El PSOE mantendrá, a través de la fiscalía, la acusación de rebelión contra los procesados por el 1-O
Tanto monta, monta tanto PSOE, PP o Cs en las asuntos decisivos del Estado monárquico. Por ejemplo, en la cuestión de la indisoluble unidad de España. Todos ellos coinciden en la persecución de los derechos democráticos que no encajan con el contenido de la constitución de la transición heredada del franquismo. La fiscalía, herramienta del partido del gobierno ante la llamada justicia, decide mantener la acusación de rebelión para los presos políticos catalanes por el referéndum del 1 de octubre. Un cargo que nadie reconoce en la Unión Europea (ni Bélgica, ni Alemania…) -ni tampoco el de sedición- y que obligó a los gobiernos anteriores a retirar las euroórdenes. El PSOE podía haberlo retirado a través de la nueva fiscal. Pero ha decidido mantenerlo. Nuevas formas para los mismos contenidos.
Asíos cuatro fiscales que llevan la acusación contra los líderes independentistas encausados para el 1-O se reafirman en su intención de mantener contra ellos el cargo de rebelión, según ha adelantado El País este domingo. Este delito está castigado con penas que van de los 15 a los 25 años de prisión.
Según fuentes del Tribunal Supremo, los cuatro fiscales -Javier Zaragoza, exfiscal jefe de la Audiencia Nacional; Consuelo Madrigal, exfiscal general del Estado; Fidel Cadena, y Jaume Moreno- mantienen el criterio unánime y aseguran no haber recibido ninguna instrucción contraria por parte de la nueva fiscal general del Estado, María José Segarra, que se reunió con Sánchez esta semana.
La reiteración de esta acusación llega después de que el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, apuntara que «la Abogacía del Estado y la Fiscalía General siguen la orientación» del gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, señalaba la contradicción de que «por una parte se le esté pidiendo a ERC que vote las cuentas y de la otra se avale la prisión de su líder». Por eso, abría la puerta a un posible cambio de acusación después del cambio de fiscal general, nombrada por el PSOE.