, María Tomasa Morales, Ariel Día y Hedme Castro.

Los estudiantes afectados son Mario Silva, Cristian Sanabria, Santos Ruiz, Nahúm Portillo, Bryan González, Edwin Salas, Andy Villanueva y José Bustillo.

Los oficiales responsables de los delitos fueron Juan Manuel Aguilar Godoy, Félix Adrian Colíndres Hernández y Marlon Agustín Vásquez Palma, todos contaban abogados y privilegios en las audiencias.

Ellos fueron acusados por el Ministerio Público a instancias de organizaciones aglutinadas en la Mesa de Derechos Humanos por los delitos de Abuso de Autoridad y Tortura, Detención Ilegal, Lesiones, Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública, la Libertad y Seguridad del Estado de Honduras, la Seguridad Interior del Estado de Honduras.

Sin embargo, los acusados fueron exonerados de los delitos, ya que la juez no valoró las pruebas presentadas por la parte acusadora, por lo cual los apoderados legales de los ofendidos, presentaron un recurso de apelación, el cual duerme el sueño de los justos en la Corte de de Apelaciones, mismo que no esperan se resuelva a favor de los afectados, porque los policías gozan de protección estatal.

Inconsistencias

De acuerdo a Carlos del Cid, del Observatorio Ecuménico Internacional de los Derechos Humanos, (OEIDH), una de las personas que resultó afectada en su visión al ser atacado por los altos oficiales con gas pimienta en su cara, relata varias de las inconsistencias que se dieron en el proceso, el cual dio como resultado la absolución a los imputados.

“Hay varias inconsistencias que se presentaron en el juicio que se les siguió a los altos oficiales de la policía y para mí la principal es que la juez no valoró las pruebas de video y audio que evidenciaba la agresión física que provocaron los jerarcas policiales que estaban allí, y se centró más bien en acciones para descalificar nuestro. Tomó en cuenta más bien las pruebas presentadas a favor de ellos y en contra de nosotros los defensores, como si nosotros éramos los acusados”, indicó Del Cid.

Señaló que otra de las pruebas que no valoró la juez que conoció el caso, fueron los exámenes médicos que demostraban los daños físicos que los defensores y estudiantes habían recibido de parte de los policías y que son parte de emitidos dictámenes forenses del Instituto Hondureño de Seguridad Social y por clínicas privadas, además de incapacidades otorgadas por más de diez días y que fueron ignoradas por la juez.

“Me parece que esas inconsistencias antes señaladas y esa simpatía mostrada por la juez, durante todos los tres meses que duró el juicio”, agregó Del Cid.

Orden de desalojo

Por su parte la abogada Kenia Oliva, de C-LIBRE, quien representa a Del Cid, destacó otras inconsistencias que se desarrollaron en el transcurso del proceso y tienen que ver con una orden de desalojo.

“La juez dijo que los policías tenían una orden de desalojo, lo cual no era cierto, ya que la misma la debían ejecutar los jueces ejecutores y no los policías, porque ellos sólo acompañan a los jueces para seguridad. Una vez ejecutado el desalojo la policía no tenía nada que hacer en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en donde se dieron los hechos”, argumentó Oliva.

La abogada afirmó que se dio otra inconsistencia que tampoco fue valorada por la juez y ésta tuvo que ver con la planificación que realizó la policía en contra de los defensores y estudiantes que realizaban la toma de las instalaciones universitarias.

“La policía, antes de que se emitiera la orden de desalojo ya había planificado el operativo y esto no puede ser, ya que la policía en este tipo de casos sólo puede planificar una acción, despues de que se emite una orden judicial, nunca antes”, concluyó.

Impacto

A un año del ataque los daños son irreversibles y los autores siguen libres como si no pasó nada.

Como consecuencia de la impunidad en que se encuentra este caso por el hecho de que los oficiales fueron sobreseídos en la causa, se han incrementado los abusos contra periodistas y defensores de derechos humanos, tal es el caso de Inmer Gerardo Chévez, quien fue rociado con gas pimienta en su cara el pasado 07 de septiembre en El Progreso, Yoro por dos policías, exactamente en el mismo mes y un día menos que se cometieran los abusos en el 2017.

Carlos del Cid del OEIDH relató que hay graves daños, “está el caso de Tomy Morales, donde la acción brutal que ella enfrentó de la policía la inhabilitó, psicológica, emocional y físicamente para que ella continuara su trabajo como defensora de los derechos humanos, un trabajo valioso por la acción que ella realizaba en el acompañamiento y defensoría de los jóvenes era invaluable”.

Indicó que “al inhabilitarla han causado un daño irreparable a su condición profesional y humana, eso es un golpe tremendo a la compañera”.

Con relación a los otros tres, fuimos golpeados y torturados, estamos funcionando relativamente bien, pero permanecimos inhabilitados por casi cuatro meses y hemos estado sometidos a auto censura, ya que nos vemos amenazados, en cierta forma perseguidos y vigilados por los aparatos policiales y de investigación secreta del Estado”.

De acuerdo a Del Cid también las organizaciones en las cuales trabajan los defensores de derechos humanos se han visto afectadas, ya que su accionar se vio obligado a menguar, asimismo afectó a las familias porque se sienten amenazadas.

“No puedo valorar el impacto enorme que esto tiene en mi familia, donde obviamente se cumple el propósito que el Estado y sus aparatos represivos quieren, que es aminorar el trabajo de la defensoría de los derechos humanos. Quisieran extinguirlo, pero sí lo han aminorado y por eso no nos van a detener, vamos a continuar, tenemos que restablecernos, esos son algunos de los daños colaterales”, finalizó.

.

http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/denuncias/item/2276-a-un-ano-del-brutal-ataque-recurso-de-apelacion-por-absolucion-de-oficiales-torturadores-esta-engavetado

COLABORA CON KAOS