Honduras. Poca transparencia e incrementos de impuesto: Receta de municipalidades
En Honduras las 298 municipalidades están seriamente cuestionadas por la falta de transparencia y los constantes golpes tributarios que recetan a la ciudadanía. Las municipalidades han dejado de ser entidades que velan por los intereses de los ciudadanos y ciudadanas, y se han convertido sobre todo, en defensoras de las élites poderosas del país.
Datos de la Asociación de Municipios de Honduras, AMHON, señalan que a inicios del 2018, el endeudamiento en algunas corporaciones superan los dos mil millones de lempiras. Según la AMHON, la mayor deuda es para las municipalidades de categoría “A”, es decir las principales ciudades del país, seguidas de las de categoría “C y D”, que son las que mayor crisis tienen, porque no son autosuficientes y necesitan de las transferencias para sobrevivir.
A criterio del ex asesor de la Asociación de Municipios de Honduras, Víctor Henry, el endeudamiento de las municipalidades es producto de la crisis económica que vive el país, pero el mismo debería ser guiado de manera planificada, de lo contrario será impagable. Señala que el endeudamiento se traduce en pobreza, y muchas veces como una excusa para enriquecerse a costillas de la ciudadanía.
Víctor Henry explica que para que las municipalidades salgan a flote, todo pasa por tener voluntad política, en otras palabras “tener austeridad y transparentar su administración”. Por ejemplo, las municipalidades que tienen más de 50 millones de ingreso sólo deben gastar el 40% en gastos de funcionamiento, pero la mayoría gasta más de 75% del presupuesto.
En el año 2017 el Tribunal Superior de Cuentas (TSE), señaló que al menos 32 municipalidades fueron notificados con responsabilidad administrativa. Por otra parte, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), aseguró llevar líneas de investigación de 15 casos donde se ven involucrados alcaldes o corporaciones municipales.
Participación Ciudadana
La participación de la ciudadanía en las decisiones vitales de los municipios está establecida en la ley de participación ciudadana y otras normativas nacionales. Sin embargo todo queda en papel, porque a la larga a la ciudadanía poco o nada se le garantiza su participación.
El ex asesor de la Amhon, Víctor Henry, es del criterio que si una alcaldía quiere impulsar la participación de la ciudadanía, debe delimitarse de la participación política. Es decir, dejar por fuera los compadrazgos políticos y comenzar a tomar en cuenta las diversas organizaciones ciudadanas, como patronatos, juntas de agua, juntas comunitarias, comisionado municipal de transparencia, sociedad civil, entre otras. A medida que esas instancias se involucren existirá mayor gobernabilidad en el territorio, y mejor calidad de vida en la ciudadanía.
En el tema ambiental, la participación ciudadana es prácticamente nula. El Estado tiene un mandato claro para las municipalidades en torno a conservar el medio ambiente y garantizar el bienestar de las poblaciones que están bajo su territorio. Sin embargo, muchas corporaciones municipales dan la espalda a la ciudadanía y se vuelven cómplices de empresas que se dedican a la explotación de los bienes naturales.
El artículo 12 de la Ley de Municipalidades establece que la autonomía municipal se ejerce en la competencia del municipio para satisfacer las necesidades y aspiraciones de la población, no tanto para beneficiar a empresas como está sucediendo en muchos municipios donde se otorgan concesiones a empresas transnacionales, sino que la finalidad principal debería ser el bienestar de la población.
Para el ambientalista del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación ERIC, Pedro Landa, la misma ley establece que ningún alcalde o alcaldesa puede negar una petición que vaya orientada a la protección y conservación del medio ambiente y los bienes naturales, porque eso forma parte de sus obligaciones como funcionario.
Para el caso en municipios como Tocoa, Colón donde la ciudadanía exige la realización de un cabildo abierto para declarar el municipio libre de explotación minera, las autoridades están incumpliendo con sus deberes y afectado la autonomía del municipio.
Víctor Henry dice que el silencio en el caso de Tocoa, Colón es hasta cierto modo de mala fe, porque no es cierto el argumento que dan las autoridades, asegurando que no pueden realizar un cabildo abierto para detener la concesión minera en el sector Guapinol. Explica que la Ley, ya establece los mecanismos alternos a los que se puede recurrir.
Por ejemplo el plebiscito, establecido en el artículo 25 de la Ley de Participación Ciudadana, el mismo puede ser solicitado por la alcaldía recogiendo el 2% de las firmas del último padrón electoral. Sin embargo, los intereses económicos y la falta de voluntad política de las autoridades municipales impiden que se garantice la participación de la ciudadanía, concluye el experto.
Plan de arbitrios y constantes trancazos
El plan de arbitrios en teoría debería ser una especie de desahogo para las finanzas de las municipalidades. Sin embargo, se han convertido en una piñata y un verdadero golpe a la deficiente economía de la ciudadanía.
Víctor Henry dice que el plan de arbitrios se ha convertido en una camisa de fuerza para la ciudadanía y en su mayoría se aprueban sin consultar previamente. El mayor ejemplo es lo que sucede con el aumento a la tasa vehicular en municipalidades como Tegucigalpa y El Progreso, donde sus autoridades aprobaron incrementos hasta del 370 por ciento sin socializar con la población.
Los trancazos han provocado constantes movilizaciones en Tegucigalpa y El Progreso, donde la ciudadanía demanda la eliminación de cobros abusivos y fuera de la ley.
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