Colombia. No cesó la horrible noche: ¡Aún están en el poder!
Estas son las palabras de diferentes líderes y ciudadanos que ven en Duque la continuación de los tenebrosos días que nunca se fueron en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez y su pupilo Juan Manuel Santos.
¿Pero están infundados estos comentarios y suposiciones?
Tras 8 años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez el país quedó sumido en una crisis de Derechos Humanos, sociales y políticos en los cuales se incluyen delitos de lesa humanidad en contra de las comunidades y personas protegidas. Sobre el país se desarrolló un Estado de sitio que pretendió destruir el tejido social en los territorios buscando desarticular a las comunidades para el ingreso de empresas multinacionales petroleras, agroindustriales y mineras de la mano del fortalecimiento paramilitar como proyecto contrainsurgente que pretendió exterminar en los campos y ciudades cualquier expresión de lucha social y popular en el país.
Aunque al terminar su mandato, Uribe confió en su escudero y ministro de defensa Juan Manuel Santos para realizar la maratónica tarea de cuidar sus tres huevitos, este le “Traicionó”. ‘Juanma’ continuó con las políticas implementadas por su antecesor, y aunque vociferaba la necesidad de la paz, en los territorios continuaron las muertes, desapariciones y amenazas a las comunidades y sus líderes sociales, registrando una abrumadora cifra de 532 colombianos que en defensa de su territorio, el medio ambiente, los derechos humanos y sus convicciones políticas perdieron su vida, según Colombia Plural.
Recibir un Nobel de la Paz tampoco ayudó a mejorar la situación de los derechos humanos en Colombia. Según las Naciones Unidas en su Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia durante el año 2017, Colombia es unos de los países más peligrosos para los líderes sociales y defensores de derechos humanos, a los que no se les brinda protección y sus asesinatos y desapariciones son minimizadas manifestando que son líos de faldas los que los están matando.
Pero esta no es la única estrategia del Estado. En los últimos meses ha aumentado la judicialización y estigmatización de líderes sociales. El último caso registrado es el de Julián Gil Reyes, secretario técnico del Congreso de los Pueblos quien fue detenido en Bogotá, así como cientos de líderes en todos los departamentos del país que han sido capturados por el establecimiento y sindicados de delitos, con los señalamientos de falsos testigos, pruebas falsas y manipulación de los medios de comunicación.
Bajo este panorama, las comunidades enfrentaron las Elecciones presidenciales 2018, una primera vuelta hostil entre Petro y Fajardo y una victoria del que dijo Uribe. Duque pudo quitarle a los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical las maquinarias en primera vuelta, ridiculizando a Germán Vargas Lleras y a Humberto de la Calle, demostrando que sus discusiones por el tipo de país que les interesa son insignificantes frente a la amenaza de un gobierno progresista en el país.
De manera secuencial, en la segunda vuelta todos los corruptos fueron llegando a la campaña de Iván Duque estableciendo una estrategia que les funcionó. El domingo 17 de junio asistimos a cómo las élites colombianas disfrazaron de “Acuerdo Programático” las fechorías que en los próximos 4 o 6 años van a realizar en el país, y digo 6 años porque sin reelección buscarán afianzar su dominio 2 años más para establecer un sucesor que les permita continuar explotando a las clases humildes y populares, mientras depredan y entregan los restos al extractivismo y los monocultivos.
El país vivirá los más duros golpes con reformas a la justicia,a la salud y a la educación, copias exactas del modelo gringo, modelo que tiene excluido a 40 millones de estadounidenses que viven en la mísera y la pobreza, según la BBC.
¿8 millones de esperanzas, 8 millones en las calles?
El escenario después de la segunda vuelta es uno de retos para la ciudadanía, las comunidades y el movimiento social y popular, más de 8 millones de colombianos votaron por una propuesta alternativa, 8 millones que quieren acabar con la corrupción, que exigen una educación gratuita y de calidad, que quieren un sistema de salud digno, además de la protección de sus territorios y del medio ambiente.
Vociferar que todos nos encontraremos en las calles para seguir construyendo un país alternativo es muy utópico, pero esta cifra nos invita a reflexionar sobre el papel del movimiento social y popular, así como el de las nuevas ciudadanías en la construcción de una Colombia en vida digna.
Tras el triunfo del Fascismo con su candidato Iván Duque en las elecciones de este 17 junio a las comunidades les queda la resistencia, la organización y la movilización para realizar las trasformaciones necesarias para vivir dignamente.
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