(En Barcelona a las 11 horas) El 18 de mayo la Marea Pensionista convoca una movilización coordinada a nivel estatal en defensa de las pensiones públicas

Por Marea Pensionista

Presión al Estado desde los Ayuntamientos. Movilización Coordinada a nivel Estatal: 18 de Mayo, Concentración en Barcelona, 11,00 h. De Plaça Urquinaona a Plaça Santa Jaume ¡No a los Presupuestos del Paro, la Precariedad y las Pensiones de Miseria!

Presión al Estado desde los Ayuntamientos. Movilización Coordinada a nivel Estatal: 18 de Mayo, Concentración en Barcelona, 11 horas. De Plaça Urquinaona a Plaça Santa Jaume ¡No a los Presupuestos del Paro la Precariedad y las Pensiones de Miseria!

 

MOCIÓN DE LA COORDINADORA ESTATAL DE DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES, EN DEFENSA DE NUESTRAS PENSIONES PÚBLICAS

La presentación de esta moción responde a la certeza de que estamos viviendo una situación de pérdida de derechos sociales e individuales, muy especialmente en el ámbito de las pensiones. No se trata de una apreciación sino de una certeza, de una constatación avalada por los datos de diferentes organismos.
La crisis económica actual, que ahora no es momento ni lugar para valorarla, ha tenido como consecuencia el aumento del paro, la existencia de unos salarios más bajos y, como reacción ante la incertidumbre, la disminución demográfica. Por otra parte, EL Fondo de Reserva creado con el Pacto de Toledo está a punto de agotarse por el uso no previsto que ha hecho el Gobierno español.
Últimamente, durante 2016, se ha hablado mucho de las pensiones. Hay que tener presente que el Sistema Público de Pensiones ha tenido ya dos reformas durante los últimos cinco años y, en lugar de darle la estabilidad buscada teóricamente, no han hecho más que rebajar el poder adquisitivo de las pensiones y llevarlas, dentro de unos quince años, a una situación que en lugar de permitir vivir servirían únicamente para sobrevivir con penurias.
Vemos que la economía creció en el primer y segundo trimestre de 2016 un 3,4%, y el tercero un 3,2 según datos del propio Gobierno. Si miramos el paro, ha bajado: en Cataluña ha pasado, entre 2015 y 2016, del 17,7% al 14,9%; en España, en el mismo periodo, ha pasado del 20,9% al 18,6%. Si tenemos crecimiento y baja el paro, las pensiones deberían poder recuperar lentamente. Si miramos los salarios, vemos que han bajado de media un 0,3% entre septiembre de 2015 y 2016. Si miramos las cargas sociales, el dinero qué los empresarios deben depositar en la Seguridad Social, vemos que han bajado un 0,9 % gracias a las bonificaciones que se aplican a las cotizaciones. Interrelacionando estos datos vemos que las pensiones públicas no pueden recuperarse.
Las consecuencias de la reforma laboral, conjuntamente con la última reforma de las pensiones, tiene y tendrá un impacto nefasto en la situación económica de los pensionistas y, aún más, en la de los futuros pensionistas. Crece la economía, hay menos paro pero la precariedad laboral y la devaluación salarial, promovida por la reforma que aprobó el PP, ha elevado la proporción de trabajadores pobres (los que, incluso con trabajo, no llegan a unos ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas) hasta el 13,2%, el tercer nivel más alto de la UE, después de Rumania y Grecia. Si la economía crece (más PIB), habría que averiguar dónde está la riqueza que se crea, en qué bolsillos se esconde.


España es uno de los estados de la UE que tiene unas pensiones más bajas. La actualización de las pensiones con un 0,25% de aumento, independientemente del IPC, no hará más que agravar la situación. En 2011, la pensión representaba el 72,4% del sueldo que cobraba el pensionista, y se prevé que en 2060 represente únicamente el 56%, según la OIT. Y esto se ve agravado por la aplicación de una fórmula de cálculo de la pensión que discrimina a los pensionistas de más edad, con una reducción mayor de la pensión. La aplicación de esta fórmula supondrá un problema grave para las mujeres, porque tienen una mayor esperanza de vida. La reforma supone, asimismo, un aumento de la dificultad para poder aspirar a una pensión plena: la jubilación será a los 67 años, y se hará el cálculo basándose en los últimos 25 años cotizados y pidiendo 37 años de cotización para retirarse con el 100% de la base reguladora. Esto, en un momento de paro importante, puede convertirse en una losa para aquellas personas que han estado años en paro o que han tenido la desgracia de perder su empleo en los últimos años de su vida laboral.

El futuro, según Luis María Linde, gobernador del Banco de España, será duro, y nos recomienda trabajar más allá de los 67 años (para poder pagar más a la Seguridad Social y poder cobrar menos tiempo la pensión) y depositando los ahorros en una pensión privada para compensar la pérdida de poder adquisitivo de la pensión pública. Esto, por supuesto, quien pueda ahorrar algo… Menos mal que Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social, nos anima: “Quédense tranquilos, su pensión se la Garantizo yo”. Y es cierto, las pensiones del futuro están garantizadas: año tras año serán más escasas y dibujarán un futuro de pensionistas empobrecidos.
Estas reformas, y las consecuencias que tendrán en un futuro, han salido poco a los medios de comunicación y, cuando aparecen, a menudo es para presentarlas como exuberantes y financiadas por los jóvenes, unos jóvenes a los que se dice que, debido a la generosidad de las pensiones actuales, éstas no podrán subsistir y que ellos deberán buscar un refugio en las pensiones privadas. Resulta sorprendente la falta de debate social sobre este tema. La mayor parte de los medios de comunicación vehiculan la opinión de los economistas, que únicamente ven la posibilidad de acentuar las medidas restrictivas del gasto, sin plantearse otras alternativas que sean permeables y contemplen las necesidades sociales.

Vemos y vivimos la necesidad de informar a la población más directamente afectada: jubilados, futuros jubilados o personas mayores en situación de desempleo. Consideramos imprescindible que los ciudadanos sean conscientes del riesgo que representa que se cierre la actual revisión de los Pactos de Toledo en los términos en que está planteada actualmente. Hay una respuesta clara, unida y pública ante la amenaza de convertir las pensiones en una aportación residual.

Como alternativa a esta reforma que, según FUNCAS, nos puede llevar a ver recortado el poder adquisitivo de las pensiones un 35% en el caso de las pensiones más bajas, los firmantes de la moción planteamos y queremos hacer llegar a la opinión pública las siguientes demandas:

1- El estado es el garante y responsable del sistema público de pensiones y de su financiación, y ha de destinar para ello las partidas necesarias de los PGE. Las cotizaciones sociales son una fuente esencial de ingresos para el sistema de la Seguridad Social, por lo que resulta imprescindible que se potencien todas las fuentes de recaudación, eliminando topes, sujetando a cotización todos los elementos salariales que representan la contribución tanto de los trabajadores como de los empresarios, introduciendo la variante de productividad y eliminando subvenciones y exenciones de cotización de las empresas, tal como se entiende ahora el contrato de tarifa plana.

2- Que las pensiones queden contempladas dentro de los Presupuestos Generales del Estado, manteniéndose en su integridad las cotizaciones sociales.

3- Recuperar un modelo de revalorización automática de las pensiones en relación con el IPC real para asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo, empezando por el 1,9 que se perdió ya en el año 2012. Reimplantar la jubilación a los 65 años.

4- Trabajar por la mejora del actual modelo de pensiones públicas para avanzar hacia un modelo de pensión y de salario mínimo por encima de los 1.080 euros, mínimo contemplado por la Carta Social Europea, para poder mantener una vida digna.

5- Incorporar al Régimen General de la Seguridad Social las personas empleadas de Hogar, con todos los derechos, incluida la prestación por desempleo y la cobertura de las lagunas de cotización.

6- Devolver a la situación anterior al 2 de agosto de 2011 en el sistema de cobertura de lagunas de cotización durante el periodo de cálculo de las pensiones.

Asimismo, más allá de las pensiones, pedimos también:

a- Eliminar cualquier tipo de copago o repago sanitario.

b- Preservar los servicios públicos contra la tendencia privatizadora que los va deteriorando y desvirtuando.

c- Reconocimiento del derecho a unos suministros básicos garantizados (agua, luz,gas).

 

Dado que, en las próximas semanas, se llevará a cabo una campaña de recogida de firmas de apoyo a estas demandas, Pedimos al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:

  1. Que se eleven esos acuerdos al Plenario y a todas las instituciones reguladoras correspondientes como Diputaciones, Federaciones y/o Asociaciones de Municipios. Pero sobre todo a los Parlamentos Autonómicos y al Congreso de los diputados.
  2. Mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona a las reivindicaciones expuestas en esta moción.
  3. Ofrecer todo el apoyo municipal para facilitar la recogida de firmas en los centros cívicos, OAC y otros espacios municipales que se acuerde.
  4. Implicar a los centros municipales en la recogida de firmas y, en su caso, en la organización de sesiones informativas.
  5. Facilitar los permisos y la ayuda material para la instalación de puntos informativos en la vía pública en los días establecidos y acordados.
  6. Declarar, a nivel municipal, un día del mes de junio como Jornada por la Defensa de las Pensiones Públicas y difundirla adecuadamente para que la población tenga conocimiento. Durante esta jornada, que debería celebrarse a todos los municipios de la comarca, todos los grupos participantes en la recogida de firmas harían una recogida conjunta en la calle, aparte de las que puedan hacer en otros momentos

 

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