Ana Botella, responsable de un pelotazo de 1000 millones de euros en favor de ‘fondos buitre’

Por Kaos. Estado Español

La vivienda protegida que vendió Botella a los fondos buitre se ha revalorizado un 184%.

El pelotazo lo dio Blackstone (Fidere) con la connivencia de la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella . Entre 2012 y 2013 el fondo de inversión pagó algo más de 128 millones de euros por 1.860 Viviendas de ProtecciónOficial (VPO) con inquilinos en su interior.

 

La vivienda protegida que vendió Botella a los fondos buitre se ha revalorizado un 184%

Asier Martiarena

La compraventa inmobiliaria más importante de Madrid no la firmaron el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la portavoz parlamentaria del grupo, Irene Montero, con su chalet de 268 metros cuadrados en Galapagar. Ni siquiera lo hizo el exministro Luis de Guindos con su ático de 132,67 metros cuadrados en La Moraleja. El verdadero pelotazo lo dio Blackstone (Fidere) con la connivencia de la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella . Entre 2012 y 2013 el fondo de inversión pagó algo más de 128 millones de euros por 1.860 Viviendas de ProtecciónOficial (VPO) con inquilinos en su interior.

Un negocio redondo, pero irregular, ya que la mujer de José María Aznar firmó a pie de página de una transacción que prescindía de la aplicación de las instrucciones internas de contratación y,como dictaminó la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid , “sin la existencia de pliegos de condiciones” y “sin establecimiento previo del valor del mercado del bien a enajenar”. Las prisas de la regidora por tramitar la operación se deben a la coyuntura política y económica. Primero por temor a que el PP perdiese la Alcaldía, como así sucedió dos años más tarde, y segundo por garantizar la rentabilidad a la compra, que no a la venta.

Porque resulta que apenas cinco años después las 1.860 casas de VPO que Botella entregó al fondo buitre por 128 millones han aumentado su valor por encima del 184%. Fidere compró las viviendas por 70.000 euros cada una. Una cantidad que el Ayuntamiento de Botella fijó muy a la baja por las prisas derivadas del gran agujero económico que presentaba la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS). De hecho, solo por la transacción, Fidere habría sacado un beneficio de 127 millones de euros resultante de la tasación pactada con el Consistorio con respecto del valor de mercado que, en 2013, presentaban esas viviendas y que la actual corporación municipal lo fija en 145.600 euros por piso.

A eso hay que sumar la revalorización que esas casas han experimentado hasta la actualidad y que, según los indicadores recientes, se sitúa en un 37%. Es decir, que, a día de hoy, esos pisos adquieren un valor de mercado de 199.470 euros. Lo que viene a ser, en números redondos, una revalorización del 184%.

Resumiendo, y aunque parece un trabalenguas, se trata de una estimación en base al valor de mercado a fecha de 2017 y realizada sobre una compra ejecutada, a su vez, por debajo del valor de mercado de 2013. Una ecuación que Fidere no considera real ni ajustada y que desemboca en una guerra de cifras entre las partes interesadas.

Así el fondo de inversión entiende que la tasación de Ahora Madrid es errónea y está por encima de lo que marcaba el mercado, y que el valor actual medio de la vivienda no es tal, ya que el 37% de revalorización es una estimación del precio de Madrid como conjunto, y no de Vallecas, donde se encuentra el grueso de las viviendas y donde los pisos han experimentado un tirón menor. A eso se sumarían factores que beneficiaron a la parte vendedora que sacó el mismo provecho por pisos que daban rédito que por otros en los que, en algunos casos, estaban vacíos o cuyos inquilinos no pagaban la renta.

 

Todo lo contrario de lo que opina el Ayuntamiento de Madrid quien ha reclamado ante el Tribunal de Cuentas que Ana Botella y su Junta de Gobierno” reintegren lo que el Ayuntamiento no percibió en función el valor de mercado de esas viviendas” y que cifran en “127 millones de euros”.

 

Sin entrar al detalle en la guerra de cifras que, a fin de cuentas, es insalvable como demuestra el enfrentamiento judicial abierto entre las partes, el negocio para Fidere fue muy beneficioso. Se trata de una operación, además, clave para entender la nueva burbuja inmobiliaria. Porque las cuentas aún se redondean al alza con el beneficio extra de los alquileres aplicados a sus inquilinos que, en esos mismos cinco años, han subido, de media, un 49%.

Se trata de un patrón que “se ha repetido” en otras localidades de la Comunidad de Madrid como ha denunciado Arantxa Mejías en su etapa como portavoz de los Afectados por la Venta de Viviendas Públicas.

A falta de viviendas de VPO, y a mayor demanda que oferta, los precios se han disparado. Algo que se podría haber evitado como ha denuncia la EMVS, recientemente declarada “incapaz de ofrecer “una solución habitacional alternativa” porque “los recursos están llenos”.

La EMVS aspira a terminar la legislatura con algo más de 6.000 hogares mediante la construcción y la compra a particulares y bancos. Eso es menos de un tercio de los casi 17.000 inmuebles dedicados al alquiler turístico en Madrid (a los que hay que sumar los que no están declarados ni inscritos a webs como Airbnb). La balanza, sin embargo, podría estar decantada hacia el otro lado si, como reconocen desde la EMVS, el PP no hubiese vendido hasta más del 70% de las VPO erigidas por el Ayuntamiento desde 1995.

Tras la venta de VPO a fondos buitre, Madrid cuenta con apenas 6.000 pisos municipales frente a los 17.000 que oferta Airbnb

Solamente en el periodo de Ana Botella como alcaldesa, el PP vendió a ‘fondos buitre’ casi una cuarta parte de las 10.000 viviendas públicas que en aquel momento conservaba el Ayuntamiento de Madrid para tratar de frenar la sangría económica de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo tras la gestión de la crisis inmobiliaria por Alberto Ruiz Gallardón.

Una deuda que el PP ocultó en el traspaso de poderes. De hecho fue en 2016 cuando el Ayuntamiento tuvo el conocimiento de que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid le debía 17 millones de euros correspondiente a la liquidación de un convenio urbanístico suscrito entre 2006 y 2007 con el consistorio, que cedió a la empresa pública los derechos de edificabilidad de una promoción urbanística en Arroyomolinos. El malestar en el equipo de Carmena fue mayúsculo ya que dicha deuda no figuraba ni siquiera en la memoria de la EMVS de 2015. Al contrario, en ese documento se señalaba que la empresa obtuvo ese mismo año unos beneficios de 5,5 millones de euros.

Es por ello que el Ayuntamiento ha paralizado todos sus desahucios temporalmente frenando así, en palabras de Podemos, “una deriva” que “indigna”: desahuciar a familias que viven en inmuebles de alquiler social de esta empresa municipal y cuyas condiciones, asegura el escrito, son “especialmente duras” por su vulnerabilidad.

La reacción inicial del Consistorio de Madrid fue la de revertir esta venta. O por lo menos intentarlo. Así lo hizo saber tras hacerse público el informedefinitivo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre estas operaciones y que dictaminó que el precio de venta se fijó “por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación sin estudios o tasaciones previas que fijaran dichos valores”. Esto supone, según la Cámara de Cuentas, “la no aplicación de los criterios de racionalidad, economía y eficacia que deben presidir la gestión de los intereses públicos”.

Ahora Madrid y PSOE insisten en que se debe disolver el acuerdo

¿Cuál fue el entonces el método empleado para la tasación? Uno mucho más sencillo. Fueron los interesados en la compra los que fijaron el precio de venta que finalmente fue aceptado por el órgano de contratación, sin que se conociese el “valor objetivo de mercado de los bienes a enajenar”.

Desde Ahora Madrid y PSOE se insiste en que se debe disolver aquel acuerdo ya que podría tener que ver con un posible “tráfico de influencias y con la utilización inadecuada de fondos públicos”. Pero, a pesar de estas irregularidades certificadas, la Comunidad de Madrid ha enviado al Ayuntamiento de Madrid un dictamen negativo a la reversión de la venta anulando la petición consistorial. Negativo y controvertido ya que, en el mismo, no se niega que pueda haber irregularidades penales o contables.

El documento, además, revela, que el equipo de Botella facilitó información privilegiada a cuatro empresas (Azora-Morgan Stanley, Lone Star, Harbour Group-Álvarez & Marsal y Magic Real State-Blackstone, la adjudicataria final) sobre las condiciones de la venta, antes de anunciar la operación públicamente el 3 de mayo de 2013. Pero,paradójicamente, estas evidencias pierden valor para la Comunidad de Madrid quien ha decidido eliminar la posibilidad de seguir por la vía de la nulidad de la venta al haber formalizado un dictamen sin posibilidad de recurso, ni ante un Tribunal español ni europeo.

* Fe de erratas: En una primera versión del artículo, el titular señalaba que la revalorización de las viviendas alcanzaba el 400% cuando en realidad asciende al 184%. El error se debe a la toma en consideración para los cálculos de todo el parque inmobiliario de Fidere en Madrid (más de 6.000 viviendas), y no únicamente el referente a la citada operación de compraventa de 1.860 vpo.

 

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