Publicado en: 23 febrero, 2018

Honduras. Mientras el Consejo Nacional Anticorrupción denuncia redes de corrupción, Corte las protege

Por El Libertador

Los eventos ocurrieron el mismo día, en el mismo tiempo y en la misma ciudad Tegucigalpa, mientras en un hotel, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) daba nombres y detalles de cómo operaron en el gobierno cuatro redes mafiosas, la Corte Suprema dejaba sin valor los recursos que, según el CNA, la Maccih y Transparencia Internacional, […]

Los eventos ocurrieron el mismo día, en el mismo tiempo y en la misma ciudad Tegucigalpa, mientras en un hotel, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) daba nombres y detalles de cómo operaron en el gobierno cuatro redes mafiosas, la Corte Suprema dejaba sin valor los recursos que, según el CNA, la Maccih y Transparencia Internacional, pararían “la red de impunidad”, grupo de diputados que robaron dinero público, según investigación hecha pública hace unos días por Juan Jiménez.  

La captura del Poder Judicial de Honduras condujo a una reflexión y a una pregunta al destacado pensador hondureño y exfiscal general del Estado, Edmundo Orellana: “¿Tiene futuro la lucha contra la corrupción en Honduras? Pregunta razonable. En otro evento el mismo día, el Fiscal General Óscar Chinchilla y el autócrata Juan Hernández, departían en la presentación del informe de trabajo del Ministerio Público.

Tegucigalpa. La Corte Suprema de Justicia de Honduras se ha convertido en el bastión más poderoso de la impunidad, así definen al poder judicial los hombres más respetados en el conocimiento del Derecho por la conducta a favor de los corruptos en que insiste  la máxima autoridad judicial del país; lo cierto es que desde que fue nombrada durante 16 noches de cabildeos en el Congreso Nacional, siempre se dijo que era la lista de 15 magistrados que deseaba el actual jefe de Estado, Juan Hernández. La elección fue un desastre, diputados de todos los partidos hicieron gala de impudicia para cumplir al gobernante Partido Nacional.

De nuevo puso su firma indeleble la Corte Suprema, mientras en un hotel capitalino, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) montó un enorme evento para hacer público los nombres y detalles de cómo operaron en el gobierno cuatro redes mafiosas. A la misma hora, la Corte Suprema dejaba sin valor los recursos que, según el CNA, la Maccih y Transparencia Internacional, pararían “la red de impunidad”, grupo de diputados que robaron dinero público, según investigación hecha pública hace unos días por el jefe de la Maccih, Juan Jiménez Mayor. Esos diputados también fueron citados por el CNA como parte de esas redes de corrupción.

Entre otros implicados, según el jefe de la unidad de investigación del CNA, Odir Fernández, actuaron líderes del gobernante Partido Nacional y cuya investigación queda en manos del Ministerio Público, el magistrado de la Corte Suprema, José Olivio Rodríguez, los diputados nacionalistas David Chávez y Rolando Dubón Bueso, la exprimera dama Rosa de Lobo y la exsecretaria general de la Secretaría de Salud, Cristina del Carmen Díaz Tábora.

Horas después Chávez y Dubón alegaron inocencia, aunque Dubón aceptó que un familiar suyo si participó en negocios con la Secretaría de Salud.

Los recursos fueron presentados por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) contra reformas que el Congreso Nacional hizo a la Ley del Presupuesto en Honduras y, que según la Maccih, busca crear una “red de impunidad” de unos 140 diputados que desviaron alrededor 2.000 millones de lempiras de fondos públicos a través de ONG que les depositaba el dinero en cuentas bancarias particulares y, por eso mismo, fue usado para aumentar la riqueza de parlamentarios.

La Sala de lo Constitucional sin rodeos declaró inadmisible dos recursos contra reforma a la Ley del Presupuesto General en Honduras en estos términos: “La decisión es de declarar inadmisible estos dos recursos de inconstitucionalidad a los artículos 123 y 238 de la Ley de Presupuesto General”, y eso mandaron a decir al portavoz de la Corte, Melvin Duarte.

Y sin más que cumplir la orden agregó Duarte: “Los magistrados establecen que estas organizaciones no tienen el interés directo, personal ni legítimo para presentar esta acción de inconstitucionalidad”. El Congreso Nacional aprobó reformas a la ley orgánica del Presupuesto el jueves 20 de enero anterior con el apoyo de 69 diputados, 11 abstenciones y dos votos en contra.

Según los constitucionalistas, La reforma por adición al artículo 16 de la Ley del Presupuesto indica que la administración de los recursos públicos también le corresponde al “Congreso Nacional y sus diputados para solicitar, gestionar, recibir, administrar y ejecutar fondos públicos de cualquier fuente, incluso tercerizados o descentralizados, destinados a proyectos de desarrollo, ayudas sociales y al fortalecimiento de la gobernabilidad y la democracia”.

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