Boletín de Luchas Obreras (23 de Abril de 2017)
ÍNDICE:
- LA FÁBRICA TERRAZOS RIEGO ULTIMA SU CIERRE TRAS MÁS DE MEDIO SIGLO EN PORRIÑO
- FUJITSU REDUCE EL NÚMERO DE AFECTADOS POR EL ERE EN 160 TRABAJADORES
- EL PERIODISMO LOCAL DE MELILLA SUFRE UN NUEVO GOLPE CON 11 DESPIDOS
- HABLAN LOS TRABAJADORES EN LUCHA DE LA HOSTELERÍA DEL AEROPUERTO DE BARCELONA
- LAS ESCUELAS INFANTILES DE MORALEDA DE ZAFAYONA Y LÁCHAR CIERRAN POR HUELGA CONTRA EL DECRETO DE LA JUNTA
- ¡EN LOS CONSERVATORIOS PROFESIONALES LOS PROFESORES ESTÁN DE HUELGA!
- LOS 55 DESPIDOS DE LA FÁBRICA DE TRUBIA ESPERAN POR EL SUPREMO
- DECLARAN IMPROCEDENTES TRES DESPIDOS DE TRABAJADORES DE TOLEDO DE LA FUNDACIÓN CCM
- DESPIDO FULMINANTE DE 5 LIMPIADORAS DE SON LLÀTZER: «NOS EXPLOTABAN»
- UN AUTO RATIFICA LA READMISIÓN DE 22 TRABAJADORES DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
- DECLARAN NULO DESPIDO DE UN TRABAJADOR POR PARTICIPAR EN UNA HUELGA EN LUGO
- IBERCAJA PLANTEA UNA REBAJA DEL 20% DEL AJUSTE DE PLANTILLA SI SE CUBRE EL RESTO CON VOLUNTARIOS
- LOS TRABAJADORES DEL AEROPUERTO DE LA BASE DE ROTA VUELVEN A LA HUELGA
- LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA SE MOVILIZAN EN DEFENSA DE SUS PUESTOS DE TRABAJO
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LA FÁBRICA TERRAZOS RIEGO ULTIMA SU CIERRE TRAS MÁS DE MEDIO SIGLO EN PORRIÑO
José Carneiro – farodevigo.es
La empresa de pavimentos solicita la liquidación y prepara la extinción del personal – Arrastra un concurso de acreedores desde hace siete meses
Terrazos Riego está a punto de cerrar sus puertas después de más de medio siglo de vida. La fábrica de Porriño de pavimentos (baldosas, losetas) y prefabricados de hormigón, en concurso de acreedores desde el pasado septiembre, ha solicitado la liquidación después de cuatro años de crisis y ha comenzado las negociaciones para un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción para el grueso de la plantilla (38 personas), según ha podido saber Faro en fuentes sindicales.
La compañía (Manuel Riego Porriño S.A.), que llegó a tener más de 70 trabajadores, no logró superar el frenazo de la construcción civil, su principal cliente.
Las instalaciones de la parroquia de Atios, salvo milagro, correrán la misma suerte que el otro gigante de los prefabricados de hormigón de Porriño, Castelo, que tras un intento infructuoso de retomar la actividad por parte de los trabajadores, acabó echando el cierre y subastando los terrenos.
Fuentes sindicales explican que en el caso de Terrazos Riego, la empresa arrastra una profunda crisis desde hace cuatro años por el desplome de la obra civil y problemas de gestión. A la plantilla se le debe, según las mismas fuentes, tres meses completos de salario y todas las pagas extraordinarias desde el año 2012.
La compañía entró en concurso hace siete meses y tras varios intentos de reflotar la compañía, el administrador solicitó la liquidación el pasado 7 de abril. También se comunicó a la plantilla la apertura de negociación para un expediente extintivo.
Fuentes sindicales explicaron que una parte mínima del personal -unos siete operarios, aproximadamente- podría mantenerse para servir los últimos pedidos de la fábrica (para el Concello de Vigo), sin perder la esperanza de que alguna empresa pudiese hacerse cargo del negocio tras la liquidación. Terrazos Riego, del Grupo Riego, es una empresa emblemática del concello porriñés.
El consorcio lo integran también las filiales Riego Logística, Abrasivos del Miño y Riego Transportes del Miño, según los informes de Axesor. La cifra de negocio de la matriz (Manuel Riego Porriño S.A.) había pasado de los 4,82 millones de euros en 2008 a 2,34 millones en 2014. El grueso del personal tiene entre 50 y 60 años y ha trabajado toda su vida para esta compañía.
FUJITSU REDUCE EL NÚMERO DE AFECTADOS POR EL ERE EN 160 TRABAJADORES
La dirección de Fujitsu y los representantes de los trabajadores han alcanzado un preacuerdo en la negociación sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado por la compañía, que reduce en torno a un 20% el número de afectados, hasta 160 trabajadores, y establece indemnizaciones de 45 días por año, con un tope de 30 mensualidades.
Según informa UGT en un comunicado, el principio de acuerdo, que deberá ser ratificado por los trabajadores en distintas asambleas en todos los centros de trabajo, recoge, entre otros aspectos, una reducción de los trabajadores afectados desde los 191 planteados inicialmente hasta los 160.
Asimismo, el preacuerdo alcanzado por la dirección de la empresa con UGT, CCOO y USO establece indemnizaciones de 45 días por año, con un tope de 30 mensualidades, además de unas cantidades lineales por tramos de antigüedad de hasta 6.000 euros.
También fija un periodo de voluntariedad e intercambiabilidad que se canalizará a través de una comisión de seguimiento y que se estima tendrá una duración de una semana. El objetivo es que la gran mayoría de expedientes estén ejecutados antes de junio.
Otra los puntos incluidos en el preacuerdo supone la creación de un plan de renta a partir de los 55 años de edad y 15 años de antigüedad, por tramos de edad, que garantiza como mínimos el 80% del salario neto, porcentaje que asciende hasta el 90% para los mayores de 59 años, y una revalorización del 2% anual.
El preacuerdo con la dirección de la empresa fue alcanzado por unanimidad de los 13 miembros de la comisión negociadora, lo que viene a demostrar «el grado de implicación de ambas partes en la resolución satisfactoria del procedimiento de despido colectivo».
UGT remarca que con el preacuerdo se «rompe una vez más con los topes impuestos por la reforma laboral» y demuestra su ineficacia, así como la necesidad de mantener el diálogo con las organizaciones sindicales para abordar situaciones delicadas en empresas «con garantías de encontrar el necesario equilibrio entre los intereses de la empresa y de los trabajadores».
EL PERIODISMO LOCAL DE MELILLA SUFRE UN NUEVO GOLPE CON 11 DESPIDOS
prnoticias.com
Una vez más, el periodismo local vuelve a ser el gran perjudicado del periodismo. En esta ocasión le ha tocado el turno a los trabajadores dependientes de la empresa Contenidos Melilla, que ha presentado un ERE que va a desembocar en el cierre definitivo de esta empresa de comunicación llevándose por delante los puestos de trabajo de los 11 trabajadores que todavía trabajaban en ella. El grupo es el responsable de dos medios de la ciudad autónoma, el semanario La luz de Melilla y Cablemel TV.
A estas 11 últimas bajas hay que sumar las 12 que ya llevaron a cabo en esta empresa durante el pasado verano. Y es que la polémica lleva salpicando a la empresa desde hace tiempo.
La última crisis se produjo el pasado mes cuando la empresa recibió una condena por vulneración de los derechos sindicales. El despido a uno de sus periodistas por promover elecciones sindicales se decretó nulo y la empresa fue forzada a readmitirlo e indemnizarlo.
Y mientras todo esto sucede, las conversaciones entre la empresa y los trabajadores en las negociaciones del ERE se mantienen lejos del acuerdo. Los sindicatos –UGT y CCOO- representan a los trabajadores de esta empresa de Melilla y catalogan este Expediente de Regulación de Empleo como “injustificado” y “por causas no objetivas”.
Aseguran que estos despidos no están debidamente justificados ya que ni las causas económicas ni las productivas que la empresa argumenta son válidas. Argumentan que Contenidos Melilla es una empresa que pertenece a un grupo de empresas consolidadas que puede hacer frente a esta situación.
La empresa, por su parte, no favorece el acuerdo entre las partes y lucha, tal y como han hecho público desde el Sindicato de Periodistas de Andalucía, por lograr las condiciones adecuadas al mínimo legal. Desde la administración de la empresa no mueven su posición y luchan por lograr una indemnización para los trabajadores de 20 días por año trabajado.
HABLAN LOS TRABAJADORES EN LUCHA DE LA HOSTELERÍA DEL AEROPUERTO DE BARCELONA
izquierdarevolucionaria.net
http://www.izquierdarevolucionaria.net/images/SINDICAL/2017/luchahosteleria-el-prat.jpg
Entrevista a Óscar, Paco, Jerónimo y Jordi, miembros del Comité de Empresa de Lote 22, concesionaria mayoritaria
EM: ¿Por qué os estáis movilizando?
Paco: Somos trabajadores de la concesión mayoritaria de hostelería del aeropuerto de Barcelona (Lote 22). Hasta ahora, como consecuencia de nuestra organización y lucha, siempre hemos tenido unas condiciones dignas. Digo hasta ahora porque parece que el Ministerio de Fomento ha llegado a la conclusión de que es el momento de que esto cambie. AENA ha sacado el 10 de Febrero las licitaciones a concurso para dividir la concesión mayoritaria de hostelería (Lote 22) en pequeñas concesiones. Con esta medida, a día 1 de Enero del año que viene, nuestros sueldos seguramente se verían rebajados entre un 20 y un 30%. Posteriormente a causa del canon que exige AENA a las empresas y el tamaño más reducido de estas probablemente nos veríamos abocados a un ERE.
Oscar: Son 22 puntos de venta que hasta ahora dependen de una misma empresa. Lo que hace AENA es dividir la concesión en 6 una empresa de 7 otra de 6 otra de 5 y tres empresas de 1. Con la empresa concesionaria los trabajadores hemos conseguido durante estos años un acuerdo que nos garantiza unos determinados salarios, que el 85% de la plantilla tiene que ser fija, un fondo social, un autobús de empresa, Todo esto va ligado a la unidad de la concesión. Dentro de esa unidad de la concesión sabemos que hay locales deficitarios y otros que generan beneficios que lo compensan. Al ser una empresa unificada nos permite negociar y presionar en mejores condiciones y obtener más derechos. Con la división en seis empresas esto desaparecería.
Paco: Un problema que ya existe y que se agravaría y afectaría a nuestras condiciones de trabajo y salarios es el afán recaudatorio de AENA, supongo que resultado de la privatización. Han puesto unos cánones altísimos a las empresas. Este último año estuvo en un 32% de la recaudación. El año pasado la empresa facturó 40,5 millones de euros y AENA se llevó ese 32%. La concesión anterior en el 2009 empezó con un 10% y acabó con un 20. Al subir los cánones la empresa al primero que paga es a AENA e intenta recuperar esa subida del canon a costa de salarios y derechos del trabajador
P: ¿Qué acciones habéis llevado a cabo hasta el momento?
Óscar: Empezamos haciendo una asamblea con la plantilla para explicar y debatir lo que se nos venía encima. Decidimos hacer huelga el 27 de Febrero y el 2 de Marzo coincidiendo con el inicio y el final del Mobile. En ese contexto coincidimos con el conflicto de los estibadores y nos sumamos a esta coordinadora de colectivos y sectores obreros en lucha que inicialmente se llamó Intersindicatos y ahora se ha llamado CICLO (Coordinadora de Sindicatos y Colectivos de Lucha Obrera) donde se están coordinando aquí en Catalunya distintos sectores en lucha como taxistas, transportes, ferroviarios, estibadores, estudiantes, marea blanca, unidos contra todos los intentos del gobierno de privatizar servicios públicos, recortar y como en nuestro caso eliminar empleo estable y sustituirlo por empleo precario
P: ¿Cuál es el ambiente en estos momentos en la plantilla?
Óscar: La plantilla está muy concienciada. No queremos que las conquistas alcanzadas en 40 años de pierdan en un año y que entren en el aeropuerto contratos de obra y servicio, eso es pan para hoy y hambre para mañana porque eso significaría en primer lugar una doble escala salarial. En un primer momento, y temporalmente, algunos compañeros podríamos conservar las condiciones pero insisto en que sería temporalmente. La gente nueva que entrase se vería sometida a unas condiciones muy por debajo de las de los trabajadores que ya estamos. Nosotros hemos conseguido que el convenio que rige nuestras condiciones es el de hostelería pero estas empresas nuevas que entrasen se regirían por convenios propios de empresa muy por debajo. Esto crearía un gran conflicto a nivel laboral y rompería nuestra unidad como colectivo de trabajadores de hostelería del aeropuerto. Yo creo que la plantilla no tolerará esto y por eso estamos planteando salir a la calle y coordinar nuestra lucha con otros colectivos. Vamos a darlo todo porque estos planes de AENA no se lleven a cabo
P: ¿Cuáles son vuestras reivindicaciones?
Paco: Primero que el concurso se paralice y que en todo caso si quieren seguir con el adelante se garantice la unidad de la concesión. Antiguamente la concesión era única, a medida que el aeropuerto ha ido creciendo se han ido agregando concesiones. Actualmente hay 6 concesiones para un total de 43 locales, de las cuales la más grande es la nuestra (Lote 22). A partir del 1 de Enero de 2018 si AENA saca adelante sus planes serían 23 concesiones con un total de 50 locales.
Jordi: Uno de los argumentos de AENA es que esto haría más competitivos los precios y que daría entrada a las PYMES. Para empezar los precios vienen pactados por AENA en los pliegos. En segundo lugar con los cánones (que se están elevando año tras año) y las fianzas que piden a las concesionarias, que son millonarias, es mentira que cualquier pequeña empresa o autónomo va poder optar a estas concesiones. ¿Quién tiene 3 millones para pagar de fianza? ¿Quién se cree que la cafetería del barrio va a poder competir con McDonald’s, Burguer King o cualquier otra gran cadena por una concesión? El mismo director de AENA cuando señalamos estos hechos tuvo que reconocer que se van a quedar con las concesiones las mismas tres o cuatro empresas que están en todos los aeropuertos de España.
Jerónimo: Nosotros no aspiramos sólo a defender nuestras condiciones laborales sino también a que estas se extrapolen al resto de trabajadores de las concesionarias que entren en el aeropuerto. Que el empleo sea estable. Gracias al acuerdo que conseguimos, que exige que el 85% de la plantilla seamos fijos, a principios de este año se consiguió que pasasen a fijos a 34 trabajadores. Esto también ayuda a una mejor calidad del servicio. Un ejemplo de esto: el veranos pasado con todos los problema que hubo con Vueling, que se quedaron 7000 personas tiradas se pudo conseguir dar servicio a todas esas personas gracias al esfuerzo de los trabajadores y a que, al ser grandes las empresas y tener un convenio unificado, era posible mover trabajadores de un punto a otro, utilizar el total de depósitos y almacenes, etc. Dentro de Lote 22 los trabajadores no estamos adscritos a tal punto de atención u otro, podemos rotar en función de las necesidades. Si había mucha gente en la T1 trabajadores de la T2 pasaron a la T1. Esto con las concesiones más fragmentadas sería mucho más difícil. Si esto se aplica en Barcelona se aplicará en otros aeropuertos también. Lo ideal sería coordinarnos y apoyarnos todos.
Paco: Hemos empezado a tener contactos con Madrid y lo ideal sería organizar una movilización unificada. Desde AENA dicen que respecto a la subrogación se hará lo que diga la ley. Y la ley no te garantiza la subrogación. La clave para garantizar los derechos es que nos unamos todos. Intentan presentarnos como privilegiados porque hemos conseguido mejores condiciones y salarios que otros trabajadores del sector que son tratados como esclavos, con horarios interminables, ningún derecho, etc. Lo que tenemos es que luchar porque estos derechos se extiendan a todos y por defenderlos y garantizarlos
LAS ESCUELAS INFANTILES DE MORALEDA DE ZAFAYONA Y LÁCHAR CIERRAN POR HUELGA CONTRA EL DECRETO DE LA JUNTA
A propuesta del Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona y con la implicación de los padres, se ha decidido secundar la huelga como forma de protesta ante la nueva regulación que pretende la Junta de Andalucía de la educación de 0 a 3 años, a la que también se suma Láchar y Peñuelas.
La escuela infantil de Moraleda de Zafayona cerrará sus puertas de forma total como protesta ante la nueva regulación de las escuelas infantiles que se pretende desde la Junta de Andalucía.
Una propuesta que parte desde el Ayuntamiento y que ha sido apoyada tanto por los padres y madres como por los profesionales del centro.
Desde el consistorio local se convocó a una sesión informativa para explicar las novedades que entrañan el Decreto Ley de la Junta de Andalucía sobre escuelas infantiles, donde fue aprobado por todos los asistentes el paro total de la escuela infantil.
El gobierno municipal señala que este nuevo Decreto es muy perjudicial para las escuelas infantiles que cambia por completo la concepción que se tenía de ellas hasta ahora.
Se acortan los plazos para pedir las becas, por lo tanto muchos vecinos del municipio podrían quedarse sin poder “llevar a su hijo a la guardería porque no podrán hacer frente a los más de 200 euros que vale la plaza”, explican desde el equipo de gobierno.
De hecho, los niños nacidos después del 16 de mayo si no han solicitado plaza en su momento no tendría derecho a beca si no se abre un plazo extraordinario.
Láchar se suma porque el Decreto es un “ataque brutal” a la mujer que trabaja en el campo
Las dos escuelas infantiles de Láchar, una en el núcleo y otra en Láchar, abierta durante este mandato, cerrarán también por huelga al considerar su alcaldesa, María Nieves López, de IU, que supone un “ataque brutal” a la mujer trabajadora del medio rural.
La alcaldesa explicó que el nuevo Decreto, que se debatirá en el Parlamento, cambia radicalmente el modelo, al establecer un sistema de becas, que puede dejar sin ellas por falta de presupuesto a las familias que lo necesitan, y fijar un plazo cerrado de inscripción en mayo (del 10 al 25), que dificulta a las mujeres que trabajan en el campo, principalmente, en empleos temporales coincidiendo con cosechas, en el empleo de las escuelas infantiles.
Y ello porque si son contratadas temporalmente y quieren dejar a sus hijos en las escuelas infantiles, si no han pedido becas en el plazo fijado, deberán afrontar la totalidad del coste. En su opinión, como así argumenta IU, que rechaza el Decreto, la Junta intenta la privatización del sector.
La alcaldesa de Láchar subrayó que las dos escuelas infantiles de su municipio son un “ejemplo” de cómo deberían funcionar.
Carmen Cantero, alcaldesa de Moraleda de Zafayona, ha señalado que esta nueva regulación supone un “tortazo a la clase trabajadora y a la educación pública, además de a las familias que necesitamos las guarderías para poder conciliar la vida laboral y familiar”.
Para Cantero, se trata de un “proceso de privatización velado, que fomenta a las escuelas privadas, eliminado ayudas a las plazas de nuestros hijos y dificultando el acceso a los centros infantiles de 0 a 3 años”.
Así mismo la primer edil, arremete contra Susana Díaz, actual presidenta de la Junta de Andalucía, que entiende “va a dejar el listón de recortes alto antes de subirse a Madrid.”
Este Decreto Ley se convalidará en el Parlamento Andaluz, de ahí la convocatoria de huelga que coincide con esta fecha.
Los profesionales de la escuela infantil también han mostrado su desagrado ante estos cambios, que les afectan de primera mano, ya que “la privatización de las escuelas infantiles repercutirá en peores condiciones laborales y en detrimento de la calidad del servicio.”
“Estamos aún a tiempo de parar este injusto Decreto desde la movilización, cerramos las puertas el día 19 y no descartamos llevar a cabo otras acciones para intentar parar esta vuelta de tuerca del gobierno de la Junta de Andalucía”, ha explicado Carmen Cantero.
Así las cosas, la escuela infantil de Moraleda de Zafayona cerrará sus puertas por huelga con el apoyo de todos los colectivos implicados, y no se descarta asistir a las movilizaciones que se van a llevar a cabo ese mismo día a las puertas del Parlamento andaluz.
¡EN LOS CONSERVATORIOS PROFESIONALES LOS PROFESORES ESTÁN DE HUELGA!
Se inicia una huelga indefinida de profesorado de conservatorios profesionales, convocada por CCOO, para que las oposiciones del profesorado de conservatorios profesionales de música y danza (cuerpo 594) se trasladen a 2018.
La huelga tendrá lugar los martes, miércoles y jueves hasta fin de curso para exigir que la oposiciones de estas enseñanzas se realicen en 2018 y en coordinación con el resto del Estado
Igualmente, el miércoles, a las 11,30 horas, se realizarán concentraciones a las puertas de las Delegaciones Territoriales de Educación de las ocho capitales andaluzas.
La Consejería de Educación ha convocado el proceso selectivo para cubrir 200 plazas en los conservatorios de Música y Danza andaluces.
A este respecto, CCOO informa que Andalucía es la única comunidad que convoca sin exigencia de idioma cooficial, pues la otra comunidad convocante de plazas para conservatorios en 2017 es Baleares, que sí tiene el requerimiento del idioma.
Según el Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, “la estabilidad del profesorado andaluz requiere de amplias ofertas de empleo público porque sólo con funcionarios docentes es posible avanzar en la mejora del sistema educativo andaluz.
No obstante, es necesaria la coordinación de la oferta docente entre las distintas comunidades autónomas, pues de otro modo no se avanza en la estabilidad de las plantillas ni se facilita la conciliación de la vida personal, familiar y laboral del profesorado y, por tanto, muchos docentes se verán obligados a vivir en una comunidad en la que no residen de forma habitual y de la que intentarán marcharse en cuanto les sea posible”.
El sindicato lamenta que sean intereses meramente políticos los que han llevado al Gobierno andaluz a realizar la mayor oferta de empleo público docente de todas las Comunidades Autónomas, obviando al profesorado andaluz de conservatorios con numerosos años de experiencia acumulada y con plantillas no fijas que superan el 70%.
“Ello, cuando el reciente acuerdo para la mejora del empleo público, suscrito el pasado 29 de marzo entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos de la mesa general, entre ellos CCOO, permitirá la consolidación de 40.000 plazas pública en Andalucía, un marco que debiese ser tenido en cuenta también para la convocatoria de estas plazas, lo que aconseja igualmente que esta oferta se realice en 2018, y, por ello, con tiempo suficiente para la negociación del modelo de acceso que finalmente se lleve a cabo”, aclara Molina.
Todas esta circunstancias, y tras consultar al profesorado interino de los conservatorios andaluces, han llevado a CCOO a convocar huelga indefinida los martes, miércoles y jueves entre este profesorado en tanto no se atienda su demanda para que la –ya publicada— orden de oposiciones de conservatorios se modifique y se haga efectiva en 2018, en coordinación con el resto del Estado y junto a las plazas de Secundaria, FP y Enseñanzas de Régimen Especial, y tal como corresponde.
Igualmente, CCOO ha convocado concentraciones a las puertas de las Delegaciones Territoriales de Educación de las ocho capitales andaluzas, y anima a todo el profesorado interino de los conservatorios y a toda la comunidad educativa en general de estos centros a participar en ellas.
LOS 55 DESPIDOS DE LA FÁBRICA DE TRUBIA ESPERAN POR EL SUPREMO
lavozdeltrubia.es
Expectación en el colectivo por el pronunciamiento del alto tribunal, que además puede sentar jurisprudencia para casos similares
El Tribunal Supremo, decidirá si fue legal el ERE de Santa Bárbara Sistemas que dejó en la calle a 55 trabajadores de las fábricas de armas de Oviedo, en aquel momento ya unificadas en Trubia.
Arrancan las deliberaciones del alto tribunal, por lo que la sentencia puede tardar todavía algunas semanas.
El Supremo ha decidido debatir el recurso planteado por los sindicatos en el Pleno de la sala de lo Social, “dadas las características de la cuestión planteada y su trascendencia”, una decisión poco usual, ya que habitualmente son tres los magistrados los que analizan los casos, designándose a uno de ellos como ponente de la sentencia.
Y es que el ERE de Santa Bárbara puede sentar jurisprudencia sobre los despidos colectivos que se aprueban en todo el país, y además el caso llega con mucha polémica, tras años de movilizaciones laborales y sindicales.
Los trabajadores tienen en su contra al Fiscal, que planteó un informe de conclusiones provisionales en el que da la razón a la empresa, pese a que admite que la tramitación del despido colectivo no fue “modélica”.
Los sindicatos insisten en que los resultados negativos en los que se amparó Santa Bárbara Sistemas para hacer los despidos eran muy inferiores a los declarados en el momento del ERE, lo que se refleja en su contabilidad oficial, que no se presentó en el momento del juicio.
“Esperemos que esta vez(y que sirva de precedente) ganen los buenos. Porque los despedidos tienen razón. Porque llevan cuatro años peleando por sus empleos y su dignidad como trabajadores.
Se dice pronto: cuatro años, con sus días y sus noches, en la calle, después de toda una vida de trabajo, aguantando en la pelea, a pesar de todo y contra todo pronóstico”, señalan desde el colectivo.
Por su parte General Dynamics ha contratado ya a una parte de los afectados por el ERE, aunque les que exigió que renunciaran a las acciones legales particulares que tenían planteadas contra el despido.
Uno de los afectados no se presentó a la convocatoria de la empresa, con lo que finalmente son 13 los miembros del colectivo que se reincorporarán a la compañía.
DECLARAN IMPROCEDENTES TRES DESPIDOS DE TRABAJADORES DE TOLEDO DE LA FUNDACIÓN CCM
eldigitalcastillalamancha.es
CCOO ha valorado la sentencia de fecha 24/03/2017 del Juzgado de lo Social número 2 de Toledo, aún no firme, que declara la improcedencia de tres despidos de trabajadores de la Fundación CCM de Toledo, «principalmente por estimar la existencia de un grupo de empresas de carácter laboral y condenar solidariamente no solo a la Fundación CCM, sino también al Banco CCM y a Liberbank S.A».
Según ha informado el sindicato en un comunicado, la sentencia –de fecha 24 de marzo– alude en uno de los fundamentos de derecho a «la pretendida existencia de un grupo patológico de empresas de carácter laboral y la falta de justificación de la iliquidez alegada en la carta de despido».
CCOO ha recordado que el 29 de julio de 2015 la Fundación Caja Castilla-La Mancha inició un expediente de despido colectivo por causas económicas afectando a 18 trabajadores de sus centros de trabajo de Albacete, Cuenca y Toledo, siendo despedidos por causas objetivas.
Unos despidos que el sindicato consideró «ilegales» por cuanto la Fundación CCM «contaba con patrimonio suficiente para mantener tanto la actividad como a los trabajadores».
El sindicato también consideró responsable de los despidos al Grupo Liberbank, «el cual sigue declarando beneficios en su cuenta de resultados y también forma parte de la Fundación de la que es la propietaria del 25 por ciento a través de Banco CCM».
CCOO-Servicios ha felicitado a la asesoría jurídica de CCOO Toledo «por el buen trabajo jurídico realizado y que ha conducido a que esta sentencia no sólo sea de interés para los tres trabajadores afectados sino también para el conjunto de la plantilla del grupo empresarial».
DESPIDO FULMINANTE DE 5 LIMPIADORAS DE SON LLÀTZER: «NOS EXPLOTABAN»
Las ex empleadas denuncian las duras condiciones laborales que tenían con jornadas de 14 horas
«El segundo día me pusieron sola a limpiar el mortuorio y la sala de autopsias sin formarme»
Silvia, Carolina, María Isabel y Alba tenían un contrato anual de formación hasta octubre como limpiadoras con la empresa KLE Servicios Integrales, la subcontrata que se encarga de la limpieza de los hospitales públicos Son Llàtzer y Joan March y que está en el punto de mira por el reiterado impago de nóminas a sus 400 empleadas de Baleares que ha obligado a algunas de ellas a acudir a los servicios sociales para subsistir.
Han recibido un burofax comunicándoles el despido por motivos disciplinarios, pese a que nunca habían recibido una sola queja, aseguran. «Nos han obligado a firmar el despido.
A unas nos han dicho que no hemos hecho nada malo pero que no les salimos rentables y que les denunciemos si queremos cobrar las horas extra, el finiquito y lo que nos corresponda.
A otras les dicen que se van a la península y se llevan empleadas o que no están cobrando las ayudas por tenernos en formación», explican.
Estas jóvenes de entre 21 y 27 años cuentan que durante los siete meses que llevaban trabajando para esta subcontrata han tenido que soportar «jornadas de hasta 14 horas y condiciones de explotación pero nunca se quejaron».
Se han personaron en el Tribunal de Arbitraje de las Islas Baleares (Tamib), con la representación de UGT, para solicitar una mediación porque no tienen derecho a finiquito y se encuentran en una situación vulnerable.
Aún no han cobrado la nómina de marzo, al igual que el resto de empleadas (más de 400).KLE sigue incumpliendo el acuerdo al que se comprometió en enero ante el Tamib de pagar los primeros cinco días de cada mes a cambio de una desconvocatoria de huelga del sector. Actualmente, la empresa se encuentra en plena polémica después de que las 110 limpiadoras de Son Llàtzer pidieran el mes pasado las sobras de la comida de las cocinas para subsistir ante los reiterados impagos.
La noticia indignó a los empleados sanitarios del centro hospitalario, que organizó una colecta solidaria de alimentos para ayudarlas. Las más 400 trabajadoras de Baleares seguían sin cobrar la nómina de marzo. Este diario intentó sin éxito ponerse en contacto con la empresa.
Estas jóvenes despedidas han decidido dar la cara para denunciar que las condiciones laborales a las que someten a las trabajadoras. Se sienten engañadas. «Empezamos en octubre y hasta diciembre no empezamos la formación.
Nos llevaron directamente a limpiar sin explicarnos, ni formarnos», cuenta María. «A mí el segundo día me pusieron a limpiar sola la sala de autopsias del hospital Son Llàtzer y el mortuorio. Usaba productos de limpieza muy fuertes con una simple mascarilla y un gorro que se me caían. No me dieron gafas ni zapatos.
Sólo el uniforme», explica Silvia. Ante estas denuncias, UGT afirma que revisará los contratos de estas jóvenes y no descarta emprender acciones judiciales contra KLE.
Silvia tiene 27 años y tres hijos. Reconoce que ha tenido que pedir a Cáritas porque sin el jornal (apenas 840 euros brutos con la paga incluida) no puede sacar adelante a su familia. Su marido está en el paro y hace trabajos esporádicos de chatarrero.
Iban a incorporarse de nuevo al trabajo tras una baja por enfermedad (se rompió dos costillas). María subsiste gracias al dinero que le manda su madre, que vive en la península. Y Carolina y Alba también han pedido ayuda a familiares. Asienten casi avergonzadas.
El día 3 de mayo, la empresa y las trabajadoras están citadas en el Tamib para llegar a un acuerdo. «Es muy raro que expedienten a cinco personas a la vez y las despidan el mismo día», critica la portavoz de UGT, María Llanos, que denuncia «las maniobras extrañas de esta empresa».
Esperan que KLE reconozca los despidos como improcedentes pero no tienen muchas esperanzas, dada la trayectoria de la empresa: «Desde 2009 conocemos denuncias de trabajadoras por presunta extorsión y acoso laboral», relata Llanos.
El sindicato ha convocado una jornada de huelga al mes para protestar por los retrasos. Además, exige al Govern balear que no otorgue subcontratas a este tipo de empresas que no cumplen sus obligaciones con sus trabajadores.
Asegura que aunque ha hablado con los responsables de la Conselleria de Trabajo, con los gerentes de los hospitales y con el IB-Salut pero «no han hecho nada. «No entendemos cómo la empresa sigue entrando a licitación y la Administración le deje».
UN AUTO RATIFICA LA READMISIÓN DE 22 TRABAJADORES DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
La nueva resolución judicial, fechada el día 11, desestima la oposición del ayuntamiento e insta a reponerlos en sus puestos en un plazo de cinco días.
La parte dispositiva del auto dictado por el Juzgado nº 2 de lo Social de la capital tinerfeña con fecha del p día 11 dice:
«Se desestima la oposición formulada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y, se ordena reponer a los trabajadores a sus puestos de trabajo, dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la presente resolución».
El pasado 1 de marzo se cumplieron 3 años desde que los entonces 23 trabajadores -uno se desligó posteriormente- de la empresa de Félix Marrero, encargada de la Recaudación Voluntaria en el Ayuntamiento capitalino, iniciaron su protesta en las redes sociales para complementar las movilizaciones, después de que a principios de 2014 se consumara su despido.
En una sentencia de julio de 2016, el TSJC determinaba, para ratificar la de primera instancia de enero de 2015, que había existido «una cesión ilegal de trabajadores» y, por lo tanto, los integrantes de la Recaudación Voluntaria debían ser incorporados al ayuntamiento. Este defendió que no se precisaba personal adicional para prestar un servicio que asumieron trabajadores municipales.
Según aquel fallo, que este último auto vuelve a recalcar, «no cabe la tesis de la extinción de la relación laboral que han defendido desde el inicio del proceso los servicios jurídicos municipales».
José Luis Arias Machuca, representante legal de los trabajadores, explicó que
«el Consistorio, pese a los numerosos requerimientos del Juzgado para que haga fiel cumplimiento de la sentencia que declaró la nulidad de los despidos, para que sean readmitidos en sus puestos de trabajo, sigue sin acatar la misma, en cuanto a la incorporación y abono de los salarios de tramitación».
Este último auto, según Machuca, «implica que no es dado extinguir la relación laboral, amén de que esta opción ya se intentó con los trabajadores de microinformática y se ganó en segunda instancia, confirmando el TSJ que los trabajadores, habida cuenta de la nulidad de sus despidos, debían ser repuestos en sus puestos de trabajo, pues de lo contrario se dejaría sin efecto la consecuencia inherente a los despidos nulos, que es la readmisión».
Para Machuca:
«el ayuntamiento está dilatando un procedimiento que ya ha concluido, en tanto la sentencia es firme y consentida, pues no fue recurrida en Casación para Unificación de Doctrina ante el Supremo, extremo lógico, ya que no existe sentencia comparable».
En cuanto a los salarios de tramitación, señala que:
«tampoco han sido abonados, siendo un trámite de lo más sencillo. Tal es: sumar, restar y multiplicar, por lo que ante dichos incumplimientos nos quedan dos opciones: regalarle una calculadora al Ayuntamiento de Santa Cruz y subsidiariamente ponerlo en conocimiento de Fiscalía por si pudiésemos estar ante un ilícito penal».
Salarios de tramitación
Desde el área de Recursos Humanos capitalina parecen plantear estos días el reconocimiento de la incorporación -progresiva- de al menos una parte de estos 22 trabajadores y quedaría por determinar a dónde se incorporarían. El consistorio sí ha recurrido el pago de los salarios de tramitación de estas personas.
Fuentes cercanas a los trabajadores afectados señalaron que «nos convocaron en primera instancia a 10 de nosotros, a los que supuestamente han revisado el currículum, y luego RRHH rectificó y alude para ello a supuestos problemas técnicos.
De todas maneras, vamos a acudir y a registrar nuestra presencia allí porque no estamos de acuerdo en lo que propone ahora el ayuntamiento que, básicamente, es dividir e individualizar nuestra situación de cara al futuro, en contra de lo que hemos mantenido desde el principio de esta larga lucha. Los 22 vamos unidos a partir del momento del despido y la readmisión debe ser de todos y en las mismas condiciones».
DECLARAN NULO DESPIDO DE UN TRABAJADOR POR PARTICIPAR EN UNA HUELGA EN LUGO
Agencia EFE
El Juzgado de lo Social número 3 de Lugo ha declarado nulo el despido de un trabajador de la empresa Abante BPO al reconocer que la decisión de la compañía responde «a una represalia contra un teleoperador» de su plantilla por haber «participado en una de las huelgas convocadas por la CIG en el sector en demanda de un convenio digno», según informa el sindicato.
El secretario de Organización de la CIG en Lugo, Lois Neto, asegura que esta sentencia viene a «reafirmar» las denuncias del sindicato en relación con la «actitud intimidatoria y represiva de esta empresa que, a través de los despidos disciplinarios, pretende anular el alcance de las movilizaciones», que se «han intensificado» después de esta organización hubiese ganado las elecciones sindicales.
Neto recuerda que la propia sentencia recoge que «entre julio y agosto de 2016, la empresa procedió a despedir a varios trabajadores por motivos disciplinarios, alegando una bajada voluntaria de rendimiento».
El sindicato destaca que la jueza considera en la sentencia que «no es que no se pueda acreditar la voluntaria disminución de rendimiento, sino que los datos para imputar esa falta de rendimiento parecen ser ficticios».
IBERCAJA PLANTEA UNA REBAJA DEL 20% DEL AJUSTE DE PLANTILLA SI SE CUBRE EL RESTO CON VOLUNTARIOS
- Alquézar – heraldo.es – Zaragoza
El ERE pasaría a afectar a 549 empleados de los 686 iniciales, ya que el banco refuerza el criterio de voluntariedad.
La dirección y los representantes de los trabajadores de Ibercaja celebraron el miércoles una nueva reunión en la que la entidad expuso el informe económico elaborado por la consultora Equipo Económico y presentó su propuesta con las condiciones del expediente de regulación de empleo para 686 empleados y el cierre de 160 oficinas, el 13% de la plantilla y la red, entre este año y el que viene.
A la salida, UGT, CC. OO., Csica, Asociación de Cuadros (ACI), Asipa y CGT coincidieron en que el ajuste no está justificado y las condiciones económicas planteadas son «peores» que en el último ajuste en 2015.
Entre las novedades, la propuesta inicial del banco incluye una rebaja del 20% de las salidas planteadas, que pasarían de 686 a 549, siempre que se cubra el 80% con voluntarios. En caso de no llegar a este porcentaje, los despidos forzosos se aplicarán «únicamente hasta alcanzar dicho porcentaje del 80%».
En Aragón el ajuste inicial –sin la rebaja– está previsto para 210 trabajadores, con el cierre de 55 oficinas, del total de 5.500 empleados y 1.250 sucursales.
Desde la entidad destacaron que «el grado de voluntariedad va a seguir primando» y explicaron que la propuesta presentada está «en línea con el inicio de las negociaciones anteriores y los acuerdos cerrados por otras entidades».
Desde CC. OO. consideraron la rebaja un «intento por favorecer la voluntariedad» pero insistieron en que «no se justifica ni un solo despido» con la documentación presentada. Su portavoz, Miguel Ángel Villalba, que pensaba ya en movilizaciones, temió que con la movilidad geográfica derivada del ERE «se puede llegar al millar de afectados», incluyendo los despidos de quienes no acepten un traslado. En este cálculo coincidió Victoria Camarena de UGT, que señaló que «con la información que se nos ha dado no se justifica el ERE», ya que «hasta ahora la empresa ha ido trasladando a la sociedad que su situación era buena».
Piden retirar el expediente
«El problema es que es un ERE traumático», aseguró, y abogó por pedir su «retirada», uno de los extremos que se debatirá el día 25 en la próxima cita de todas las secciones sindicales, previa a otra reunión con la dirección. «El informe no acredita la necesidad del ERE», insistió Chema Barrachina, desde CGT, que consideró que incluye «datos parciales».
Por su parte, Csica destacó que las condiciones están «por debajo» de las de ERE anteriores, pero entendió que se trata de «condiciones de base» desde las que empezar a negociar. «Ya nos encargaremos de que no sean así», explicó, con la vista puesta en el proceso que está previsto termine el 9 de mayo.
Desde ACI coincidieron en que el ERE «no es asumible», aunque destacaron que apoyan a la voluntariedad de las salidas. Consideraron que hay margen para negociar y defendieron «que se incluyan más prejubilaciones», rebajando la edad mínima para conseguir más voluntarios. En el documento se fija en 58 años o más.
«No se justifica en este momento que existan causas económicas, organizativas y productivas», añadió Fernando Sarrato desde Asipa. Consideró que el informe económico es «sesgado, interesado y solo encaminado a justificar el ERE». Pese a ello, también entendió que la propuesta es «de máximos» y esperó «que durante el proceso de negociación se mejoren las condiciones».
Las críticas llegaron desde Extremadura, la región que sufre el mayor porcentaje del ajuste, un 37%, donde los sindicatos comenzaron a reunirse con los partidos políticos, como está previsto que hagan en Aragón.
El PP extremeño consideró «totalmente injusto y desproporcionado» el recorte para la plantilla de la antigua Caja Badajoz (absorbida con Caja3). El ERE incluye 160 cierres, además de los Aragón, son 32 en Extremadura, 30 en La Rioja y Guadalajara, 16 en el arco mediterráneo, 15 en Castilla y León y 12 en Madrid.
LOS TRABAJADORES DEL AEROPUERTO DE LA BASE DE ROTA VUELVEN A LA HUELGA
Cádiz (EFE)
Los trabajadores del aeropuerto de la base de Rota (Cádiz) han vuelto a los paros parciales convocados para protestar por los doce despidos de la empresa que gestiona el aeropuerto, Louis Berger, al tiempo que denuncian que continúa la «cacería personal» y la «provocación constante» de esta empresa.
Así lo expone el miembro del comité de huelga e integrante de la mesa negociadora por parte de CCOO José María Rodríguez, que detalla que, «pese a los servicios mínimos abusivos que han sido impuestos», un 90 % de los trabajadores está secundando los paros parciales, el día en el que «la empresa está notificando a los trabajadores que deben acudir a cursos de formación».
Ha subrayado que «los trabajadores asistirán una vez que no estén en huelga», ya que entienden que «los cursos de formación están relacionados con las horas de trabajo y no entran en los servicios mínimos».
Rodríguez ha considerado que, con este movimiento, la empresa vuelve a «la cacería a la persona y a la provocación constante» intentando encontrar un motivo para volver a expedientar a los huelguistas, y la invita a «dejarse de jugar al gato y al ratón, sentarse a negociar el convenio, y quitar los despidos y las sanciones a trabajadores».
A su juicio, Louis Berger «vulnera el derecho a la huelga y las normas españolas», y sus responsables «andan muy sueltos porque nuestras autoridades no son capaces de imponer la ley que regula en España condiciones de trabajo y relaciones laborales».
«El Gobierno tiene que decirle a EEUU que en España se cumple la norma española. La empresa norteamericana tiene que cumplir la norma española y no lo está haciendo, y el Gobierno no puede mirar para otro lado», enfatiza.
Tras recordar que los trabajadores del aeropuerto de la base de Rota mantuvieron reuniones con miembros de Unidos Podemos y Ciudadanos en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, el miembro del comité de huelga llama al Gobierno a que «se pronuncie» sobre el conflicto colectivo porque «hay vulneración del acuerdo bilateral entre España y EEUU».
LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA SE MOVILIZAN EN DEFENSA DE SUS PUESTOS DE TRABAJO
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– Los trabajadores se han concentrado en el Palacio Fuensalida y las Cortes regionales tras la adjudicación del servicio a la empresa Sinergias Seguridad
– Denuncian salarios un 40% más bajos y que «la Consejería de Hacienda ha incumplido su compromiso y nos ha puesto a los pies de los caballos»
– El consejero ha anunciado que desde el primer minuto que sean conscientes de que la empresa adjudicataria no cumple con el convenio sectorial, «instaremos a la resolución del contrato»
Los vigilantes de seguridad de la Junta finalmente se han movilizado después de que la vicesecretaria y portavoz del PSOE en Castilla-La Mancha, Cristina Maestre dejara claro en el mes de febrero que el Gobierno regional no permitiría que hubiera “convenios a la baja”. Una promesa que, según los trabajadores, no se ha cumplido.
En ese mismo mes fue cuando se convocaron las primeras concentraciones que se suspendieron a la espera de la elaboración, por parte de sindicatos y Gobierno regional, un texto conjunto que intentase satisfacer las garantías que persiguen los trabajadores y salvar el pliego de condicione de trabajo.
Según los sindicatos CCOO, UGT y USO, la Consejería de Hacienda, «amenazada con acciones judiciales por la empresa», definitivamente no ha incluido en el contrato la cláusula acordada hace dos meses con los representantes de los trabajadores para garantizar “que las retribuciones y condiciones laborales que se aplicarán al personal adscrito a la ejecución del contrato», que se iniciará el 1 de mayo, se harán conforme al convenio colectivo estatal de empresas de seguridad.
Salarios un 40% más bajos
La empresa a la que finalmente se le ha entregado la contrata es la misma que los trabajadores temían hace unos meses. Sinergias Seguridad, según los sindicatos, aprovechó la Reforma Laboral del PP para descolgarse del convenio colectivo estatal.
De esta manera, la empresa tiene un convenio colectivo propio y muy por debajo del nacional del sector, lo que tiene como consecuencia unos salarios un 40% más bajos que las demás empresas del sector, una jornada mensual de 183 horas en lugar de las 162 horas que tienen las empresas de la competencia que sí aplican dicho convenio. Y estas bajas condiciones son las que tienen alarmados a los 130 trabajadores de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara.
Desde CCOO, UGT y USO señalan que si aplican el convenio de Sinergias, «trabajaremos más horas y pasaremos de cobrar 15.000 euros anuales a 9.000 euros”, es decir, pasarían de un salario de 1.200 euros a 700 euros al mes. “Y nada nos garantiza que no vaya a ser así», subrayan.
Así, los trabajadores se muestran “preocupados” porque «todos tenemos hijos y que me digan si alguien con 700 euros al mes puede vivir». Además, aseguran haberse sentido engañados por la Junta después de varios meses de negociación y de que Sinergias se comprometiera a aplicarlos el convenio estatal.
De esta manera según los sindicatos “la Junta nos deja en la estacada porque está amenazada por la empresa con denunciarles por prevaricación si les obligan a garantizarnos nuestros salarios, nuestras jornadas y todos los puestos de trabajo».
Valoración de la Junta
Desde la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, responsable del servicio de vigilantes señalan que la administración ha actuado con sujeción estricta a la legalidad en materia de contratación.
El consejero, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha expresado que confía en que la empresa adjudicataria aplique el convenio sectorial de seguridad ya que «el concurso se sacó a licitación por el importe para que a los trabajadores les fueran abonadas las retribuciones que están contempladas en el convenio sectorial».
De este modo, Ruiz Molina ha recalcado «con toda rotundidad» que si la empresa adjudicataria no cumple «desde el primer minuto» o que los trabajadores tienen alguna merma en sus retribuciones o condiciones laborales, «instaremos a la resolución del contrato», afirma el consejero.
En este sentido, añade, que para ello tienen que producirse dos hechos: que entre en vigor el contrato que será el 1 de mayo y constatar que verdaderamente no cumple con el convenio sectorial.
Y por último ha querido recordar que la posibilidad de que las empresa aplique su convenio y no el sectorial «es consecuencia de la Reforma Laboral del PP».
Ruiz Molina sostiene que el conflicto «no es con la Administración regional y esperemos que no se produzca entre los trabajadores y la empresa adjudicataria».
Algo que los trabajadores no comparten porque se han concentrado a las puertas del Palacio de Fuensalida y de las Cortes regionales para denunciar que «la Consejería de Hacienda ha incumplido su compromiso y nos ha puesto a los pies de los caballos».
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