El gerente de Desokupa niega que actuara como responsable de la empresa en el desalojo de Can Dimoni
La actuación de la empresa fue denunciada por el Observatorio DESC pero la querella fue no admitida a trámite en un primer momento por la magistrada Beatriz Balfagón
En septiembre pasado, el Observatorio DESC interpuso una querella contra Desokupa y contra Norvet Property, la inmobiliaria que había contratado los servicios para efectuar el desalojo no judicial y demolición de la casa okupada Can Dimoni, en Barcelona. En un primer momento, la magistrada Beatriz Balfagón, titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, no admitió a trámite la querella al considerar que Desokupa y Norvet no habían cometido ninguna infracción penal, ya que las personas que residían en Can Dimoni y que fueron desahuciadas, «no tenían ninguna titularidad de residencia en el inmueble, sino que su legitimidad partía de un delito previo de usurpación». Tampoco apreció un posible delito de coacciones ni amenazas, alegando que las querellantes no sufrieron violencia física por parte de los miembros de Desokupa ni interpusieron denuncia policial previa a raíz de las presuntas coacciones. La única persona procesada por usurpación en relación a la okupación de Can Dimoni fue absuelta.
A raíz de la presentación de un recurso de reforma a la Audiencia Provincial, la querella se aceptó a trámite, pero la magistrada solicitó una fianza de 10.000 euros a las querellantes para continuar con el procedimiento penal. Nuevamente, ante una fianza que el Observatorio DESC consideró desproporcionada (superior a las del caso Bárcenas), se interpuso un recurso que finalmente ha dictado rebajar el pago hasta una fianza de 1.000 euros.
Los últimos días, Daniel Esteve ha pasado a declarar por la Ciudad de la Justicia en calidad de investigado en tanto gerente de la maca comercial Desokupa, en el trámite previo de la investigación judicial para detectar posibles indicios de infracción penal. Hoy debían hacerlo representantes del grupo inmobiliario Norvet Property, pero se han acogido al derecho a no prestar declaración. En su declaración, Esteve se ha desvinculado de su participación en los hechos de Can Dimoni, apuntando que acudió a la finca como particular y no como autónomo o representante de Desokupa y que sólo operó posteriormente al asalto en la casa y el cambio de cerradura al ser solicitado por la propiedad para realizar labores de seguridad y vigilancia.
Su versión contrasta con la versión de los testigos presentes el día de los hechos, que aseguran que Esteve repartió tarjetas de empresa de Desokupa y coordinó toda la operación, dirigiendo a los controladores de acceso, solicitando refuerzos a la propiedad inmobiliaria y dirigiendo el trabajo de obras de las operarias en el interior. Aunque aún falta que se presenten pruebas como los atestados de Mossos, Guardia Urbana y Bomberos hechos ese día o localizar al resto de investigados en el caso, la declaración de Esteban, sumada a la negativa de Norvet a declarar, pone ahora todo el foco de la responsabilidad en la parte propietaria.
El Ayuntamiento de Barcelona, que está personado en la causa ejerciendo de acusación popular, manifestó su preocupación a través de Jaume Asens, cuarto teniente de Alcaldía y concejal de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia: «Nos preocupa la proliferación de empresas que practican desalojos extrajudiciales, ya que el único que puede decidir si hay que llevar a cabo un desahucio es un juez. Las otras vías no se pueden tolerar «, ha dicho.
Aunque en líneas diferentes, tanto la campaña Stop Desokupa como el Observatorio DESC han denunciado que la actividad de Desokupa se enmarca en un contexto de constantes vulneraciones del derecho a la vivienda, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis hipotecaria. «La gentrificación, la presión del turismo masivo, la inversión extranjera y la especulación con la vivienda son fenómenos que tienen una estrecha relación» se apuntaba desde el Observatorio DESC en un comunicado reciente. «Sólo la organización vecinal ha permitido detener algunas de estas operaciones y sacar a la luz situaciones de abuso por parte de la empresa». En el mismo comunicado, el observatorio criticaba el periplo judicial que ha supuesto la aceptación a trámite de la querella.
Jueza de historial ‘antiokupa’
Beatriz Balfagón, al frente del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, tiene fama de juez de resoluciones firmes e implacables, y últimamente se ha mediatizado gracias a la instruccció del caso Pujol. Sin embargo, recurriendo a las hemerotecas encontramos que su juzgado ha estado detrás de varios desalojos de inmuebles okupados. El último de estos casos ha sido el edificio de la nueva Rimaya, un caso que se encuentra parado temporalmente. Balfagón parece implacable impulsando la orden de desalojo del edificio, en la Ronda Sant Pau de Barcelona, aunque la Directa ya demostró que el desalojo cautelar se acordó basándose en información falsa. El Ayuntamiento corroboró que la empresa Camat SL no contaba con ninguna licencia de obras, contrariamente a lo que había argumentado la promotora para pedir la expulsión de las okupantes del edificio. Por otra parte, aunque el consistorio barcelonés ya reclamó la suspensión del desalojo atendiendo a la presencia de familias con niños dentro del inmueble, la juez denegó esta petición y mantuvo la amenaza policial sobre el edificio. Ante la insistencia de la juez para desalojar el edificio, el colectivo de La Rimaya presentó un escrito de amparo ante los tribunales europeos. Finalmente resolvió que, en aplicación del artículo 39 de la Convención Europea de Derechos Humanos, no se podrá efectuar el desalojo mientras se alarguen los trámites ante el alto tribunal.
Balfagón también ordenó el primer desalojo de los Mossos en el barrio de Sants, el 24 de enero de 2006. Se trata del edificio La Quinkalla, que fue desalojado tras un largo periplo que enfrentó a las residentes y la empresa propietaria, la constructora Integral de Aparcamientos SA Un trance que, según denunciaron las residentes del espacio, se inició poco después de la ocupación, cuando «mercenarios armados con armas blancas, presuntamente enviados por la propiedad, amenazaron y coaccionar «las residentes. Por la vía judicial, las presiones de la empresa lograron que la Audiencia Provincial ordenara al juzgado de instrucción número 31 de Barcelona dictó la orden de desalojo cautelar. Poco más tarde, en abril del año 2006, una casa okupada conocida como El Artefacto, situada en la calle Begur del mismo barrio era desalojada por siete furgonetas de la BRIMO sin notificación previa a sus residentes. Detrás, la misma jueza.
Finalmente, Balfagón tiene en su currículum haber dictado la orden de prisión preventiva contra dos huelguistas, Andreu C. y Rubén M., que participaron en la huelga general del 29 de marzo de 2012. Los huelguistas fueron puestos en libertad el mes de junio, tras el recurso de apelación presentado en la sección octava de la Audiencia de Barcelona.
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(Català)
El gerent de Desokupa nega que actués com a responsable de l’empresa en el desallotjament de Can Dimoni
25/05/2017
El mes de setembre passat, l’Observatori DESC va interposar una querella contra Desokupa i contra Norvet Property, la immobiliària que n’havia contractat els serveis per a efectuar el desallotjament no judicial i demolició de la casa okupada Can Dimoni, a Barcelona. En un primer moment, la magistrada Beatriz Balfagón, titular del Jutjat d’Instrucció número 31 de Barcelona, no va admetre a tràmit la querella en considerar que Desokupa i Norvet no havien comès cap infracció penal, ja que les persones que residien a Can Dimoni i que van ser desnonades, «no tenien cap titularitat de residència a l’immoble, sinó que la seva legitimitat partia d’un delicte previ d’usurpació». Tampoc va apreciar un possible delicte de coaccions ni amenaces, al·legant que les querellants no van patir violència física per part dels membres de Desokupa ni van interposar cap denúncia policial prèvia arran de les presumptes coaccions. L’única persona processada per usurpació en relació a la okupació de Can Dimoni va ser absolta.
Arran de la presentació d’un recurs de reforma a l’Audiència Provincial, la querella es va acceptar a tràmit, però la magistrada va sol·licitar una fiança de 10.000 euros a les querellants per continuar amb el procediment penal. Novament, davant d’una fiança que l’Observatori DESC va considerar desproporcionada (superior a les del cas Bárcenas), s’hi va interposar un recurs que finalment ha dictat rebaixar el pagament fins a una fiança de 1.000 euros.
Els darrers dies, Daniel Esteve ha passat a declarar per la Ciutat de la Justícia en qualitat d’investigat en tant gerent de la maca comercial Desokupa, en el tràmit previ de la investigació judicial per a detectar possibles indicis d’infracció penal. Avui ho havien de fer representants del grup immobiliari Norvet Property, però s’han acollit al dret a no prestar declaració. En la seva declaració, Esteve s’ha desvinculat de la seva participació en els fets de Can Dimoni, apuntant que va acudir a la finca com a particular i no com a autònom o representant de Desokupa i que només va operar posteriorment a l’assalt a la casa i el canvi de pany en ser sol·licitat per la propietat per fer tasques de seguretat i vigilància.
La seva versió contrasta amb la versió dels testimonis presents el dia dels fets, que asseguren que Esteve va repartir targetes d’empresa de Desokupa i va coordinar tota l’operació, dirigint als controladors d’accés, sol·licitant reforços a la propietat immobiliària i dirigint el treball d’obres de les operàries a l’interior. Tot i que encara falta que es presentin proves com els atestats de Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana i Bombers fets aquell dia o localitzar a la resta d’investigats en el cas, la declaració d’Esteve, sumada a la negativa de Norvet a declarar, posa ara tot el focus de la responsabilitat en la part propietària.
L’Ajuntament de Barcelona, que està personat a la causa exercint d’acusació popular, va manifestar la seva preocupació a través de Jaume Asens, quart tinent d’Alcaldia i regidor de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència: «Ens preocupa la proliferació d’empreses que practiquen desallotjaments extrajudicials, ja que l’únic que pot decidir si cal dur a terme un desnonament és un jutge. Les altres vies no es poden tolerar», ha dit.
Tot i que en línies diferents, tant la campanya Stop Desokupa com l’Observatori DESC han denunciat que l’activitat de Desokupa s’emmarca en un context de constants vulneracions del dret a l’habitatge, després de l’esclat de la bombolla immobiliària i la crisi hipotecària. «La gentrificació, la pressió del turisme massiu, la inversió estrangera i l’especulació amb l’habitatge són fenòmens que hi tenen una estreta relació» s’apuntava des de l’Observatori DESC en un comunicat recent. «Tan sols l’organització veïnal ha permès aturar algunes d’aquestes operacions i treure a la llum situacions d’abús per part de l’empresa». En el mateix comunicat, l’observatori criticava el periple judicial que ha suposat l’acceptació a tràmit de la querella.
Jutgessa d’historial ‘antiokupa’
Beatriz Balfagón, al capdavant del jutjat d’instrucció número 31 de Barcelona, té fama de jutgessa de resolucions fermes i implacables, i darrerament s’ha mediatitzat gràcies a la instruccció del cas Pujol. Tanmateix, recorrent a les hemeroteques trobem que el seu jutjat ha estat darrere de diversos desallotjaments d’immobles okupats. El darrer d’aquests casos ha estat l’edifici de la nova Rimaia, un cas que es troba aturat temporalment. Balfagón sembla implacable impulsant l’ordre de desallotjament de l’edifici, a la Ronda Sant Pau de Barcelona, tot i que la Directa ja va demostrar que el desallotjament cautelar es va acordar basant-se en informació falsa. L’Ajuntament va corroborar que l’empresa Camat SL no comptava amb cap llicència d’obres, contràriament al que havia argumentat la promotora per demanar l’expulsió de les okupants de l’edifici. D’altra banda, tot i que el consistori barceloní ja va reclamar la suspensió del desallotjament atenent a la presència de famílies amb criatures dins l’immoble, la jutgessa va denegar aquesta petició i va mantenir l’amenaça policial sobre l’edifici. Davant la insistència de la jutgessa per a desallotjar l’edifici, el col·lectiu de La Rimaia va presentar un escrit d’emparament davant els tribunals europeus. Finalment va resoldre que, en aplicació de l’article 39 de la Convenció Europea de Drets Humans, no es podrà efectuar el desallotjament mentre s’allarguin els tràmits davant de l’alt tribunal.
Balfagón també va ordenar el primer desallotjament dels Mossos d’Esquadra al barri de Sants, el 24 de gener de 2006. Es tracta de l’edifici La Quinkalla, que va ser desallotjat després d’un llarg periple que va enfrontar les residents i l’empresa propietària, la constructora Integral de Aparcamientos S.A. Un tràngol que, segons van denunciar les residents de l’espai, es va iniciar poc després de l’ocupació, quan «mercenaris armats amb armes blanques, presumptament enviats per la propietat, van amenaçar i coaccionar» les residents. Per la via judicial, les pressions de l’empresa van aconseguir que l’Audiència Provincial ordenés al jutjat d’instrucció número 31 de Barcelona dictar l’ordre de desallotjament cautelar. Poc més tard, el mes d’abril de l’any 2006, una casa okupada coneguda com El Artefacto, situada al carrer Begur del mateix barri era desallotjada per set furgonetes de la BRIMO sense cap notificació prèvia a les seves residents. Al darrere, la mateixa jutgessa.
Finalment, Balfagón té en el seu currículum haver dictat l’ordre de presó preventiva contra dos vaguistes, Andreu C. i Rubèn M., que van participar en la vaga general del 29 de març de 2012. Els vaguistes van ser posats en llibertat el mes de juny, després del recurs d’apel·lació presentat a la secció vuitena de l’Audiència de Barcelona.