Publicado en: 10 noviembre, 2017

Boletín de Luchas Obreras (9 de Noviembre de 2017)

Por LA PIRENAICA DIGITAL

Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y de las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE:

  • LA CIG ELEVA AL 50% EL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA EN EL ÁREA SANITARIA DE A CORUÑA
  • LAS EMPLEADAS DE AYUDA A DOMICILIO DEL IMSERSO AMENAZAN CON LA HUELGA
  • LOS HOSPITALES PRIVATIZADOS DE MADRID VAN A LA HUELGA
  • CANCELADA LA HUELGA DE BASURAS EN MADRID TRAS LLEGAR A UN ACUERDO EMPRESAS Y SINDICATOS
  • LAS TRABAJADORAS DE BERSHKA EN PONTEVEDRA DESCONVOCAN LA HUELGA TRAS UN ACUERDO CON INDITEX
  • HUELGA DE LIMPIADORAS POR EL IMPAGO DE SALARIOS EN ALBATERA
  • LA REGULACIÓN DE LAS EMPRESAS MULTISERVICIOS ALEJA A PATRONAL Y SINDICATOS
  • LOS TRABAJADORES DE AIR BERLIN DENUNCIARÁN A LA COMPAÑÍA TRAS TERMINAR EL ERE SIN ACUERDO
  • LOS TRIBUNALES DE LO SOCIAL OBLIGAN A LA UNIVERSIDAD DE HUELVA (UHU) A READMITIR A UNA TRABAJADORA DEL ‘CAPÍTULO 6’
  • LA PLATAFORMA 176 DE ESTEPONA ENVÍA UNA CARTA AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
  • SANTANDER ABRE LA VEDA A UN NUEVO AJUSTE DE 4.000 EMPLEADOS MÁS EN LA BANCA
  • LOS SINDICATOS CONVOCAN UNA HUELGA DE 24 HORAS EN ERICSSON EN PROTESTA POR EL ERE
  • ESTIBADORES DESTACAN QUE SU ACUERDO CON ANESCO TIENE EL VISTO BUENO DE EMPLEO
  • LA PLANTILLA DE ALESA DE GATIKA (BIZKAIA) DENUNCIA SALARIOS SIN COBRAR Y LA PUESTA EN MARCHA DE UN ERTE

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LA CIG ELEVA AL 50% EL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA EN EL ÁREA SANITARIA DE A CORUÑA

Asegura que hubo que aplazar operaciones en el Materno y el Abente y Lago y que se vieron afectadas las consultas externas n La Xunta lo reduce a entre el 2 y el 4%

Concentración frente a la sede de Sanidade en Santiago ->

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Balance del primer día de huelga

La segunda jornada de huelga en la sanidad gallega, convocada por la CIG para exigir mejoras laborales y contra la reforma de la Lei de Saúde, contó con más apoyos en el área sanitaria de A Coruña. Desde la Junta de Personal de este área señalaron que el seguimiento del paro fue del 50% entre Atención Primaria y el Complexo Hospitalario Universitario -cuando el jueves fue del 45% en los ambulatorios y de solo el 33% en el hospital- y aunque desde la Xunta redujeron esta cifra al 4,22% en el turno de mañana, supone algo más que el día anterior. Ya por la tarde, el seguimiento habría caído al 2,56%, según Sanidade, por debajo de lo conseguido en el mismo turno el pasado jueves.

Para los convocantes, la segunda jornada de paros obtuvo un mayor seguimiento. “Se subió varios puntos en todas las categorías profesionales”, señalaba la portavoz de la Junta de Personal del área sanitaria de A Coruña, María Seijo, quien aseguró que la huelga provocó que se aplazasen “operaciones no urgentes” tanto en el Materno como en el Abente y Lago y se redujese la actividad en Radiología. Además, reconoce que algunos pacientes de consultas externas vieron cómo no pudieron asistir a la cita con su especialista ya que se encontraba de huelga y no había otro facultativo para cubrir el puesto.

A nivel gallego, CIG-Saúde estimó en un 40% el seguimiento en la segunda jornada de huelga para reivindicar un calendario de negociación para recuperar los acuerdos retributivos de 2010 suspendidos por la crisis, mientras que Sanidade lo redujo al 3% en el turno de mañana.

Por Estructuras Organizativas de Gestión Integrada, el seguimiento en el turno de mañana, según la Xunta, fue del 4,22% en A Coruña, del 4,22% en la de Ferrol, del 3,01% en la de Santiago, del 1,64% en la de Pontevedra, del 4,87% en la de Vigo, del 1,22% en la de Lugo y del 1,27% en la de Ourense. Ya por la tarde, el seguimiento se habría quedado en el 2,56% en A Coruña; del 3,92% en Ferrol; del 2,05% en Santiago; del 1,43%, en Pontevedra; del 2,98%, en Vigo; del 0,46%, en Lugo; y del 0,62%, en Ourense.

Al margen de los paros en los centros sanitarios, un millar de personas participaron en la concentración convocada frente a la Consellería de Sanidade en Santiago bajo lemas como En defensa de la sanidad pública y Por una buena asistencia sanitaria y buenas condiciones laborales, entre otros.

La responsable de CIG-Saúde, María Xosé Abuín, destacaba tras la marcha el seguimiento “positivo” de la huelga “y el apoyo recibido” para seguir con las reivindicaciones para recuperar los acuerdos suspendidos. “Hay mucho personal descontento”, lamentó. A la concentración acudieron trabajadores del Sergas en autobuses desde A Coruña y Vigo, así como “mucha gente en coches particulares”, destacó el sindicato convocante.

Aprovechando la concentración, una representación sindical procedió a entregar un escrito en la Consellería de Sanidade dirigido al titular del departamento, Jesús Vázquez Almuiña, y a la directora de Recurso Humanos del Sergas para reivindicar un “calendario de recuperación de los acuerdos” de 2010.

LAS EMPLEADAS DE AYUDA A DOMICILIO DEL IMSERSO AMENAZAN CON LA HUELGA

Si no se acaba “el agravio comparativo” con Bienestar Social y siguen sin cobrar el plus de residencia

Las trabajadoras de Clece que realizan el servicio de ayuda a domicilio, para atender a las personas beneficiadas por el Imserso, en aplicación de la Ley de Dependencia, estudian movilizarse al denunciar que no cobran el plus de residencia, una situación que consideran discriminatoria en relación a otras empleadas que realizan esta labor para la Consejería de Bienestar Social. Así lo ha anunciado la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO., que no descarta incluso recurrir a una huelga para “acabar con este agravio comparativo”.

Representantes locales y nacionales de dicha federación sindical han explicado que hay unas 120 empleadas afectadas en la ciudad por esta situación y que ven mermamos sus salarios aproximadamente 200 euros mensuales, algo que quieren que se remedie desde el 1 de enero de 2018, pagándoles a partir de ese momento el plus de residencia.

Natividad Ramos, líder de esta federación en Melilla, ha recordado que antes la empresa encargada del servicio era Televida y ésta no abonaba el citado plus, pero tras un nuevo concurso, Clece se hizo con el servicio y las empleadas de dicha empresa fueron subrogadas.

Ramos ha indicado que a pesar de que la actual empresa sí abona el plus de residencia a sus trabajadoras, como las que realizan el servicio domicilio para la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma, en cambio a ellas se les ha mantenido la situación anterior y no se les paga este 25 por ciento del sueldo base, algo que consideran injusto y contra lo que ya se plantean movilizarse.

Antes de tomar ninguna medida, anuncian una reunión con el Imserso para solicitarle que suba la cuantía que abona a Clece y de este modo la empresa pueda abonarles el plus que les supondría igualarles con otras trabajadoras de la misma entidad, que también realizan el servicio de ayuda a domicilio.

LOS HOSPITALES PRIVATIZADOS DE MADRID VAN A LA HUELGA

Sofía Pérez Mendoza – eldiario.es

“Trabajas con fiebre porque sabes que no hay para sustituir”

Los sindicatos acuerdan convocar huelga indefinida el 27 de noviembre en cuatro hospitales de la red pública de gestión indirecta y decenas de privados

Las negociaciones con las empresas para actualizar el convenio colectivo están atascadas y desde 2012 no hay subidas salariales

“Cuando te llega un caso gravísimo a urgencias se queda desatendido el resto del servicio. Ya ha pasado”, dice una auxiliar del hospital de Villalba

Cómo desangrar un hospital público mientras se alimenta a otro privatizado

Vuelve una marea de batas blancas. Los trabajadores y trabajadoras de los hospitales privatizados de la Comunidad de Madrid se plantan ante las empresas que gestionan el servicio público. Junto a sus compañeros de los centros completamente privados han acordado iniciar una huelga indefinida el próximo 27 de noviembre, según confirman fuentes de CC.OO. a eldiario.es, tras no haber llegado por el momento a un acuerdo para la actualización de su convenio colectivo. Todos se rigen por el mismo, que no se ha tocado desde 2008, lo que implica que llevan desde 2012 con el salario congelado.

El personal de estos centros asegura que las plantillas “están muy justas”, lo que provoca que los servicios “se desborden” con facilidad si falta alguien o si se acumulan urgencias graves. “Vas con fiebre a trabajar porque sabes que no hay quien te sustituya y que van a pringar tus compañeros”, admite la doctora Mónica Alloza, vocal de AMYTS y parte de la plantilla del Hospital de Torrejón.

En el de Villalba, “te avisan para doblar turno a veces el mismo día”, según una auxiliar de enfermería que prefiere no identificarse. Y el mismo problema refiere Samuel Mosquera, técnico de medicina nuclear en la clínica La Luz.

Si no se llega antes al entendimiento con la patronal, los paros (que aún no han sido comunicados oficialmente) afectarán a los cuatros hospitales públicos de gestión privada –Rey Juan Carlos (Móstoles), General de Villalba, Torrejón e Infanta Elena (Valdemoro)– que atienden a medio millón de personas de la región, y a unos 40 privados –entre ellos, La Luz o la clínica Ruber–. Cerca de un 60% de estos centros –según cálculos de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS)– están concentrados en manos del gran grupo empresarial Quirón Salud, resultado de la fusión de IDC y Quirón.

En la última reunión, el pasado 26 de septiembre, las empresas concesionarias ofrecían una subida máxima del 6,5% progresiva hasta 2020, un porcentaje insuficiente para los sindicatos. En ese encuentro, según CC.OO., los representantes sindicales dijeron que no a la propuesta y ya comunicaron la posibilidad de huelga indefinida. Fuentes de la patronal consultadas por este medio aseguran que convocarán una nueva reunión.

El nuevo convenio, que la patronal confía en que “se cerrará pronto”, comprendería el periodo 2016-2020 pero no contempla aumentos salariales retroactivos para el año pasado, desde cuando los trabajadores tienen el convenio caducado.

Las empresas sí han accedido a pagar un plus por los días 25 de diciembre y 1 de enero, aunque no ha concretado de cuánto. La petición del personal era, explica Marga Largo, de CC.OO., tenerlo en todos los festivos (incluidos domingos), que se hacen sin compensación dentro del trabajo a turnos de enfermería y auxiliares.

La Consejería de Sanidad, responsable de las concesiones administrativas a las empresas que llevan la gestión indirecta de los cuatro hospitales públicos, aduce que “se respeta la autonomía de las partes para llegar a sus propios acuerdos siempre que se respete la normativa laboral de cumplimiento exigido”. “No somos quienes para meternos en la autonomía de los trabajadores o de las entidades”, añaden.

El personal de enfermería y los auxiliares se quejan de sus bajos salarios, que superan por poco los 1.000 euros mensuales, según convenio. “Hay un clima muy malo. Somos nosotras las que recibimos a los pacientes, las que damos la cara. Y la que paga y da recursos, una empresa privada que mira por el dinero”, denuncia la auxiliar de enfermería de hospital de Villalba.

La falta de personal, asegura, es transversal en todo el centro. “Cuando te llega un caso gravísimo a urgencias se queda desatendido el resto del servicio. Si hay una parada, se concentran ahí todos los recursos. De manera que si pasa algo igualmente grave también, imagínate. Ya ha pasado, de hecho”, relata. La UVI, continúa, “tiene 12 camas pero personal solo para nueve. ¿Qué ocurre cuando hay 10, 11 o 12 pacientes?

Pues se hace doblar a los trabajadores o contratan a gente dos semanas y luego la despiden”. Y en los turnos de noche “solo hay dos celadores para todo el hospital”, denuncia la misma trabajadora. El centro tiene 140 camas y 24 boxes, además de neonatos, UVI y paritorios.

Fuentes de la patronal consultadas por este medio y presentes en la negociación defienden que están “cerca del acuerdo con un poco de esfuerzo de ambas partes. “El último convenio fue de 2008-2011, un periodo de crisis muy grande que ha provocado que muchos convenios no se hayan actualizado”, justifican.

Durante los años 2013, 2014 y 2015 se ha ido funcionando con prórrogas de ese mismo texto. “Al menos se han mantenido las condiciones, que en otros sectores se han empeorado”, argumenta la representación de las empresas, que se parapeta en que “el sector privado se ha visto muy perjudicado por la bajada de la fuente de ingresos de las entidades de seguro libre”.

Fuga de personal: “Se van servicios enteros”

La situación, coinciden los sanitarios de varios hospitales consultados, hacen que “la gente se esté yendo en cuanto les sale otra cosa”. Una ex trabajadora de la UVI del hospital Rey Juan Carlos de Móstoles asegura que vio irse a un compañero “que estaba muy quemado” y al que negaron la reducción de jornada.

También pasa con los médicos y médicas. “No han encontrado, con estas condiciones, la manera de fidelizar al médico. Hay fuga de profesionales médicos, de irse servicios enteros. Al final, quienes quedan son gente joven, con poca experiencia que acaban de terminar su periodo de formación”, describe la doctora Alloza. ” Si pones a mucha gente junta de aprender pero no tienen de quién aprender, la cosa no funciona”, completa la auxiliar de Villalba.

El sector médico se queja de que el convenio colectivo con el que funcionan no recoge la especificidad de su jornada, es decir, las guardias. “En la pública el estatuto marco recoge la jornada ordinaria y la complementaria, con sus descansos estipulados.

De los de la red pública, solo uno, el de Torrejón (de Sanitas), tiene una cláusula que hace referencia a esta jornada, pero en los del grupo Quirón Salud no hay nada. Se hacen las guardias en una situación de limbo legal”, cuenta Mónica Alloza.

Los controles de Sanidad

Desde AMYTS también denuncian “la falta de supervisión y control por parte de la administración de cómo funcionan los hospitales públicos de gestión indirecta”. “El contrato de la concesión administrativa dice que la Consejería de Sanidad tiene que nombrar una persona, como un delegado por cada hospital, cuya función es que el centro cumpla con las garantías de calidad de la cartera de servicios. Solo existe una figura para todos los hospitales a la que nunca nos han presentado ni sabemos si viene y a qué se dedica”, explica la doctora Alloza.

La Consejería de Sanidad confirma que “hay una persona responsable de verificar la calidad asistencial, pero también auditorías externas”. “Se hace un seguimiento permanente que incluye las ratios de profesionales”.

El convenio con el que funciona el sector privado incumbe a todo el personal médico, pero también a administración y limpieza en los casos en los que las empresas concesionarias no han subcontratado a su vez el servicio. “Que se subrogue a favor de otras empresas que son en realidad del mismo grupo es muy común.

Eso divide además la representación sindical, la fragmentan”, sostiene el técnico Samuel Mosquera, presidente del comité de empresa de la clínica La Luz. El centro pasó en 2012 de una empresa más familiar a Quirón Salud. “El sector ha cambiado mucho y ahora todo está concentrado en manos de muy pocas”, remata.

CANCELADA LA HUELGA DE BASURAS EN MADRID TRAS LLEGAR A UN ACUERDO EMPRESAS Y SINDICATOS

Miguel Ángel Medina – elpais.com

Los camiones de recogida volverán a salir el martes

Los sindicatos y las siete empresas del servicio de recogidas de Madrid capital han llegado a un acuerdo para cancelar la huelga de basuras que se venía desarrollando desde el lunes, según confirman CC.OO. y el Ayuntamiento de Madrid.

Los trabajadores municipales han votado en asamblea un acuerdo que supone una subida del salario base de entorno a un 2,6%, además de una revisión anual en consonancia con el IPC, según explica Isabel Rodríguez, del sindicato CC.OO..

Además, las empresas adjudicatarias del servicio se comprometen a hacer fijos a 69 trabajadores eventuales, además de realizar 80 ascensos en todas las categorías. “Y no hay despidos encima de la mesa”, añade Rodríguez.

La asamblea se ha realizado a las siete de la tarde del martes, y la nueva propuesta de las empresas ha obtenido un voto mayoritario. La decisión supone que los camiones del servicio de recogida volverán a trabajar con normalidad.

Los contratos del Consistorio para la recogida de basuras, firmados en septiembre de 2016 por el gobierno de Manuela Carmena, están repartidos en tres lotes, uno con la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), otro con la Unión Temporal de Empresas (UTE) UTRM2, compuesta por OHL, Valoriza, Ascan y Acciona, y otro con la UTE entre Ferrovial y Urbaser.

Mariano Sancho, portavoz de estas empresas, explica por qué se ha llegado a un acuerdo con tanta celeridad: “Ha sido un esfuerzo enorme, con larguísimas negociaciones y muchas concesiones por ambas partes, ha sido un auténtico ejercicio de responsabilidad tanto de las empresas como de los trabajadores”.

Según Sancho, las negociaciones para llegar a un acuerdo “han sido maratonianas, entre 10 y 12 horas al días”, sin perder de vista que “tal y como está la situación económica, Madrid no se puede permitir una huelga larga que perjudique su imagen de cara al turismo”.

En su opinión, El Ayuntamiento de la capital ha estado pendiente de las negociaciones, pero la clave ha estado en la negociación principal entre sindicatos y empresas.

Por su parte, una portavoz del Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, ha explicado que el Consistorio “agradece el esfuerzo que han hecho las partes negociando hasta alcanzar un acuerdo que beneficia al servicio y a los trabajadores”. El Consistorio renunció en marzo de 2016 a municipalizar el servicio y, en su lugar, apostó por firmar licitaciones con las siete empresas que ahora han llegado a un acuerdo con los trabajadores.

Dos días de huelga

Los paros habían sido convocados por los sindicatos CC.OO., UGT y CGT, representantes de los 1.600 trabajadores del servicio, desde las siete de la mañana del lunes. El Ayuntamiento había fijado unos servicios mínimos del 50%, de tal forma que la basura de las viviendas pasaba a recogerse cada dos días, según los distritos. Tanto empresas como sindicatos cifraron el seguimiento de la huelga en un 100% de los trabajadores durante las dos jornadas.

El final del conflicto parecía muy lejos. “Estamos lejos de llegar a un acuerdo”, explicaban los distintos representantes de los trabajadores. Sin embargo, la empresa ha puesto sobre la mesa una propuesta que recoge sus principales reivindicaciones, es decir, compensaciones salariales y un compromiso de que las empresas mantendrán los mismos puestos de trabajo, por lo que la huelga ha quedado desconvocada.

LAS TRABAJADORAS DE BERSHKA EN PONTEVEDRA DESCONVOCAN LA HUELGA TRAS UN ACUERDO CON INDITEX

eldiario.es

“Supera las pretensiones marcadas inicialmente”, dicen sus representantes, que lo atribuyen a que el paro fue “un conflicto unitario”

Las trabajadoras, ante una de las tiendas de Bershka cerradas por la huelga ->

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La plantilla de Bershka en la provincia de Pontevedra ha decidido por unanimidad en una asamblea celebrada aceptar el preacuerdo pactado entre la representación sindical y la dirección de la empresa de Inditex y desconvocar la huelga indefinida que habían iniciado el viernes 26 de octubre para denunciar su discriminación laboral con respecto a otras provincias.

El acuerdo, informa el sindicato CIG, contempla la incorporación de todas las medidas sociales que reclamaban y avanza en la equiparación salarial, ya que Bershka tendrá que pagarles 120 de los 130 euros en pluses que cobra el personal de A Coruña. La empresa se compromete también a abonar los retrasos desde el mes de junio.

El acuerdo, según señala el sindicato, contempla también la aplicación de las mejoras sociales que se reclamaban (vacaciones, permisos y excedencias, tiempo de descanso, lactancia, conciliación familiar e incapacidad permanente).

Igualmente, establece un sábado libre mensual para todas las trabajadoras, si bien las encargadas disfrutarán de 12 sábados libres al año que se podrán regular en función de las necesidades de la tienda.

La secretaria nacional de CIG-Servicios, Transi Fernández, valoró muy positivamente el acuerdo alcanzado con la empresa, hasta el punto de sostener que superó las pretensiones marcadas inicialmente por la plantilla, y se mostró convencida de que no habría sido posible sin la determinación mostrada por las trabajadoras durante los nueve días de huelga.

“Fue un conflicto unitario de larga duración contra una gran empresa como Inditex en el que encontramos muchas dificultades, como tener buena parte de los medios de comunicación en contra, pero con la fuerza de las trabajadoras conseguimos arrancar un buen acuerdo”, indicó.

HUELGA DE LIMPIADORAS POR EL IMPAGO DE SALARIOS EN ALBATERA

M. A. – diarioinformacion.com

La plantilla anuncia el cese de actividad desde el lunes y el Ayuntamiento intentará adjudicar la contrata in extremis o municipalizar el servicio

Imagen de las trabajadoras concentradas frente al Ayuntamiento para exigir soluciones ->

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Las trabajadoras de la limpieza de edificios municipales de Albatera y los conserjes que custodian estos espacios públicos han convocado una huelga indefinida a partir del lunes. Lo harán como protesta por el impago de salarios y por enfrentarse a un futuro laboral incierto.

La empresa que hasta ahora asumía el servicio no les paga y la mercantil que se debía adjudicar la contrata desde el uno de noviembre ha rechazado subrogar a la plantilla. Ahora el Ayuntamiento negocia in extremis con la otra firma que se presentó al concurso público para realizar el trabajo. Si no se llega a un acuerdo, se planteará la municipalización del servicio, al menos de forma temporal.

Los trabajadores, que son más de una treintena, en su mayoría de Albatera, se concentraron en la puerta del Ayuntamiento para reclamar al equipo de gobierno soluciones. Aseguran que mientras no lleguen, no acudirán a sus puestos de trabajo y sólo se realizarán los servicios mínimos pactados.

La alcaldesa, Rosario Ballester, pidió paciencia y aseguró que desde la administración local se está haciendo todo lo posible por desatascar esta situación, si bien dijo que no se puede actuar todo lo rápido que les gustaría debido a que hay que seguir los plazos que se marcan en este tipo de procesos burocráticos.

Ballester sí accedió a que los afectados pudieran acudir a los Servicios Sociales del Consistorio para pedir auxilio para poder pagar recibos de agua y luz o comida, tal y como reclamaron.

Según se aseguró desde CC.OO., la empresa Limpieza y Aseo Urbano SL (Liasur), que venía realizando la limpieza de dependencias municipales y de colegios, no les ha abonado las nóminas de septiembre y octubre, ni los atrasos de salarios de los ejercicios 2016 y 2017. Creen que tampoco van a cobrar la paga extraordinaria de Navidad.

Los trabajadores afectados explicaron que han intentado negociar con la empresa y hasta solicitaron una mediación en el tribunal de arbitraje para reclamar el cobro, sin embargo mantienen que los representantes de Liasur ni si quiera acudieron a esa reunión.

Por todo ello y mientras el Ayuntamiento les da una respuesta, tienen claro que «hasta que la solución no llegue, habrá huelga».

LA REGULACIÓN DE LAS EMPRESAS MULTISERVICIOS ALEJA A PATRONAL Y SINDICATOS

Agencia EFE

La prevalencia del convenio colectivo de empresa sobre el sectorial ha sido clave para la expansión en los últimos años de las empresas multiservicios, que con salarios más bajos compiten por la subcontratación de servicios como la limpieza, la seguridad o la atención al cliente de grandes compañías.

Los sindicatos abogan por un convenio sectorial específico para las multiservicios, porque denuncian que se ha producido una precarización de las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados, que suelen tener salarios inferiores a los establecidos en los convenios sectoriales, una situación que la patronal no cree que esté generalizada.

El secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, explica a Efe que las grandes empresas contratan a las multiservicios con la idea de reducir costes, un ahorro que la subcontrata repercute en los salarios de sus trabajadores.

Para Pino “la única solución a la precarización laboral que promueve la subcontratación” es la derogación total de la reforma laboral del PP de 2012, un objetivo compartido con el PSOE que ha presentado iniciativas parlamentarias en esa dirección.

“Vamos a enfrentarnos a las empresas multiservicios hasta que se regulen”, ha asegurado Pino, que considera que este sector está creando una “nueva categoría de trabajadores pobres”.

Sin embargo, el director de relaciones laborales de la CEOE, Jordi García Viña, cree que no es necesario modificar la legislación actual ni devolver la superioridad a los convenios sectoriales, puesto que considera que el número de trabajadores afectados por los convenios de empresa sigue siendo “mínimo”, un 8 %, y porque no percibe un problema “generalizado” en la subcontratación.

Además, García Viña incide en que los representantes de los trabajadores tienen por ley la capacidad de negociar los convenios en el ámbito de la empresa a través de las secciones sindicales.

No obstante, una de las principales empresas en el campo de las multiservicios, Adecco Outsourcing, se ha querido desvincular de “la mala fama” de este tipo de compañías impulsando la firma de un convenio propio, pero que establece la prevalencia del convenio sectorial de cada actividad que desarrollan.

El convenio ha sido apoyado por la Federación de Servicios de CC.OO. y en un primer momento también contó con el respaldo de UGT, que finalmente se apeó del acuerdo y lo impugnó por considerar que tenía “trampa” y que en el fondo seguía estableciendo la prioridad del convenio de empresa.

Para el asesor jurídico de la empresa Adecco Outsourcing, Manuel Indiano, no es correcto que se asocie la precariedad laboral con las multiservicios en general, por lo que la compañía ha promovido una campaña para regular de forma correcta estas compañías.

“Nosotros hemos dado un paso con este convenio que claramente nos puede generar una desventaja competitiva”, asegura Indiano.

Por su parte Randstad, la otra empresa referente en el sector de la subcontratación, ha preferido no entrar en la polémica dado que aún analiza la situación y asegura que no tiene una postura fijada al respecto.

Adecco aboga por que se modifique el artículo 84.2 del Estatuto de Trabajadores -donde prevalece el convenio de empresa- ya que cree que “es la única manera de equiparar las reglas del juego”.

En eso coincide con CC.OO., cuyo adjunto a la secretaría de políticas sectoriales, David Planell, insiste en volver al modelo de relaciones laborales previo a la reforma laboral “que atentó contra las bases de la negociación colectiva”.

UGT comparte la reivindicación, aunque opina que, en ausencia de un convenio sectorial específico, las multiservicios tendrían que adoptar el mismo convenio que las empresas para las que trabajan, un modelo que Adecco ve inviable al imponerse un convenio que la empresa subcontratada y sus trabajadores no han negociado.

LOS TRABAJADORES DE AIR BERLIN DENUNCIARÁN A LA COMPAÑÍA TRAS TERMINAR EL ERE SIN ACUERDO

Europa Press

Los trabajadores de Air Berlin han anunciado que denunciarán a la compañía aérea quebrada “por mala fe y por fraude”, después de que la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) haya terminado sin que se haya podido alcanzar ningún tipo de acuerdo, para los 54 empleados que contaba en España, en su sede en Palma de Mallorca.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general del sector aéreo de la Unión Sindical Obrera (USO), Rafael Bohórquez, ha explicado que los representantes de la aerolínea “no se han movido a la hora de realizar una oferta superior a la mínima legal exigida (12 pagas de 20 días de trabajo)”.

Así, Bohórquez ha anunciado que se iniciará un “proceso de conflicto colectivo” y les denunciarán por “mala fe y por fraude” ya que consideran que se tendrían que haber realizado una “subrogación” debido a que Lufthansa ha adquirido 81 aviones de la segunda aerolínea alemana, su filial austriaca Niki, su unidad regional LG Walter y otros 20 aviones.

De esta manera, argumentarán que existe una “responsabilidad subsidiaria” al considerarlo un “despido improcedente”. Por esto, Bohórquez ha aseverado que denunciarán “a quien haga falta, a Air Berlin, Lufthansa y a easyJet”.

Para la gestión ordenada en España, la compañía alemana ha designado a Pluta, compañía especializada en la reestructuración y gestión de insolvencias empresariales, tras la inminente apertura de tres procesos voluntarios de insolvencia en Alemania.

Cabe recordar que easyJet firmó un acuerdo para adquirir parte de las operaciones de Air Berlin –pilotos y tripulación de cabina, incluidos– en el aeropuerto de Berlín Tegel, por 40 millones de euros.

easyJet ha acordado con el sindicato alemán Verdi que los antiguos trabajadores de Air Berlin, compañía que cesó sus operaciones el pasado 28 de octubre, tendrán preferencia a la hora de ser contratados por la filial europea de la aerolínea británica.

LOS TRIBUNALES DE LO SOCIAL OBLIGAN A LA UNIVERSIDAD DE HUELVA (UHU) A READMITIR A UNA TRABAJADORA DEL ‘CAPÍTULO 6’

Una sentencia dictaminada por los Tribunales de lo Social en Huelva obliga a la Universidad de Huelva (UHU) a readmitir a una trabajadora perteneciente al “Capítulo 6”, el colectivo de Personal Universitario Contratado.

Desde la Asociación Onubense de Personal Universitario Contratado aseguran que “a pesar de que entre los años 2014 y 2015, los Tribunales de lo Social determinaran que la UHU realizó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ilegal en 2013 contra el “Capítulo 6”, la UHU continuó con su política de despidos de trabajadores readmitidos por sentencias anteriores” por lo que la institución ha vuelto a ser condenada en los tribunales.

En este caso en concreto, la sentencia obliga a la UHU a readmitir a una trabajadora que fue despedida en 2016 añadiendo que “las trabajadoras/es pertenecientes a este colectivo son personal estructural de la Institución como indefinidos no fijos”.

El colectivo ha informado en una nota que “el ex Rector, Francisco Ruíz, justificó el despido de esta trabajadora (al igual que el de otros dos trabajadores, que aún están pendiente de sentencia) por motivos “económicos y organizativos”, motivos que, según ha quedado demostrado, eran falsos al igual que ha quedado comprobado que la verdadera causa de este despido es una  “una clara discriminación hacia estos cuatro trabajadores de la Universidad, los únicos a los que no se les ha readmitido de forma efectiva, sin que exista razonamiento o causa alguna que lo justifique, máxime cuando las funciones que venían realizado estos trabajadores se siguen llevando a cabo en la Universidad… conllevando una vulneración evidente de sus derechos fundamentales y constitucionales”.

Según la sentencia “resulta evidente que existen claros indicios de vulneración de la garantía de indemnidad y del derecho a la libertad sindical” no pudiendo sino decretar la nulidad del despido ya que, según el Juzgado de lo Social, por parte de la UHU no se ha “acreditado la existencia de las causas económicas y organizativas que se aducen por la Universidad de Huelva en la carta de despido de la demandante”.

LA PLATAFORMA 176 DE ESTEPONA ENVÍA UNA CARTA AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

JJM – esteponapress.com

Superado un lustro, desde el verano de 2012, continúa la problemática de los 174 trabajadores despedidos en el ERE del Ayuntamiento de Estepona. Más de cinco años después estos despidos, ordenados por el alcalde José María García Urbano, continúan con sus procesos judiciales a nivel individual, tras ser declarado procedente el juicio colectivo.

A la fecha actual, aún quedan pendientes más de un centenar de juicios, mientras los que se han celebrado en diferentes juzgados de lo Social de Málaga han tenido el mismo resultado favorable al ayuntamiento, salvo dos de ellos que fueron declarados como despidos nulos y posteriormente fueron declarados procedentes en el TSJA, y en estos momentos están recurridos al Tribunal Supremo.

Esta unanimidad en el criterio de los jueces ha creado incertidumbre en los abogados y trabajadores despedidos que a través de la Plataforma 176 y Más, que aglutina a los desempleados municipales, han enviado una carta al Consejo General del Poder Judicial solicitando que “se adopten todas las decisiones necesarias para agilizar unas resoluciones judiciales que deben contribuir a confirmar que la justicia es justa y no sólo legal”.

Además, exponen en la carta que “Necesitamos tener la certeza de que nuestras situaciones particulares serán objeto de análisis y estudio por parte de los distintos magistrados que tendrán, a la postre, que aplicar la legislación laboral vigente. Es aquí, de ahí la existencia de este escrito, donde nos surgen muchísimas dudas e interrogantes a tenor de los primeros pronunciamientos que se han venido produciendo en las primeras vistas individuales”.

La unanimidad en los jueces ha provocado más desesperanza en estos trabajadores que más de cinco años después de sus despidos siguen esperando una solución.

Carta íntegra enviada al Consejo General del Poder Judicial:

Desde el siglo XV, la justicia se representa con una mujer con los ojos vendados, una balanza en una mano y una espada en la otra. Los ojos vendados pretenden destacar que la justicia sólo mira a las personas, es decir, que la justicia es igual para todos. La objetividad debe ser impuesta «sin miedo ni favoritismos, independientemente de la identidad, el dinero, el poder o debilidad».

A esta tradicional representación de la justicia los miembros integrantes del colectivo que suscribe este escrito hemos, muy a nuestro pesar, de asignarle otro atributo más: el de ser sorda. Sorda por cuanto desde hace años, y de manera totalmente exasperante e incomprensible, viene desoyendo las quejas y lamentos de 174 empleados públicos que fueron objeto de un Expediente de Regulación de Empleo en el Ayuntamiento de Estepona.

En agosto de 2012 el Ayuntamiento de Estepona puso en marcha esta traumática decisión que no fue avalada por el Tribunal Supremo hasta noviembre de 2016. En este intervalo de tiempo nos encontramos con una resolución previa del TSJA, octubre del 2012, que fue anulada por el Tribunal Supremo, ya que en noviembre de 2014 dicho Tribunal ordenó repetir el juicio.

La Sala de lo Social del alto tribunal consideraba que el hecho de que se incumpliera la obligación de aportar una prueba en el juicio «no supone» que la misma quede anulada definitivamente. Resoluciones judiciales que se han venido eternizando en el tiempo, más de cuatro años para la sentencia definitiva al despido colectivo, tiempo que ha causado una honda mella y preocupación en decenas de personas que, por una decisión política, se vieron de la noche a la mañana privada de sus más básicos sustentos.

A todo ello hemos de añadirle el hecho de que ya se han iniciado los juicios individuales, en las distintas salas de lo Social de Málaga, y resueltos recursos en el TSJA, y ninguna sentencia es, hasta ahora, favorable a los trabajadores. Además estamos sufriendo retrasos y suspensiones incomprensibles.

Podemos afirmar que, en el mejor de los casos, esta odisea de la que somos desgraciados protagonistas no finalizará hasta seis años después de haberse iniciado.

Lejos de auto compadecernos queremos seguir apelando a la justicia. Necesitamos tener la certeza de que nuestras situaciones particulares serán objeto de análisis y estudio por parte de los distintos magistrados que tendrán, a la postre, que aplicar la legislación laboral vigente.

Es aquí, de ahí la existencia de este escrito, donde nos surgen muchísimas dudas e interrogantes a tenor de los primeros pronunciamientos que se han venido produciendo en las primeras vistas individuales.

A modo de ejemplo, por considerarlo bastante ilustrativo, hemos de hacer mención al hecho de que en el ERE colectivo llevado a cabo en el Ayuntamiento se apreció como criterio objetivo la antigüedad prestada en el Consistorio y en sus empresas municipales.

Pues de manera sorprendente el propio Ayuntamiento obvió el periodo trabajado por algunos de los empleados afectados en las sociedades pertenecientes al Consistorio en el periodo 95-99. Pese a que este asunto ha sido esgrimido en las apelaciones, de manera sorprendente, ni tan siquiera ha sido objeto de controversia ya que directamente ha sido omitido en las consideraciones y, por tanto, habrá de ser sustanciado en los correspondientes recursos.

Desde el respeto, nos preguntamos, ¿cuándo va a finalizar esta pesadilla?, ¿cómo pueden obviarse elementos que forman parte de las pretensiones iniciales de las demandas?, ¿cómo puede derivarse siempre toda la responsabilidad a los órganos judiciales superiores para que sean ellos los que terminen impartiendo sentencia en vía de recurso?

Desde el convencimiento más absoluto de que no todas las tesis sostenidas por el Ayuntamiento en sus fundamentaciones jurídicas son ciertas y que, por tanto, éstas no pueden ser automáticamente asumidas por las distintas salas de lo social, nuestro ruego encarecido es, que desde este órgano constitucional, colegiado, autónomo, integrado por jueces y otros juristas, se ejerzan funciones de gobierno del Poder Judicial con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial frente a todos.

Pedimos también, que se adopten todas las decisiones necesarias para agilizar unas resoluciones judiciales que deben contribuir a confirmar que la justicia es justa y no sólo legal. En la honda convicción de que es necesario velar por los procedimientos aún pendientes e incursos en demoras insufribles, recursos, etc.,  y que sin duda,  una mayor presencia y supervisión contribuirán a evitar temores, sospechas e infundios, y que después de este periplo,  deseamos y necesitamos reconciliarnos con la justicia.

SANTANDER ABRE LA VEDA A UN NUEVO AJUSTE DE 4.000 EMPLEADOS MÁS EN LA BANCA

Eva Contreras – .lainformacion.com

La integración del Popular, la unión Bankia-BMN y Evo Banco generarán salidas. Desde 2008, el sector ha extinguido 90.000 puestos de trabajo.

Gráfico sobre la evolución de las plantillas y sucursales en banca.

https://www.lainformacion.com/files/article_main/uploads/2017/11/03/59fcbcaa4fbd8.png ->

Con el negocio crediticio en caída y unos tipos de interés que tardarán en subir hasta 2019, la necesidad de bajar costes de estructura apremia aún al sector. El Santander arrancó la negociación con sindicatos para dar salida a los empleados excedentarios cuando  integre el Popular.

Sin cifras oficiales sobre la mesa, pero con la experiencia de otras fusiones, se estima en entre 1.000 y 1.500 los trabajadores afectados solo en sus servicios centrales, dado que las redes de sucursales convivirán autónomas durante, al menos, dos años.

Es casi un pistoletazo a una nueva ronda de ajustes susceptibles de plantear la extinción en España de otros 4.000 empleos este año por distintas motivaciones. Limar duplicidades es la razón que negocia el Santander y Popular, y que abordarán Bankia y BMN cuando completen la integración jurídica.

Se prevé que los bancos semipúblicos arranquen la negociación en los últimos compases del ejercicio y algunas estimaciones cifran en 1.200-1.300 los empleos que podrían considerarse excedentarios, por duplicar funciones.

Evo Banco invocó un giro estratégico para plantear un expediente de regulación de empleo que afectará a hasta 270 empleados, el 60% de su fuerza laboral, y clausurará casi el 90% de las oficinas para centrarse en la banca digital que prefiere su clientela.

Liberbank barajaba destinar cierta partida a ofrecer salidas voluntarias definitivas a empleados acogidos a excedencias temporales compensadas. BBVA, por citar otra entidad, ha iniciado ahora el camino de minorar la plantilla con externalizaciones transitado antes por un largo etcétera de entidades -traspasó 152 trabajadores a IBM junto a un contrato de servicios y otro casi centenar con la venta de la filial de renting-.

Reducciones de 1.600 empleos en nueve meses

De manera más silenciosa, por no requerir de negociaciones para  finalizar la relación laboral con censos abultados de trabajadores, casi todas las entidades van adelgazando sus nóminas aprovechando las bajas vegetativas o amortizando puestos vacantes.

Un argumento es acomodar la estructura al nuevo mundo, donde los clientes demandan canales de relación no presenciales, aunque el objetivo prioritario de la industria es empujar la todavía baja rentabilidad y minorar los costes o ganar eficiencias es una palanca para conseguirlo.

La gran banca -Santander, con Popular; BBVA, Caixabank, Bankia y Sabadell- ha reducido de hecho el censo de trabajadores en 1.586 en España en los últimos nueve meses. Las 118.261 personas que empleaban el pasado año bajaron a 116.675 al cierre del pasado mes de septiembre según desvelan en sus informes financieros.

La transformación digital es una obsesión ante la demanda creciente de un cliente que se fideliza mejor surtiéndose de servicios y productos por canales remotos y renta, además, por encima del puro usuario de sucursal; y afecta de manera global.

El Santander desvela que el grupo sólo ha ampliado plantilla en los doce meses transcurridos desde septiembre de 2016 en México y en el brazo de financiación al consumo en Europa. La reduce en España, junto a Polonia, Alemania o Portugal, mercados estos últimos donde se encuentra también en pleno proceso de integración de filiales o negocios adquiridos. La situación de BBVA es similar: sólo incrementa plantilla en EEUU y mete tijera en el resto de países, incluido México, España o Turquía.

Un tercio de los despidos de la zona euro, en España

El esfuerzo del sector bancario en España excede, no obstante, a las reorganizaciones en otros países. Entre 2008 y 2016 se extinguieron 98.515 puestos de trabajo o casi uno de cada tres de los 276.497 censados en el punto álgido de contratación.

Supone la cuarta parte de los despidos bancarios en la zona euro, donde aún trabajan 1,96 millones de personas en banca, y el mayor sacrificio registrado en los sistemas financieros de la Unión Europea, que han comenzado a aliviar sus plantillas con varios años de retraso respecto al fenómeno español.

El proceso ha ido acompañado con el cerrojazo a 17.258 sucursales o casi el 47% de todos los cierres compilados en la zona euro por el Banco Central Europeo (BCE). Había 46.065 locales antes de estallar la crisis y quedan 28.807 el pasado año.

Si antes de la crisis, España disfrutaba de la mayor red de oficinas del Viejo Continente, nos superan en capilaridad Alemania, Francia e Italia; aunque la oferta de oficinas por habitante continúa siendo de las más frondosas del mundo.

El esfuerzo de contención de costes, vía ajustes de estructura, comienza a rendir el objetivo buscado. Conforme a la última estadística del Mecanismo Único de Supervisión, los bancos significativos españoles o los vigilados por el BCE -todos, salvo las pequeñas cajas de ahorros y cooperativas- contaban con una rentabilidad sobre recursos propios del 8,28% frente al 7,10% de media de la zona euro.

La eficiencia o parte de los ingresos que consumen los gastos de explotación se situaba en el 50,91% -bate el 62,72% europeo-. Sin embargo, quedan ajustes por integraciones pendientes y porque mientras no tire bien el crédito la palanca más fácil para mejorar la cuenta es economizar.

LOS SINDICATOS CONVOCAN UNA HUELGA DE 24 HORAS EN ERICSSON EN PROTESTA POR EL ERE

Europa Press

Los sindicatos CC.OO., UGT, CGT y STC han convocado una huelga de 24 horas para el martes 7 de noviembre en la compañía tecnológica Ericsson como protesta por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado recientemente por la empresa y que afectará a 393 trabajadores en España.

La comisión que se encarga de negociar el ERE anunciado a finales de septiembre se ha reunido en seis ocasiones y, según recoge CC.OO. en un comunicado, “no se ha producido avance alguno”. Sindicatos y empresa volverán a reunirse el lunes, miércoles y viernes antes de que finalice el periodo de consultas el próximo 10 de noviembre.

En este contexto, los sindicatos con representación en Ericsson han convocado un calendario de movilizaciones que arrancan con una concentración el lunes 6 de noviembre a las 17.30 horas en todos los centros de trabajo.

Posteriormente, el martes se celebrará una huelga de 24 horas con la que CC.OO. y UGT “meten presión a la negociación” para sacar adelante sus propuestas. Los sindicatos confían en que la respuesta de los trabajadores sea “multitudinaria” dada la envergadura del último ajuste laboral anunciado por la empresa.

“CC.OO. no puede asumir medidas que no hablen de voluntariedad, por eso reclama, junto a UGT, que no haya ningún despido forzoso. Además, propone medidas adicionales de reducción de costes y alternativas para la adaptación de competencias, así como un plan estratégico de empleo”, remarca.

En este sentido, el sindicado espera que Ericsson tome buena nota de las propuestas que junto a UGT ha puesto sobre la mesa y critica que durante los últimos años Ericsson “ha ejecutado un ERE tras otro” sin proponer medidas alternativas de recapacitación y formación para las nuevas áreas de negocio o un plan de viabilidad que garantice un empleo estable y de calidad y el futuro de la compañía”.

Por su parte, el Sindicato de las Telecomunicaciones (STC) de Ericsson afirma que el ERE está basado en “hechos inconsistentes” y que no corresponden en absoluto a la realidad de la situación de la empresa y asegura que existe “una fuerte oposición y malestar entre los trabajadores, quienes ven injustificada y desproporcionada la aplicación de este proceso”.

STC señala que también ha presentado una serie de propuestas alternativas que tienen igualmente como objetivo una reducción de costes en vez del “despido indiscriminado y elevado que plantea el ERE”.

Ericcson anunció a finales de septiembre un ERE para 450 personas, cifra que se ha reducido a 393 puestos de trabajo, lo que supone una reducción del 14% de un colectivo de la plantilla compuesta por un total de 2.777 empleados. Este Expediente de Regulación de Empleo será el cuarto que lleva a cabo el grupo Ericsson en España en 5 años.

ESTIBADORES DESTACAN QUE SU ACUERDO CON ANESCO TIENE EL VISTO BUENO DE EMPLEO

Madrid (EFE)

La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) ha asegurado que el acuerdo entre los sindicatos de los estibadores y la patronal Anesco, por el que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) les ha abierto un expediente, cuenta con el visto bueno del Ministerio de Empleo.

Los representantes de los estibadores y la patronal están negociando el V Acuerdo Marco para la regulación de las relaciones laborales tras la reforma del sector.

Ambas partes firmaron en julio pasado un acuerdo sobre cuestiones como la subrogación de los trabajadores o el acceso a la profesión, que puso fin a un largo conflicto en los puertos españoles surgido a raíz de la liberalización del sector, a exigencias de la Comisión Europea (CE).

El acuerdo, que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el mismo mes de julio pasado, constituye la base de las actuales negociaciones entre sindicatos y empresas de la estiba para concretar el V Acuerdo Marco del sector en el nuevo entorno legislativo.

La CNMC ha incoado un “expediente sancionador en materia de conductas prohibidas” contra Anesco y los sindicatos firmantes de dicho acuerdo -además de CETM, UGT, CC.OO. y CIG-, que, a su juicio, “podría resultar contrario” a la ley de Competencia y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Fuentes de la CETM, el sindicato mayoritario de los estibadores, han señalado a Efe que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social es “el responsable de velar” por que el acuerdo entre trabajadores y patronal “sea correcto”.

Al requerimiento del regulador, El Ministerio de Empleo le ha trasladado a la CNMC su visto bueno al acuerdo logrado entre sindicatos y empresas de la estiba portuaria, ha añadido la misma fuente.

Según la Coordinadora, lo que busca la CNMC con su expediente es “bloquear” el cumplimiento por parte de los sindicatos y la patronal del requerimiento del Ministerio de Fomento de que se pongan de acuerdo sobre el nuevo convenio del sector de la estiba, tras su reforma.

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