Publicado en: 20 marzo, 2017

En memoria del pescador Lucho Arango ¿Qué está pasando con los liderazgos sociales en Colombia?

Por María Quintero

En una Colombia en donde la participación política ha estado restringida, en donde el poder político ha estado demasiado tiempo concentrado en élites económicas y sociales que a su vez conforman élites políticas intolerantes al cambio, el espectro de oportunidades para la participación y la trasformación social que abre la implementación de los acuerdos de paz en los territorios puede ser visto como una amenaza.

Luis Alberto Arango Crespo, más conocido como Lucho Arango, era una luz para su gente, un gran líder defensor del medio ambiente y de los pescadores artesanales del Magdalena Medio. Como presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales y Acuicultores de El Llanito (APALL), desde 1998, lideró el movimiento de pescadores del Magdalena Medio, denunció el irrespeto de las rondas del río por parte de los empresarios de la palma que sembraban hasta la orilla del río Magdalena; la modificación de los caños por cuenta de los ganaderos para ampliar los potreros; el uso de medios externos para inundar terrenos para la cría de búfalos; y el uso del trasmallo, una técnica de pesca ilegal que va en detrimento del equilibrio ecológico en la medida en que daña la ciénaga y deja sin pesca a la comunidad. Lucho también criticó a empresas como Ecopetrol, que contaminaban quebradas, ríos y ciénagas, y a las instituciones estatales por su negligencia para hacer cumplir las leyes que protegen los cuerpos hídricos de la región. Incluso denunció a los propios pescadores que recurrieron al trasmallo como técnica de pesca (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014, pág. 25).

En 2007 Lucho empezó a recibir amenazas de muerte, pero él pensaba que una causa justa como la suya no podía tener castigo y siguió adelante con el respaldo de su asociación. Fue así como en enero de 2009 se logró concretar y firmar un acuerdo de pesca conocido como el acuerdo del Río Sogamoso. El acuerdo incluía a la Alcaldía de Barrancabermeja y a la Secretaría del Medio Ambiente como entidades estatales responsables de la vigilancia de los cuerpos de agua y la protección de la pesca artesanal lícita (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014, pág. 26). El acuerdo establecía el compromiso de la Armada de vigilar sistemáticamente tanto la ciénaga como los caños para evitar el uso del trasmallo. Con tan mala suerte, esos puntos coincidían precisamente con la ruta por donde circulaban los productos de las economías ilícitas. De esa forma, indirectamente, su lucha por erradicar el trasmallo hizo visibles las rutas de tráfico y el nivel de presencia institucional pactado con el acuerdo de Sogamoso no fue bien recibido ni por los trasmalleros ni por Los Rastrojos. Transcurrió tan solo un mes desde la firma del acuerdo, hasta el asesinato de Lucho Arango el 12 de febrero de 2009 en Barrancabermeja, a manos de Los Rastrojos, quienes controlaban los negocios ilegales de la zona y terminaron reivindicando el hecho.

En un país como Colombia, en donde nos hemos habituado a la muerte de los liderazgos sociales, el caso de Lucho Arango nos da mucho para pensar. Ilustra la compleja red de intereses legales e ilegales que se tejen en los territorios, y que en un momento determinado pueden conjugarse para decidir eliminar un liderazgo social porque estorba a sus proyectos: i) la agenda ambientalista y el continuo señalamiento sobre el irrespeto de la ronda del río afectaba las actividades de los ganaderos y palmeros de la región; ii) el acuerdo firmado por Lucho Arango para aumentar la vigilancia de los caños y la ciénaga afectó los intereses de Los Rastrojos, que utilizaban esas vías para el transporte de mercancías ilícitas; iii) la acción de APALL agudizó el conflicto con los pescadores trasmalleros, cuyos intereses se vieron directamente afectados por el liderazgo de Lucho y por su gestión para conseguir mayores regulaciones para la pesca en la ciénaga. El asesinato de Lucho fue un golpe para los pescadores locales y regionales. Tras su asesinato, el temor se apoderó de las organizaciones de pescadores, y debilitó la organización pesquera, rompió el tejido social y dejó secuelas graves en los integrantes de la comunidad, mientras que los negocios de unos y otros continuaron y el crimen permanece en la impunidad.

En una Colombia que está cambiando vertiginosamente hay un fenómeno que no cambia, y es la facilidad con la que pueden ser atacadas con violencia física y letal las personas que, por su opinión o por su trabajo, representan un obstáculo para los poderes reales en los territorios. En lo que va del Gobierno Santos, el Programa Somos Defensores ha registrado 450 homicidios de defensoras y defensores de derechos humanos. El 80% de los asesinatos fueron cometidos por sicarios, es decir, alguien contrató y pago el trabajo. Sin embargo la casi totalidad de los casos permanece en la impunidad y las autoridades no parecen tener pistas de quién está detrás de las muertes ni por qué las encargó. Lo cierto es que siguen cayendo liderazgos sociales y los poderes regionales que antaño financiaron y se beneficiaron del paramilitarismo continúan ejerciendo su control en los territorios y accediendo tan fácilmente como antes a servicios de violencia para eliminar opositores.

Es por eso que el poder y, sobre todo, las armas con las que continúan contando los llamados grupos post-desmovilización convierten a estos en un ejército potencialmente dañino. Si bien la agenda política y económica de esos grupos parece centrarse en el manejo de las economías ilegales, especialmente el tráfico de estupefacientes y la minería ilegal, el riesgo para la defensa de los derechos humanos continúa: en primer lugar, porque los intereses de esos grupos entran en tensión con las agendas de trabajo de muchas de las organizaciones de derechos humanos. En segundo lugar, porque estos grupos venden servicios de sicariato que pueden ser aprovechados por otros actores afectados por la labor de los defensores. En tercer lugar, porque al controlar un negocio altamente lucrativo, los grupos post-desmovilización conservan un alto poder de corrupción del Estado, incluyendo élites políticas y miembros de la Fuerza Pública, que son sobornados para evitar la persecución de sus negocios ilegales.

A esto se suma la persistencia de un discurso antisubversivo, en el cual se sigue asemejando el trabajo de las organizaciones sociales y populares con la insurgencia, despojándolas de legitimidad y haciendo mella en el respaldo social de su labor.

En una Colombia en donde la participación política ha estado restringida, en donde el poder político ha estado demasiado tiempo concentrado en élites económicas y sociales que a su vez conforman élites políticas intolerantes al cambio, el espectro de oportunidades para la participación y la trasformación social que abre la implementación de los acuerdos de paz en los territorios puede ser visto como una amenaza. Es verdad que mucho cambió tras la Constitución del 91 que nos dio un nuevo orden político y jurídico, incluso a pesar de que las transformaciones sociales no han ido a la par con los cambios constitucionales. Pero es importante recordar de dónde vinimos, porque ahí pueden estar muchas de las claves para entender qué está pasando con los líderes sociales en Colombia.

 

.

http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/en-memoria-del-pescador-lucho-arango-que-esta-pasando-con-los-liderazgos-sociales-en-colombia?category_id=138

Escribe un comentario

XHTML: Puedes usar los siguientes tags html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

COLABORA CON KAOS