Chile. Corrupción, impunidad, el legado del gobierno que se va

Por Juan Pablo Cárdenas S., Radio UChile

El sobreseimiento de ocho comuneros mapuches sindicados con pruebas fabricadas por Carabineros, a objeto de implicarlos en crímenes que nunca cometieron, son una prueba elocuente que se agrega a la descomposición de nuestra policía uniformada, pero también de todo nuestro tan presumido “Estado de Derecho”. Todo hace sospechar, ahora, que la “Operación Huracán” urdida por […]

El sobreseimiento de ocho comuneros mapuches sindicados con pruebas fabricadas por Carabineros, a objeto de implicarlos en crímenes que nunca cometieron, son una prueba elocuente que se agrega a la descomposición de nuestra policía uniformada, pero también de todo nuestro tan presumido “Estado de Derecho”. Todo hace sospechar, ahora, que la “Operación Huracán” urdida por las autoridades se desmorona totalmente pero también debieran cuestionarse todos los procesos judiciales en curso o ya ejecutoriados en que los jueces tuvieron como fundamento de sus condenas o medidas precautorias los datos entregados por la llamada inteligencia policial.

Es muy probable que este episodio pueda formar parte de un gran operativo político y judicial para resolver las justas demandas de nuestra etnia principal con infundios que hoy se nos develan escandalosamente. No habría que descartar, incluso, que algunos de los atentados incendiarios perpetrados en La Araucanía no tuvieran como ejecutores a las organizaciones mapuches que luchan por el reconocimiento de sus derechos conculcados, sino fueran producto de los mismos montajes a los cuales suele reconocérseles como acciones de contrainteligencia.

Lo que debiera proceder si tuviéramos un Poder Judicial realmente autónomo es la anulación de muchos procedimientos viciados en que La Moneda, la Subsecretaría del Interior , la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) han cumplido una tarea bochornosa y que perjudica enormemente la solvencia de nuestro ordenamiento institucional. Curiosamente, hasta aquí, el Director General de Carabineros, Bruno Villalobos, sigue en posesión de su cargo cuando para colmo bajo su administración de ha urdido y materializado un fraude al fisco que es considerado el de mayor cuantía durante toda la historia policial chilena. El llamado “paco gate”.

Es un secreto a voces que lo que retendría al General en sus funciones sería la información que posee respecto de otras operaciones ilícitas ejecutadas en todo el tiempo en que se ha desempeñado como un oficial de plena confianza y cercanía de Michelle Bachelet. Alguien que, incluso, a tenido la desfachatez de partir de vacaciones en medio de la avalancha de acusaciones que pesan contra su institución sin haber advertido a sus superiores civiles, lo que los obligó a ordenarle su inmediato retorno a Chile desde Miami, donde había ido supuestamente a descansar.

Empezamos a comprobar, asimismo, que es muy posible que no se resuelva en el tiempo que le queda al gobierno el bullado caso de Caval y los presuntos fraudes, asociación ilícita y tráfico de influencia cometidos por la nuera de la Presidenta, su propio hijo y otros cómplices o encubridores. Al mismo tiempo que ya parece haber quedado consolidado un enorme arreglo “judicial” con la empresa Soquimich (SQM) de Julio Ponce Lerou, el yerno de Pinochet. Quién, como el país sabe, se dedicara a sobornar a políticos y partidos de amplio espectro para agenciarse leyes que favorecieran a su actividad minera. Otro enorme capítulo de corrupción que nubla la credibilidad de la política, el Parlamento y los otros poderes el Estado y, desde luego, afecta a numerosos “representantes del pueblo”. Cuyas campañas electorales fueron financiadas por éste y otros magnates que ahora resuelven con discretas sumas de dinero al fisco las enormes y reiteradas evasiones tributarias que implicaron todas estas turbias operaciones.

Todo gobierno, por malo que sea, siempre realiza acciones positivas, pero al de Bachelet ll realmente cuesta encontrarle obras que puedan prestigiar su desempeño dentro de una economía que estuvo precipitándose durante cuatro años y una convulsión social que fue demasiado benigna con ella, a pesar de las explosivas demandas acumuladas que dicen relación con el deterioro del poder adquisitivo, la agudización de las desigualdades sociales, el descalabro de nuestro sistema previsional, como el profundo deterioro de la atención de salud. Ya se sabe que el gobierno que viene realmente se propone “aplicarle la retroexcavadora“ a varias leyes aprobadas especialmente en el último tiempo, incluidas las educacionales tan cuestionadas por todos los sectores involucrados en dichas reformas.

La administración que cuenta los días para traspasarle el gobierno por segunda vez al candidato empresario de la derecha tendrá como estigma haberle provocado un verdadero desastre electoral a los partidos de la Nueva Mayoría o de la Concertación. Lo que están viviendo, ahora, severas crisis internas y experimentando una enorme fuga de militantes. A pesar de que en su voracidad, varios de sus dirigentes se mantienen en sus cargos ministeriales a objeto de paliar la sequía de recursos que ellos mismos y sus colectividades prevén en, al menos, durante los próximos cuatro años. En una desvergüenza que se encarna patéticamente en un personaje como Mahmud Aleui, completamente inmune a su fracaso y siniestras operaciones; o en un ministro del Interior que está a contrapelo de no pocos demócrata cristianos que están huyendo de La Moneda y renunciando a su militancia después de tan desastrosa gestión política.

Pese a ser un gobierno tan fustigado por la derecha y el propio Presidente Electo, no sería extraño que éstos decidan echarle tierra a muchos episodios de falta de probidad, procurando que éstos queden impunes como también los dejara el segundo gobierno de Michelle Bachelet respecto de los despropósitos de su antecesor. De nuevo muy presto para regresar al Poder Ejecutivo con una mayoría parlamentaria, pero esta vez con el entusiasmo y apoyo de la alta clase empresarial que metió sus manos en todas las escandaleras de sobornos y cohecho. Conspicuos multimillonarios que también necesitan “negociar” su impunidad con los jueces y fiscales abyectos, como darle continuidad a sus empresas que, como en el caso de SQM, incluso fuera favorecida con nuevas concesiones y prebendas otorgadas por la clase política. Casta que, al final de cuentas, ya sabemos que es una sola e igualmente ávida de más riqueza a expensas el pueblo y de un sistema electoral que digitan sin mayores contratiempos para sus intereses. Y que ya asume cuán dóciles puede mostrarse hasta las más rebeldes expresiones políticas ante sus “cantos de sirena”.

radio.uchile.cl/2018/02/11/corrupcion-impunidad-el-legado-del-gobierno-que-se-va/

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