Publicado en: 6 octubre, 2017

¿Estado de derecho o derecho de Estado?

Por Mayté Guzmán

Esgrimir como argumento “el deber de mantener un estado de derecho”, nos habla realmente del derecho que se adjudica un ente que monopoliza el poder, como lo es cualquier Estado, en este caso el español, para enarbolar una ley como apología de sí mismo.

Esgrimir como argumento “el deber de mantener un estado de derecho”, nos habla realmente del derecho que se adjudica un ente que monopoliza el poder, como lo es cualquier Estado, en este caso el español, para enarbolar una ley como apología de sí mismo, en lugar de disponerla al servicio de la ciudadanía, como la deontología define la naturaleza de una ley jurídica.

Hacer alusión a la naturaleza jurídica de las leyes, por ejemplo la Constitución española, es entender que dichas leyes sólo son aplicables en la medida en que corresponden a las aspiraciones socioculturales de la comunidad a la que se destina.

El gobierno español insiste en llenarse la boca de democracia, otro término tan enajenado de su significado y peso lingüístico, como ha ocurrido con el concepto de derecho. La defensa de la democracia se ha convertido en el móvil de las medidas autoritarias y desmedidas para impedir que el referéndum -legal o no- sea efectivo. Éstas acciones en sí mismas, privadas de cualquier posibilidad de diálogo, empañan flagrantemente el término de democracia.

¿Con qué autoridad moral puede el gobierno del Partido Popular hablar de justicia, de no saltarse el marco de la ley o hacer detenciones por malversación de fondos? increpaba con acierto una ciudadana barcelonesa a la única ministra catalana del gobierno de Mariano Rajoy, en un foro televisivo.

Hoy, en la antesala del referéndum catalán, y en ausencia de un pronunciamiento internacional ajeno a la neutralidad, exceptuando el apoyo reiterado del gobierno de Donald Trump a Rajoy en su visita express a la Casa Blanca, especialistas de Naciones Unidas han exigido en un comunicado al gobierno español, “que se garantice que las medidas adoptadas contra el referéndum del 1O no interfieran con los derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación, y participación pública”, y continúa “ las autoridades españolas tienen la responsabilidad de respetar los derechos que son esenciales de las sociedades democráticas”.

El tan nombrado derecho internacional reconoce el “derecho a la autodeterminación” con una vertiente política, y otra económica, entendiendo ésta última como prioritaria, pues alude especialmente a la soberanía que cada pueblo tiene de sus recursos naturales.

Sería un engaño decir que los escenarios posibles no eran previsibles, pues desde la consulta convocada en noviembre de 2014, los ánimos de la ciudadanía catalana no han cejado en esfuerzos para reorganizarse y reafirmarse en su idea del legítimo derecho a decidir: sobre su territorio, su gobierno y la gestión de sus recursos.

Ante el controvertido despliegue de la operación “Anubis” (dios de la muerte para los egipcios) por parte de la Guardia Civil, para aniquilar cualquier posibilidad de referéndum y brotes de independencia en Catalunya, surge la inquietud por la falta “seducción” desde el gobierno central, tal como ocurrió en el caso del gobierno inglés ante el proceso de referéndum escocés. Por el contrario, la postura del gobierno de Rajoy delata el temor más absoluto a una victoria independentista, con todas las consecuencias que un resultado así pueda desencadenar; en otras palabras: de un derrotismo anticipado, que se manifiesta en el uso arbitrario y totalitario del poder, en manos de un estado endeble.

Sin embargo, también existe el riesgo de que el proceso soberanista se convierta en una larga agonía que absorba toda la energía colectiva del pueblo catalán, en una España proclive a generar situaciones de colapso y a no saber cómo resolverlas. También, y no menos importante, está el riesgo de que la creación de un Estado catalán, sirva para reproducir a pequeña escala los vicios del Estado del cual pretende emanciparse.

Como escribía la bloguera Marga Miravilla “al atacar sólo una de las tendencias (la centralización) y olvidarse de las otras (el egoísmo de las elites, la fragilidad biofísica), el Procés consigue alimentar esas otras dinámicas perniciosas y termina apuntalando al enemigo contra el cual lucha”.

A la expectativa de lo que ocurra el próximo domingo 1 de octubre, la historia nos recuerda que son pocos los casos en los que se ha hecho efectivo el ejercicio pacífico del derecho a la autodeterminación, pero debemos trabajar en paralelo para potenciar y definir, la identidad de nuestros pueblos sin necesidad de muros y barreras físicas, como lo ha marcado la tendencia en pleno auge del populismo ultranacionalista en la política global.

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