Publicado en: 9 febrero, 2018

Boletín de Luchas Obreras (9 de Febrero de 2018)

Por LA PIRENAICA DIGITAL

Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y de las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE

  • CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO
  • LA DESTRUCCIÓN DE EMPLEO EN LA BANCA SE ENCAMINA YA A LOS 95.000 DESPIDOS
  • LOS SINDICATOS CONVOCAN UNA HUELGA EN BANKIA EL 8 DE FEBRERO CONTRA EL ERE
  • FINALIZA LA HUELGA DE AUTOBUSES AVANZA INTERURBANOS
  • LA ENSEÑANZA CONCERTADA SE SUMA A LAS MOVILIZACIONES EN EL SECTOR
  • HUELGA DE LOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA QUE PRESTAN SERVICIO EN LA INSPECCIÓN DE TRABAJO TINERFEÑA
  • FERROVIAL Y SUS TRABAJADORES ALCANZAN UN ACUERDO PARA EVITAR LA HUELGA EN EL CHUO
  • EL ERE DE SANTANDER Y POPULAR SE CEBA CON LAS MADRES TRABAJADORAS
  • TRABAJADORES DE CAPGEMINI DENUNCIAN EN LA FELGUERA SU «PRECARIEDAD LABORAL»
  • ACUERDO FINAL PARA EL CIERRE DE “INTERVIÚ” Y “TIEMPO”
  • LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE AENA SE CONCENTRARAN FRENTE AL CONGRESO EL MIERCOLES 14 DE FEBRERO
  • LA PRECARIZACIÓN DE LOS BOMBEROS FORESTALES TEMPORALES EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
  • LOS TRABAJADORES DE INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS, S.A. (INALCO) PIDEN LA READMISIÓN DE LOS DESPEDIDOS
  • EL JUICIO POR LA HUELGA GENERAL DEL 8N SE CELEBRARÁ EL 28 DE FEBRERO
  • LOS PROFESORES ASOCIADOS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PREPARAN UNA DEMANDA POR SU SITUACIÓN

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CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO

– Convenio colectivo de Placas de Piezas y Componentes de Recambio, SA. (VER PDF)

– Convenio colectivo nacional para las empresas dedicadas a los servicios de campo para actividades de reposición. (VER PDF)

LA DESTRUCCIÓN DE EMPLEO EN LA BANCA SE ENCAMINA YA A LOS 95.000 DESPIDOS

Moncho Veloso/Susana Alcelay – abc.es

Las fusiones de Santander-Popular y Bankia-BMN, los bajos tipos y la digitalización conllevarán más de 3.000 bajas más durante 2018

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Los excesos del sector en los años de bonanza, una política monetaria fatal para el negocio y el cambio de paradigma derivado de la digitalización se ha traducido en despidos masivos en banca.

Las entidades que operan  en España han despedido desde el estallido de la crisis a 89.500 empleados. Sin embargo, el ajuste no ha terminado.

Los procesos de reestructuración puestos ya en marcha este año por el Santander y Bankia y las prejubilaciones que se esperan en otros bancos elevarán ese recorte en más de 3.000 bajas adicionales, a cerca de 95.000 trabajadores.

Las prejubilaciones de mayores de 50 años vuelven a ser además la vía elegida por las empresas para ese ajuste adicional.

Las entidades del país cerraron 2016 con una plantilla conjunta de 194.283 empleados, según los últimos datos disponibles del Banco de España. Esto supone una reducción de 84.018 empleos desde los 278.301 profesionales que trabajaban en banca en 2008, al estallar la crisis.

A esa cifra hay que sumar las 5.482 bajas acometidas el año pasado por los principales grupos financieros del país con prejubilaciones y despidos forzosos, según las cifras recopiladas por ABC.

En nueve años el sector ha destruido 89.500 empleos. O lo que es lo mismo, un tercio de su plantilla, hasta un nivel nunca visto en la historia de la democracia española, que es el periodo de expansión de la industria bancaria en el país.

En 1981, al principio del proceso de liberalización del sistema de las cajas de ahorros, más de 252.000 personas trabajaban ya para la banca, unas 58.000 más que ahora.

La primera explicación a ese draconiano ajuste es la reestructuración fruto de la quiebra de las cajas y algunos bancos privados, que supuso una reducción del mapa bancario de 45 a 15 grupos, y una consecuente reducción de empleo y oficinas. La absorción del Popular por el Santander y de BMN por Bankia darán lugar a más recortes.

El Santander ya ha pactado la salida de 1.100 personas de los servicios centrales tanto de Santander España como del Popular, el 15% de los 7.000 profesionales de esos centros.

Pero el ajuste no quedará ahí: antes de cerrar 2019, el grupo presidido por Ana Botín negociará otro ERE en la red de oficinas de las dos entidades, en las que trabajan unas 28.000 personas.

Bankia cerrará un acuerdo con los sindicatos sobre el ajuste de empleo que hará a raíz de la integración de BMN. La cifra planteada por ahora por la dirección es de 2.291 bajas, el 13% de los 17.522 trabajadores en servicios centrales y en la red.

Beneficios y rentabilidad

¿Cómo es posible que un sector que gana miles de millones de euros al año acometa tantos despidos? La banca española ganó en 2016 un total de 12.853 millones de euros, según los resultados conjuntos de las entidades asociadas a las patronales AEB y CECA.

A la espera de conocerse todos los datos de 2017, en ese año los seis grandes bancos -Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell y Bankinter- ganaron 13.624 millones, un 7% más que en 2016.

Sin embargo, vistos al detalle, esos resultados esconden ciertas debilidades del negocio en España. Esas ganancias se apoyan en la mayoría de los casos en el negocio exterior, en el incremento de la facturación por comisiones y en la reducción de los gastos y las provisiones en España, donde la actividad crediticia es aún poco rentable.

La reducción del margen típico de negocio en España es fruto de los bajos tipos de interés derivados de la actual política monetaria del BCE.

Para paliar esa menor capacidad para generar ingresos, ya que la cartera crediticia de la banca española es muy dependiente del Euribor, las entidades están ajustando costes, reduciendo la remuneración de los depósitos y cerrando oficinas y despidiendo a empleados.

El Santander, por ejemplo, ganó en 2017 un total de 6.619 millones de euros, un 7% más, y se acerca cada vez más al beneficio histórico que registró en 2009, de 8.943. Eso sí, en ese ejercicio alcanzó un rentabilidad del 13,9%, mientras que el año pasado era del 7,14%, casi la mitad.

La rentabilidad media del sector, según datos de BBVA Research, no superaba en 2016 el 3%. El coste del capital, en cambio, sigue en el 10%.

Por eso los planes estratégicos de los bancos del país contemplan tanto para 2018 como para los próximos años seguir mejorando la eficiencia vía ahorro de costes. Y esto supone inevitablemente nuevos despidos. «Además, los bancos ya no nos ponemos colorados al anunciar nuevos ajustes», admiten desde una entidad, indicando que los inversores dan la bienvenida a esas políticas de reducción de costes y mejora de la eficiencia porque incrementan los niveles de rentabilidad.

Efecto de la digitalización

A ello hay que sumar que la digitalización del negocio y el cambio de hábitos en la clientela está obligando al sector bancario a acometer un cambio en el modelo de distribución comercial que básicamente se resume en menos oficinas, pero más grandes, y menos empleados, pero más cualificados o con otras competencias.

«El número final de oficinas con las que seamos capaces de operar en España lo determinarán los clientes», explicaba en rueda de prensa el presidente de BBVA, Francisco González, quien apuntó a que en el futuro cada sucursal atenderá a un número mayor de clientes.

Eso implica una mayor carga de trabajo para los empleados. Como ya informó ABC, en España hay un empleado de banca por cada 249 habitantes, un 90% más o casi el doble que en Alemania (131 ciudadanos por bancario), un 50% más que en Francia (166), un 21% más que en Italia (205) y un 43% más que la media europea (174), según datos del BCE.

BBVA ya ha anunciado para este año el cierre de 179 sucursales más en España, lo que previsiblemente conllevará más bajas laborales. Cae recordar que en los últimos años ha hecho cada ejercicio entre unas 500 y 1.000 prejubilaciones.

Algo similar se puede decir de otros grupos como el Sabadell, que para 2017 anunció el cierre de 250 oficinas y hasta 800 prejubilaciones. El consejero delegado de la entidad, Jaime Guardiola, rechazó dar cifras sobre posibles nuevas bajas, pero admitió que es un «proceso natural» fruto de esa digitalización de la industria.

LOS SINDICATOS CONVOCAN UNA HUELGA EN BANKIA EL 8 DE FEBRERO CONTRA EL ERE

Europa Press

El proceso de integración con Banco Mare Nostrum contempla la salida de un total de 2.291 trabajadores y prejubilaciones a partir de los 56 años

Movilizaciones del pasado 30 de enero contra el ERE de Bankia ->

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La representación de los trabajadores en Bankia ha convocado una huelga para el próximo 8 de febrero en protesta por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que aplicará la entidad en el marco de su integración de Banco Mare Nostrum (BMN) y que contempla la salida del 13% de la plantilla conjunta, según fuentes sindicales.

Los sindicatos cumplen así con la advertencia que realizaron al convocar las movilizaciones del pasado 30 de enero y los próximos 5 y 7 de febrero, cuando amenazaron con “una huelga en toda Bankia” si estas manifestaciones no hacían modificar la “actitud de la empresa” en relación al ERE.

El proceso de integración contempla la salida de un total de 2.291 trabajadores, tanto de la red comercial como de los servicios centrales, después de que la dirección de la entidad financiera accediese a rebajar el planteamiento inicial de 2.510 empleados.

Las fuentes consultadas confían en que la huelga tendrá seguimiento significativo en las zonas más afectadas por la integración de ambas entidades y BMN tenía más presencia, como Murcia, Alicante o Baleares.

La reestructuración de Bankia también contempla prejubilaciones a partir de los 56 años de edad con un 50% del salario bruto hasta los 61 años y convenio con la Seguridad Social hasta los 63 años.

Asimismo, el proceso prevé bajas incentivadas para los menores de 56 años con una indemnización de 25 días por año trabajado, con un tope de 18 mensualidades, más una prima de 1.000 euros por cada tres años de prestación de servicio.

Durante la presentación de las cuentas anuales de Bankia, el consejero delegado de la entidad, José Sevilla, indicó que la negociación del ERE discurre en un entorno de “normalidad” y expresó que la intención de Bankia es “llegar a un acuerdo y hacer las cosas bien”.

FINALIZA LA HUELGA DE AUTOBUSES AVANZA INTERURBANOS

nuevocronica.es

El acuerdo al que han llegado las partes deberá ser ratificado en la asamblea de trabajadores. De confirmarse, hecho que se producirá con toda seguridad, concluirían los paros convocados hasta mediados del mes de febrero.

El comité de huelga ha remitido un comunicado a los medios en el que manifiestas que, de confirmarse el final de la huelga, «nos quedaría mucho trabajo por delante para las mejoras de las líneas, condiciones de trabajo y mantenimiento de vehículos, creándose comisiones en las que estarían involucradas, trabajadores, empresa, ayuntamientos y organismos pertinentes».

El comunicado de los trabajadores finaliza dando las gracias «a los usuarios por su paciencia y los trastornos ocasionados».

LA ENSEÑANZA CONCERTADA SE SUMA A LAS MOVILIZACIONES EN EL SECTOR

EFE – Bilbao

Movilización anterior de trabajadores de la enseñanza concertada.

Todos los sindicatos convocan a los 9.000 trabajadores a una huelga para el 20 de marzo

Los sindicatos ELA, Steilas, CCOO, LAB y UGT han convocado a las más de 9.000 personas que trabajan en los centros educativos privados de iniciativa social -los centros concertados, excepto las ikastolas- a una jornada de huelga el próximo 20 de marzo en demanda del convenio colectivo.

Representantes de los citados sindicatos han anunciado en Bilbao una intensificación de las movilizaciones emprendidas en el sector con motivo de la ruptura de la mesa de negociación en noviembre pasado.

Los sindicatos acusan a las patronales Kristau Eskola y AICE de “nula voluntad” negociadora, después de que las partes hayan mantenido 36 mesas de convenio en el marco de una negociación que comenzó en 2010.

Ante esta situación, han optado por intensificar las movilizaciones y su intención es parar el 20 de marzo los cerca de doscientos centros de iniciativa social del País Vasco, que representan cerca del 70% de los centros concertados.

En los centros afectados por el conflicto cursa estudios el 35% del alumnado no universitario de Euskadi.

Previamente a la jornada de huelga, los sindicatos han convocado una manifestación el próximo día 22 de febrero en Bilbao con la previsión de que a ella acudan trabajadores de todo el País Vasco.

Los representantes sindicales han emplazado a las patronales a negociar y han amenazado con incrementar las movilizaciones en el tercer trimestre del curso.

Según han recordado, van a cumplirse diez años desde la firma del último convenio regulador de las condiciones laborales en los centros de iniciativa social, el suscrito para el período 2008/2009, lo que ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores del 13,6% desde ese año -en base a datos del INE-.

Entre otras demandas, los convocantes reivindican un plan para el mantenimiento del empleo en el sector, que, según han indicado, ha comenzado a padecer las consecuencias de la baja natalidad, con cierres de aulas y despidos en los primeros cursos de la enseñanza infantil.

Han evidenciado, asimismo, que los “profundos cambios” habidos en la educación en los últimos diez años tampoco están recogidos en un nuevo marco regulador de las condiciones laborales de los trabajadores, lo que afecta a su día a día en los centros.

Según han afirmado, la aplicación de nuevos métodos pedagógicos de las nuevas tecnologías se está dando gracias a un esfuerzo adicional por parte de los trabajadores, de manera que las horas complementarias que antes destinaban a trabajo personal o preparación de clases las dedican a “infinidad de reuniones, formaciones y proyectos”.

Los sindicatos también han denunciado que figuras como los especialistas de apoyo educativo y las profesoras del primer ciclo de educación infantil trabajan en “condiciones precarias”, con sueldos bajos y jornadas en ocasiones “abusivas”.

HUELGA DE LOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA QUE PRESTAN SERVICIO EN LA INSPECCIÓN DE TRABAJO TINERFEÑA

eldiario.es/tenerifeahora

La empresa concesionaria AJ Canarias no paga los sueldos a sus empleados desde noviembre; la protesta será indefinida y además afecta a la Subdelegación del Gobierno y a la sede de Sanidad en Las Ramblas

Protesta de en Santa Cruz, por fuera de la sede de la Inspección de Trabajo ->

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La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en Canarias ha convocado una huelga para denunciar que el personal de la empresa AJ Canarias que presta el servicio de limpieza en la Inspección de Trabajo, la subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife o las oficinas de la Consejería de Sanidad en Las Ramblas, entre otras, llevan desde noviembre sin cobrar sus salarios.

La situación de las empleadas y empleados “es ya insostenible, por lo que las movilizaciones se prevé que se intensifiquen” en adelante, advierte el sindicato en una nota.

La organización asegura que los propietarios de la empresa -con sede en Las Palmas de Gran Canaria- “se encuentran disfrutando de unas largas vacaciones”, por lo que se entiende que el abono de los salarios adeudados “no es una prioridad para la compañía en estos momentos”.

UGT ha interpuesto varias denuncias ante la Inspección de Trabajo y, además de los salarios, la empresa debe a sus trabajadores la paga extra de diciembre.

“Estos trabajadores se han visto obligados a pasar unas fiestas navideñas precarias, por la intransigencia de una empresa a la que no le importa su plantilla”, señala la organización sindical, que resalta que han tenido que ir diariamente a trabajar “a sabiendas que no iban a cobrar sus sueldos”.

La huelga se va a iniciar y se mantendrá hasta que la compañía abone los salarios.

Así mismo, esta misma empresa también tiene retraso en las nóminas desde noviembre con los trabajadores del servicio de limpieza en la sede de la Presidencia del Gobierno de la capital grancanaria.

FERROVIAL Y SUS TRABAJADORES ALCANZAN UN ACUERDO PARA EVITAR LA HUELGA EN EL CHUO

laregion.es

“Todos fixemos un esforzo”, destacan tanto la empresa como fuentes sindicales tras una ardua negociación

El servicio de limpieza del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense funcionará como es habitual. Responsables de Ferrovial, concesionaria contratada por el Sergas, y representantes de los trabajadores, sellaron un principio de acuerdo que paraliza la huelga indefinida convocada hace unos días, que será oficialmente desconvocada, cuando se celebren las asambleas que deben ratificar la decisión alcanzada.

El consenso entre las partes no resultó, sin embargo, sencillo, obligando a maratonianas reuniones durante todo el fin de semana y que, tras continuos vaivenes, terminaron con un “acuerdo satisfactorio”, según indicó el sindicalista de Comisiones Obreras Antonio Jácome, uno de los integrantes de la negociación. “Todos fixemos un esforzo e é positivo para todos”, añadió.

Desde la empresa, por su parte, destacan que “con este preacuerdo la voluntad que expresábamos de querer una solución, queda reflejada”, indicando, asimismo, que “se ha hecho un esfuerzo muy importante en todos los aspectos para alcanzarla”.

Ferrovial manifiesta que “también se tuvieron en cuenta en todo momento las repercusiones que la huelga podía tener entre los usuarios del CHUO”.

Entre los acuerdos adoptados, destacan la rebaja de 22 a 15 habitaciones por cada limpiadora en los turnos de lunes a viernes, o la reducción a la mitad (de 44 a 22) los fines de semana. Además, se constituirá una comisión de seguimiento para velar por el cumplimiento de los compromisos adoptados tras las negociaciones.

EL ERE DE SANTANDER Y POPULAR SE CEBA CON LAS MADRES TRABAJADORAS

Eduardo Bayona – publico.es

Varios sindicatos achacan a las sugerencias de la dirección el elevado número de empleadas con reducción de jornada por cuidado de hijos que deciden abandonar los bancos Santander y Popular, mientras el amplio margen de maniobra que el acuerdo da a la empresa causa inquietud en la plantilla y en las organizaciones sindicales de menor implantación ante el próximo despido colectivo en la red de sucursales.

Las madres trabajadoras están sufriendo especialmente las consecuencias del ERE de los servicios centrales de los bancos Santander, Popular y Pastor, en el que están proliferando las peticiones de salida voluntaria de empleadas con reducción de jornada por cuidado de hijos, según coinciden en denunciar los sindicatos CGT (Confederación General del Trabajo) y CIG (Confederación Intersindical Galega), mientras fuentes oficiales del grupo Santander declinan pronunciarse sobre el desarrollo del proceso de despido colectivo.

“La voluntariedad siempre ha sido algo que va entre comillas. Es cierto que hay gente que se apunta como voluntaria a un ERE, pero casi siempre es gente que el banco considera descartable y a menudo lo hacen después de que la empresa les sugiera que se acojan a las bajas incentivadas”, explica Juan José Paredes, responsable de la sección sindical de CGT en Banco Santander.

Esas sugerencias, según la información que maneja su sindicato, han sido numerosas entre las empleadas con reducción de jornada por cuidado de hijos durante el periodo de presentación de propuestas de baja voluntaria del ERE, que ha concluido. “Han focalizado mucho en las mujeres”, indica Paredes, a las que “les daban la opción de salir como voluntaria, pero sabiendo que si no podrían afectarles las salidas forzosas”.

Coincide con Rosa Conde, de la CIG, que indica que “han presionado a muchos compañeros, y especialmente a algunas con reducción de jornada”, para cubrir las 200 bajas asignadas a esa comunidad, en la que el Pastor, filial de Popular, es una de las principales entidades financieras.

Cuatro ceses, dos despidos y una baja

Los sindicatos aun no tienen datos oficiales sobre las bajas, ya que el grupo Santander, en el que están integrados Popular y su filial Pastor desde la polémica ’resolución’ del primero a comienzos de junio, tiene ahora una semana para ejercer su derecho de veto sobre los voluntarios.

Sin embargo, destacan lo ocurrido en el departamento de atención telefónica a los llamados clientes Select, una especie de servicio de banca personal ubicado en San Sebastián de los Reyes. En sus alrededor de 70 integrantes se cuentan seis ceses, cuatro voluntarios y dos forzosos que habían rechazado la otra opción, y en todos los casos se trata de madres con jornada reducida, mientras otra empleada, en este caso embarazada, tuvo que ser atendida en urgencias (se encuentra de baja) tras mantener una reunión con representantes de la empresa que, al parecer, le habrían animado a inscribirse en el ERE, explican desde CGT.

Esta situación se producía mientras la número uno del banco, Ana Patricia Botín, se refería al hecho de que la plantilla del Santander tenga un 55% de mujeres pero su presencia se reduzca al 20% en el nivel directivo como “una brecha que nos hemos comprometido a arreglar en algunos países en unos años”, según recoge El Confidencial, que también indica que la ejecutiva considera bajo el nivel de formación de sus trabajadoras.

Santander y Popular están cerca de cerrar con empleados que han firmado la llamada “carta de voluntariedad” las 1.100 bajas que contempla el ERE acordado en diciembre con CCOO, UGT y FITC, y rechazado por CGT, que también contempla el traslado de 575 empleados de los servicios centrales de la entidad resuelta a las empresas de servicios segregadas del nuevo propietario.

De hecho, las propuestas de salida, pendientes de que las entidades puedan aceptarlas o vetarlas, superan las 1.050, lo que, a falta de conocer qué cifra final arrojan los vetos, reduce notablemente el nivel de maniobra del banco para ejecutar como despidos forzosos los que restan hasta 1.100 en lo que queda de año.

“Un ERE es en sí mismo un procedimiento forzoso”

“Esas cifras reducirían mucho el margen de bajas forzosas que pueda ejecutar el banco”, explica José Ignacio Soto, de UGT, quien llama la atención sobre el resultado de la negociación previa al expediente de regulación: “Un ERE es en sí mismo un procedimiento forzoso, y nosotros trabajamos para que las condiciones de salida fueran las mejores posibles”. De hecho, la diferencia de la indemnización llega a alcanzar los 40.000 euros en algunos puestos.

CGT y CIG, por el contrario, consideran que la combinación de bajas voluntarias y forzosas, que no se incluyó en los ERE que ejecutó Santander en 2013 y en 2016, en el que únicamente se incluyeron salidas por iniciativa formal de los trabajadores, debilita la situación de estos.

“El hecho de no haber forzosos permitía aguantar el tirón a quien le sugerían que se fuera voluntario, pero ¿qué haces ahora si te ofrecen irte con la prima de voluntariedad? ¿Exponerte a salir poco después sin ella?”, se pregunta Paredes, que resalta la paradójica situación de las mujeres embarazadas y las madres trabajadoras: “Tienen situaciones protegidas por la ley que se encuentran desprotegidas en un ERE”.

Vetar voluntarios para sustituirlos por forzosos

“El acuerdo tiene demasiadas puertas traseras, y eso le permite al banco hacerse un traje a medida vetando propuestas de salida para sustituirlas por despidos forzosos”, anota Conde, cuyo sindicato considera que “el proceso está absolutamente viciado” cuando “se había sido muy escrupuloso en ese sentido en los anteriores ERE”.

Esa novedad en las relaciones laborales del Grupo Santander ha comenzado a provocar inquietud en la plantilla, cuyo personal de oficinas será objeto de un despido colectivo cuando la dirección haya terminado de ejecutar el de los servicios centrales y concluya la integración de los sistemas informáticos, algo que se prevé para finales de este 2018 o principios de 2019.

“La gente está estupefacta por ese cambio, que supone un antecedente importante”, señala Conde, que reclama a los sindicatos mayoritarios que impugnen el acuerdo del actual ERE.

TRABAJADORES DE CAPGEMINI DENUNCIAN EN LA FELGUERA SU «PRECARIEDAD LABORAL»

A. Fuente La Felguera – elcomercio.es

Concentración en apoyo a los subcontratados de Capgemini ->

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Diez empleados llevan a la empresa al juzgado por cesión ilegal y piden la readmisión de cuatro despedidos

El parque viejo de La Felguera acogió una concentración en apoyo a los trabajadores de la empresa Capgemini.

Estaba convocada por la Federación Local de Sindicatos de la CNT y el objetivo era exigir el «fin de la precariedad y de la cesión ilegal de empleados, y el respeto a la libertad sindical».

Y es que la empresa se enfrenta a un juicio por cesión ilegal, que está previsto, en los juzgados de lo social de Mieres. «Capgemini es, con casi mil operarios, la compañía más grande de la cuenca minera, pero esconde tras sus muros la precariedad», denunció la formación sindical.

En algunos de sus proyectos, aseguró, más del 40% de los trabajadores se encuentra contratado a través de consultoras, «con unas condiciones lamentables». Y continuó diciendo: «Hay absoluta temporalidad, sueldos de 12.000 euros brutos trabajando a turnos y fines de semana, y vacaciones prorrateadas».

Además de poner de manifiesto estas condiciones, la organización apuntó que «solo las empresas de trabajo temporal pueden ceder mano de obra, con lo que al contratar a través de consultoras, se produce una cesión ilegal de trabajadores, que afecta a más de 300 empleados, que, además, carecen de representación sindical».

Una decena de trabajadores, «hartos de estas condiciones», han denunciado las irregularidades en el centro de trabajo de Valnalón. «La respuesta de la empresa ha sido despedir a cuatro».

Por eso, entienden que el mensaje dado por la compañía «es claro, éstas son las condiciones que hay y el que se mueva, a la calle».

Desde la CNT se hizo un llamamiento a las cuencas mineras a solidarizarse con la lucha de estos trabajadores. «No podemos tolerar que el poco empleo que se crea sea en unas condiciones lamentables»

ACUERDO FINAL PARA EL CIERRE DE “INTERVIÚ” Y “TIEMPO”

fesp.org

Los trabajadores percibirán 25 días de salario por año trabajado, con tope de 16 mensualidades, y 2.500€ cada uno. Se aprobó por 22 votos a favor y una abstención.

Los representantes de los trabajadores de las revistas Interviú y Tiempo han llegado a un acuerdo final con la empresa, que ha sido aprobado por unanimidad por los trabajadores, respecto a las indemnizaciones que van a percibir por sus despidos como consecuencia del cierre de las dos revistas.

La empresa comenzó ofreciendo una indemnización de 20 días de salario por cada año trabajado, con un tope máximo de 12 meses para los trabajadores de hasta 50 años -eso es lo que establece la ley, tras la aprobación de la reforma del mercado laboral- y de 14 y 15 meses para los de edad más avanzada.

Tras seis reuniones de negociación -a las que ha asistido como asesor el Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM-FeSP), porque el delegado de personal de la empresa es de este sindicato-, poco antes de la medianoche del 31 de enero, día en que concluía el plazo legal para negociar, las dos partes llegaron al siguiente acuerdo sobre las indemnizaciones:

— 25 días de salario por cada año trabajado, con un tope de 16 meses, para las 23 personas de la plantilla. El máximo total a percibir por cada persona no podrá superar los 97.000 euros (la empresa lo había fijado en su propuesta inicial en 90.000);

— 2.500 euros lineales de complemento a cada trabajador;

— las indemnizaciones se calcularán con los salarios de 2011, antes de aplicar el 16 por ciento de descuento que desde entonces tiene la plantilla;

— para calcular las indemnizaciones se computarán los años que varias personas trabajaron como colaboradores, cuando en realidad eran plantilla encubierta porque estaban en la redacción;

– los despedidos recuperarán la parte de la subvención por desempleo que han ido gastando debido a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo que les han aplicado;

– la cantidad total de la indemnización la percibirán en el momento del despido.

Durante las negociaciones, los representantes de los trabajadores, sus asesores del SPM y el abogado Luis Suárez Machota han intentado que la empresa buscara soluciones alternativas al cierre, como habían comentado algunos directivos: mantener las publicaciones en internet, editar las dos revistas en una, etc.

Los representantes del Grupo Zeta han dicho que eso no era posible por razones económicas, y que se había decidido el cierre de las dos emblemáticas revistas.

El acuerdo final fue aprobado en la asamblea de trabajadores por 22 votos a favor y una abstención.

LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE AENA SE CONCENTRARAN FRENTE AL CONGRESO EL MIERCOLES 14 DE FEBRERO

CGT – Aena

El próximo 11 de febrero, se cumplirán tres años de la salida a bolsa de la red pública de aeropuertos de Aena. Desde su privatización (58€), el 11 de febrero de 2015, las acciones de Aena cotizan a tres veces precio de salida, en torno a los 180 euros.

Los accionistas además de la revalorización de las acciones están siendo recompensados con la mitad de los beneficios de la compañía, pues esa cantidad es la que promete Aena en su política de dividendos.

Las compañías aéreas han conseguido que Aena venga reduciendo sus tarifas sobre el 2,2% anual con un objetivo del 11% en las tasas aeroportuarias hasta 2021.

Por otro lado los Bancos que tienen la deuda de Aena con la garantía de ENAIRE (el estado), vienen recibiendo las amortizaciones y los intereses en tiempo y forma.

Y como guinda del pastel, los aeropuertos de la red de Aena cerraron 2017 con más de 249,2 millones de pasajeros, un 8,2% más que en el año anterior, en el que es ya el mejor año de su historia. Se estiman unos ingresos brutos de 4000 millones de Euros.

Por si fuera poco, ahora Aena quiere hacer caja con la venta de terrenos, algunos expropio para las ampliaciones de Madrid-Barajas y Barcelona, será otro regalo a los de siempre.

Pero ¿les va bien a los trabajadores que trabajan para Aena?, Podemos decir bien alto, que NO!!!

Ni a les va bien a los trabajadores de Aena, ni tampoco a los trabajadores del sector aéreo que trabajan para Aena. La precarización laboral se ha instalado y no tiene mucha intención de irse de encima de nuestras espaldas.

Ejemplo cercano tenemos el de nuestros compañeros temporales en Aena, o el acoso que tenemos con los Coberturas Obligarías, entre otros. Pero fuera de Aena siguen apretando a la baja temeraria, en contratos de las concesiones y subcontratas, con el deterioro que supone para las condiciones laborales de los trabajadores.

Coincidiendo con el aniversario del expolio de Aena, debemos hacer visible el deterioro laboral que está suponiendo y reivindicar la mejora de las condiciones laborales.

Se han marcado unas relaciones con otros sindicatos de Aena y también con otros compañeros del sector aéreo así como con los movimientos de los trabajadores aeroportuarios como las cafeteras, handling, limpieza,  o PMR´s. Tambien con los trabajadores de CGT que trabajamos por la reivindicación y defensa de lo público y lo común.

Podemos coincidir a todos, en la Concentración frente al Congreso

14 de febrero de 2018, (miércoles) entre las 11:30 y las 13:00 horas, Plaza de las Cortes, 28014 Madrid.

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Por la erradicación de la temporalidad. Contra la precarización creciente de las condiciones de trabajo en los Aeropuertos.

Por el uso público del Aeropuerto de San Javier y la garantía en el empleo de sus trabajadores.

Por la recuperación de la calidad y la seguridad. Contra la precariedad laboral, el abaratamiento y el deterioro del servicio en los Aeropuertos, Aena, y el Sector Aéreo.

Por la gestión del Sector Aéreo, de Aena, y los Aeropuerto en interés y beneficio general. Por lo público y lo común y contra su privatización y expolio, y contra las maniobras y planes especulativos que perjudican a trabajadores y usuarios.

LA PRECARIZACIÓN DE LOS BOMBEROS FORESTALES TEMPORALES EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

CGT Tragsa País Valencià

En estos tiempos de “flexibilidad” y “desregularización” del Mercado Laboral, cada vez sufrimos una mayor precariedad e inseguridad en el mundo del trabajo.

Un claro ejemplo lo podemos encontrar en sectores de trabajo temporal o estacional como la Hostelería o la Extinción de incendios, en las llamadas Brigadas de Refuerzo, contratadas por Tragsa y que trabajan para el Servicio de Extinción de incendios de la Generalitat Valenciana en la época de más riesgo de incendios forestales, el verano.

Así pues, se encadenan contratos de obra y servicio cuando se debería aplicar un contrato fijo discontinuo, por lo tanto estamos hablando de un fraude de ley que precariza más todavía a las y los trabajadores que ya de por sí tienen que estar pendientes de la inseguridad de un trabajo estacional.

Lo fijo discontinuo es un modelo que ofrece una cierta estabilidad, puesto que la persona que trabaja tiene la seguridad que cuando se retome la actividad volverá a ser llamada y los meses de inactividad puede buscar trabajo o cobrar del paro.

El caso de los trabajadores/as de Tragsa en la Comunidad Valenciana es un claro ejemplo de la desprotección a la cual se han visto abocadas las 300 personas que se juegan la piel verano tras verano en nuestros bosques.

Así pues, el VI Convenio Colectivo del personal de la empresa Tragsa adscrito al Servicio de Bomberos Forestales de la Comunidad Valenciana, prevé en su artículo 23, que los trabajadores/as de las Brigadas de Refuerzo adquirirán la condición de fijos discontinuos de acuerdo con el que se establece en el artículo 15.8 y el arte. 16 del Estatuto de los trabajadores.

Como la conducta de Tragsa al respecto supone una vulneración de los derechos de los Trabajadores, desde la CGT se presentó una denuncia frente a Inspección de Trabajo, la cual resuelve, con el informe de 21 de diciembre de 2016 que:

“la empresa ha ido haciendo contratos por obra y servicio, con las trabajadoras de las Brigadas de Refuerzo, en lugar del contrato fijo discontinuo procedente, conforme a la normativa y jurisprudencia llamada”.

Frente esto y visto el nulo interés de Tragsa al cumplir la resolución de inspección de Trabajo, se está llevando a cabo el proceso de denuncia judicial, porque el personal que ha trabajado más de dos campañas de Refuerzo pueda consolidar sus derechos y dignificar un trabajo como el nuestro con un mínimo de estabilidad.

Además, frente a la posibilidad de ser contratados directamente por la Administración por subrogación, hay que decir que no sabemos qué pasaría, si sólo pasaría el listado de RP (formado por personal fijo y fijo discontinuo, como parece que van por ahí los tiros), entonces los eventuales (tal como estamos ahora) nos quedaríamos en la calle.

Por lo tanto es de vital importancia la lucha para conseguir esta figura, puesto que tenemos experiencia y formación en nuestro trabajo y necesitamos una garantía mínima de estabilidad ejercer con profesionalidad, independientemente de quién tenga la encomienda, o lo Agencia Valenciana de Seguridad y Respondida frente a Emergencias.

Hay que decir que esta figura de fijo discontinuo existía en el IV Convenio hasta que en 2009, en la negociación del V convenio desapareció con el beneplácito de las secciones sindicales de CC.OO., UGT, y USO, las cuales prefirieron mirar hacia otro lado cuando casi 300 personas nos quedábamos sin este derecho.

Sabemos que hay sentencias favorables al respeto, 27 personas de Valencia ya han ganado el juicio y la empresa lo ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia, puesto que como la defensa es la abogacía del estado, no le importa generar gastos públicos a expensas de la inestabilidad de los fijos discontinuos, los compañeros/as de la BRIF Lubia han conseguido este reconocimiento en los juzgados, compañeros/as de INFOSA Madrid en 2014 también denunciaron frente al TSJ, también el conflicto colectivo de los trabajadores/as contratados por la Generalitat de Cataluña para hacer de ayudantes de oficios forestales a los Parques de Bomberos profesionales de la Generalitat de Cataluña, cuya demanda también ha sido aceptada a trámite y ha tenido una resolución favorable a sus intereses.

Cuando llegan, un año más, los grandes incendios forestales, no necesitamos un tratamiento de héroes por parte de la administración de turno, o el reconocimiento por el hecho de jugarnos la piel, es nuestro trabajo, nos gusta y sabemos a qué nos exponemos.

Lo que sí necesitamos es la máxima estabilidad posible por nosotros y nuestras familias y no estar con el miedo de saber si este verano trabajaremos o no.

LOS TRABAJADORES DE INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS , S.A. (INALCO) PIDEN LA READMISIÓN DE LOS DESPEDIDOS

Afirman que “las causas argumentadas y los criterios seguidos para los despidos son falsos”

Los hechos son narrados por los trabajadores en los siguientes términos: “La empresa, perteneciente a un grupo empresarial solvente, decidió vender la maquinaria de una de las dos plantas de que dispone para reponerla por una de última generación.

Un año y medio antes ya había instalado una planta nueva muy similar. Se han estado contratando a muchos trabajadores, de edades comprendidas entre los 18 y los 25 años, en los dos anteriores ejercicios. Posteriormente se firmó un acuerdo de ERTE (Paro Técnico) de seis meses por causas tecnologías con los representantes que fue refrendado por los trabajadores afectados de la mencionada planta, con el compromiso de retornar a su puesto de trabajo.”

Los trabajadores denuncian que: “La empresa, actuando con muy mala fe, saca del ERTE  a los que no quiere despedir y a los que están a punto de jubilarse y una vez probadas las maquinas y a punto para arrancar, despide por las mismas causas (tecnológicas) y de manera individual por teléfono y burofax al resto de afectados por el paro(13), bajo el criterio general de estar dentro del ERTE  y ser menos antiguo en la empresa y puesto de trabajo.

A la semana siguiente arrancó la producción con trabajadores de de años de antigüedad en sustitución de los despedidos, muchos de ellos con entre 15 y 20 años de antigüedad.”

El expediente de suspensión se presentó con el número 12/2017/52 y  estaba vigente hasta el 25 /12/2017. Después de esta fecha los trabajadores contaban con vacaciones, debiendo incorporarse al trabajo el día 2 de enero.

No hubo reincorporación a los puestos de trabajo ya que los despidos fueron comunicados  por teléfono el día 26  con fecha de efecto de 27 de diciembre de 2017.

Estos despidos han sido demandados individualmente ante el servicio de mediación, arbitraje y conciliación de Castellón como primer trámite obligatorio al que se han visto obligados los afectados.

Los trabajadores entienden que se ha traicionado y vulnerado el acuerdo contractual firmado.

Por otra parte, los afectados afirman, en referencia a los despidos, que “las causas argumentadas y los criterios seguidos son falsos”

Y también afirman, contundentemente, que “los ha calificado de despidos objetivos pero para nosotros son tele-dirigidos con premeditación y alevosía”

Los trabajadores afectados creen que en breve se pase por el “trámite” de la conciliación aunque los abogados que llevan el caso les han comunicado que es previsible que la empresa no quiera un acuerdo, y mucho menos esperan una rectificación

Los afectados por el despido han comunicado a esta redacción que están abiertos a dar a la empresa todas las oportunidades para que recapacite antes de llegar a los tribunales y readmita a todos los trabajadores en los actos de  conciliación a los que está obligada por  la administración.

EL JUICIO POR LA HUELGA GENERAL DEL 8N SE CELEBRARÁ EL 28 DE FEBRERO

EFE – Barcelona

El juicio por la demanda presentada por Foment del Treball contra la Intersindical-CSC por la huelga general convocada el pasado 8N, y que la patronal considera que tenía una motivación política, se celebrará el próximo 28 de febrero ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El director de relaciones laborales de la patronal catalana, Javier Ibars, ha explicado que la demanda solicita al tribunal que dicte la ilegalidad de aquel paro y reclama que el sindicato recompense a las empresas por daños y perjuicios.

La demanda se basa en tres argumentos: la huelga tuvo una motivación política y no económica, se produjeron defectos formales por no haberse notificado la convocatoria con los diez días de antelación que prevé la ley y la falta de legitimidad de la Intersindical, por considerar que no tiene suficiente representatividad e implantación.

“Esperamos que el tribunal nos dé la razón”, ha asegurado Ibars, que ha señalado: “no nos ha quedado más remedio que presentar la demanda para defender los intereses empresariales”.

La Intersindical-CSC, que cuenta con una representación muy minoritaria de los trabajadores de Cataluña, convocó el paro para reclamar la libertad de los exconsellers y los líderes de las entidades soberanistas encarcelados.

El TSJC desestimó un día antes de celebrarse el paro la medida cautelar de suspensión de la convocatoria de huelga general que había solicitado Foment del Treball al considerar que estaba en cuestión un derecho fundamental como es el de la huelga.

LOS PROFESORES ASOCIADOS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PREPARAN UNA DEMANDA POR SU SITUACIÓN

Carlos Aimeur – valenciaplaza.com

Los profesores asociados, durante la concentración en Tarongers.

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La crisis de los profesores asociados de la Universitat de València, lejos de convertirse en una anécdota, está a punto de ser un problema mayor que transcienda a otras universidades y que puede poner en jaque a la Conselleria de Educación y hasta el Ministerio.

Un grupo de profesores asociados, entre los que se encuentran prestigiosos abogados de València en activo, están preparando una demanda judicial para denunciar su situación y obligar, vía tribunales, que se hallen soluciones.

Desde hace una semana los más de 1.200 profesores asociados de la institución académica valenciana están en huelga, en un conflicto que afecta diariamente a más de 12.000 alumnos.

Los asociados, que cuentan con el apoyo de los sindicatos de estudiantes, reclaman un incremento en sus retribuciones, que actualmente califican de “salario de miseria” y que según sus cálculos son de cinco euros la hora. Asimismo piden que se les incluya en proyectos de investigación, posibilidad que ahora no se les permite.

Hay convocada una concentración frente a la sede de la Conselleria de Educación, donde está previsto que se reúnan con la directora general de Universidades, Josefina Bueno. Mientras desde el rectorado no se ofrezca una propuesta de negociación al comité de huelga, mantendrán los paros.

La oferta del rector Morcillo, convocando una Mesa de Negociación pero llamando sólo a los sindicatos, se ha devenido como estéril ya que los asociados no han cedido; si no se les llama a ellos, no piensan parar.

La demanda se está ultimando

Es en este contexto en el que, según ha podido confirmar Valencia Plaza, un grupo de profesores asociados de Derecho, que en la actualidad compaginan la docencia con el ejercicio, está ultimando una demanda de calado que puede suponer un antes y un después.

Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, se está preparando un texto en el que se exigirá que se modifique el actual estatus de los profesores asociados, y en el que quedará de manifiesto el hecho de que su situación conculca varias directivas y reglamentos comunitarios.

La denuncia, con una sólida jurisprudencia detrás, es una medida de presión que esperan no tener que ejercer, pero a la que están dispuestos si desde la Universitat de València no se ofrecen soluciones.

¿Puede haber más huelgas de asociados?

Un problema que además puede extenderse a otros centros. Con motivo de la Asamblea General de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas que se ha celebrado en València, el presidente y rector de la Universitat de Lleida, Roberto Fernández, habló con un grupo de asociados y preguntó por su situación. Existe un temor, no reconocido en público, a que la protesta de València cree un efecto contagio y se reproduzca en otras universidades.

Tras la Asamblea General Ordinaria, Fernández, en declaraciones recogidas, garantizó que tratará de trasladar “ya” al Gobierno central la problemática de los profesores asociados, al tiempo que lanzó un capote al rector de la Universitat de València al subrayar que es una situación general que proviene de “los recortes que hizo en su momento el Gobierno en las universidades”.

Para Fernández se trata de un problema que afecta a toda España y no solo a este colectivo docente. Es por ello que aseguró que había llamado a estudiarlo con “una visión de conjunto de la carrera docente y de su estructura”. Propuestas a largo plazo que no servirán para aliviar la situación de los asociados de la Universitat de València, los cuales llevan reclamando una solución desde hace años.

No es la primera vez

De hecho la comisión de peticiones del Parlamento Europeo ya tuvo que abordar este octubre pasado la situación de precariedad a nivel salarial y laboral de estos docentes. El colectivo presentó en noviembre de 2016 una denuncia a Bruselas ante la falta de compromisos del Rectorado y por parte de los partidos políticos de Les Corts y el Consell.

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